Escribe Manuel Mera, Director de Protección Social de CIPPEC. Argentina atraviesa una transformación demográfica acelerada que obliga a replantear cómo abordamos muchas políticas públicas. En los últimos años, la natalidad ha caído de manera pronunciada: desde 2015, la cantidad de hijos por mujer descendió un 43%. Solo en el último año, el número de nacimientos bajó un 7%, reflejando un cambio estructural en la composición de la sociedad. Si bien esta tendencia acerca a Argentina a los niveles de natalidad de América Latina, Europa y algunas regiones de Asia, lo llamativo es la velocidad con la que se está dando. En otros países, la transición demográfica tomó varias décadas, mientras que acá ocurrió en apenas diez años.

A este fenómeno se suma también el envejecimiento progresivo de la población. La expectativa de vida, que en 1990 era de 71,8 años, hoy alcanza los 77 años y se proyecta que llegará a los 88,6 para finales de siglo. Con la caída de la natalidad y el aumento de la longevidad, se estima que la cantidad de adultos mayores pasará del 12% actual a más del 30% a finales de siglo. A la par, la tasa de dependencia, que mide la cantidad de jubilados por cada 100 trabajadores activos, pasará de los 21 actuales a más de 60.

Esta transformación trae consigo desafíos significativos. A medida que la estructura social se modifica, también deben hacerlo las estrategias en áreas clave como la educación, el mercado laboral y el sistema de seguridad social. Mientras que hace 15 años el debate se centraba en ampliar la capacidad del sistema educativo para absorber una mayor cantidad de alumnos, hoy el reto pasa por reorganizar los recursos ante una matrícula en descenso. En el ámbito laboral, la reducción en la cantidad de trabajadores disponibles obliga a repensar cómo sostener el crecimiento económico y garantizar la viabilidad del sistema previsional, cuya financiación depende históricamente de los aportes de la población en actividad.

A pesar de estos desafíos, Argentina todavía tiene una ventaja. El país aún atraviesa un período de bono demográfico; es decir, la proporción de personas en edad de trabajar seguirá por un tiempo siendo mayor que la de niños y personas mayores dependientes. Por esta razón, es clave llevar a cabo las reformas que permitan, por un lado, fortalecer las capacidades de niños y niñas, con mejor educación y salud. Esto llevará a que en la adultez sean hombres y mujeres mejor preparados para la vida laboral, y esta mayor productividad redundará en mejores trabajos, salarios y aportes al sistema. Por otro lado, debemos pensar en cómo sostener un sistema jubilatorio basado en los aportes de los trabajadores, pero con una proporción creciente de jubilados.

El panorama se vuelve aún más complejo al observar cómo se accede a la jubilación en Argentina. Aunque el país mantiene una de las coberturas previsionales más amplias de la región, con más del 95% de personas mayores percibiendo algún tipo de prestación, lo cierto es que muy pocas cumplen con los 30 años de aportes requeridos para jubilarse bajo el régimen general. En 2023, el 81% de las nuevas jubilaciones se otorgó mediante moratorias, un mecanismo que permite acceder al sistema sin haber completado los años de contribuciones exigidos. Esto responde a una realidad estructural del mercado laboral: la alta informalidad y las trayectorias laborales interrumpidas dificultan que una gran parte de la población alcance los años de aportes necesarios para jubilarse.

En este escenario, la discusión del sistema previsional no puede postergarse. Sin ajustes que aseguren su sostenibilidad en el tiempo, el sistema corre el riesgo de volverse financieramente inviable, generando un costo cada vez mayor para el Estado y dificultades crecientes para garantizar beneficios adecuados a las futuras generaciones. La buena noticia es que es posible reordenar el sistema manteniendo la cobertura, mejorando el valor de las jubilaciones y alcanzando un mayor equilibrio fiscal. Esto se debe a que la desorganización del sistema actual y la multiplicidad de inequidades y excepciones que existen permiten que un reordenamiento favorezca la mayor equidad y sostenibilidad.

Desde CIPPEC elaboramos una propuesta de reordenamiento del sistema previsional que busca mejorar su funcionamiento para que sea más justo y sostenible en el tiempo. Uno de los cambios urgentes planteados es reemplazar las moratorias por un esquema universal que garantice un ingreso básico a los adultos mayores y complemente este beneficio con un componente contributivo que premie los aportes efectivamente realizados. Esto evitaría que los trabajadores que no alcanzan los 30 años de contribuciones pierdan todo lo aportado y, al mismo tiempo, generaría incentivos para la formalización laboral. Cada año de aporte generaría una diferencia en el valor de la jubilación, y eso incentiva y premia a la formalidad.

Otra transformación necesaria es la revisión de los regímenes especiales y diferenciales, que hoy representan el 40% de los beneficios otorgados. Muchos de estos regímenes fueron creados en circunstancias que ya no se justifican y generan inequidades dentro del sistema. Integrar una mayor parte de estos esquemas al régimen general permitiría reducir costos y mejorar la equidad.

También es clave garantizar un mecanismo de actualización de haberes que ofrezca estabilidad y previsibilidad. La indexación de las jubilaciones por inflación es un paso positivo, pero debería complementarse con un índice vinculado a la evolución de los salarios reales, asegurando que los jubilados no pierdan poder adquisitivo en contextos de crecimiento económico.

La reforma del sistema previsional no puede seguir postergándose. Con la finalización de la moratoria en marzo, Argentina tiene la oportunidad de diseñar un esquema de jubilaciones y pensiones que sea sostenible a largo plazo, evitando soluciones temporales que agraven el problema en el futuro. Aprovechar el bono demográfico restante es clave para que la transición hacia un sistema más equilibrado se realice de manera ordenada, sin trasladar cargas excesivas a las generaciones más jóvenes. Garantizar un sistema previsional equitativo y financieramente viable no es solo una cuestión fiscal, sino una decisión de justicia intergeneracional.

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