De acuerdo a los datos de Naciones Unidas, en los países en desarrollo las mujeres trabajan un 13% más tiempo que los hombres, con el agravante de que el 63% de su trabajo son tareas domésticas no remuneradas: cuidado, alimentación, limpieza, etc. La situación es similar en los países desarrollados. Las mujeres también trabajan más y el 64% son tareas no remuneradas.
En lo que hace a las tareas remuneradas, en el mundo la presencia de la mujer es más alta en los trabajos de menor calificación y mayor precariedad. Entre el 70 y 80 % del trabajo doméstico es femenino, mientras que esta participación se reduce al 32% en las actividades de tecnologías de información y la comunicación.
La menor autonomía económica de las mujeres, resultado de sus dificultades para acceder a trabajos en igualdad de condiciones que los hombres, se reproduce en todos los ámbitos de la actividad humana. Solo el 22% de los parlamentarios, el 18% de los integrantes de gabinetes ministeriales y el 19% de los integrantes de las cortes supremas son mujeres.
En la dirección de los sindicatos sólo el 5% son mujeres. En el ámbito del las grandes corporaciones, donde reside el poder económico, la situación no es mejor. Sólo el 4% de quienes ocupan el puesto de CEO son mujeres; la mitad de las grandes empresas de tecnologías de la comunicación no tienen ni una mujer en sus directorios[1].
Estos son sólo algunos indicadores de una desigualdad que debe superarse como condición necesaria para el desarrollo y la paz.
La ONU ha convocado cuatro conferencias mundiales sobre la mujer desde 1975. En la última de ellas (Beijing, 1995) se aprobó una Declaración y Plataforma de Acción donde se reconoce que la “potenciación del papel de la mujer y la plena participación de la mujer en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluidos la participación en los procesos de adopción de decisiones y el acceso al poder, son fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz”.
Es decir, lo que está en discusión es el acceso al poder por parte de la mujer en todas las esferas.
Como luego agrega la plataforma, adoptada por 189 países “esto supone el establecimiento del principio de que mujeres y hombres deben compartir el poder y las responsabilidades en el hogar, en el lugar de trabajo y, a nivel más amplio, en la comunidad nacional e internacional”.
Cooperativas y democratización del poder económico
Si se trata de compartir el poder, el primer paso es democratizarlo. Aquí es donde resulta necesaria la convergencia de la lucha por los derechos de la mujer y la lucha por la democracia económica.
La solución a la desigualdad de género no puede limitarse a que la mujer escale posiciones en un sistema desigual. Desde el absurdo: incrementar solo la participación de la mujer en el listado de multimillonarios de la revista Forbes sería por cierto un resultado magro en términos de equidad social.
La igualdad entre los géneros será resultado de la organización de la mujer para disputar sus espacios. Así lo demostraron las mujeres en Islandia, en aquella paradigmática huelga de octubre de 1975 que fue la base para la conformación de una de las sociedades más igualitarias en este sentido.
Así también lo están demostrando las mujeres del movimiento #NiUnaMenos en Argentina: a partir de la movilización y la militancia en la defensa de casos emblemáticos de discriminación han logrado poner en la agenda pública el tema de la violencia de género, desnudando los mecanismos del patriarcado en la justicia y en las fuerzas de seguridad.
De igual manera, cambiar la economía para garantizar los derechos de la mujer requiere que se organicen para disputar el poder económico.
A nivel global las mujeres representan el 70% de las compras[2]. Si el consumidor fuese el soberano las mujeres controlarían la economía. Como es evidente, esto no es así. En una economía controlada por oligopolios, la demanda es manipulada y sometida a las necesidades de valorización del capital.
Una de las respuestas es la organización de las mujeres en su calidad de consumidoras. Por ejemplo, si se amplía la participación de las cooperativas de consumo y otras empresas de la economía solidaria en la distribución minorista de bienes y servicios, y si esto es protagonizado por mujeres conscientes de sus derechos vulnerados, se estará en condiciones disputar desde una perspectiva de género qué consumir y cómo producir. Comenzando por combatir el llamado “pink tax” –lo que pagan de más la mujeres por el hecho de serlo en especial en artículos de higiene personal, pero no solamente–, avanzando con la promoción del consumo responsable con perspectiva de género, y culminando con la capacidad económica para combatir los comportamientos empresarios que dan fundamento a la inequidad.
Si lo que se quiere es que la mujer participe en la producción de hábitat, nada mejor que fortalecer el cooperativismo de vivienda y que las mujeres desde la democracia disputen este sector a la economía concentrada.
Igual razonamiento respecto al sistema financiero. No es suficiente con reclamar el acceso al crédito controlado por la banca internacional. El camino es la organización de instituciones de crédito de matriz solidaria, donde la mujer pueda hacer oír su voz en función de sus necesidades.
En suma, si la organización popular es la herramienta para democratizar el poder, la organización de empresas de la economía solidaria es la herramienta para democratizar el poder económico a favor de las mujeres.
Esto también forma parte de la Plataforma de Beijing, que plantea la promoción de cooperativas dentro de los objetivos estratégicos de “facilitar el acceso de la mujer –en condiciones de igualdad– a los recursos, al empleo, a los mercados y al comercio”, y de “reforzar la capacidad económica y las redes comerciales de la mujer”. Especial mención se hace en dicha Declaración a las cooperativas de ahorro y crédito, de trabajo y agropecuarias.
También ha sido específicamente reconocido por la OIT: “El modelo cooperativo ofrece a las mujeres importantes oportunidades de empleo, mejores medios de vida y acceso a recursos productivos y a servicios”[3].
Sin embargo esto será así sólo si efectivamente las cooperativas favorecen la participación de la mujer y no terminan reproduciendo los rasgos patriarcales de la sociedad en que están inscriptas.
Como empresas orientadas a valores tienen la obligación de hacerlo. Nada menos que el Primer Principio Cooperativo dice que “las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa”.
Las cooperativas han sido pioneras en este sentido, desde la primera en Rochdale que reconoció el voto a la mujer en 1844, cuando todavía no se había conquistado el voto femenino en el ámbito de la política.
Sin embargo, ni la historia ni los principios declarados alcanzan si la democracia no se ejerce. Para que así sea son necesarios varios requisitos.
En primer lugar es necesario que la mujer esté asociada a la cooperativa. Si sólo el hombre es socio (por ejemplo en cooperativas de ahorro y crédito, de vivienda o agropecuarias) entonces la mujer no está presente, por más esfuerzos de “integración de la familia” que se realicen. Evitar esto requiere comprometerse en la discusión sobre la equidad de género en el ámbito del hogar. Si el hombre es el que manda en el hogar y la participación de la mujer está mediatizada por él, será poco lo que se podrá avanzar.
En segundo lugar, es necesario que las mujeres cuenten con igualdad de condiciones para el acceso a la información y a la educación cooperativa. Desde los inicios del cooperativismo se ha comprendido la importancia de la educación como herramienta democratizadora, por ello por el quinto principio están obligadas a garantizar la educación de sus miembros.
En tercer lugar, es conveniente que las mujeres estén organizadas en el seno de cada cooperativa, federación o confederación, para denunciar las asimetrías y promover los cambios necesarios. Para ello deben existir instancias específicas de participación –como por ejemplo Comités de Género– que vinculen sus objetivos con la agenda general de la lucha por los derechos de la mujer.
La base para la construcción de una alianza firme entre la democratización de la economía y los derechos de la mujer deben ser los comités de género del movimiento cooperativo.
Son los que están en condiciones de poner en evidencia las inequidades hacia el interior del movimiento cooperativo, tanto en términos de conducción política como de organización del trabajo, y de articular estos objetivos con las distintas iniciativas en cada uno de los territorios.
La lucha por la igualdad en las cooperativas no puede desentenderse de la sociedad en que se hayan inscriptas, ni la sociedad puede prescindir de las cooperativas para construir igualdad en su seno. El nexo es la organización de las mujeres en cada cooperativa en diálogo con el resto de las organizaciones de cada territorio.
Cooperativas y condiciones de trabajo
La mayor parte de la intervención de los Estados respecto a los derechos de la mujer en el ámbito económico está dirigida a generar condiciones apropiadas para la defensa de sus derechos como trabajadoras: igualdad de trato y remuneración, protección de la maternidad, protección contra la violencia, etc.
Es mucho lo avanzado en este sentido, pero también mucho lo pendiente. Por ejemplo en el caso de las licencias, que suelen ser insuficientes y en general presumen que la mujer es la única responsable de los cuidados.
Es interesante la experiencia de los países nórdicos donde existen licencias parentales, que son las licencias que no están asociadas con el nacimiento sino con la crianza, de hasta dos años de duración y que pueden tomar alternativamente las madres o los padres.
Las cooperativas podemos y debemos avanzar en estos temas, más allá de las exigencias de la legislación: lo exigen nuestros valores. La incorporación plena de la mujer debe ser una de las claves para mostrar un modelo empresario exitoso, el “preferido por la gente”, en términos del Plan por una Década Cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional.
En dicho sentido es muy interesante la iniciativa del Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva, de Colombia. Esta cooperativa es la primera empresa en su país que adhiere al Sello de Equidad Laboral Equipares, otorgado por el Ministerio de Trabajo en el marco de su Programa de Certificación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género (SGIG), con el acompañamiento técnico del Programa de Naciones Unidas (PNUD).
Es un excelente camino para trabajar la transformación cultural empresaria que exige la equidad de género, al tiempo de que se logra dar visibilidad al proceso en el marco de un programa con soporte internacional. Las cooperativas deben liderar estas iniciativas en todo el mundo.
Por otro lado, las cooperativas están en condiciones de agregar una nueva dimensión en este debate. No sólo se trata de promover relaciones asalariadas en condiciones de equidad: pueden construirse relaciones de trabajo decentes a partir del control directo por parte de las mujeres sobre las condiciones de trabajo.
En las cooperativas de trabajo los asociados –trabajadoras y trabajadores– son quienes deciden las condiciones de trabajo, incluyendo sistemas de remuneración, licencias, horarios, seguridad laboral, etc. La mujer que quiere ampliar sus derechos, puede hacerlo construyendo colectiva y democráticamente una empresa que se adapte a sus necesidades y reconozca sus derechos.
Moderar al capital para que tenga en cuenta la perspectiva género no es el único camino para las mujeres: pueden desplazarlo del puesto de comando.
Por su puesto, para esto las cooperativas deben contar con herramientas que faciliten su constitución y consolidación, como por ejemplo financiamiento y asistencia técnica. Quizás podría plantearse un nuevo derecho de las mujeres: el derecho de acceder a las condiciones necesarias para poder organizar su propia empresa, en equidad y sin relaciones de explotación.
En el marco de la nueva ola de economía solidaria que se observa en el mundo (producto de la búsqueda de alternativas para generar ingresos cuando el mercado de trabajo es impotente para incorporar a amplios sectores de la sociedad) se registra que gran parte de esa economía emergente está integrada por mujeres que desarrollan estrategias asociativas, que resultan complementarias y compatibles con sus tareas de atención a sus familias.
Por ejemplo, en Bolivia la participación de las mujeres en las actividades económicas autogeneradas supera a la de los hombres: 70 % de las mujeres ocupadas y 56 % de los varones ocupados trabajaban en 2011 en unidades familiares y de pequeña escala[4].
Aprovechar esta experiencia, con el respaldo de políticas públicas específicas, puede ser un camino para construir unidades empresarias donde se privilegie la perspectiva de género en lo que hace a la construcción de condiciones de trabajo equitativas y compatibles con la necesidad de atender las tareas de cuidado, que son corresponsabilidad de ambos géneros.
Cooperativas y batalla cultural
Pero quizás el principal aporte que puede realizar el movimiento cooperativo es en términos de batalla cultural. La maquinaria publicitaria al servicio del capital concentrado es quizás uno de los principales reproductores de estereotipos de género que condenan a la mujer a un lugar de sumisión.
Mujeres que limpian los sanitarios mientras que los hombres recorren rutas en sus autos de alta gama, mujeres tratadas como “princesas” porque gracias a un detergente tiene las manos suaves al terminar de lavar la vajilla, mujeres que deben apelar a una sopa para incidir en las decisiones arbitrarias del “hombre de la casa”. Todos ejemplos que vemos diariamente en los medios masivos de comunicación y que están estrictamente ligados con la violencia de género: cuando se promueve una actitud servil basada en estereotipos de género se están promoviendo relaciones de sumisión y no de equidad.
Este rol subordinado de la mujer empaña la mayor parte de las relaciones interpersonales y condiciona su capacidad de progreso, empezando por la elección de su formación profesional.
El informe mundial sobre salarios de la OIT de 2015 mostró que existe una brecha salarial a favor de los hombres en todos los países, y que parte sustantiva de la misma no se explica por ninguna razón objetiva (como por ejemplo calificación o antecedentes). Es sólo discriminación. En Argentina la brecha salarial a favor de los hombres es del 27%, la mitad de la cual no se funda en ninguna razón objetiva. En Brasil los hombres ganan un 24% más, pero deberían ganar menos si las remuneraciones se fundaran en sus antecedentes y calificaciones.
Mucho es lo que pueden hacer las cooperativas en este terreno en su carácter de empresas sujetas a valores, comenzando por incorporar la equidad de género en la formación sobre valores y principios cooperativos dirigida a los miembros, empleados y público en general, pues no hay solidaridad ni democracia si no hay equidad de género.
Las empresas cooperativas, en particular las de mayor escala, pueden ser actores importantes para incorporar la temática de género en sus campañas publicitarias, e incidir sobre los medios para que asuman una actitud responsable.
Pero quizás el desafío más importante sea contribuir desde la economía solidaria a la democratización de la palabra. La presencia de cooperativas gestionando radios, servicios de televisión por cable o diarios, debe ser un camino para interpelar a los grupos multimedios que controlados por la economía concentrada y su cultura patriarcal reproducen estereotipos discriminatorios.
Multiplicar los medios cooperativos y promover la participación femenina puede contribuir a cambiar las condiciones estructurales en que las sociedades nos comunicamos, colaborando así con los compromisos asumidos por los Estados en la Plataforma de Beijing: “Estimular y reconocer las redes de comunicación de mujeres como medio para la difusión de información y el intercambio de ideas, incluso en el plano internacional, y brindar apoyo a los grupos de mujeres que participan en todos los ámbitos de los medios de difusión y de los sistemas de comunicación a ese efecto”.
Cooperativas y economía del cuidado
Estas líneas comenzaron indicando que la mayor parte de trabajo femenino es de cuidado y no remunerado. Esto no fue arbitrario. Es que la inequidad en la distribución del trabajo doméstico es el mayor obstáculo para que la mujer pueda insertarse en las actividades productivas remuneradas en igualdad de condiciones.
La incorporación masiva de la mujer en el mercado de trabajo es un fenómeno relativamente reciente que no se ha visto acompañado por una adecuación de igual magnitud en las tareas que hacen a la reproducción de la vida. El cuidado de los niños, de los ancianos y de todos aquellos con limitaciones en su autonomía, los temas de limpieza y alimentación, siguen estando fundamentalmente en manos de las mujeres, lo que les limita severamente sus posibilidades de capacitación y dedicación al trabajo remunerado o a cualquier otra actividad política, social o cultural que permita su desarrollo personal.
Las respuestas frente a esta sobrecarga laboral han sido, por un lado, apelar a relaciones de solidaridad con otras mujeres de la familia, y por otro, la tercerización de parte de las tareas a través de la contratación de otra mujer, en condiciones habitualmente precarias.
En realidad lo que se conforman son cadenas de cuidado, donde los sectores en mejores condiciones económicas delegan las tareas en los sectores subordinados, produciendo y reproduciendo la desigualdad. Muchas de estas son cadenas globales de cuidado, ya que la trabajadora es a menudo una migrante que ha sacrificado las condiciones de vida de su núcleo familiar para poder enviar remesas a su país de origen. Como describe la CEPAL, “los grupos de mayores recursos perciben los beneficios de satisfacer sus necesidades de cuidado, aunque esto implique descuidar las necesidades de quienes les proveen de estos servicios. De este modo pueden transferir las labores del cuidado a otros: hombres a mujeres, clases altas a clases bajas, nacionales a inmigrantes. Las personas situadas al final de la cadena son tan pobres que no pueden contratar una trabajadora doméstica y deberán apoyarse en el trabajo doméstico no remunerado familiar. En definitiva, se está produciendo un trasvasije de situaciones generadoras de desigualdad entre mujeres y familias de distinta nacionalidad, clase social, raza o nivel de estudios, entre otros. Se registran, por tanto, importantes cambios cualitativos en las diferencias intragénero, que ocultan la persistencia de desigualdades entre mujeres y varones”[5].
Esta ha sido la “solución de mercado”: precarización del trabajo y migraciones.
Frente a esto han surgido iniciativas orientadas a reconocer los derechos del cuidado, y a asumir la responsabilidad pública de que estos sean satisfechos en condiciones no precarizadas.
Un ejemplo de ello es la recientemente aprobada Ley del Sistema de Cuidados de Uruguay, cuyo objeto es “la promoción del desarrollo de la autonomía de las personas en situación de dependencia, su atención y asistencia, mediante la creación de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados como conjunto de acciones y medidas orientadas al diseño e implementación de políticas públicas que constituyan un modelo solidario y corresponsable entre familias, Estado, comunidad y mercado” (Ley 19.353, Art. 2).
El sistema provee distintos componentes según la población a la que está dirigida: jardines maternales, casas comunitarias de cuidados (en el caso de los niños), y centros diurnos o asistentes personales (en caso de los ancianos). Todos estos servicios podrían ser provistos por cooperativas. En el caso uruguayo específicamente el servicio de asistentes personales a los ancianos o discapacitados incluye la oferta de cooperativas.
Es decir, a los efectos de que la responsabilidad social de los cuidados no recaiga en las mujeres, se construye un sistema regulado por el Estado, donde tienen cabida las organizaciones del campo de la economía solidaria.
De esta manera las cooperativas pueden aportar una primera respuesta a este problema a través de la provisión de servicios de cuidado.
Esto ha sido visualizado positivamente por la OIT al señalar que “las cooperativas pueden proporcionar una vía para salir de relaciones de trabajo precarias e informales, que pueden ser un rasgo de la vida laboral de muchos trabajadores migrantes. Pueden ofrecer acceso a servicios esenciales que necesitan los trabajadores domésticos, esto es, formación y educación, vivienda y servicios financieros, así como servicios de atención de sus familias. Hay experiencias de sindicatos que han ayudado a crear cooperativas para sus miembros en el ámbito de la prestación de esos servicios”[6].
Como bien rescata la OIT, “hay una larga tradición de trabajadores domésticos que eligen el modelo cooperativo como forma de organización idónea para satisfacer sus necesidades y, de hecho, la primera cooperativa de trabajadores domésticos de que se tiene noticia fue fundada en 1877 por mucamos y cocineros en el Uruguay”.
Dentro de las experiencias actuales, rescata la experiencias de la Cooperativa We can do it! de Brooklyn (Nueva York), la Cooperative Home Care Associates, que es la mayor cooperativa de trabajo doméstico de EEUU, y la Jamaican Household Workers Association (JHWA). Especial análisis realiza de la Federación de Asociaciones de Trabajadoras por Cuenta Propia (SEWA), un sindicato nacional de la India que trabaja para proporcionar empleos mediante la creación de cooperativas de atención de salud, atención a domicilio, partería y guardería. A través de esas cooperativas, en palabras de la propia SEWA, “las trabajadoras obtienen trabajo e ingresos permanentes de una manera no explotadora con una mejor posición para negociar y se convierten en trabajadoras-propietarias”.
En suma, el envejecimiento de la sociedad, producto de la mayor esperanza de vida, y la necesidad de disminuir la sobrecarga del trabajo no remunerado de la mujer en el hogar, crean la oportunidad de cooperativas de trabajo que brinden estos servicios, garantizando en forma colectiva condiciones dignas de trabajo y escala suficiente para brindar servicios integrales y eficaces.
Sin embargo, si sólo se consideran a las cooperativas de trabajo atendiendo las demandas presentadas individualmente por cada hogar, están faltando dos actores que pueden ser incorporados desde la economía solidaria: los usuarios de los servicios y la comunidad.
¿No deberían los usuarios de los servicios (adultos mayores, por ejemplo) tener voz y voto sobre estos temas?¿No podrían aportar, incluso, en forma de trabajo o de capital, recursos para la satisfacción de sus necesidades en forma solidaria?
¿No debería la comunidad preguntarse cómo desarrollar servicios en base a relaciones de reciprocidad que permitan una mayor autonomía de la mujer frente a los requerimientos de cuidado de cada familia?
¿No debería la economía solidaria apelando a la construcción de relaciones de reciprocidad y de responsabilidad comunitaria, construir alternativas más allá de las relaciones de intercambio propias de la contratación de mano de obra para las tareas domésticas?
Una de las contribuciones centrales que puede y debe hacer el cooperativismo en la defensa de los derechos de la mujer es aportar soluciones innovadoras que posibiliten una redistribución de las tareas de cuidado, que hoy son no remuneradas y explican dos tercios de su trabajo. Y hacerlo desde la eficiencia, la participación y la solidaridad, porque será allí donde están las respuestas, y no en el mercado, que sólo profundiza las desigualdades a través de la precarización. Veamos algunos ejemplos que resultan ilustrativos.
La cooperativa de vivienda Trabensol (Trabajadores en Solidaridad)[7] es una cooperativa de mayores de Madrid. Ha construido un moderno edificio bioclimático de 16.000 metros cuadrados donde cada socio disfruta de su apartamento –en total hay 54 viviendas– en régimen de cesión de uso. Es un espacio construido y gestionado por las propias personas involucradas, procurando garantizar su desarrollo autónomo y aportando una salida innovadora en la situación de vejez, al evitar las respuestas institucionalizadas donde no participan (geriátricos públicos o lucrativos) y la sobrecarga laboral de la familia (en especial de las mujeres). Esta es una experiencia inspirada en lo que es una realidad desde los años 70 en Dinamarca, donde las “cohousing” o coviviendas de este tipo son habituales para la población de la llamada tercera edad[8].
En el otro extremo de las franjas etarias, está el ejemplo de La Mainada[9], en Cataluña. Se trata de una asociación donde las familias solidariamente atienden el trabajo de cuidado de sus niños pequeños, en una propuesta donde se conjuga el trabajo profesional remunerado (de una persona especialista) y el trabajo solidario de los “mapadres”. Es una iniciativa que va en el sentido de “deslocalizar” el trabajo de cuidado, saliendo de la órbita estrictamente familiar, al crear instancias colectivas, solidarias y participativas.
No puede dejar de mencionarse en esta breve enumeración de ejemplos la experiencia de las cooperativas sociales italianas, que surgen precisamente por el esfuerzo inicial de pequeños grupos de voluntarios y trabajadores descontentos con la oferta pública y la provisión del mercado de servicios de atención social y comunitaria. En el seno de estas cooperativas se conjuga la visión de los distintos actores (trabajadores asalariados, trabajadores voluntarios y beneficiarios) en especial en las que cuentan con una estructura “multi stakeholder”. Trabajando en forma muy articulada con el Estado y otras organizaciones comunitarias, y apelando a estrategias de integración cooperativa que resultan ejemplares, se han convertido en la principal oferta de servicios de atención social en su país.
Otro ejemplo es la Federación de Cooperativas de Servicios a Domicilio y Salud, de Quebec, Canadá, que fundada en 1996 integra a 69 cooperativas que atienden a aproximadamente 60.000 usuarios. En este caso los asociados son los usuarios, que se organizan en cooperativas para garantizarse el servicio.
En Argentina, algunas cooperativas de servicios públicos, donde está asociada la mayor parte de la comunidad de las pequeñas localidades, están comenzando a tomar este tema. Por ejemplo, integrantes de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA), de la Federación Argentina Empresas de la Salud Solidaria (FAESS), junto con cooperativas de servicios públicos de la Provincia de Buenos Aires (FEDECOBA) están trabajando en forma colaborativa con el asesoramiento de dos universidades nacionales en el diseño de servicios de cuidados, donde los usuarios y la comunidad estén representados por las cooperativas de servicios públicos, y los servicios sean provistos por cooperativas de trabajo.
Todas éstas son parte de múltiples iniciativas que tienen orientaciones similares en todo el mundo, pero que todavía resultan marginales en términos del conjunto de la sociedad.
Se requiere aquí un importante trabajo de reflexión y debate sobre los caminos más aconsejables en este cruce entre economía doméstica y economía solidaria, o entre la lucha por los derechos de la mujer y la lucha por la democracia económica.
De lo que se trata, en última instancia, es de construir sistemas de cuidados que apelando a la solidaridad y a la participación atiendan a tres derechos en forma simultánea: el derecho al cuidado, el derecho de las mujeres y el derecho de los trabajadores y trabajadoras del sistema de cuidados.
Ejes para una alianza por la equidad
Construir una sociedad donde prevalezca la igualdad de los géneros requiere de organización y militancia para modificar la realidad. Existe una enorme oportunidad si en este camino logran sumar sus esfuerzos quienes trabajan por la democracia económica desde la economía solidaria y el creciente movimiento por los derechos de la mujer.
De acuerdo a lo argumentado, se desprenden algunos ejes para esta tarea:
>Incorporar la organización y promoción de cooperativas y otras empresas de la economía solidaria en la agenda del movimiento por los derechos de la mujer, como un camino para disputar el poder económico al capital concentrado que impone los intereses del patriarcado.
>Incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos de las cooperativas, incluyendo la organización del trabajo, políticas de comunicación y actividades de educación, a partir de sostener la equidad de género como parte constitutiva de los valores de solidaridad y democracia.
>Organizar comités de género o espacios equivalentes en el seno del movimiento cooperativo, como herramienta para luchar por la equidad en el seno de las organizaciones cooperativas, y facilitar su articulación con la agenda del movimiento por los derechos de la mujer.
>Incorporar la perspectiva de género en la construcción autogestionaria de las condiciones de trabajo, procurando que la participación de la mujer resulte en un fuerte sector de cooperativas de trabajo que sea testimonio de las buenas prácticas laborales.
>Exigir a todos los Estados el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Declaración y Plataforma de la IV Conferencia Internacional de Beijing.
>Promover la participación de la mujer en medios de comunicación gestionados desde la economía solidaria y otras organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de brindar una perspectiva alternativa del rol de la mujer en la sociedad.
Promover el debate e investigación sobre formas alternativas para que la economía solidaria aporte soluciones innovadoras para una reorganización de las tareas de cuidado que libere a las mujeres de la sobrecarga laboral.
El proyecto de sociedad que se desprende de la Declaración Universal de los Derechos Humanos no será posible si no se avanza en forma sostenida hacia la equidad entre hombres y mujeres. La humanidad ha avanzado pasos importantes en este sentido, pero aún son formidables los desafíos pendientes.
El principal de ellos es comprender que una sociedad más igualitaria requiere otra economía, cuyo objetivo sea la reproducción de la vida y no la valorización del capital. En ese camino deben confluir los esfuerzos del movimiento cooperativo y de las diversas organizaciones y movimientos que luchan por los derechos de la mujer: más democracia en la economía con mayor protagonismo de la mujer es el camino hacia a una sociedad donde la igualdad, la libertad y la fraternidad sean los valores que estructuren centralmente nuestras relaciones.
[1] Información de ONU Mujeres, Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, correspondiente al informe 2015.
http://www.unwomen.org Corresponde a totales mundiales.
[2] Mercedes D’Alessandro, “Economía Feminista”, Penguin Random House Grupo Editorial SA, Buenos Aires, 2016, pág. 106.
[3] OIT, “Cómo utilizar la ventaja de las cooperativas en favor del empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género”, Cooperativas y Mundo de Trabajo Serie Nro. 1. Junio 2015.
[4] Ivonne Farah Henrich “Economía feminista y economía solidaria: ¿alternativa al patriarcado?”, en “Economía Social y Solidaria: conceptos, prácticas y políticas públicas”, Universidad del País Vasco, 2016.
[5] CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT, Informe Regional. Trabajo decente e igualdad de género. Políticas para mejorar el acceso y la calidad del empleo de las mujeres en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, 2013.
[6] OIT, “Cooperar para salir del aislamiento: las cooperativas de trabajadoras y trabajadores domésticos”, Cooperativas y Mundo de Trabajo Serie Nro. 1. Junio 2015.
[7] https://www.equaltimes.org/envejecer-entre-amigos-para?lang=en#.WLMOQG_hB0y
[8] http://www.xn--sttedammen-d6a.dk/
[9] Alejandra Araiz y Robert González García, “Hacia la colectivización del cuidado. La Mainada, una experiencia de crianza compartida”. En Otra Economía, 10(19):176-184, julio-diciembre 2016 Unisinos.
