EMPRESA

Importación de maquinaria usada: el Gobierno flexibiliza el régimen y apunta a acelerar inversiones industriales

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El Ejecutivo modificó el Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas y amplió el alcance de los bienes que podrán ingresar al país para proyectos industriales. La reforma incorpora equipamiento para modernización tecnológica, almacenes inteligentes y sistemas ambientales, al tiempo que redefine plazos y requisitos para las empresas.

La decisión, formalizada mediante el Decreto 483/2026, representa uno de los cambios más significativos en materia de inversión productiva de los últimos años. El nuevo esquema deja de enfocarse exclusivamente en la importación de maquinaria usada y pasa a vincular el beneficio con proyectos de mejora de competitividad aprobados por la autoridad de aplicación.

Para el sector industrial, el cambio implica una ampliación de las herramientas disponibles para modernizar procesos productivos en un contexto donde el acceso a tecnología de última generación suele requerir elevados desembolsos de capital. La norma habilita que las líneas de producción incorporen bienes usados importados junto con equipos nuevos nacionales o importados, e incluso contempla equipamiento destinado a proveedores directos de la empresa beneficiaria bajo contratos específicos.

Un régimen más amplio y orientado a la productividad

La modificación redefine qué proyectos pueden acceder al beneficio. A partir de ahora, las líneas de producción deberán estar vinculadas a una nueva planta, una ampliación de capacidad instalada, una diversificación productiva o una modernización tecnológica que incremente el valor agregado por unidad producida. También podrán destinarse a la generación de energía eléctrica.

Uno de los puntos más relevantes es la incorporación de bienes usados destinados al tratamiento o eliminación de contaminantes de aire, suelo o agua cuando formen parte de establecimientos productivos. La medida busca facilitar inversiones ambientales sin obligar a las empresas a adquirir exclusivamente equipamiento nuevo.

La norma también incorpora expresamente los llamados “almacenes inteligentes”, sistemas automatizados que combinan software, equipos de manipulación y estructuras de almacenamiento para optimizar la logística interna de las plantas industriales.

La posibilidad de incorporar maquinaria usada con hasta 20 años de antigüedad, o incluso hasta 30 años cuando haya sido reconstruida o actualizada tecnológicamente, amplía significativamente el universo de activos elegibles.

En provincias como Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, donde muchas empresas enfrentan desafíos de escala para renovar líneas completas de producción, la medida puede mejorar la relación entre inversión y capacidad productiva, especialmente en actividades exportadoras o con alto componente industrial.

La industria nacional sigue siendo condición obligatoria

La flexibilización no elimina el componente de integración local. Las empresas deberán adquirir bienes nuevos de origen nacional por un monto equivalente a, al menos, 10% del valor FOB de los equipos usados importados incorporados al proyecto.

La exigencia busca generar un efecto multiplicador sobre proveedores locales de maquinaria, componentes y servicios industriales, evitando que la modernización productiva se traduzca exclusivamente en compras externas.

Además, los bienes nacionales podrán destinarse tanto a la línea de producción principal como a otras actividades de la empresa o incluso a proveedores directos vinculados al proyecto.

Otro aspecto central de la reforma es la simplificación administrativa. Los proyectos deberán contar con un dictamen técnico elaborado por organismos estatales, universidades o ingenieros matriculados, aunque dicho informe no será vinculante para la decisión final.

La puesta en marcha deberá concretarse dentro de un año desde la aprobación del proyecto, con posibilidad de prórroga en casos justificados. También se establecen mecanismos para agilizar expedientes históricos que permanecían pendientes de cierre y liberación de garantías.

Claves para las empresas

Aspectos más relevantes del nuevo régimen permite importar líneas de producción con maquinaria usada para proyectos de competitividad industrial. Habilita equipamiento ambiental para tratamiento de contaminantes. Incorpora sistemas automatizados de almacenamiento o “almacenes inteligentes”. Autoriza bienes usados con hasta 20 años de antigüedad o 30 años si fueron reconstruidos. Exige compras de bienes nacionales por al menos 10% del valor importado. Establece plazos más precisos para ejecución y puesta en marcha de proyectos.

La efectividad de la reforma dependerá menos de la letra del decreto que de la velocidad con que la Secretaría de Industria reglamente los procedimientos y apruebe los proyectos. Para las empresas del NEA, el desafío será identificar oportunidades donde la incorporación de tecnología usada permita aumentar productividad, reducir costos operativos o expandir capacidad sin comprometer la rentabilidad de la inversión. Si la implementación logra evitar los cuellos de botella administrativos que el propio decreto reconoce, el régimen podría convertirse en una herramienta relevante para la renovación del capital productivo industrial argentino.

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Fintech, criptomonedas y tarjetas no pagarán impuesto al cheque

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Un decreto publicado este jueves amplió el alcance de las exenciones del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios para empresas de servicios de pago, proveedores de activos virtuales, operadores de tarjetas y transportadoras de caudales. La medida busca equiparar tratamientos tributarios entre actores que realizan funciones similares y reducir costos de transacción en sectores vinculados a la economía digital.

La decisión oficial, formalizada mediante el Decreto 475/2026, modifica el régimen de exenciones del denominado “impuesto al cheque”, uno de los tributos que más inciden sobre la intermediación financiera y los movimientos bancarios. El cambio incorpora nuevos beneficiarios y actualiza criterios que habían quedado rezagados frente a la evolución tecnológica del sistema de pagos.

Para el sector privado, la señal es clara: el Gobierno busca eliminar distorsiones tributarias que afectaban a empresas fintech, plataformas de pagos y operadores de activos virtuales, actividades que ganaron peso en la economía argentina durante los últimos años, pero que mantenían diferencias regulatorias respecto de otros participantes del sistema financiero.

Menos costo transaccional para la economía digital

La principal novedad es la incorporación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) al listado de actividades alcanzadas por la exención.

Las cuentas bancarias utilizadas exclusivamente para operaciones vinculadas a la actividad de estos operadores quedarán exceptuadas del gravamen, siempre que estén debidamente registradas ante los organismos competentes.

La medida alcanza a empresas vinculadas al ecosistema cripto que operan legalmente en Argentina y que hasta ahora enfrentaban una carga tributaria adicional sobre movimientos operativos que no implicaban generación de valor agregado, sino mera circulación de fondos.

Desde una perspectiva económica, la eliminación de ese costo mejora la competitividad de plataformas locales frente a competidores internacionales y reduce el costo operativo de servicios vinculados a pagos digitales, tokenización y activos virtuales.

Fintech y cobranzas: equiparación tributaria

El decreto también amplía beneficios para las empresas dedicadas al cobro electrónico de servicios, impuestos y otras obligaciones por cuenta y orden de terceros.

La modificación incluye expresamente las cuentas utilizadas para depósitos de efectivo en cuentas bancarias o de pago y las empleadas por agentes oficiales que actúan dentro de esas redes.

La actualización normativa busca reconocer la transformación del sistema de cobranzas argentino, donde los canales digitales y las redes de proximidad cumplen funciones que históricamente realizaban entidades bancarias tradicionales.

Para miles de comercios que funcionan como puntos de cobranza o recepción de pagos, la medida puede traducirse en menores costos administrativos y financieros, favoreciendo la expansión de servicios en localidades alejadas de los grandes centros urbanos.

Tarjetas y transporte de caudales también quedan alcanzados

Otra modificación relevante incorpora beneficios para las empresas que operan sistemas de tarjetas de crédito, compra y débito.

Las cuentas utilizadas para gestionar préstamos bancarios destinados a financiar su actividad y las operaciones vinculadas a la emisión o cancelación de obligaciones negociables quedarán exentas del impuesto.

La decisión apunta a reducir el costo financiero asociado al funcionamiento de la infraestructura de pagos electrónicos, un componente central para el comercio formal.

Además, se suman las empresas transportadoras de caudales registradas ante el Banco Central. Las cuentas utilizadas exclusivamente para rendir fondos en efectivo a sus clientes también quedarán alcanzadas por el beneficio.

Aunque el avance de los pagos digitales reduce gradualmente el uso de efectivo, la logística de valores continúa siendo un eslabón clave para actividades comerciales, supermercados, estaciones de servicio y cadenas de distribución en gran parte del interior del país.

Qué cambia para el sector productivo

Entre los principales efectos de la medida aparecen menor carga tributaria sobre movimientos operativos de empresas fintech y plataformas digitales. Reducción de costos de intermediación financiera para actores vinculados a pagos electrónicos. Mayor competitividad para operadores de activos virtuales regulados. Incentivos para ampliar servicios financieros en localidades del interior. Equiparación tributaria entre empresas que desarrollan actividades similares. Menores costos de infraestructura para redes de cobranza y medios de pago.

La ampliación de exenciones no modifica la estructura general del impuesto al cheque, pero sí profundiza una tendencia regulatoria orientada a favorecer la digitalización financiera y reducir cargas sobre actividades consideradas estratégicas para la modernización del sistema de pagos.

El desafío estará en medir si la reducción de costos regulatorios logra traducirse en una mayor expansión de servicios financieros, especialmente en regiones donde la inclusión financiera todavía representa una barrera para el crecimiento de las pymes y las economías regionales.

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Nueva fábrica de bambú en Comandante Andresito diversificará la economía y beneficiará a pequeños productores

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En respuesta a una estrategia enfocada en la radicación de capitales privados y la expansión productiva, se llevó a cabo una visita por las obras en la planta de procesamiento de bambú de esta localidad. El emprendimiento, impulsado por el empresario Miguel Campos, transita la etapa de ajustes técnicos finales en sus equipos con el objetivo de comenzar la producción antes de que concluya el mes de junio.

El establecimiento abarca todo el proceso de la cadena, uniendo la cosecha de la materia prima con su posterior industrialización en bienes complejos. La meta comercial está fijada en abastecer con eficacia a las industrias del país que actualmente recurren al mercado internacional para adquirir este recurso.

Un cultivo complementario para la agricultura familiar

Además de su relevancia a nivel macro, la propuesta funciona como un motor de arraigo para los agricultores del norte provincial. Debido a las destacadas particularidades del suelo y el clima en Andresito y San Antonio, es posible sostener un cultivo intensivo y continuo. De este modo, el bambú emerge como una opción financiera que complementa las actividades tradicionales de la región, tales como la yerba mate, el té o la explotación forestal.

El ministro de Industria, Federico Fachinello, formó parte de la comitiva y ponderó el establecimiento de la firma en el territorio: “El camino para el crecimiento de Misiones es la industrialización de nuestras materias primas. Por eso, celebramos esta nueva inversión que, además de generar muchos puestos de trabajo directos e indirectos en la zona norte, se convierte en una solución concreta para que los pequeños productores locales también tengan acceso a un cultivo de alto valor agregado y proyección a largo plazo”.

Desarrollo sustentable y de triple impacto

La planta opera bajo los lineamientos de triple impacto, conjugando la rentabilidad del negocio con la creación de empleo técnico local mediante la instrucción en el manejo de maquinaria pesada, y un beneficio ecológico directo a través de la retención masiva de carbono. Con los testeos de los equipos en su recta final, Comandante Andresito se alista para poner en marcha una actividad fabril que busca modernizar y fortalecer el esquema productivo de la provincia.

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Animal World transformó residuos en eco-refugios para animales en situación de calle

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Este sábado, en el primer piso de la sucursal central de Animal World, ubicada en la intersección de las avenidas Francisco de Haro y Mendoza, se vivió una jornada donde la solidaridad, el compromiso y el cuidado animal fueron protagonistas. Allí se construyeron los primeros 10 ecorefugios elaborados con pallets recuperados, destinados a brindar abrigo a animales en situación de calle durante los meses más fríos del año.

La convocatoria despertó un enorme interés en la comunidad, con más de 500 personas inscriptas para participar. Sin embargo, por cuestiones de espacio y logística, el taller debió limitarse a 20 voluntarios.

“Buscamos dar segundas oportunidades. A una madera que iba a ser descartada de nuestra operación logística, pero también a mascotas que hoy están pasando frío en la calle y que merecen una nueva oportunidad de ser cuidadas, protegidas y encontrar una familia que las adopte”, expresó Mauricio Macena, Director de Marca de Animal World.

La iniciativa contó con el acompañamiento de la Tallerista Belén Delucca, la Subsecretaría de Economía Circular de Misiones y el Parque del Conocimiento, además del apoyo de Sieger y Servicios Veterinarios.

Los ecorefugios serán entregados la próxima semana junto con donaciones de alimento. Los lugares donde serán instalados surgirán de propuestas y votaciones de la comunidad, priorizando sectores donde habitualmente permanecen animales comunitarios, como la Terminal de Ómnibus de Posadas, Itaembé Guazú y otros puntos de la ciudad.

Desde la empresa destacaron que el objetivo va más allá de construir refugios: se trata de generar conciencia e involucrar a más personas en el cuidado de los animales que hoy necesitan ayuda.

El éxito de esta primera experiencia ya impulsa la organización de una nueva edición para que más voluntarios puedan sumarse a una iniciativa que convierte materiales en desuso en abrigo, protección y esperanza.

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El empleo formal volvió a caer en marzo y el comercio marcó su peor nivel en casi dos años

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La recuperación del mercado laboral volvió a mostrar señales de fragilidad durante marzo. Luego de dos meses de relativa estabilidad, el empleo asalariado formal retomó la senda descendente y arrastró también al monotributo, una categoría que hasta ahora había mostrado mayor capacidad de resistencia. Los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reflejan que se perdieron 10.728 puestos de trabajo registrados respecto de febrero, mientras que la cantidad de monotributistas disminuyó en 6.322 personas en términos desestacionalizados.

El deterioro del empleo se da en un contexto de reconfiguración del mercado laboral impulsado por el ajuste económico y la desaceleración de distintos sectores productivos. Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, el número de empleos asalariados destruidos supera los 300.000, mientras que también desaparecieron 26.448 empresas empleadoras, equivalente al 5,2% del total registrado, según estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

El economista y especialista en mercado laboral Luis Campos advirtió que la actual fase contractiva comenzó en agosto de 2023 y ya acumula una pérdida de 252.129 trabajadores asalariados, un nivel que se aproxima a la destrucción de empleo registrada durante la crisis de 2018-2019.

En marzo, el sector privado eliminó 7.603 puestos de trabajo (-0,12%), el sector público perdió 2.364 empleos (-0,07%) y el empleo en casas particulares retrocedió en 761 puestos (-0,17%). También continuó la caída entre los trabajadores independientes: los autónomos disminuyeron en 5.275 personas (-1,32%), el monotributo cayó en 6.322 contribuyentes (-0,3%) y el monotributo social volvió a retroceder con una baja de 5.188 inscriptos (-2,1%).

Comercio e industria concentran la mayor destrucción de empleo

Entre las principales actividades económicas, el comercio volvió a consolidarse como uno de los sectores más afectados. Durante marzo perdió 2.147 puestos registrados respecto del mes anterior y acumuló una caída interanual de 24.275 empleos (-1,9%), alcanzando 1.229.599 trabajadores registrados, el nivel más bajo desde julio de 2024.

El dato adquiere especial relevancia porque el comercio continúa siendo el principal empleador privado del país. Junto con la industria manufacturera, el transporte y la intermediación financiera concentró la mayor parte de la destrucción de empleo formal durante el tercer mes del año.

La industria manufacturera también profundizó su deterioro. Perdió 5.043 puestos de trabajo en marzo (-0,5%) y acumula una baja interanual de 47.647 empleos (-4,1%), reflejando las dificultades que aún enfrenta la actividad fabril pese a la desaceleración inflacionaria.

En contrapartida, los sectores considerados ganadores del actual modelo económico —como minería, petróleo y agro— continúan mostrando incrementos porcentuales en el empleo, aunque con escasa incidencia sobre el mercado laboral total. Durante marzo, ambas actividades incorporaron apenas 1.305 nuevos puestos de trabajo.

Según destacó Campos, estos sectores representan apenas el 7% del empleo registrado del país, mientras que las actividades que hoy muestran retrocesos concentran casi la mitad de los trabajadores formales.

La evolución territorial también muestra un comportamiento dispar. Durante marzo, Neuquén, Río Negro, San Juan y La Rioja registraron aumentos en el empleo privado formal, impulsados principalmente por actividades vinculadas a la energía, la minería y algunos proyectos de inversión específicos.

Sin embargo, si se toma como referencia el inicio de la actual administración nacional, únicamente Neuquén y Río Negro conservan un saldo positivo sostenido, con 9.501 y 3.294 puestos adicionales, respectivamente. San Juan logró recuperar en marzo el nivel de empleo que tenía en noviembre de 2023, mientras que el resto de las provincias continúa por debajo de esos registros.

El monotributo pierde dinamismo por primera vez en cinco meses

Uno de los datos más significativos del informe fue la caída del monotributo, que interrumpió una secuencia de cinco meses consecutivos de crecimiento.

En marzo se registraron 6.322 monotributistas menos respecto de febrero, mientras que el conjunto de trabajadores independientes disminuyó en 16.785 personas debido al retroceso simultáneo del monotributo, el trabajo autónomo y el monotributo social.

En términos interanuales, el régimen todavía mantiene un saldo positivo de 75.344 nuevos inscriptos (+2,7%). No obstante, desde el comienzo de la actual gestión nacional el monotributo social perdió 225.527 contribuyentes producto de las recategorizaciones y modificaciones implementadas sobre ese régimen. Si se excluye esta categoría, el universo conformado por monotributistas y autónomos muestra un crecimiento acumulado de 167.356 personas.

Salarios reales mejoran, pero no compensan la debilidad del mercado laboral

En contraste con la evolución del empleo, los salarios registrados continúan mostrando una recuperación en términos reales.

De acuerdo con la Secretaría de Trabajo, la remuneración bruta promedio del sector privado alcanzó en marzo los $2,2 millones, con un incremento interanual del 31,6%, mientras que la remuneración mediana llegó a $1,54 millones, un 28,1% superior a la de un año atrás.

Los datos preliminares de abril también muestran una mejora del poder adquisitivo. El salario medio del empleo registrado privado avanzó 1,3% respecto de marzo y se ubicó por encima del nivel observado a fines de 2023. Sin embargo, la evolución de los salarios negociados en los convenios colectivos continúa rezagada: el salario conformado promedio de los principales convenios apenas creció 0,3% en abril y todavía acumula una pérdida real cercana a seis puntos porcentuales frente a noviembre de 2023.

El panorama que dejan las estadísticas oficiales muestra así una economía donde los ingresos comienzan a recuperarse, pero con un mercado laboral que aún no logra consolidar una etapa de creación sostenida de empleo. La persistente caída del comercio, el retroceso industrial y la desaceleración del trabajo independiente plantean nuevos interrogantes sobre la capacidad de la recuperación económica para traducirse en mayores niveles de ocupación formal.

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