EMPRESA

El Puerto de Posadas arrancó 2026 con un envío de 220 contenedores al mundo

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Con un despacho de 220 contenedores, el Puerto de Posadas realizó el primer envío de productos del año y volvió a posicionarse como una plataforma logística estratégica para las economías regionales. Desde Misiones partieron cargas de madera, pasta celulosa, yerba mate y té con destino a Estados Unidos, Europa y Asia, en una operación que integra producción misionera y correntina y fortalece la inserción internacional del NEA.

El lunes 5 de enero de 2026, la terminal fluvial de Posadas concretó el primer despacho de exportaciones del año, marcando un hito operativo y logístico para el comercio exterior del noreste argentino. La operatoria incluyó el embarque de productos forestoindustriales provenientes de Corrientes, junto con yerba mate y té de Misiones y el norte correntino, con destino a tres continentes.

La operación se inició durante la madrugada en el embarcadero Cruz del Sur y significó un récord histórico para el puerto, con la movilización simultánea de 220 contenedores, una escala inédita desde la reactivación de la terminal posadeña como nodo exportador.

Un salto operativo que fortalece a las economías regionales

El despacho representa un paso clave en la consolidación del Puerto de Posadas como pilar estratégico para las pequeñas y medianas empresas de Misiones y Corrientes. La magnitud de la operación fue posible gracias a la incorporación de dos nuevas barcazas, que permitieron duplicar la capacidad de carga respecto de envíos anteriores y mejorar la competitividad logística frente a otras alternativas de transporte.

Entre las firmas involucradas se encuentra Arauco, que embarcó madera aserrada y pasta celulosa, y la empresa Acon Timber, de capitales austríacos y radicada en la localidad correntina de Virasoro, que exportó madera aserrada y pellets a través de la terminal misionera. La operación también incluyó cargas de yerba mate y té, productos emblemáticos de la región.

Desde Posadas, el remolcador Cruz del Sur partió rumbo a la terminal de Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Posteriormente, la carga será transferida al puerto de Montevideo, en Uruguay, desde donde se distribuirá hacia los destinos finales.

Destinos globales y proyección internacional del NEA

Los productos forestales despachados desde el Puerto de Posadas tendrán como destino mercados de Italia, Kuwait, China, Filipinas, Corea del Sur, Vietnam, India, Malasia y Emiratos Árabes Unidos, lo que refleja el alcance global de la cadena forestoindustrial regional. En tanto, el té misionero se orienta principalmente a los mercados de Estados Unidos y Portugal.

La diversificación de destinos y la integración de cargas de Misiones y Corrientes refuerzan el carácter regional e interprovincial de la terminal, que se consolida como una herramienta clave para reducir costos logísticos, mejorar la competitividad exportadora y ampliar el acceso de las economías regionales a mercados internacionales.

En un contexto de desafíos macroeconómicos y necesidad de generar divisas, la operatoria del Puerto de Posadas se proyecta como un activo estratégico para el desarrollo productivo del NEA, al articular infraestructura, producción local y comercio exterior en una misma plataforma.

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Expectativas en alza, pero con cautela, qué condiciona la inversión en Argentina

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Un informe privado detectó una mejora incipiente en las expectativas de inversión en Argentina, aunque advirtió que el interés de los inversores permanece fuertemente condicionado a la implementación de reformas estructurales, la evolución del escenario político y la capacidad del país de transformar el ajuste fiscal en crecimiento sostenido. El relevamiento señala que, si bien el clima inversor muestra señales de recomposición, la estabilidad institucional y la agenda de reformas siguen siendo determinantes para consolidar ese proceso en el mediano y largo plazo.

El diagnóstico surge del Índice y Análisis de Riesgo País de América Latina 2025, elaborado por la Fundación Libertad y la Universidad Internacional de Florida, que mide percepciones de expertos regionales a través de una escala de 1 a 5. El documento describe a la Argentina como “un país en transición”, atravesado por costos económicos y sociales visibles, definiciones políticas pendientes y un escenario de inversión que empieza a recomponerse, pero aún lejos de una consolidación plena.

Inversión de largo plazo, con cautela y condiciones

Según el informe, el 63,3% de los especialistas recomienda invertir en Argentina bajo una perspectiva de largo plazo, una señal relevante en términos de expectativas, mientras que un 10% desaconseja directamente la inversión, al considerar que persisten riesgos estructurales que exceden el signo político del gobierno de turno.

El estudio remarca que el optimismo relativo se apoya en la corrección de desequilibrios macroeconómicos, pero advierte que la sustentabilidad de ese proceso depende de su traducción en crecimiento económico estable. En ese sentido, el documento subraya que la recuperación de expectativas no es automática ni garantizada, y que los inversores mantienen una postura de cautela ante la falta de definiciones de fondo en áreas clave.

La consolidación de un clima de negocios más favorable, según los expertos consultados, está atada a la capacidad del país de ofrecer reglas claras, previsibilidad normativa y estabilidad institucional, factores que siguen siendo evaluados con atención por los mercados.

Riesgo político, elecciones y gobernabilidad

En el plano político-institucional, el informe identifica a la polarización extrema y la desconfianza hacia la dirigencia como los principales ejes del riesgo país. En este marco, las elecciones legislativas aparecen como un punto crítico para el rumbo económico y regulatorio.

El análisis estima que el oficialismo necesitaría obtener entre el 40% y el 45% de los votos para facilitar la aprobación de leyes en el Congreso, reducir los bloqueos legislativos y disminuir el riesgo país, un indicador clave para el financiamiento y la inversión.

La lectura de los expertos es que la gobernabilidad legislativa será determinante para avanzar con reformas estructurales y sostener un programa económico consistente en el tiempo. Sin ese respaldo político, advierte el informe, el margen para consolidar expectativas positivas se reduce sensiblemente.

Economía real, empleo y reformas pendientes

En el frente económico, el relevamiento marca un cambio significativo en las preocupaciones dominantes: el desempleo desplazó a la inflación como el principal problema identificado por los especialistas. Si bien se reconoce una desaceleración en el ritmo de aumento de precios, el informe advierte que ese logro tuvo como contrapartida un estancamiento de la actividad económica y una mayor fragilidad laboral.

Los consultados coincidieron en que la sostenibilidad de las expectativas depende de la implementación de reformas estructurales clave, en particular en los planos laboral, previsional y tributario. Estas transformaciones son vistas como necesarias para mejorar la competitividad, reducir costos sistémicos y generar condiciones más favorables para la inversión productiva.

En el plano social, el estudio señala la existencia de una conflictividad latente, a la vez que advierte sobre el impacto del crimen organizado como un factor de riesgo adicional para la estabilidad y el clima de negocios.

Factores internacionales y agenda externa

A nivel internacional, el informe subraya la importancia estratégica de la relación de Argentina con Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI), actores centrales para el financiamiento, la credibilidad externa y el acceso a los mercados. Al mismo tiempo, identifica riesgos asociados a la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, un factor que también incide en las decisiones de inversión en América Latina.

En conjunto, el documento concluye que Argentina exhibe una ventana de oportunidad, pero que su aprovechamiento dependerá de decisiones políticas y económicas aún pendientes. El desafío central, según el análisis, será convertir el ajuste fiscal en crecimiento sostenido, empleo y estabilidad institucional, condiciones indispensables para que las expectativas de inversión se transformen en flujos reales de capital.

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ARCA prorroga hasta marzo de 2026 el régimen de facilidades de pago para deudas fiscales

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió extender hasta el 31 de marzo de 2026 el plazo de adhesión al régimen de facilidades de pago para la regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social. La decisión, formalizada mediante la Resolución General 5808/2025, publicada el 31 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial, amplía el horizonte temporal para que contribuyentes y responsables puedan ordenar pasivos vencidos, en un contexto económico que sigue tensionando la capacidad de cumplimiento fiscal.

Un régimen clave para regularizar deudas vencidas

El régimen de facilidades de pago fue establecido originalmente por la Resolución General N° 5.711, con el objetivo de permitir la regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 30 de abril de 2025, inclusive, junto con sus respectivos intereses y multas. Posteriormente, la Resolución General N° 5.777 introdujo adecuaciones relevantes, ampliando el universo de deudas alcanzadas hasta el 31 de agosto de 2025.

Con la Resolución General 5808/2025, ARCA modifica el artículo 9° de la RG 5.711 y su modificatoria, sustituyendo el plazo original de adhesión —previsto hasta el 30 de diciembre de 2025— por una nueva fecha límite: 31 de marzo de 2026. La medida no altera las condiciones sustantivas del régimen, pero sí extiende el período durante el cual los contribuyentes pueden optar por este mecanismo de regularización.

En los considerandos, el organismo fundamenta la decisión en su “objetivo permanente de promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias” cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentran bajo su órbita, reforzando una estrategia de administración tributaria orientada a facilitar el ordenamiento de deudas sin recurrir a instancias coercitivas inmediatas.

Fundamentos normativos y alcance institucional

La resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 32 de la Ley N° 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), así como por los artículos 4° y 7° del Decreto N° 618/1997, el Decreto N° 953 del 24 de octubre de 2024, el artículo 8° del Decreto N° 13 del 6 de enero de 2025 y la Disposición N° 34 del 24 de febrero de 2025, entre otras normas citadas.

Desde el punto de vista institucional, la decisión contó con la intervención de la Dirección de Legislación y de las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, Recaudación, Institucional y Sistemas y Telecomunicaciones, lo que refuerza el carácter transversal de la medida dentro del organismo recaudador.

La Resolución General 5808/2025 fue suscripta por Agustín Rojo, en su carácter de Subdirector General de la Subdirección General Institucional a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, y establece que la norma entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

Posibles repercusiones

La extensión del plazo hasta el 31 de marzo de 2026 tiene un impacto directo sobre contribuyentes con deudas impositivas, aduaneras y previsionales, especialmente aquellos que no lograron adherir al régimen dentro del plazo original. En términos prácticos, la medida amplía la ventana de previsibilidad financiera para empresas y personas humanas que buscan normalizar su situación fiscal, reduciendo riesgos de ejecución, sanciones adicionales o litigios.

Desde una perspectiva fiscal, la decisión apunta a sostener los niveles de recaudación mediante mecanismos de cumplimiento voluntario, en lugar de intensificar acciones de cobro forzoso. En ese sentido, el régimen funciona como una herramienta de transición que permite a ARCA captar recursos adeudados y, al mismo tiempo, facilitar la continuidad operativa de los contribuyentes alcanzados.

Si bien la resolución no introduce cambios en las condiciones del plan, la extensión del plazo podría generar una mayor adhesión en los próximos meses, especialmente en un escenario de recomposición gradual de la actividad económica y de revisión de estrategias financieras por parte del sector privado.

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El Gobierno prorrogó hasta marzo de 2026 el arancel cero para exportaciones de aluminio y acero

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El Poder Ejecutivo nacional extendió hasta el 31 de marzo de 2026 la alícuota del 0% del Derecho de Exportación para determinadas mercaderías de aluminio y acero destinadas a países que aplican aranceles de importación iguales o superiores al 45%. La medida, formalizada mediante el Decreto 930/2025 y publicada en el Boletín Oficial el 31 de diciembre, busca sostener la competitividad externa de sectores industriales estratégicos en un contexto internacional marcado por barreras comerciales y prácticas proteccionistas.

La decisión modifica el plazo originalmente fijado por el Decreto 726/2025, que establecía el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2025. Con esta prórroga, el régimen especial continuará vigente por tres meses adicionales, mientras persistan las condiciones que afectan el acceso de los productos argentinos de aluminio y acero a determinados mercados internacionales.

Un alivio fiscal para sectores industriales estratégicos

El Decreto 726/2025 había dispuesto fijar en cero por ciento (0%) la alícuota del Derecho de Exportación para ciertas mercaderías vinculadas a los sectores de aluminio y acero, siempre que se exporten a países que, al momento de la operación, apliquen a esos bienes un arancel de importación ad valorem igual o superior al 45%.

Según los considerandos del nuevo decreto, la República Argentina cuenta con capacidades productivas relevantes en ambos sectores, que cumplen un rol estratégico dentro de la estructura industrial nacional por su aporte al volumen exportador, el empleo y el valor agregado. En ese marco, el mantenimiento del arancel cero aparece como una herramienta para amortiguar el impacto de restricciones externas que encarecen el ingreso de estos productos a ciertos destinos.

La prórroga alcanza a las operaciones que se realicen hasta el 31 de marzo de 2026, o hasta que se formalice una reducción del arancel de importación aplicado por los países de destino, lo que ocurra primero, manteniendo intactas las condiciones ya establecidas por la normativa original.

Proteccionismo externo y competitividad exportadora

En los fundamentos del Decreto 930/2025, el Gobierno advierte que en los últimos años diversos países han incrementado significativamente los aranceles de importación sobre productos de aluminio y acero, configurando una forma de proteccionismo que restringe el comercio internacional y afecta de manera directa la competitividad de las exportaciones argentinas.

Ante la persistencia de este escenario, el Ejecutivo consideró necesario prorrogar la vigencia del régimen excepcional para mitigar los efectos adversos sobre el sector exportador. La medida se apoya en las facultades conferidas por el artículo 755 del Código Aduanero (Ley 22.415) y por los artículos 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional, que habilitan al Poder Ejecutivo a fijar y modificar derechos de exportación.

Asimismo, el decreto dispone dar intervención a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, conforme a lo establecido por la Ley 26.122, que regula el control parlamentario de los decretos dictados en ejercicio de facultades delegadas.

Impacto económico y posibles repercusiones

La extensión del arancel cero representa un alivio fiscal directo para las empresas exportadoras de aluminio y acero, al reducir el costo tributario de las operaciones dirigidas a mercados con altos niveles de protección. En términos económicos, la medida apunta a preservar márgenes de rentabilidad, sostener flujos de exportación y evitar una pérdida de competitividad frente a proveedores de otros países.

Desde el plano institucional, la decisión refuerza el uso de instrumentos aduaneros y tributarios como respuesta a distorsiones del comercio internacional, mientras se mantiene el seguimiento legislativo a través del Congreso. De persistir las barreras externas, el esquema podría seguir siendo una referencia clave en la política comercial argentina hacia sectores industriales considerados estratégicos.

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Importaciones: ARCA extiende hasta junio de 2026 la excepción a percepciones de Ganancias e IVA

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió hasta el 30 de junio de 2026 la exclusión de los regímenes de percepción del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicables a determinadas operaciones de importación. La medida, formalizada mediante la Resolución General 5807/2025, impacta directamente sobre la estructura de costos de bienes de primera necesidad y de insumos estratégicos para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME), y se inscribe en la continuidad de la política económica definida por la Administración Nacional.

La decisión modifica la Resolución General 5.490 y sus complementarias, reemplazando el vencimiento previsto al 31 de diciembre de 2025 por una nueva fecha límite: el 30 de junio de 2026. De este modo, se prolonga un esquema de alivio financiero en el comercio exterior, con efectos inmediatos sobre el flujo de importaciones y el capital de trabajo de los sectores alcanzados.

Régimen de percepciones y antecedentes normativos

El régimen vigente de percepciones en operaciones de importación tiene su base en dos normas centrales. Por un lado, la Resolución General 2.281 estableció un sistema de percepción del Impuesto a las Ganancias aplicable a las importaciones definitivas de bienes que no se encuentren expresamente exceptuadas. Por otro, la Resolución General 2.937 implementó un régimen análogo para el Impuesto al Valor Agregado, que se aplica al momento de la importación definitiva de cosas muebles gravadas.

En ese marco, la Resolución General 5.490 dispuso la exclusión temporal de ambos regímenes para las importaciones de determinados bienes de primera necesidad, por un plazo inicial de 120 días corridos. Posteriormente, la Resolución General 5.501 amplió el alcance de la excepción a diversas clases de insumos requeridos por el sector productivo de las MiPyME, siempre que las empresas contaran con Certificado MiPyME vigente.

La vigencia de estos beneficios fue prorrogada en forma sucesiva hasta el 31 de diciembre de 2025. Con la Resolución General 5807/2025, la ARCA vuelve a extender el plazo, en línea con lo que define expresamente como la continuidad de la política económica de la Administración Nacional.

Alcance de la prórroga y fundamentos económicos

La nueva resolución sustituye, en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la Resolución General 5.490, la referencia temporal al 31 de diciembre de 2025 por el 30 de junio de 2026. De este modo, las operaciones de importación alcanzadas por la norma seguirán exceptuadas de las percepciones de Ganancias e IVA durante el primer semestre del próximo año.

Desde el punto de vista económico, la extensión del beneficio tiene un impacto directo sobre la liquidez de los importadores, al evitar adelantos fiscales que suelen transformarse en saldos a favor de recuperación lenta. En particular, el alivio resulta relevante para las MiPyME, cuya estructura financiera es más sensible a inmovilizaciones de capital, y para los sectores vinculados al abastecimiento de bienes considerados esenciales.

En términos institucionales, la resolución refuerza la coordinación entre la política tributaria y la política productiva, utilizando herramientas fiscales para moderar el costo financiero de la importación sin modificar la estructura de los impuestos de fondo.

Sectores alcanzados y posibles repercusiones

Los principales beneficiarios de la medida son los importadores de bienes de primera necesidad y las micro, pequeñas y medianas empresas que requieren insumos importados para sostener su actividad productiva. La prórroga hasta junio de 2026 aporta previsibilidad en la planificación financiera y comercial, especialmente en un contexto donde los costos de importación y el acceso al financiamiento siguen siendo variables críticas.

Desde el lado fiscal, la norma mantiene un equilibrio delicado: si bien posterga la percepción anticipada de tributos, no implica una exención definitiva, sino un diferimiento que busca sostener la actividad económica. En este sentido, la continuidad del régimen podría generar reacciones favorables en el entramado productivo, mientras que su evaluación futura dependerá del impacto sobre la recaudación y el nivel de actividad.

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