Brasil decidió apagar uno de los negocios digitales que más rápido crecieron en su economía.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó el viernes 25 de septiembre la Medida Provisoria 1.394, que prohíbe en todo el territorio brasileño la explotación, oferta, intermediación y publicidad de apuestas de cuota fija, tanto deportivas como juegos online. La prohibición alcanza incluso a operadores radicados en el exterior que ofrezcan sus servicios a personas ubicadas en Brasil y también extingue las autorizaciones concedidas por los estados y el Distrito Federal.

El giro es extraordinario por su velocidad. Las apuestas deportivas habían sido legalizadas en 2018 mediante la Ley 13.756. En 2023, durante el actual gobierno de Lula, Brasil terminó de construir el marco legal que incorporó también los juegos online y luego avanzó con su reglamentación. Desde enero de 2025 funcionaba formalmente el mercado regulado.

Ahora se recorre el camino inverso. Y no se trata de una restricción publicitaria ni de una suba de impuestos. Es la salida del negocio legal.

US$ 42.600 millones pasaron por las cuentas de apuestas

La dimensión económica ayuda a entender la magnitud de la decisión.

Durante 2025, los brasileños depositaron R$ 220.600 millones en las plataformas autorizadas por el Gobierno federal. Al tipo de cambio de R$ 5,18 utilizado para este informe, equivalen a aproximadamente US$ 42.600 millones.

Pero hay una precisión indispensable: esos US$ 42.600 millones no fueron facturación de las casas de apuestas.

De los R$ 220.600 millones depositados, alrededor de R$ 183.700 millones —US$ 35.500 millones— volvieron en premios y bonos retirables. La diferencia, aproximadamente R$ 36.900 millones, constituyó el ingreso bruto de las plataformas, conocido como GGR: unos US$ 7.100 millones.

Es decir, por cada R$ 100 que ingresaron a las cuentas de apuestas reguladas durante 2025, alrededor de R$ 16,70 quedaron como ingreso bruto del negocio.

El mercado, además, había adquirido escala masiva. El Ministerio de Hacienda contabilizó 25,2 millones de brasileños que participaron de apuestas durante 2025, con 79 empresas autorizadas y 183 marcas comerciales en aquel momento.

En poco más de un año, las bets habían dejado de ser un negocio marginal para convertirse en una gigantesca industria de consumo digital.

El Estado primero cobró para abrir el mercado

La contradicción económica más difícil de resolver aparece en las propias licencias.

Para ingresar al mercado regulado, cada empresa debía pagar al Estado brasileño R$ 30 millones por una autorización válida durante cinco años y con derecho a explotar hasta tres marcas.

Al momento de la prohibición existían 85 autorizaciones.

El Estado había recaudado así R$ 2.550 millones, aproximadamente US$ 492 millones, únicamente por las licencias que ahora decide extinguir.

La MP intenta cerrar de antemano esa puerta: establece que las compañías no tendrán derecho a indemnización por lucro cesante, inversiones realizadas, expectativa de continuidad del negocio ni devolución total o parcial del dinero pagado por las autorizaciones.

Pero escribirlo en una medida provisoria no necesariamente terminará con la controversia.

La Asociación Nacional de Juegos y Loterías ya anticipó acciones judiciales para intentar revertir la decisión y reclamar tanto la devolución de las licencias como compensaciones por inversiones y daños.

Por eso, una de las derivaciones económicas de la prohibición será una discusión jurídica multimillonaria: ¿puede el Estado cobrar US$ 492 millones por permisos de cinco años y extinguirlos anticipadamente sin compensación?

La MP dice que sí. Las empresas preparan la discusión en los tribunales.

De la regulación a la prohibición

El cambio de rumbo no ocurrió de un día para otro. En julio, el Gobierno todavía estaba profundizando la regulación. Había endurecido la publicidad, obligado a incorporar advertencias como “apostar puede causar dependencia”, “apostar hace perder dinero” y “apuesta no es inversión”, además de limitar mensajes asociados a ganancias fáciles.

Dos meses después decidió directamente eliminar el mercado.

Lula justificó la decisión como una cuestión de salud pública y endeudamiento familiar. Después de firmar la MP calificó a las apuestas online como un problema que debía ser extirpado y sostuvo que el dinero destinado al juego estaba compitiendo con gastos básicos de los hogares.

El Gobierno cita un costo social estimado en R$ 38.800 millones anuales, alrededor de US$ 7.500 millones, considerando efectos sanitarios, pérdida de productividad y otros impactos asociados al juego problemático.

Existe, además, otra estimación que elevó el debate económico: el Comité Nacional de Secretarios de Hacienda calculó que las apuestas provocaron una pérdida de R$ 62.500 millones en los presupuestos familiares durante 2025, equivalentes a unos US$ 12.100 millones. Esa estimación es superior al GGR declarado por las plataformas reguladas y es discutida por el sector, entre otras razones porque incorpora movimientos que pueden involucrar operadores ilegales.

La diferencia importa. Brasil no conoce con la misma precisión el tamaño del mercado clandestino que el del mercado regulado.

Y allí aparece uno de los grandes interrogantes de la prohibición: cuánto del dinero que dejará de circular por las plataformas legales desaparecerá efectivamente del juego y cuánto migrará hacia operadores ilegales.

El calendario para apagar las plataformas

El cierre será rápido.

Desde la publicación de la MP quedaron prohibidos los nuevos depósitos. Los apostadores podrán retirar voluntariamente el dinero disponible hasta las 23.59 del 5 de octubre.

Desde las cero horas del 6 de octubre, los sitios y aplicaciones deberán dejar de funcionar.

Luego las compañías deberán informar a las instituciones financieras los saldos correspondientes a cada CPF. Entre el 9 y el 14 de octubre los bancos tendrán que devolver el dinero.

Y desde el 14 de octubre, la Caixa Econômica Federal podrá intervenir como intermediaria cuando existan problemas para concretar el reintegro.

El Gobierno también prepara un mecanismo mucho más agresivo contra el mercado clandestino: bloqueo de páginas y aplicaciones, seguimiento financiero, restricción de cuentas utilizadas para recibir apuestas y bloqueo de transferencias mediante Pix y TED hacia empresas vinculadas con el juego online.

Según el ministro de Hacienda, Dario Durigan, desde 2024 ya fueron bloqueadas más de 60.000 páginas relacionadas con apuestas ilegales.

De negocio regulado a delito

Lula fue todavía más lejos. Junto con la medida provisoria, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para transformar distintas actividades relacionadas con las apuestas en delitos penales.

La propuesta crea cinco figuras.

La explotación, operación, oferta o intermediación de apuestas de cuota fija tendría una pena de cuatro a seis años de prisión, además de multa.

Publicitar apuestas o captar jugadores tendría penas de dos a cuatro años. La misma escala alcanzaría al uso de datos personales para captar apostadores, a quienes faciliten financieramente los pagos y premios y a quienes proporcionen aplicaciones o infraestructura de internet destinada a las apuestas.

En determinadas circunstancias existirían agravantes, especialmente cuando se utilicen datos sensibles, se vincule la remuneración a la captación de nuevos jugadores o las plataformas eludan mecanismos de control de edad.

Aquí existe otra diferencia fundamental: la prohibición ya está vigente por Medida Provisoria; los nuevos delitos todavía no. El proyecto penal necesita ser aprobado por el Congreso.

El fútbol pierde uno de sus principales cheques

Si existe un sector que sintió inmediatamente la onda expansiva es el fútbol brasileño.

Las casas de apuestas se habían convertido en protagonistas de las camisetas, transmisiones, estadios y campañas publicitarias.

En 2025 aportaron alrededor de R$ 1.030 millones a los clubes que integraban la Serie A, unos US$ 199 millones al cambio utilizado en este informe.

El monto representó solamente el 7,2% de los R$ 14.300 millones de ingresos totales de esos equipos, pero la dependencia es mucho mayor cuando se observa exclusivamente el negocio comercial: aproximadamente uno de cada tres reales de los ingresos por patrocinio de los clubes de la elite provenía de las casas de apuestas.

El problema, además, no está distribuido de manera uniforme.

Hay clubes mucho más expuestos que otros. En 2026, 14 de los 20 equipos de la Serie A tenían a una casa de apuestas como patrocinador principal, y los veinte habían tenido algún vínculo comercial con el sector en algún momento.

El impacto agregado puede ser absorbible para una industria futbolística que factura miles de millones de reales. El problema estará en los balances particulares: equipos que construyeron presupuestos, contrataciones y compromisos financieros suponiendo que esos contratos continuarían vigentes.

El cierre obliga ahora a reemplazar rápidamente cerca de R$ 1.000 millones anuales de patrocinio, en un mercado publicitario donde difícilmente aparezca de inmediato otro sector dispuesto a pagar exactamente los mismos precios.

La fecha que convierte una decisión económica en un hecho político

La prohibición fue firmada el 25 de septiembre. Brasil votará presidente, gobernadores, senadores y diputados el 4 de octubre.

Son nueve días de diferencia. El calendario oficial del Tribunal Superior Electoral confirma que el primer turno será ese domingo y que un eventual segundo turno se realizará el 25 de octubre.

La proximidad electoral forma parte inevitable del contexto de la decisión, aunque por sí sola no demuestra la motivación de la medida. El Gobierno la fundamenta en razones de salud pública, protección de los hogares y endeudamiento. Sectores críticos y representantes de la industria cuestionaron, en cambio, el momento elegido y señalaron su dimensión electoral.

El punto económico es igualmente relevante: la decisión adoptada antes de las urnas deberá convivir después con el Congreso que emerja de ellas. Y ahí comienza una segunda partida.

La prohibición todavía tiene que sobrevivir al Congreso

Una Medida Provisoria brasileña tiene fuerza de ley desde su publicación, pero no garantiza una prohibición permanente.

Su vigencia inicial es de 60 días y puede ser prorrogada una sola vez por otros 60. Para convertirse definitivamente en ley debe atravesar el Congreso; si no completa el trámite dentro del plazo constitucional, pierde vigencia.

Por eso, el cierre del mercado tiene dos tiempos.

El primero ya empezó: depósitos bloqueados, contratos publicitarios congelados, plataformas camino al cierre y dinero de los apostadores en proceso de devolución.

El segundo empezará después de las elecciones: la batalla parlamentaria por convertir esa decisión en legislación permanente.

Allí confluirán intereses de gran escala. Empresas que pagaron licencias por cinco años. Clubes que reciben cientos de millones en publicidad. Agencias, medios e influencers que incorporaron las apuestas a sus modelos comerciales. Estados que habían otorgado permisos propios. Y, en el otro extremo, organizaciones sanitarias, entidades de consumidores y sectores políticos que reclaman mayores restricciones por el endeudamiento y la ludopatía.

Un experimento económico de enorme escala

Brasil se convirtió así en un caso poco habitual.

Primero abrió un mercado. Después creó una secretaría específica para regularlo. Exigió capital, controles y licencias. Cobró aproximadamente US$ 492 millones en autorizaciones. Fiscalizó a decenas de compañías. Recaudó impuestos y destinaciones sociales. Permitió que la industria se integrara al ecosistema deportivo y publicitario.

Y luego decidió desmontarlo.

En 2025, solamente las destinaciones legales asociadas al GGR llegaron a alrededor de R$ 4.530 millones, equivalentes a unos US$ 875 millones, destinados a diferentes áreas públicas.

Ese flujo también deberá ser reemplazado si la prohibición se consolida. La discusión económica, por lo tanto, es más compleja que simplemente comparar apuestas contra consumo.

Brasil deberá comprobar si consigue reducir efectivamente el volumen apostado o si parte del negocio migra a la clandestinidad; cuánto recuperan los hogares para consumo y ahorro; qué ocurre con la recaudación perdida; cómo reemplaza el fútbol los contratos; cuánto cuesta fiscalizar miles de plataformas internacionales y qué sucede con las inversiones realizadas bajo licencias que originalmente tenían cinco años de duración.

Son preguntas que todavía no tienen respuesta. Lo único concreto es la dimensión del giro.

Un mercado regulado que recibió R$ 220.600 millones -US$ 42.600 millones- en depósitos durante 2025 deberá comenzar a desaparecer de las pantallas brasileñas el 6 de octubre.

Apenas un día después de las elecciones. La paradoja resume el recorrido brasileño: el Estado pasó de cobrar para ordenar las apuestas online a utilizar todo su poder regulatorio para sacarlas del mercado. Ahora será el Congreso -y probablemente también la Justicia- el que determine si ese apagón será definitivo.