YPF: inminente definición judicial en Nueva York por el traspaso accionario y el riesgo de desacato para Argentina

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolverá el martes si concede a la Argentina la suspensión de la orden que la obliga a transferir el 51% de las acciones de YPF a Burford Capital. El fallo, que se da en el marco de la condena por la expropiación de la petrolera en 2012, definirá si el país evita un desacato con una de las cortes financieras más influyentes del mundo o si queda expuesto a sanciones económicas y políticas de alto impacto.

El caso YPF lleva más de diez años en el tribunal de la jueza Loretta Preska, quien en primera instancia condenó a la Argentina a pagar USD 16.000 millones más intereses por la forma en que se expropió la petrolera durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. El monto ya asciende a USD 18.000 millones, una cifra imposible de afrontar para un país con reservas críticas en el Banco Central.

El juicio fue iniciado por Burford Capital, fondo de litigios que compró los derechos del reclamo y que ahora busca presionar para forzar una negociación. Su estrategia se basa en demostrar que el Estado y YPF son “alter ego” —sin independencia entre ambos— para justificar embargos y medidas cautelares.

El punto más sensible de la puja actual es el turnover: la entrega del 51% de las acciones que el Estado posee en YPF. Preska ya determinó que deben transferirse, pero la Argentina apeló y solicitó un stay (suspensión) hasta que se defina la apelación principal.

Burford, por su parte, rechaza alternativas y exige las acciones como garantía inmediata. El país pretende la suspensión sin ofrecer garantías —lo que en la práctica sería una apelación “en descubierto”—, mientras que la jueza ha mostrado impaciencia con las estrategias dilatorias argentinas.

Tres posibles escenarios para el martes

Según fuentes jurídicas, la Corte de Apelaciones podría:

1. Negar la suspensión y confirmar la orden de Preska.
2. Conceder la suspensión pero con garantías distintas a las acciones de YPF.
3. Otorgar la suspensión solicitada por Argentina.

En los dos primeros casos, el Gobierno planea recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque expertos advierten que es poco habitual que el máximo tribunal intervenga en un asunto administrativo de este tipo.

Si la suspensión es denegada y Argentina no cumple, se configuraría un desacato judicial. El antecedente más recordado es el de 2014, cuando el juez Thomas Griesa aceptó el pedido de Paul Singer de aplicar una multa diaria de USD 50.000. Esta vez, advierten especialistas como Sebastián Maril de Latam Advisors, el monto podría ser “mucho más alto” y las consecuencias más graves.

Entre las medidas que Burford podría solicitar figuran: trabar emisiones de deuda, bloquear activos en el exterior o incluso restricciones migratorias a funcionarios. Aunque las sanciones extremas son poco probables, la sola declaración de desacato ante una corte financiera de este calibre enviaría una señal negativa a los mercados e inversores.

La estrategia argentina y el hermetismo oficial

La defensa del Estado está a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), que desde enero dirige Santiago Castro Videla. La línea oficial es mantener la disputa en estricta reserva y agotar todas las instancias judiciales, evitando cualquier negociación directa con Burford.

Fuentes cercanas al caso señalan que “el interés crece con cada día de demora” y que el margen para ofrecer garantías alternativas se achica. Para algunos analistas, negociar ahora podría limitar daños futuros, pero el Gobierno mantiene la estrategia de “litigar hasta el final”.

Burford contrató como asesor a Gerardo “Gerry” Mato, exbanquero de Wall Street con vínculos con el ministro Luis Caputo y otros funcionarios del equipo económico. Su objetivo es lograr que la administración de Javier Milei se siente a negociar. Por ahora, solo hubo un encuentro formal con el jefe de Gabinete Guillermo Francos en octubre pasado, registrado como “reunión de cortesía”.

El trasfondo político es claro: con un fallo adverso y sin margen financiero para pagar, la Argentina enfrenta no solo un problema judicial, sino también un test de credibilidad internacional en plena búsqueda de inversión extranjera.

Si la Corte de Apelaciones concede la suspensión total, el fallo definitivo sobre el turnover se postergará hasta septiembre, cuando se discuta la apelación principal. Si la respuesta es negativa y el país desobedece, se abrirá un capítulo de sanciones y tensiones con un tribunal que tiene influencia directa en el financiamiento externo argentino.

En cualquier escenario, el martes marcará un punto de inflexión en el caso YPF: o se preserva el statu quo por unos meses, o se acelera una escalada judicial con consecuencias económicas y políticas de alta magnitud.