El Gobierno eliminó el ATP y reformó la calificación de películas: el INCAA concentrará todo el sistema
El Gobierno nacional derogó el régimen de calificación de películas vigente desde 1984 y aprobó una nueva reglamentación que redefine el rol del Estado en la clasificación de contenidos audiovisuales. A través del Decreto 50/2026, publicado el 27 de enero en el Boletín Oficial, se disolvió la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas y se otorgó al INCAA la competencia exclusiva para calificar filmes, con homologación automática de clasificaciones extranjeras. La medida apunta a reducir burocracia, agilizar estrenos y adecuar el sistema a estándares internacionales, con impacto directo en la industria audiovisual y el mercado de exhibición.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro Manuel Adorni, aprueba la nueva Reglamentación de la Ley N° 23.052, deroga el Decreto 828/84 y establece un nuevo esquema de categorías etarias, que reemplaza al histórico sistema de “Apta para Todo Público (ATP), +13, +16 y +18”. El decreto entrará en vigencia a los 60 días corridos desde su publicación.
Fin de la Comisión Asesora y centralización en el INCAA
El cambio estructural más relevante es la eliminación de la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, órgano colegiado que durante más de cuatro décadas emitió dictámenes obligatorios para la calificación de películas. A partir de ahora, esa función quedará concentrada exclusivamente en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), ente público no estatal que actúa en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.
Según los considerandos del decreto, la Comisión fue concebida “en un contexto histórico significativamente distinto al presente” y “no ha demostrado en la actualidad la eficiencia necesaria”, debido a la rigidez de su estructura y a la falta de actualización de criterios, lo que generaba “demoras y dificultades para la dinámica del sector audiovisual”. En contraste, el Ejecutivo sostiene que el INCAA cuenta con “capacidad técnica, equipos especializados y experiencia acumulada” suficientes para asumir la competencia de manera exclusiva, bajo principios de economía, celeridad y eficiencia administrativa.
El nuevo régimen redefine también el rol del Estado: la calificación cinematográfica pasa a ser una herramienta orientativa, destinada a brindar información clara al público, mientras que la responsabilidad primaria sobre el consumo de contenidos por parte de menores recae en padres, madres y tutores, conforme al deber de cuidado reconocido por la normativa de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Nuevas categorías etarias y homologación automática de calificaciones extranjeras
La reglamentación aprobada establece cinco categorías de calificación:
- Audiencia General (G)
- Supervisión parental sugerida (SP)
- Restringida para menores de 13 años (R-13)
- Restringida para menores de 17 años (R-17)
- Solo apta para mayores de 18 años, de exhibición condicionada (C)
Estas categorías buscan alinearse con estándares internacionales y facilitar la homologación automática de clasificaciones otorgadas en el país de origen de las películas extranjeras. El decreto fundamenta esta decisión en datos del propio INCAA y de organismos internacionales: de acuerdo con el Informe DEISICA Nº 34 (Año 2025 – Datos 2024), las películas estadounidenses representaron el 65,86% del total de copias lanzadas al mercado argentino, porcentaje que se mantuvo por encima del 50% durante los últimos cinco años. A su vez, el Panorama Audiovisual Iberoamericano 2023 señala que el 81,20% de los espectadores del top 100 de estrenos 2018–2022 correspondió a producciones de Estados Unidos, frente al 10,70% de películas nacionales.
En ese contexto, el Ejecutivo consideró que recalificar películas ya evaluadas por organismos extranjeros “implica un uso innecesario de recursos del Estado Nacional” y genera demoras que afectan la distribución y exhibición. Por ello, el INCAA reconocerá automáticamente las calificaciones de origen, aunque se reserva la facultad de modificarlas de oficio por razones de orden público o ante reclamos fundados de personas o entidades.
Efectos sobre la industria audiovisual
Desde el punto de vista institucional, la reforma consolida una simplificación regulatoria en línea con los principios de eficiencia administrativa invocados por el Gobierno. La concentración de competencias en el INCAA elimina una instancia intermedia y reduce plazos, lo que podría acelerar el ingreso de estrenos al mercado argentino, especialmente en el caso de producciones extranjeras.
Para el sector audiovisual, la medida tiene un doble efecto. Por un lado, mejora la previsibilidad y los tiempos para distribuidores y exhibidores, al acotar trámites y homologar criterios internacionales. Por otro, refuerza el rol técnico del INCAA, que deberá garantizar pluralidad de enfoques y participación de organismos estatales en cultura, educación y protección de la minoridad, tal como exige la Ley 23.052.
El decreto también mantiene un esquema sancionatorio para exhibidores y responsables que incumplan las calificaciones, con multas actualizables por el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) del INDEC y posibilidad de clausura de hasta 30 días, lo que preserva la capacidad de control del Estado.
En términos de política pública, la reforma se inscribe en una estrategia más amplia de desburocratización y adecuación normativa, con foco en reducir costos regulatorios y adaptar marcos legales heredados a la dinámica actual del mercado audiovisual y del consumo digital.
