EMPRESA

Crucero del Norte asegura por otra década sus rutas internacionales con Paraguay

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El Gobierno nacional prorrogó por otros diez años el permiso de explotación de Crucero del Norte para operar servicios públicos de transporte automotor internacional de pasajeros entre Argentina y Paraguay. La medida, oficializada mediante la Resolución 879/2026 del Ministerio de Economía, garantiza la continuidad de una de las principales conexiones terrestres del Mercosur y aporta previsibilidad a una empresa con fuerte presencia en Misiones, provincia estratégica para la integración regional.

La decisión extiende, desde el 28 de junio de 2026, la autorización originalmente otorgada en 2006 y renovada en 2015, consolidando la permanencia de la compañía en corredores internacionales de alta demanda. La prórroga se enmarca en el régimen establecido por el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT), que regula los servicios de pasajeros entre los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

La resolución destaca que la empresa acreditó el cumplimiento de los requisitos técnicos y regulatorios exigidos por la normativa vigente. La Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros verificó que Crucero del Norte mantiene su inscripción en el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros, mientras que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) certificó las condiciones del parque móvil habilitado para prestar estos servicios.

El acto administrativo también refleja la continuidad del esquema regulatorio impulsado tras la reforma del sistema de transporte interjurisdiccional instrumentada mediante el Decreto 883/2024, que unificó los registros nacionales del sector y reorganizó las competencias de control sin modificar el marco internacional previsto por el ATIT.

La autorización renovada comprende tres servicios regulares entre Buenos Aires y Asunción, todos atravesando el Paso Internacional San Ignacio de Loyola, con distintas modalidades operativas y frecuencias semanales. Según el anexo de la resolución, Crucero del Norte continuará explotando una línea de servicio convencional económico con tres frecuencias semanales, una línea ejecutiva con cuatro frecuencias y otra diferencial también con tres servicios por semana.

Para Misiones, donde Crucero del Norte tiene su base operativa y una fuerte inserción en el transporte regional, la renovación representa un respaldo institucional para una empresa que históricamente desempeñó un rol clave en la conectividad del Nordeste argentino con Paraguay y el resto del Mercosur. La continuidad de estas rutas resulta relevante tanto para el movimiento de pasajeros como para la actividad turística, comercial y laboral entre ambos países.

La resolución mantiene, además, las obligaciones ya previstas para la empresa en materia de seguros internacionales y presentación de declaraciones juradas de horarios, conforme a las normas que regulan el transporte internacional por carretera.

Desde el punto de vista regulatorio, la medida no implica una nueva adjudicación sino la extensión de un permiso previamente otorgado, luego de que los organismos técnicos verificaran la capacidad operativa de la firma y el cumplimiento de las exigencias establecidas para este tipo de servicios.

Con esta decisión, el Ministerio de Economía busca asegurar la continuidad de corredores internacionales considerados estratégicos para la integración regional, al tiempo que brinda previsibilidad a las empresas que operan bajo el régimen del transporte terrestre internacional.

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ARCA escalona la nueva facturación electrónica y otorga más tiempo para que adapten sus sistemas

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó una profunda actualización del régimen de emisión de comprobantes electrónicos que comenzará a implementarse desde el 1 de julio de 2026, aunque con un cronograma gradual para los sectores de mayor complejidad operativa. La decisión busca evitar interrupciones en la facturación mientras las empresas adecuan sus plataformas tecnológicas y procesos administrativos.

La Resolución General 5866/2026 modifica los regímenes generales de facturación vigentes, incorpora nuevas modalidades de emisión electrónica, reorganiza obligaciones para distintos contribuyentes y deroga normas específicas que, a partir de la integración de sistemas, dejan de ser necesarias. ARCA justificó el cambio en las consultas recibidas y en las dificultades operativas planteadas por diversos sectores antes de la entrada en vigencia prevista originalmente.

Para el entramado productivo, la medida tiene una lectura que trasciende el aspecto tributario: representa un nuevo paso en la estandarización digital de la documentación comercial entre empresas, entidades financieras y organismos de control, reduciendo la coexistencia de regímenes diferenciados y simplificando la administración documental de operaciones masivas.

Un cronograma gradual para evitar impactos operativos

En lugar de imponer una implementación simultánea, ARCA distribuyó las nuevas obligaciones entre julio de 2026 y marzo de 2027, especialmente para actividades que procesan millones de comprobantes mensuales.

Las principales fechas son:

  • 1 de julio de 2026: comienza la vigencia general de la resolución y de las nuevas obligaciones para los sectores alcanzados.
  • 1 de septiembre de 2026: inicia la obligación para determinadas operaciones de compañías de seguros.
  • 1 de octubre de 2026: se incorporan contratos de leasing y operaciones de comercio exterior de entidades financieras.
  • 1 de diciembre de 2026: alcanzará préstamos bancarios, operaciones con consumidores finales y liquidaciones vinculadas a tarjetas.
  • 1 de marzo de 2027: se incorporan operaciones de coaseguro y liquidaciones periódicas a comercios adheridos de los sistemas de pago.

La implementación escalonada responde a la necesidad de adaptar desarrollos informáticos, interfaces con clientes y sistemas de intercambio de información antes de que las obligaciones resulten plenamente exigibles.

Liquidación electrónica mensual: uno de los cambios centrales

La principal innovación es la incorporación de la Liquidación Electrónica Mensual como modalidad válida de emisión de comprobantes.

Podrán utilizar este esquema entidades financieras; compañías de seguros; administradoras y emisoras de tarjetas; participantes del sistema de pagos por transferencia; instituciones educativas privadas; empresas de medicina prepaga sin fines de lucro; Prestadores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrados ante la CNV.

Esta modalidad permitirá agrupar en un único comprobante las operaciones realizadas durante un mes calendario con un mismo cliente, reduciendo significativamente la cantidad de comprobantes emitidos y simplificando procesos administrativos. Las empresas deberán conservar los registros que permitan reconstruir cada operación individual que integra esa liquidación.

La resolución también introduce modificaciones relevantes para la administración de los puntos de venta y la identificación de compradores.

Entre ellas sobresalen: posibilidad de vincular actividades económicas específicas a cada punto de venta; actualización de los procedimientos para altas y bajas de puntos de emisión; obligación de identificar al consumidor cuando una operación supere los $10 millones; posibilidad de consignar CUIT aun por montos inferiores cuando el comprador necesite computar el gasto como deducción en el Impuesto a las Ganancias.

La medida busca mejorar la trazabilidad tributaria sin extender la identificación obligatoria a todas las operaciones de consumo.

Otro de los cambios apunta a simplificar la operatoria de las compañías de seguros de caución.

ARCA elimina el régimen específico que utilizaban hasta ahora para solicitar comprobantes electrónicos y las integra al WebService general de facturación electrónica. Durante un período de transición podrán continuar utilizando el sistema anterior hasta el 31 de diciembre de 2026, reduciendo los riesgos de migración tecnológica.

La resolución también deroga normas anteriores cuya regulación queda absorbida por el nuevo esquema unificado.

Impacto para el sector productivo

Para empresas proveedoras de software de gestión, estudios contables, bancos, fintech y grandes prestadores de servicios, la resolución implica una nueva etapa de adecuación tecnológica.

Los principales efectos son: menor fragmentación normativa al unificarse distintos regímenes de facturación. Mayor automatización en operaciones de alto volumen. Reducción de comprobantes individuales mediante liquidaciones mensuales. Más exigencias de trazabilidad, especialmente en la conservación de información respaldatoria. Calendario gradual, que reduce riesgos de incumplimientos durante la transición.

En provincias como Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, donde numerosas empresas utilizan plataformas centralizadas de facturación para servicios financieros, educación privada, salud y comercio electrónico, el principal desafío será coordinar las actualizaciones de software con suficiente anticipación para cumplir cada etapa del cronograma.

La resolución confirma que ARCA continuará avanzando hacia una administración tributaria basada en comprobantes electrónicos cada vez más integrados y estandarizados. El desafío para las empresas no estará únicamente en emitir nuevas facturas, sino en adaptar procesos internos, sistemas de gestión y controles documentales para operar bajo un esquema con mayor trazabilidad digital y menor margen para procedimientos manuales.

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Extienden por un año la suspensión de ejecuciones fiscales para empresas alcanzadas por la Promoción Industrial

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió extender por doce meses la suspensión de las ejecuciones fiscales vinculadas con deudas de empresas beneficiarias del Régimen de Promoción Industrial de la Ley 22.021. La prórroga regirá desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027 y alcanza exclusivamente a obligaciones cuya condonación fue prevista por la Ley 27.341.

La Resolución 5870/2026 no incorpora nuevos beneficios fiscales ni amplía el universo de empresas alcanzadas. Su finalidad es evitar que el Estado impulse acciones judiciales de cobro mientras continúan pendientes los procedimientos administrativos necesarios para determinar qué contribuyentes cumplen los requisitos para acceder a la condonación establecida por la legislación vigente.

El origen del conflicto se remonta a diferencias surgidas por la utilización de bonos de crédito fiscal en el marco de los antiguos regímenes de promoción industrial. En 2017, el Congreso dispuso la posibilidad de condonar esas deudas cuando las empresas acreditaran, mediante el correspondiente Certificado de Cumplimiento Promocional, que reunían las condiciones previstas por la norma.

Sin embargo, el proceso administrativo continúa sin completarse para un conjunto de expedientes. ARCA justificó la nueva prórroga señalando que todavía existen solicitudes pendientes de evaluación y que la emisión de los certificados, junto con su análisis por las distintas áreas técnicas, demanda plazos superiores a los originalmente previstos.

Desde la óptica empresarial, la decisión elimina, al menos por otro año, el riesgo de enfrentar ejecuciones fiscales mientras los expedientes permanecen bajo revisión. La suspensión no implica la extinción automática de las obligaciones, sino que preserva la situación procesal de las compañías hasta que la administración defina si corresponde otorgar el beneficio legal.

La medida también aporta previsibilidad para estudios contables, asesores tributarios y empresas que mantienen procesos abiertos desde hace varios años. La continuidad de la suspensión evita que una demora administrativa derive en litigios judiciales que luego podrían resultar incompatibles con una eventual condonación definitiva.

Para las economías regionales, el impacto es acotado pero relevante en aquellas jurisdicciones donde aún subsisten empresas alcanzadas por los antiguos esquemas de promoción industrial. La resolución no modifica el régimen tributario vigente ni crea incentivos para nuevas inversiones, aunque sí mantiene la estabilidad jurídica de expedientes que permanecen pendientes de resolución.

La prórroga representa, además, la continuidad de una política administrativa que viene renovándose de manera periódica desde 2017. Cada extensión respondió al mismo fundamento: evitar el inicio de acciones de cobro mientras el Estado completa la revisión de la documentación presentada por las empresas beneficiarias.

Aspectos centrales de la resolución la suspensión de ejecuciones fiscales se extiende hasta el 30 de junio de 2027. Alcanza únicamente a empresas comprendidas en el régimen de condonación previsto por la Ley 27.341. No incorpora nuevos beneficios fiscales ni amplía el universo de beneficiarios. La medida busca evitar acciones judiciales mientras continúan pendientes las evaluaciones administrativas. Entrará en vigencia el 1 de julio de 2026.

El aspecto que seguirá bajo observación es la velocidad con que avance la emisión de los Certificados de Cumplimiento Promocional. Mientras ese proceso no concluya, la administración tributaria continuará utilizando prórrogas como herramienta para evitar conflictos judiciales que podrían resolverse administrativamente una vez finalizada la revisión de los expedientes.

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Tabaco: ARCA simplifica el sistema de estampillas fiscales para cigarrillos y reduce costos operativos de la industria

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el esquema de identificación fiscal de los cigarrillos comercializados en Argentina y dispuso que todos los productos nacionales utilicen una única estampilla de control color azul, independientemente de la cantidad de unidades por paquete. La medida apunta a simplificar la operatoria de fiscalización y reducir complejidades logísticas para las empresas manufactureras de tabaco.

Aunque se trata de un cambio administrativo, la resolución impacta sobre una cadena productiva con fuerte presencia en el NEA, especialmente en Misiones, donde la actividad tabacalera involucra a miles de productores y constituye una de las economías regionales más relevantes.

La Resolución General 5865/2026 elimina la diferenciación de colores que regía hasta ahora para los cigarrillos nacionales. Hasta la entrada en vigencia de la norma, los paquetes de 20 unidades utilizaban estampillas azules, los de 10 unidades verdes y otras presentaciones violetas.

Con el nuevo esquema, todas las presentaciones nacionales pasarán a identificarse con una estampilla azul, mientras que los cigarrillos importados continuarán utilizando instrumentos fiscales de color rojo.

Desde ARCA argumentaron que la decisión responde a cuestiones operativas vinculadas con la disponibilidad de los instrumentos fiscales de control, un elemento clave dentro del sistema de fiscalización de los impuestos internos que gravan al sector.

La resolución también contempla una transición gradual. Las empresas podrán seguir utilizando los stocks existentes de estampillas verdes y violetas hasta su agotamiento, evitando costos adicionales por descarte de material ya adquirido.

Impacto en la cadena tabacalera

Para la industria manufacturera, la unificación implica una simplificación de procesos administrativos y logísticos. Las empresas dejarán de gestionar distintos tipos de estampillas según formato de empaque, reduciendo tareas de almacenamiento, control de inventarios y planificación de producción.

Entre los efectos más relevantes aparecen menor complejidad operativa en las plantas elaboradoras. Reducción de costos administrativos asociados a la gestión de instrumentos fiscales. Simplificación de controles internos en líneas de producción con múltiples formatos comerciales. Mayor previsibilidad en el abastecimiento de estampillas fiscales.

Si bien el impacto económico directo es acotado, la medida se inscribe en una tendencia de simplificación de procedimientos que suele ser demandada por sectores productivos con alta carga regulatoria.

La decisión adquiere especial relevancia en Misiones, principal provincia productora de tabaco del país y sede de parte importante de la cadena industrial vinculada al sector.

La actividad tabacalera no sólo involucra a productores primarios, sino también a cooperativas, acopiadores, industrias procesadoras y empresas exportadoras. Cualquier reducción de costos burocráticos o mejora en la eficiencia administrativa contribuye a fortalecer la competitividad de una cadena que enfrenta crecientes desafíos en materia de presión fiscal, costos logísticos y acceso a mercados.

El cambio normativo no modifica la carga tributaria ni las alícuotas de impuestos internos que gravan a los cigarrillos. Su alcance se limita al sistema de identificación fiscal utilizado por ARCA para controlar la producción y comercialización legal del producto.

Fiscalización más simple, mismo control tributario

La resolución mantiene intacta la función central de las estampillas fiscales: garantizar la trazabilidad de los productos y asegurar la correcta percepción de los impuestos internos y del adicional de emergencia sobre los cigarrillos.

La diferencia es que ahora el sistema operará con menos variantes y menor complejidad administrativa para los fabricantes.

Para los actores de la cadena tabacalera, el dato relevante es que la simplificación regulatoria se produce sin alterar las condiciones tributarias vigentes ni generar nuevas exigencias operativas.

La industria tabacalera atraviesa un proceso permanente de adaptación regulatoria. Aunque esta modificación tiene un alcance técnico, refleja una tendencia que el sector viene reclamando desde hace años: sistemas de control más eficientes que permitan mantener la fiscalización sin incrementar costos administrativos. La clave será observar si futuras medidas avanzan sobre aspectos de mayor impacto económico, como la estructura tributaria, la competitividad exportadora y los mecanismos de financiamiento para la producción primaria.

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La Fundación Mediterránea advierte que la estabilidad macro aún no se traduce en una mejora real del empleo y los ingresos

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La desaceleración de la inflación, el equilibrio fiscal y la recuperación de algunos indicadores macroeconómicos aparecen como los principales logros exhibidos por el Gobierno nacional. Sin embargo, un informe de la Fundación Mediterránea plantea una advertencia de fondo: la estabilidad macroeconómica, por sí sola, no garantiza una mejora en las condiciones de vida de la población si no viene acompañada por una recuperación sostenida del mercado laboral formal y de los ingresos.

El trabajo, elaborado por las especialistas Laura Caullo y Guadalupe Galíndez, sostiene que la economía argentina enfrenta un desafío estructural que excede el ordenamiento de las variables macroeconómicas. Según el análisis, el mercado de trabajo continúa mostrando elevados niveles de precarización, informalidad y presión laboral, factores que limitan el impacto social de la estabilización económica.

Los datos correspondientes al primer trimestre de 2026 reflejan esa contradicción. La tasa de desempleo se ubicó en 7,8%, equivalente a aproximadamente 1,8 millones de personas sin trabajo, un nivel prácticamente idéntico al registrado en igual período del año anterior. Sin embargo, detrás de esa aparente estabilidad se observa un deterioro en otros indicadores clave.

La subocupación aumentó de 10% a 11,1%, alcanzando a unas 2,5 millones de personas que trabajan menos horas de las que necesitan para sostener sus ingresos. A su vez, al incorporar a quienes tienen empleo pero buscan otra ocupación o mayores horas laborales, la denominada presión laboral total trepa hasta el 23,6% de la población económicamente activa, involucrando a más de 5,3 millones de argentinos.

Para la Fundación Mediterránea, este indicador resulta especialmente relevante porque revela una situación de fragilidad económica que no aparece reflejada únicamente en la tasa de desempleo. La necesidad de complementar ingresos o conseguir más trabajo evidencia que una porción significativa de la población no logra cubrir sus necesidades básicas con su actividad actual.

El informe también pone el foco sobre la calidad del empleo. Durante el último año se perdieron alrededor de 100.000 puestos asalariados privados y otros 21.000 empleos públicos, mientras que el número de monotributistas aumentó en 90.000 personas. La dinámica refleja una sustitución parcial del empleo asalariado por formas de ocupación más flexibles, aunque generalmente con menores niveles de protección social.

A este fenómeno se suma la persistencia de una elevada informalidad laboral. Según el estudio, el 44,2% de los ocupados trabaja sin aportes jubilatorios ni cobertura de seguridad social, lo que equivale a unos 9,2 millones de personas. Se trata de uno de los principales obstáculos para que el crecimiento económico pueda traducirse en una mejora sostenible del bienestar.

“La heterogeneidad que exhibe el mercado laboral argentino pone de manifiesto que la estabilización macroeconómica, aun siendo un paso indispensable, no garantiza por sí misma una mejora en las condiciones de vida”, señala el documento. El diagnóstico apunta a que el país enfrenta problemas estructurales que requieren políticas específicas orientadas a la generación de empleo formal y productivo.

El análisis también muestra fuertes diferencias territoriales. En ocho provincias la presión laboral supera el promedio nacional. En los partidos del Gran Buenos Aires, por ejemplo, la problemática se expresa a través de mayores niveles de desempleo y competencia por los puestos de trabajo disponibles. En otras jurisdicciones como Río Negro, Santiago del Estero, Formosa o Chubut, la menor presión laboral convive con altas tasas de inactividad, un fenómeno que refleja la salida de personas del mercado laboral más que una mejora efectiva de las condiciones económicas.

Desde una perspectiva económica, el informe plantea que la verdadera prueba para la actual etapa de estabilización será su capacidad para generar empleo de calidad. “El desafío ya no pasa solamente por crear puestos de trabajo, sino por mejorar su calidad”, remarcan las autoras.

La conclusión del trabajo utiliza una analogía futbolística para resumir el escenario actual. Si la estabilidad macroeconómica representa una defensa ordenada, el empleo formal y los ingresos constituyen la capacidad ofensiva de una economía. En otras palabras, mantener el equilibrio fiscal y controlar la inflación son condiciones necesarias, pero insuficientes, para mejorar el bienestar social si no se generan oportunidades laborales capaces de sostener el crecimiento del consumo y la movilidad económica de los hogares.

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