El gobierno de Brasil anunció que puso a la venta tres refinerías de la petrolera estatal Petrobras que son responsables por el 50% del refinamiento de los combustibles producidos en el país, en el marco de la política del presidente Jair Bolsonaro de reducir la presencia pública en el mercado de energía, una medida que fue tachada de “entreguismo” por la oposición.

La decisión ocurre a menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales de octubre y luego de que Bolsonaro culpara a la conducción de Petrobras, que el mismo designa, de buscar lucros para los accionistas privados elevando el precio interno de los combustibles mediante la paridad del precio internacional.

Para el Partido de los Trabajadores (PT) del exmandatario y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, favorito a vencer a Bolsonaro el 2 de octubre, la decisión es “burra y criminal” contra los intereses brasileños.

“Estamos necesitando en Brasil refinar el petróleo para frenar la importación de combustible dolarizado. ¿Y qué hace el gobierno de Bolsonaro? Retoma la venta de tres refinerías. Es un entreguismo burro y criminal”, afirmó la presidenta del PT, diputada Gleisi Hoffmann.

En un comunicado, Petrobras informó que las refinerías que retomarán su proceso de venta son Abreu e Lima (Rnest), en Pernambuco; Presidente Getúlio Vargas (Repar), en Paraná; y Alberto Pasqualini (Refap), en Rio Grande do Sul.

La petrolera brasileña puso en marcha en 2019 un plan para vender ocho de sus trece refinerías, responsables por la mitad de la capacidad de refino del país.

El lunes reinició el proceso para vender tres de ellas, entre ellas Abreu e Lima, ubicada en el Puerto de Suape, cuya construcción había sido producto de acuerdos entre los entonces gobiernos de Lula (2003-2010) y del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez.

El presidente Bolsonaro, el ministro de Economía, Paulo Guedes, y el de Minas y Energía. Adolfo Sachsida, anunciaron este año la intención de privatizar Petrobras en caso de la reelección del mandatario.

El pasado 30 de noviembre el gobierno vendió la refinería Landulpho Alves (Rlam) en el estado de Bahía, que es la que vende el combustible más caro del país, según el diario O Globo.

La empresa tiene capital abierto pero el control del Consejo de Administración depende del Gobierno federal, que ha aplicado la política de paridad de precios internacionales iniciada en 2016 por la gestión de Michel Temer tras el derrocamiento de la presidenta Dilma Rousseff.

El lunes el Consejo de Administración de Petrobras aprobó el nombramiento de Caio Mario Paes de Andrade como nuevo presidente de la compañía, por decisión del gobierno de Bolsonaro.

Paes de Andrade es el cuarto presidente de Petrobras del Gobierno de Bolsonaro.

Este proceso de aceleración de venta de los activos de Petrobras se profundizó con la inflación mundial provocada por la guerra en Ucrania y las sanciones de Estados Unidos y sus aliados contra Rusia.

El Gobierno logró privatizar en mayo la mayor empresa eléctrica de América Latina, Eletrobras, donde el Estado redujo del 75% al 42% la participación accionaria.

En el plano interno, el portal de noticias Metropoles reveló que el primer presidente de Petrobras de Bolsonaro, el ultraliberal Roberto Castello Branco, escribió a economistas que tiene en el teléfono celular corporativo de la petrolera mensajes y amenazas que pueden incriminar a Bolsonaro por supuestamente realizarle pedidos no republicanos sobre la conducción de la petrolera, la empresa más grande del país.

Por ello, senadores del PT y de otros partidos de oposición pidieron a la Fiscalía y al Ministerio de Minas y Energía acceder a esas informaciones.

Castello Branco no desmintió lo publicado por Metropoles.

“Si yo no quise atacar a Bolsonaro no fue por falta de oportunidad. Cada vez que él produce una crisis se pierden miles de millones de dólares de los accionistas. En mi celular corporativo tenía mensajes y audios que podían comprometer al presidente. Lo devolví intacto el día que me fui. Nunca seré político”, dicen los mensajes de Castello Branco, que calificó al mandatario como “psicópata”.

El término psicópata es porque Castello Branco contó en el grupo de chat de economistas amigos que Bolsonaro alimentaba una noticia falsa basada en una teoría de la conspiración surgida en las redes sociales de que la minera Vale exporta oro a China bajo la apariencia de que es mineral de hierro.

La oposición pidió a Bolsonaro intervenir en el mercado para evitar que el consumidor interno pague los precios internacionales del crudo que aplica Petrobras, pero el mandatario ha seguido la política del ministro Guedes de no involucrarse en el precio.

Desde que asumió en 2019, Bolsonaro continuó la desinversión en Petrobras iniciada por Temer, luego de que el empresa fuera desde 2014 el eje de una investigación por sobornos en los contratos para la construcción de refinerías por parte de la Operación Lava Jato, cuya investigación frenó las obras públicas vinculadas a la industria de petróleo y gas.

Para ello, la mayoría oficialista en el Congreso logró una ley que entró en vigor el lunes para que los estados reduzcan los impuestos locales a las naftas.

Esto ha generado una ola de reclamos de los gobernadores, que anunciaron, en el caso de San Pablo, el corte en el presupuesto educativo y de salud, sobre todo en la financiación de la investigación científica de las universidades más importantes del país, como Universidad de Sao Paulo (USP) y Universidad de Campinas (Unicamp).

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