Una nueva demanda colectiva en Estados Unidos vuelve a poner bajo la lupa a la empresa tecnológica Globant, uno de los principales referentes del sector en América Latina. El caso, impulsado por el estudio jurídico Pomerantz LLP, plantea interrogantes no solo legales sino también económicos sobre la transparencia corporativa y la sostenibilidad del crecimiento en mercados emergentes.
La acción judicial, presentada ante una corte de Nueva York, acusa a la compañía y a parte de su dirección de haber realizado declaraciones engañosas respecto del desempeño de su estrategia de expansión en América Latina. Según la demanda, entre febrero de 2024 y agosto de 2025 la firma habría sobreestimado la solidez de la demanda regional, ocultando señales de deterioro en mercados clave como Brasil, México y Argentina, según publicó Bahrain business Journal.
El eje económico del conflicto radica en la presunta desconexión entre el discurso corporativo y los indicadores reales del negocio. Durante ese período, Globant destacó oportunidades de crecimiento, planes de contratación y fuerte posicionamiento regional. Sin embargo, los inversores alegan que la empresa enfrentaba cancelaciones de proyectos, pérdida de clientes y tensiones laborales vinculadas a congelamientos salariales, factores que habrían impactado en la calidad del servicio y en la rentabilidad.
La repercusión en el mercado y la cotización de las acciones
La corrección del mercado no tardó en llegar. En febrero de 2025, tras la publicación de resultados que mostraron una leve caída en los ingresos de América Latina, la acción sufrió una fuerte baja diaria cercana al 28%. Meses después, nuevos datos financieros evidenciaron una contracción interanual del 9% en la región, profundizando la desconfianza de los inversores.
Para agosto de ese año, la compañía anunció recortes de personal y un cargo de reestructuración por 47,6 millones de dólares, lo que derivó en una caída acumulada de más del 60% en su cotización desde los máximos previos. Actualmente, la acción cotiza a US$40,53.
Este tipo de litigios —comunes en el mercado estadounidense— tiene implicancias económicas relevantes. Las demandas colectivas por presunto fraude de valores suelen generar volatilidad adicional en las acciones, afectar el acceso al financiamiento y deteriorar la reputación corporativa. Además, obligan a las empresas a revisar sus políticas de disclosure y gestión de riesgos, especialmente en contextos macroeconómicos complejos.
El caso también pone de relieve los desafíos estructurales de las compañías tecnológicas latinoamericanas en su proceso de internacionalización. Factores como la inestabilidad política, la inflación y la volatilidad cambiaria pueden erosionar rápidamente las proyecciones de crecimiento. En este sentido, la propia empresa reconoció que el contexto macroeconómico y geopolítico afectó el comportamiento de sus clientes y el ritmo de nuevos contratos.
Con plazo hasta junio de 2026 para que los inversores se sumen a la demanda, el proceso judicial recién comienza. Más allá de su desenlace, el caso de Globant ilustra un punto crítico para el mercado: en entornos de alta incertidumbre, la credibilidad de la información financiera se convierte en un activo tan valioso como el propio crecimiento.
El propietario de California Supermercados, Ricardo “Pilo” Cáceres, describió un escenario de retracción en las ventas en el sector supermercadista de Misiones, acompañado por un cambio sostenido en el comportamiento del consumidor. En una entrevista radial, el empresario señaló que la actividad atraviesa un momento “complicado”, aunque aseguró que comienzan a percibirse señales incipientes de mejora.
“Estamos con una baja en la venta, como a todos nos debe pasar. Yo creo que está un poco complicado, no obstante, tenemos fe de que esto pueda cambiar en poco tiempo”, sostuvo en una entrevista en Radio República. La definición sintetiza el equilibrio actual del sector: caída en el volumen, pero sin ruptura de expectativas.
El empresario remarcó que California Supermercados tiene proyectos de expansión en marcha. “Hay dos cosas que estamos por terminar. Esos dos proyectos que ya empezamos hace tres años. Por el tema económico también nos retrasamos un poco, pero estamos por finalizar esos dos proyectos”, informó.
Consumo presionado y ajuste de precios
El testimonio de Cáceres se inscribe en un contexto donde el consumo masivo aparece condicionado por ingresos ajustados y alta competencia en precios. Según explicó, las empresas del rubro alimenticio reaccionaron con aumentos preventivos ante un escenario de incertidumbre, aunque en las últimas semanas se observa una moderación.
“En la góndola nosotros trasladamos eso con ofertas y con algún sistema de beneficios o descuentos”, indicó, en referencia a la estrategia para sostener la rotación de productos.
El empresario también puso el foco en la necesidad de evitar desalineamientos de precios: “Hay que afinar bien los lápices para no estar fuera de precio, porque hay mucha competencia”. En ese esquema, el control de la inflación deja de ser solo una variable macro para convertirse en una decisión diaria en cada comercio.
Qué cambia en el consumo: más frecuencia y nuevas elecciones
Uno de los datos más relevantes es la modificación en los hábitos de compra. Según Cáceres, el consumidor ganó centralidad en la formación de precios y redefine la dinámica comercial.
“El mercado, la gente. Hoy el cliente viene tres veces en la semana a comprar y antes era una o dos veces”, explicó. Este cambio implica compras más fragmentadas y mayor sensibilidad a los precios en cada visita.
En paralelo, crece la sustitución de marcas tradicionales por alternativas más económicas. “Eligen la mal llamada segunda marca, que son el mismo producto, sino que con otra marca nomás. Y son muy buenos productos”, afirmó.
La lógica también alcanza a productos regionales como la yerba mate, donde, según describió, aparecen nuevas marcas que compiten con las históricas en busca de captar consumidores que priorizan el precio.
El consumidor condiciona a la cadena
El diagnóstico deja una señal clara hacia la cadena de valor: el poder de decisión se desplaza hacia el consumidor final. La industria, los supermercados y las marcas deben adaptarse a una demanda más selectiva.
Cáceres lo plantea en términos concretos: si un producto aumenta sin justificación percibida, pierde ventas. “Si vos decís ‘subamos tal fideo’, no te lo compran”, graficó.
Este reequilibrio obliga a ajustar márgenes, sostener promociones y revisar estrategias comerciales. A la vez, limita la capacidad de trasladar aumentos sin impacto en el volumen.
Presión sobre ventas y reconfiguración del mercado
La caída en ventas impacta directamente en la rentabilidad del sector, que enfrenta costos fijos elevados, desde salarios hasta servicios. Aunque no se mencionaron cifras, el cuadro describe un mercado en tensión, donde sostener el nivel de actividad requiere mayor esfuerzo operativo.
Al mismo tiempo, se detectan cambios en la composición del consumo. Cáceres mencionó, por ejemplo, variaciones en la demanda de carne y una mayor diversificación hacia otros alimentos, en parte por precio y en parte por hábitos.
En clave territorial, el empresario destacó el rol de Posadas como motor comercial. Señaló que la ciudad mantiene un nivel de actividad superior al de otras provincias, impulsado por la inversión y el flujo de visitantes.
“Nosotros siempre tratamos de invertir acá en Posadas porque el movimiento que tiene no lo tiene otras provincias”, afirmó. En ese marco, remarcó la incidencia del turismo, en particular la llegada de compradores brasileños que dinamizan rubros como bebidas.
Expansión cautelosa
California Supermercados tiene proyectos de expansión en marcha. “Hay dos cosas que estamos por terminar. Esos dos proyectos que ya empezamos hace tres años. Por el tema económico también nos retrasamos un poco, pero estamos por finalizar esos dos proyectos”, informó.
Entre los planes figura la ampliación de una sucursal en Villa Sarita y la apertura de un formato “mini exprés” de productos de elaboración propia, en la zona de Córdoba y Ayacucho.
Además, planean otro proyecto más, dependiendo de cómo siga la economía. “Nosotros siempre tratamos de invertir acá en Posadas porque el movimiento que tiene Posadas no tiene otras provincias”, subrayó. Atribuyó este movimiento a la inversión local y al turismo, destacando la afluencia de brasileros que visitan la provincia y compran productos como vinos.
En materia laboral, el empresario descartó recortes. “Tratamos en lo posible de no despedir a nadie”, aseguró, aunque aclaró que las incorporaciones responden principalmente a reemplazos por jubilaciones.
El panorama que describe el sector combina cautela y expectativa. Por un lado, aparecen señales de mayor estabilidad en precios y promociones que buscan reactivar la demanda. Por otro, el consumo sigue condicionado por ingresos ajustados y cambios estructurales en los hábitos.
La evolución de estos factores —precios, competencia, poder adquisitivo— será determinante para definir si las señales actuales se consolidan o si la retracción del consumo se prolonga en los próximos meses.
El Gobierno nacional realizó la apertura de las ofertas económicas para la venta del 100% de su participación accionaria en CITELEC S.A., sociedad controlante de Transener y Genneia y Grupo Edison resultó la ganadora.
La oferta ganadora alcanzó los US$356 millones y se conoció luego de fallas en la plataforma oficial Contratar, que en primera instancia solo informaba las propuestas económicas de Central Puerto (US$301 millones) y Edenor (US$230 millones).
En conjunto, las tres empresas previamente precalificadas técnicamente, presentaron ofertas por US$887.174.811,78, superando el precio base establecido en el pliego, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
Genneia S.A. (Edison Transmisión S.A. y Genneia S.A.): US$356.174.811,78
Central Puerto S.A.: US$301.000.000
Edenor S.A.: US$230.000.000
La oferta ganadora es una sociedad que tiene detrás a Jorge Brito, que además de ser dueño del Banco Macro es presidente y accionista de Genneia, y a una serie de empresarios de peso que conforman el Grupo Edison.
El consorcio energético está conformado por los hermanos Patricio y Juan Neuss, cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo; socios del fondo Inverlat, Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro; y los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan.
El grupo viene pisando fuerte en el mercado energético últimamente, ya que adquirió el control de varias compañías del sector en el país, como la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), la Empresa Jujeña de Energía (EJESA), Líneas de Transmisión del Litoral (LITSA) y la generadora hidroeléctrica CEMPSA en Mendoza.
Desde el Ejecutivo, destacaron que “el nivel de las ofertas refleja el interés del sector privado en invertir en infraestructura esencial para el funcionamiento del sistema eléctrico argentino”.
Con esta etapa, el proceso ingresa en su tramo final y permitirá retirar completamente al Estado de la participación accionaria en la transportista, consolidando el esquema previsto en el marco regulatorio eléctrico, donde la prestación del servicio público queda en manos privadas bajo regulación estatal.
La adjudicación está prevista para el mes de mayo, conforme al cronograma establecido, completando una instancia central dentro del proceso de privatización de activos y actividades de Energía Argentina S.A. (ENARSA).
Transener administra una infraestructura estratégica del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.600 kilómetros de líneas en 500 kV que atraviesan el país de norte a sur, una red que se extiende aproximadamente 3.700 kilómetros entre Jujuy y Santa Cruz, y opera instalaciones que constituyen la columna vertebral del transporte eléctrico nacional.
Orlando Stvass, vicepresidente de la cooperativa Agrícola de Colonia Liebig, cuya principal marca comercial es Playadito, sorprendió al avalar que el Instituto Nacional de la Yerba Mate sugiera un precio de referencia, aunque no sea obligatoria, medida que fue rechazada por el resto de la industria y por el presidente del organismo, el libertario Rodrigo Correa. La voz de Stvass tiene peso específico: Playadito es hoy la yerba más vendida dentro de la Argentina. El ejecutivo planteó un diagnóstico crítico sobre la situación del mercado yerbatero: “la sobreoferta de materia prima y la debilidad del consumo están presionando a la baja los precios al productor y no se prevén mejoras en el corto plazo”.
En una entrevista radial en La Red Rural, el referente de la firma que comercializa la marca Playadito describió un escenario de cambio abrupto respecto a años anteriores. “Hoy el mercado está sobreofrecido y eso tira todo para atrás”, explicó, al tiempo que vinculó la situación con el aumento de plantaciones en Misiones y Corrientes y una demanda que no logró expandirse al mismo ritmo.
“Comparto que el productor está en una situación difícil, pero la realidad de todo esto es que hubo una oferta enorme. En su momento, con el pleno auge que tuvo la yerba, con eso del ‘oro verde’, vinieron muchos inversores a la zona y muchas plantaciones nuevas”, señaló.
“Corrientes y Misiones plantaron cincuenta y cinco mil hectáreas nuevas, toda alta densidad, alta producción, y el mercado está sobreofrecido. Cuando el mercado está sobreofrecido genera esta situación“, apuntó.
“La única solución hoy es que haya algún factor climático, que es lo que pasó anteriormente: hubo tres o cuatro años de sequía y eso fue lo que realmente cambió la situación. Ahí el productor tenía todo el poder para defender el precio”, advirtió.
El rol del INYM en un mercado tensionado
Stvass se refirió al funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en medio de cuestionamientos de productores por la falta de regulación efectiva.
Según su visión, el organismo “es una herramienta fundamental” para ordenar el sector, aunque señaló que no logró cumplir plenamente su función de promoción y desarrollo del mercado. En particular, planteó que el instituto debe fijar precios de referencia y fortalecer la estadística y el control de producción, pero advirtió sobre las limitaciones de imponer valores en un contexto de exceso de oferta.
“No me metería en el tema de regular precio, porque el Instituto lo que tiene que fijar es un precio de referencia. Ahí es donde está la competencia del productor. No es bueno en ningún lado fijar un precio por ley. Porque si te falta materia prima, se paga sobre el precio que fija el Instituto. Y cuando sobra materia prima, hay todo un artilugio para no pagar ese precio. El Instituto tiene que cumplir sus funciones: marcar un precio de referencia, hacer la estadística, la promoción, el desarrollo y el control de producción”, describió.
El planteo introduce una tensión con el resto de la industria y la política económica del presidente Javier Milei, que a través del DNU 70/23 le quitó al INYM todas las facultades de regulación de precios y de producción.
“Decime qué herramienta puede tener el gobierno nacional o provincial para solucionar un tema de sobreoferta. Nos gustaría que la soja valga 600 dólares, que el maíz valga 300 o 400 dólares, pero cuando tenés un commodity, el mercado te marca el piso y el techo. Yo entiendo a todos los productores, yo soy productor también y a mí me gustaría que la yerba valga por lo menos lo que cubra los costos de producción hoy, pero no se está dando por la sobreoferta”.
El eje del problema, de acuerdo al diagnóstico, es el incremento de la producción. Stvass indicó que se incorporaron unas 55.000 hectáreas nuevas en la región, lo que derivó en un excedente de materia prima.
Ese cambio de escenario generó: dificultades para absorber toda la cosecha (parte no se levantó el año pasado y ahora está sucediendo lo mismo en Misiones), presión a la baja sobre el precio pagado al productor y reducción de márgenes en toda la cadena.
En paralelo, la industria ajustó su estrategia. Según lo informado, se aplicaron bajas de entre 20% y 25% en precios de góndola en años recientes y se redujeron márgenes operativos para sostener la comercialización.
El consumo interno, sin embargo, “no bajó”, aunque se registró una absorción de stocks acumulados en mayoristas y supermercados, lo que también impactó en la dinámica del mercado.
Productores presionan, pero el mercado fija límites
El conflicto expone una puja interna dentro de la cadena yerbatera. Por un lado, productores -especialmente los no integrados- reclaman mejores precios. Por otro, las cooperativas y la industria advierten que el margen de maniobra es limitado.
Stvass, en su doble rol de productor e industrial, reconoció la situación social del sector, pero sostuvo que el problema excede la capacidad de intervención directa. “Cuando hay sobreoferta, el mercado marca el piso y el techo”, planteó.
El escenario descrito combina varios factores económicos: caída del precio de la materia prima. Incremento de costos operativos (energía, impuestos). Endeudamiento elevado en la industria.
Según el dirigente, gran parte de las industrias del sector enfrenta niveles altos de deuda, en un contexto donde anteriormente debían pagar precios elevados por la hoja verde para asegurar abastecimiento. “El productor tenía todo el poder y no te entregaba la materia prima si no pagabas de contado. “Después cambió la política nacional, se cortó la expectativa de suba permanente y los mayoristas empezaron a consumir el sobrestock que tenían. Eso generó una contracción de todo el mercado”, precisó.
A esto se suma el impacto impositivo. Entre las medidas sugeridas, mencionó la necesidad de revisar tributos como Ingresos Brutos y el impuesto al cheque, además de avanzar en un fondo anticíclico para amortiguar crisis de sobreproducción.
El núcleo del problema se concentra en Misiones y Corrientes, donde se expandió la superficie cultivada. La sobreoferta impacta de manera directa en las economías regionales, especialmente en pequeños productores que no están integrados a estructuras cooperativas o industriales.
En ese contexto, las cooperativas aparecen como actores con mayor capacidad de amortiguar la crisis, al capturar valor en toda la cadena productiva.
El corto plazo aparece condicionado por factores que no dependen exclusivamente de decisiones internas del sector. Stvass señaló dos posibles vías de ajuste: un evento climático que reduzca la producción, como ocurrió en años de sequía, o la apertura o consolidación de nuevos mercados de exportación.
También dejó abierta la necesidad de intervención estatal, aunque con herramientas indirectas, como alivio fiscal o instrumentos financieros.
Mientras tanto, el sector transita un período de reacomodamiento, con reuniones entre actores para sostener a los productores más afectados y evitar una salida masiva del sistema.
El dato de inflación de marzo del 3,4% -el más alto de los últimos doce meses-, no es simplemente un indicador macroeconómico negativo. Para las pequeñas y medianas empresas argentinas representa una nueva señal de alarma en un escenario que ya es extremadamente complejo. Con este resultado, la inflación acumulada en el primer trimestre alcanzó el 9,4% y la interanual llegó al 32,6%.
Para una pyme, la inflación no es un número técnico que se analiza en una planilla. Es el aumento diario de costos, la incertidumbre sobre la reposición de mercadería, la dificultad para sostener precios competitivos y la imposibilidad de proyectar a mediano plazo.
La problemática se agrava porque esta nueva aceleración inflacionaria no ocurre en un contexto de crecimiento o recuperación de la actividad. Se desarrolla en una economía enfriada, con consumo debilitado, ventas retraídas y márgenes de rentabilidad cada vez más estrechos.
“Ese es hoy el verdadero drama pyme en Argentina: suben los costos, pero no suben las ventas. Miles de empresarios bonaerenses enfrentan una ecuación insostenible. Deben absorber incrementos constantes en alquileres, servicios, logística, salarios, insumos y presión tributaria, mientras operan en un mercado donde el consumidor perdió capacidad de compra y restringe cada vez más sus decisiones de consumo.”, señala Camilo Alberto Kahale, presidente de FEBA (Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires).
La inflación de marzo volvió a mostrar presión en alimentos y transporte, entre otros rubros que impactan directamente en la estructura operativa de las empresas. “En este contexto, muchas pymes ya no discuten cómo crecer. Hoy el objetivo es sostenerse. La pregunta es ¿hasta cuándo podrán sobrevivir? Muchas ya murieron, un día no levantaron sus persianas y miles de familias trabajadoras quedaron en la calle. Esto es algo que vemos todos los meses.”, agrega Camilo Alberto Kahale, presidente de FEBA.
Camilo Alberto Kahale, presidente de FEBA
Cada mes de inflación en aumento deteriora capital de trabajo, posterga inversiones, obliga a financiar stock más caro, encarece el crédito y erosiona la previsibilidad necesaria para producir y generar empleo.
“No es un fenómeno nuevo en la Argentina, es algo que se viene dando desde hace décadas. Lo que ocurre es que durante esta gestión se le pidió al sector pyme un mayor sacrificio para lograr un descenso inflacionario sostenido; pero lo que vemos es un proceso de estancamiento con una inflación que durante los últimos meses sube y sube.”, agrega Kahale.
“Desde FEBA advertimos con preocupación que muchas empresas están ingresando en una etapa de supervivencia estructural. Ya no se trata de una coyuntura difícil o de una turbulencia pasajera: el empresariado pyme enfrenta un proceso prolongado de desgaste, en el que sostener la actividad se vuelve cada vez más costoso y menos rentable.”, sostiene.
La inflación del 3,4% no es sólo una mala noticia estadística. Es una confirmación de que el sector productivo sigue operando bajo enorme presión y con márgenes cada vez más estrechos. Porque mientras los indicadores se debaten en la macro, en la economía real miles de pymes argentinas siguen haciendo equilibrio para no caer.
“Y ninguna economía puede crecer de manera sostenible si quienes generan empleo, inversión y producción están permanentemente al borde de la asfixia.”, concluye Camilo Alberto Kahale.
