El Gobierno crea un nuevo régimen para administrar bienes incautados al crimen organizado y destinar recursos a programas sociales y de seguridad

Entra en vigencia el Decreto 575/2025, que centraliza en el Ministerio de Justicia la gestión de bienes decomisados en causas federales y de extinción de dominio, con un Consejo interinstitucional para garantizar transparencia y uso social.

El Poder Ejecutivo Nacional puso en marcha, desde el 12 de agosto de 2025, el Régimen de Conservación, Administración y Disposición de Bienes Provenientes de Actividad Ilícita Cautelados y Recuperados en procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto N° 575/2025, otorga al Ministerio de Justicia la autoridad principal para administrar estos bienes, función que antes estaba bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El cambio se fundamenta en la necesidad de agilizar, transparentar y potenciar el uso social de los activos decomisados, en un contexto de creciente complejidad del crimen organizado. Según el texto oficial, el objetivo es “frenar el poder económico de las organizaciones ilícitas y garantizar que los recursos mal habidos se reintegren a la sociedad”.

Consejo de Bienes Recuperados: composición y funciones

El Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional será el órgano colegiado encargado de coordinar la asignación, uso y control de los bienes incautados. Funcionará bajo la presidencia del Ministerio de Justicia y sesionará al menos una vez cada tres meses.

Estará integrado por siete representantes:

• Un delegado de la Autoridad de Aplicación del régimen.
• Un representante del Poder Judicial de la Nación (designado por el Consejo de la Magistratura).
• Un representante del Ministerio de Seguridad.
• Un delegado del Ministerio Público Fiscal.
• Un representante del Ministerio Público de la Defensa.
• Un miembro de la Unidad de Información Financiera (UIF).
• Un representante de la SEDRONAR, dependiente del Ministerio de Salud.

Entre sus funciones destacadas se incluyen: resolver solicitudes de asignación de bienes, evaluar proyectos y permisos de uso precario por parte de ONG, supervisar la distribución del producido de las ventas, aprobar protocolos de buenas prácticas y proponer modificaciones al régimen vigente. Las decisiones se tomarán por mayoría simple, con voto de desempate del presidente.

Financiamiento y destino de los recursos

El decreto establece que la AABE solo podrá utilizar recursos asignados por el Presupuesto Nacional, leyes especiales, donaciones, aportes no reembolsables, intereses de fondos propios y un porcentaje por enajenación o aranceles que no podrá superar el 5% del valor del bien.

En cuanto al destino, en casos de delitos como trata de personas, explotación sexual o laboral y lavado de activos, los fondos provenientes de la venta o explotación de los bienes se dirigirán a programas de asistencia a las víctimas y al refuerzo de la lucha contra el narcotráfico. Asimismo, se modificó el esquema de financiamiento de la UIF, que podrá recibir recursos de multas y de la administración de bienes incautados, además de partidas presupuestarias.

Hasta ahora, la administración de estos activos estaba en manos de la AABE, pero el Gobierno argumenta que el incremento en el volumen y valor de los bienes incautados —vehículos de alta gama, inmuebles, embarcaciones, aeronaves y sumas millonarias— exige una gestión especializada y coordinada con el sistema judicial y los organismos de seguridad.

La creación del Consejo y el cambio de jurisdicción responden a experiencias internacionales en las que la reutilización de bienes del crimen organizado se ha convertido en una herramienta clave para financiar políticas de seguridad y reparación social.

El Gobierno proyecta que el nuevo esquema permitirá acortar los tiempos entre el decomiso y la reasignación de los bienes, evitando su deterioro y pérdida de valor. También se busca incrementar el volumen de recursos que se reinvierten en políticas públicas, mejorando la trazabilidad y control del proceso.

Sin embargo, especialistas en derecho penal y gestión pública advierten que el éxito del régimen dependerá de la capacidad de coordinación interinstitucional, la rapidez en la resolución judicial de las causas y la transparencia en la distribución de los activos.

En los próximos meses, el Ministerio de Justicia deberá dictar la reglamentación complementaria, establecer los protocolos operativos y convocar la primera reunión del Consejo de Bienes Recuperados. Se espera además la publicación de los primeros informes públicos sobre inventario, valuación y destino de los bienes bajo este nuevo régimen.

De avanzar según lo previsto, la medida podría convertirse en una herramienta estratégica contra el crimen organizado, debilitando su base económica y fortaleciendo el financiamiento de programas sociales y de seguridad.