Causa YPF: Argentina pidió 30 días más para responder ante la Corte Suprema de Estados Unidos
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El Gobierno argentino solicitó una prórroga de 30 días para presentar su respuesta al pedido de revisión impulsado por los demandantes en el litigio por la nacionalización de YPF. El nuevo plazo solicitado vence el 2 de diciembre, en una etapa clave del proceso judicial que ya tuvo un cambio significativo con la revocación de la condena indemnizatoria contra el país.
La presentación busca ampliar el tiempo disponible para que la defensa argentina responda ante la Corte Suprema de Estados Unidos al planteo de los fondos demandantes. El pedido se produce después de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocara la sentencia que había impuesto a la Argentina una indemnización multimillonaria y de que la jueza federal Loretta Preska formalizara el cierre de la etapa de primera instancia en ese expediente.
El fallo original, dictado en septiembre de 2023, había ordenado al país pagar unos US$ 16.100 millones, una cifra que con intereses superaba los US$ 18.000 millones. La decisión de la Cámara de Apelaciones modificó ese escenario y dejó la disputa en una nueva instancia, en la que los demandantes buscan que se revise lo resuelto.
El analista Sebastián Maril informó a través de la red social X que la República Argentina solicitó postergar hasta el 2 de diciembre la presentación de su escrito de oposición al pedido de revisión. Según recordó, los demandantes también habían solicitado una extensión de plazo antes de presentar su escrito, que fue entregado el 30 de septiembre y publicado el 2 de octubre.
El origen del litigio por la nacionalización de YPF
El conflicto judicial se remonta a 2012, cuando durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner el Estado argentino avanzó con la nacionalización de YPF. La operación derivó en una disputa con antiguos accionistas minoritarios, que llevaron el caso ante los tribunales estadounidenses por considerar que el procedimiento de expropiación había vulnerado sus derechos.
La demanda fue impulsada por Petersen Energía y Eton Park, mientras que Burford Capital financia el litigio y posee derechos económicos vinculados con el resultado del proceso. El caso se convirtió en uno de los principales frentes judiciales internacionales para las finanzas públicas argentinas por la magnitud de la indemnización reclamada.
En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska dictó una sentencia desfavorable para la Argentina y estableció el pago de una indemnización de US$ 16.100 millones, más intereses. El país apeló esa decisión y el expediente avanzó hasta la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que posteriormente revocó la condena.
La formalización de esa revocación por parte de Preska y el cierre de la primera instancia modificaron el escenario procesal. Sin embargo, la controversia no quedó definitivamente concluida: el pedido de revisión de los demandantes abre una nueva etapa de discusión jurídica, cuyo resultado dependerá de las decisiones que adopten los tribunales estadounidenses.
La prórroga solicitada por la Argentina no implica una resolución sobre el fondo del planteo ni garantiza cuál será el desenlace. Su objetivo inmediato es ampliar el plazo para que la defensa presente sus argumentos frente al recurso de los demandantes.
El resultado de esta instancia será relevante para determinar la evolución de un litigio que tuvo consecuencias potenciales de gran magnitud sobre las cuentas públicas y la estrategia jurídica del Estado argentino. La atención estará puesta en la respuesta que presente el país y en los próximos pasos de la Corte Suprema estadounidense.
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