FINANZAS

El Tesoro captó $4,49 billones en una licitación con fuerte demanda y combinó pesos, CER y dólar linked

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La Secretaría de Finanzas adjudicó $4,49 billones en la licitación realizada el miércoles 12 de agosto, sobre un total de ofertas por $6,49 billones. La operación combinó instrumentos a tasa fija, bonos ajustados por CER, títulos dólar linked y una reapertura del Bonar 2029, en una estrategia que buscó atender distintas preferencias de cobertura y rendimiento dentro del mercado local.

El resultado implica que el Tesoro aceptó aproximadamente el 69% del valor efectivo ofertado en los instrumentos denominados en pesos y dólar linked. En total se recibieron 3.978 ofertas: 3.594 correspondieron a títulos en pesos y 384 a instrumentos vinculados al dólar. El valor efectivo ofertado alcanzó los $6,485 billones y el adjudicado llegó a $4,492 billones, tomando para los títulos denominados en dólares el tipo de cambio de referencia del 11 de agosto, de $1.492,179 por dólar.

La mayor parte de la colocación se concentró en la Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026, cuya reapertura recibió ofertas por un valor nominal de $3,631 billones. El Gobierno adjudicó $2,724 billones de valor nominal, equivalentes a $3,286 billones de valor efectivo, a un precio de corte de $1.206,31 por cada $1.000 de valor nominal y una TIREA de 28,54%. Con la nueva colocación, el monto nominal en circulación de este instrumento pasó a $6,504 billones.

El segundo instrumento en pesos fue una nueva Letra del Tesoro ajustada por CER, con vencimiento el 29 de enero de 2027. La demanda alcanzó $1,238 billones de valor nominal, mientras que se adjudicaron $659.715 millones, por un valor efectivo de $646.521 millones. El precio de corte quedó en $980 por cada $1.000 de valor nominal y la TIREA fue de 4,51%.

La licitación también mostró demanda por cobertura frente a la evolución del dólar. En la Letra dólar linked con vencimiento el 30 de septiembre de 2026 se ofertaron USD 301 millones de valor nominal y se adjudicaron USD 159 millones, por un valor efectivo equivalente a $234.411 millones. El precio de corte fue de USD 991 por cada USD 1.000 y la TIREA alcanzó 7,33%.

Para la nueva Letra dólar linked con vencimiento el 30 de octubre de 2026, las ofertas también alcanzaron USD 301 millones, mientras que Finanzas adjudicó USD 221 millones. El valor efectivo equivalente fue de $324.511 millones, con un precio de corte de USD 986 por cada USD 1.000 y una TIREA de 6,91%.

El componente en moneda estadounidense tuvo además una colocación específica del Bonar 2029. El Tesoro recibió ofertas por USD 71,16 millones de valor efectivo y adjudicó USD 46,89 millones. La reapertura del Bono del Tesoro Nacional en dólares al 6%, con vencimiento el 31 de octubre de 2029, tuvo un precio de corte de USD 937,85 por cada USD 1.000 de valor nominal, una TNA de 8,39% y una TIREA de 8,72%.

En este último instrumento se aplicó un prorrateo de 60,148011569324% sobre las ofertas recibidas al precio de corte. El mecanismo permitió distribuir la adjudicación entre los inversores ante una demanda superior al monto efectivamente colocado.

La operación dejó además una segunda instancia abierta para este jueves 13 de agosto. Entre las 11 y las 13, el Gobierno habilitará una segunda vuelta para el Bonar 2029, por adhesión y al mismo precio de corte de USD 937,85 por cada USD 1.000 de valor nominal. En esa instancia podrá colocarse hasta un valor nominal de USD 50 millones y podrán participar personas humanas o jurídicas mediante el sistema de licitaciones.

Desde el punto de vista financiero, la licitación permite observar cómo el Tesoro está distribuyendo su estrategia de financiamiento entre instrumentos con distintos perfiles de riesgo y cobertura. La tasa fija ofrece previsibilidad nominal para el inversor, el CER incorpora protección frente a la inflación y las letras dólar linked trasladan al rendimiento la evolución del tipo de cambio aplicable. La coexistencia de estos instrumentos permite al Estado captar fondos sin depender de una única fuente de demanda y, al mismo tiempo, ofrece al mercado alternativas para posicionarse frente a diferentes escenarios macroeconómicos.

La resolución conjunta publicada este jueves formalizó, además, las emisiones y ampliaciones necesarias para instrumentar la licitación. Entre ellas se encuentra una nueva Letra dólar linked con vencimiento el 30 de octubre de 2026, una Letra ajustada por CER con vencimiento el 29 de enero de 2027 y las ampliaciones de la letra dólar linked de septiembre, la letra capitalizable de noviembre y el Bonar 2029.

El dato central para el mercado, sin embargo, es la magnitud de la demanda: sobre $6,49 billones ofrecidos, el Tesoro decidió adjudicar $4,49 billones. La colocación confirma que, aun con distintos instrumentos y horizontes, existe profundidad suficiente para que el Gobierno pueda renovar y administrar parte de sus necesidades financieras mediante el mercado local, mientras los inversores siguen demandando alternativas tanto en pesos como vinculadas al dólar y a la inflación.

Comunicado Resultados 20260812 by CristianMilciades

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Definen en qué podrán invertir los recursos del Fondo de Asistencia Laboral

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El Gobierno nacional estableció el marco de inversión para los recursos del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo que comenzará a operar el 1° de noviembre y que busca generar un fondo destinado a afrontar las prestaciones vinculadas con las indemnizaciones laborales. La Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía delimitó los instrumentos financieros habilitados, fijó topes de concentración y estableció un piso de liquidez para garantizar que los recursos estén disponibles cuando deban utilizarse.

La norma, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, establece que los fondos deberán administrarse bajo los principios de seguridad, liquidez, diversificación, transparencia y preservación del capital. El objetivo declarado es doble: conservar el valor de los aportes realizados por los empleadores y asegurar la disponibilidad de recursos para atender las prestaciones previstas por la Ley 27.802.

El esquema acota de manera precisa el menú de inversiones. Los recursos del FAL solo podrán colocarse en títulos de deuda del Estado nacional, valores negociables de deuda emitidos por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, depósitos en entidades financieras autorizadas por el Banco Central y obligaciones negociables emitidas por empresas privadas en la Argentina.

Para la deuda provincial y porteña y las obligaciones negociables privadas, Economía estableció además un filtro de calidad crediticia. Los instrumentos deberán contar con autorización de oferta pública, negociarse en mercados habilitados por la Comisión Nacional de Valores y tener una calificación de riesgo AAA en escala nacional otorgada por al menos dos calificadoras registradas ante el organismo.

La resolución también habilita instrumentos con distintas modalidades de rendimiento. Podrán integrar las carteras activos a tasa fija, vinculados a la TAMAR, ajustados por CER o asociados a la evolución del tipo de cambio. También podrán incorporarse Bonos Duales, siempre que combinen alguna de estas alternativas de rendimiento.

El punto central del nuevo esquema está en los límites de concentración. Los depósitos colocados en una misma entidad financiera y sus vinculadas no podrán superar el 15% del patrimonio total del FAL. Para los títulos de deuda de provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, el techo será del 15% en conjunto y del 5% por cada jurisdicción.

En el caso de las obligaciones negociables, la exposición podrá alcanzar como máximo el 20% del patrimonio del fondo en forma agregada, mientras que el límite por emisor y sus empresas vinculadas será del 10%. A su vez, los instrumentos cuyo rendimiento esté vinculado total o parcialmente a la evolución del tipo de cambio tendrán un tope específico del 10% del patrimonio.

La regulación incorpora además una barrera contra posibles conflictos de interés. Las entidades habilitadas para administrar los recursos del FAL no podrán invertirlos en depósitos ni en valores negociables emitidos por ellas mismas, sus controlantes, controladas o vinculadas. La única excepción son los depósitos a la vista destinados a operaciones de carácter operativo y transitorio.

Otro de los mecanismos destinados a preservar la capacidad de pago es el requisito de liquidez mínima. Las entidades deberán mantener como mínimo el 10% del patrimonio total del FAL en activos considerados de alta liquidez y bajo riesgo de mercado. La norma permite computar para ese porcentaje depósitos a la vista, depósitos a plazo fijo precancelables o con vencimiento remanente de hasta 30 días y Letras del Tesoro Nacional en pesos, a tasa fija o ajustadas por CER, con vencimiento remanente de hasta 90 días.

El requisito de liquidez está pensado para acompañar el momento en que los fondos deban transformarse en prestaciones. Si el porcentaje cae por debajo del 10% como consecuencia del pago de beneficios, la entidad administradora tendrá un plazo de 90 días corridos para recomponer el nivel mínimo.

La norma también establece que los activos deberán estar integrados y ser pagaderos en pesos. En el caso de los valores negociables, deberán ser emitidos y negociarse en mercados autorizados de la Argentina. De esta manera, el diseño busca mantener los recursos dentro del circuito financiero local y bajo el marco regulatorio establecido por la normativa del FAL.

Economía contempló además qué sucede si un instrumento pierde posteriormente la calificación crediticia exigida. En ese supuesto, podrá permanecer en cartera hasta su vencimiento o ser vendido de manera ordenada dentro de un plazo máximo de 180 días corridos. Mientras subsista el incumplimiento, la entidad no podrá adquirir nuevos instrumentos del mismo emisor.

La Comisión Nacional de Valores tendrá ahora un papel operativo relevante. El organismo dispondrá de 45 días desde la entrada en vigencia de la resolución para dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para implementar el régimen de inversiones.

El FAL comenzará a regir el 1° de noviembre bajo un esquema obligatorio para los empleadores privados. Según el diseño establecido por la Ley 27.802 y su reglamentación, los fondos tendrán como finalidad asistir al cumplimiento de las prestaciones laborales previstas por el nuevo régimen. Los recursos serán inembargables y cada empresa será titular de su propio fondo.

El financiamiento del mecanismo se realizará mediante una reasignación de contribuciones patronales vigentes, de acuerdo con el esquema previsto para el FAL: una alícuota del 2,5% de la remuneración mensual para las pymes y del 1% para las grandes empresas. Por lo tanto, el Gobierno sostiene que el nuevo fondo no representa un incremento adicional de la carga patronal, sino una modificación en el destino de parte de los recursos existentes.

La arquitectura financiera definida por Economía apunta así a resolver uno de los principales desafíos del sistema: que el fondo pueda obtener rendimiento sin comprometer su capacidad para responder cuando aparezca una obligación laboral. La combinación de activos elegibles acotados, límites por emisor, requisitos de calificación y un mínimo de liquidez busca reducir el riesgo de que la búsqueda de rentabilidad termine afectando la disponibilidad del dinero destinado a las prestaciones.

En términos prácticos, el éxito del esquema dependerá de que esa disciplina de inversión se traduzca en fondos efectivamente disponibles cuando corresponda afrontar las obligaciones laborales. La regulación establece ahora las reglas financieras; el próximo paso será la implementación operativa por parte de las entidades habilitadas y la reglamentación complementaria que deberá emitir la CNV.

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El segundo semestre viene con grillete fiscal

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Por Isidro Guardarucci / Fundación FIEL – El primer semestre cerró con superávit fiscal nacional, una noticia que sigue siendo importante para un país poco acostumbrado a sostener cuentas públicas ordenadas. Sin embargo, la comparación real contra 2025 confirma que la holgura se achicó bastante. El resultado primario acumulado a junio es casi 30% menor al del año pasado y el financiero cae más de 60%. A nivel provincial, la historia es similar: balance primario positivo, pero con una caída del 50% frente a 2025. En este contexto, el gobierno nacional anunció el “grillete fiscal”.

Primer semestre nacional: el signo positivo ya no alcanza

A junio, el Sector Público Nacional No Financiero acumuló un superávit primario de $7,3 billones y un superávit financiero de $1,5 billones, ambos medidos a precios de 2026. El resultado sigue en terreno positivo y esto no debe minimizarse: el ancla fiscal continúa siendo el activo central del programa económico.

Pero el dato relevante está en la comparación interanual. Medido en términos reales, el resultado primario acumulado cae 28,3% respecto de enero-junio de 2025. El resultado financiero se reduce 64,6%. La explicación general es historia repetida. Los ingresos caen más que el gasto. Los recursos totales retroceden 5,0% real y los tributarios lo hacen 6,5%. El gasto primario también baja, pero apenas 1,9%. No hay desborde del gasto en el agregado, pero sí una combinación menos favorable para sostener el superávit. No obstante, aún en este contexto, la iniciativa de reducir la presión impositiva continúa: los números de julio reflejarán la baja de derechos de exportación a bienes industriales, con el objetivo de su eliminación total dentro de los próximos doce meses.

Cuadro 1

Ejecución acumulada enero-junio (millones de $ de 2026)

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía.

Ingresos débiles, otra vez

La recaudación tributaria acumulada a junio vuelve a mostrar una baja amplia, que se sitúa en 6,5% cuando se compara en moneda constante contra la primera mitad del año pasado. Los Derechos de Exportación son el principal factor: caen 40,8% real y explican una pérdida de alrededor de $2,3 billones frente al primer semestre de 2025. En segundo lugar, aparece el IVA, con una merma real de 7,8% y una pérdida de $1,4 billones. Los aportes y contribuciones a la seguridad social completan el grupo principal, con una caída de 3,8% y $1,1 billones menos.

Estos tres componentes explican buena parte del retroceso. No tienen la misma lectura económica, pero sí el mismo efecto fiscal. Los Derechos de Exportación reflejan cambios de alícuotas, cantidades, precios y tipo de cambio; el IVA es una señal más cercana a consumo y actividad interna; los aportes y contribuciones dependen de la dinámica del empleo formal y la masa salarial. En conjunto, muestran que la recuperación de la recaudación todavía no aparece con la fuerza necesaria.

Hubo algunas compensaciones. Ganancias creció levemente en términos reales, Bienes Personales también aportó algo y el resto de tributos aumentó 7,7%. Pero estos movimientos no alcanzan para revertir el saldo general. El punto de fondo es que, con menor inflación, el fisco necesita bases imponibles reales más fuertes. La nominalidad ya no hace el trabajo.

Gráfico 1

Aportes a la variación de la recaudación (millones de $ de 2026)

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía.

Gasto: ajuste más tenue y partidas que vuelven a crecer

Del lado del gasto primario, la baja agregada del 1,9% real luce modesta frente a la caída de los ingresos. Algunas partidas siguen mostrando recortes relevantes: las transferencias corrientes a provincias caen 35,6%, los gastos de funcionamiento no salarial 14,3%, el gasto de capital nacional 11,6%, las transferencias de capital a provincias 13,9%, el resto de prestaciones sociales 11,6% y las remuneraciones 7,1%.

Sin embargo, otras líneas muestran recomposiciones. Las jubilaciones y pensiones contributivas crecen 3,1% real, la AUH aumenta 3,8% y las transferencias a universidades suben 10,5% (merced a la actualización de salarios acordada hace unos meses, la cual tendrá un impacto adicional en agosto). En estos casos, la dinámica no sorprende: después del fuerte ajuste inicial, algunas partidas empiezan a recuperar poder de compra o reciben decisiones específicas de recomposición.

El rubro que más sobresale sigue siendo subsidios económicos, con un aumento real de 29,6% en el acumulado. La explicación está, otra vez, en energía. Entre enero y junio, los subsidios energéticos se ubican alrededor de 78% por encima del mismo período de 2025, mientras que transporte cae cerca de 7%. No estamos de vuelta en los niveles más desordenados de la historia reciente, pero sí ante una partida que siempre conviene mirar con poca complacencia.

Así, el balance del primer semestre exige una lectura menos celebratoria que la del resultado nominal. El superávit sigue, pero ya no se sostiene con la misma facilidad. Para cumplir objetivos fiscales, el segundo semestre requerirá que la recaudación acompañe más o que la administración del gasto sea más activa.

Provincias: primer trimestre con menos colchón

El archivo de ejecución provincial del primer trimestre permite mirar la situación subnacional en valores constantes, a precios del primer trimestre de 2026. Para hacer la comparación, se excluye La Pampa, la cual continúa con su situación irregular en términos de presentación de información y publicación por parte del gobierno nacional homologando su metodología (como hace con las otras jurisdicciones). Sobre los 23 fiscos comparables, las provincias cerraron el primer trimestre de 2026 con superávit primario y financiero, pero con una fuerte reducción respecto a 2025 (el cual mostró una baja sensible frente a 2024, aunque con un contexto particular).

El resultado primario agregado fue de $1,7 billones, equivalente a 4,9% de los ingresos totales. El resultado financiero fue de $0,9 billones, 2,4% de los ingresos. Son números positivos. Pero en el primer trimestre de 2025 el superávit primario había sido de $3,4 billones y el financiero de $2,7 billones. En 2024, favorecido por una licuación mucho más intensa del gasto, el resultado había sido todavía más holgado.

Cuadro 2

Ejecución provincial consolidada primer trimestre, 23 jurisdicciones (billones de $ del 1T 2026)

Fuente: elaboración propia en base a DNAP, Ministerio de Economía.

El mapa provincial, de todos modos, sigue siendo heterogéneo. En 2026, 18 de las 23 jurisdicciones comparables mostraron superávit primario y 17 tuvieron resultado financiero positivo. Es decir, no se trata de una crisis generalizada. El agregado se deteriora porque algunos casos pesan mucho y porque el colchón promedio se achicó.

La lectura de fondo es conocida, pero conviene repetirla. Las provincias tienen gastos rígidos: salarios, cajas previsionales propias en varios casos y servicios esenciales como salud, educación y seguridad. Del lado de los ingresos, dependen de la coparticipación y de Ingresos Brutos. Cuando la inflación se desacelera, la licuación deja de ayudar y la prudencia fiscal vuelve a depender menos de la inercia y más de decisiones efectivas de gasto.

Grillete fiscal y el futuro

El gobierno se enfrentará a un segundo semestre donde su objetivo será preparar el terreno para un 2027 con elecciones. En Argentina, esto es sinónimo de turbulencias y hacer la tarea este año implica minimizar los riesgos futuros. En este contexto es que el gobierno nacional anunció recientemente el “Grillete Fiscal”. Una señal de compromiso fiscal que, independientemente de sus formas, es necesaria de cara a un 2027 donde el ciclo político mete la cola en la estabilidad macroeconómica.

El mentado grillete puede resumirse como el intento del Ejecutivo de transformar el déficit cero de una decisión de política económica en una regla institucional permanente. La idea central es que el Presupuesto deba cerrar siempre equilibrado o con superávit, sin financiamiento monetario del BCRA, y que toda ley que implique más gasto tenga que explicitar su fuente de financiamiento. Si no lo hace, el Ejecutivo buscaría poder diferirla, recortar otras partidas o incluso declararla inaplicable. Ante la falta de acuerdo para reestablecer el sendero superavitario, incluso se suspenderían los sueldos del alto funcionariado del Ejecutivo.

El anuncio ha sido grandilocuente, con un esquema de castigos e incentivos agudos que podría ser contraproducente en caso de no cumplirse. Esto es especialmente relevante en el caso argentino, toda vez que una regla que propone mecanismos que operan ante dos meses de desvíos es posible que ponga límites demasiado estrictos.

En cualquier caso, un contexto en el que los ingresos reales muestran debilidad y el superávit primario se achica, esta regla opera como una señal de compromiso con el programa económico, pero también como un factor de tensión política: cualquier recomposición de gasto deberá venir acompañada por un recorte equivalente, una fuente de ingresos o una mayor presión sobre otras partidas.

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Economía recompra al BCRA USD 781 millones de Letras intransferibles

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El Gobierno nacional dispuso una nueva operación de recompra de Letras Intransferibles en dólares estadounidenses que están en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA), por un valor efectivo de USD 781,47 millones, en una maniobra orientada a avanzar en la cancelación de estos instrumentos y reducir su peso dentro de los registros de deuda pública.

La medida fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 47/2026 de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada este martes en el Boletín Oficial. La operación se encuadra en el mecanismo habilitado por el Decreto 453/2025, que autorizó a ambas dependencias del Ministerio de Economía a continuar con la cancelación de las Letras Intransferibles que permanecen en cartera del BCRA.

El esquema establece que las Letras deben ser tomadas siguiendo el orden cronológico de sus vencimientos, comenzando por las de vencimiento más cercano. En este caso, la operación comprende dos instrumentos: una Letra del Tesoro Nacional Intransferible en dólares con vencimiento el 30 de junio de 2031 y otra con vencimiento el 20 de abril de 2032.

Para la Letra que vence en 2031, el Gobierno fijó un valor nominal original de USD 76,25 millones y un precio de USD 64,363467 por cada USD 100 de valor nominal. El segundo instrumento, con vencimiento en 2032, posee un valor nominal original de USD 1.226,34 millones y será adquirido a un precio de USD 59,721453 por cada USD 100 de valor nominal.

La diferencia entre el valor nominal de los títulos y el monto efectivo desembolsado constituye uno de los aspectos centrales de la operación. En conjunto, el Gobierno utilizará USD 781,47 millones de valor efectivo para cancelar instrumentos cuyo valor nominal original supera los USD 1.300 millones. Los valores efectivos serán redondeados al entero más cercano y la operación quedó liquidada el lunes 10 de agosto.

El punto relevante para las cuentas públicas es que los títulos recibidos por el Tesoro serán dados de baja de los registros de la deuda pública. De esta manera, la operación no se limita a modificar la composición de los activos y pasivos entre el Tesoro y el BCRA, sino que implica una reducción efectiva del stock de deuda registrado por el Estado nacional.

Las Letras Intransferibles constituyen un instrumento utilizado históricamente para documentar el financiamiento del Tesoro al Banco Central y permanecen en la cartera del organismo monetario. La estrategia adoptada por la actual administración busca avanzar en su cancelación mediante operaciones de administración de pasivos, utilizando los mecanismos habilitados por la normativa presupuestaria y financiera.

El artículo 55 de la Ley 11.672 faculta a las Secretarías de Hacienda y Finanzas a realizar operaciones de administración de pasivos, incluyendo compras, ventas y canjes de instrumentos financieros. El Decreto 453/2025 amplió específicamente el marco para continuar con la cancelación de las Letras Intransferibles en poder del BCRA, utilizando recursos provenientes de organismos internacionales de crédito u otras fuentes que determinen ambas secretarías.

La operación también muestra una particularidad financiera relevante: el Gobierno no está recomprando estos títulos a su valor nominal, sino utilizando precios determinados sobre la base de los valores considerados para la transacción. Esto permite cancelar un volumen nominal superior al desembolso efectivo realizado, aunque el efecto final debe analizarse dentro del conjunto de activos, pasivos y relaciones financieras entre el Tesoro y el Banco Central.

Desde la perspectiva de las cuentas públicas, la medida apunta a simplificar la estructura de deuda y continuar con el proceso de saneamiento de los instrumentos que vinculan al Tesoro con el BCRA. Para el mercado, el dato más concreto es la baja de deuda pública por los títulos adquiridos, en un contexto en el que la administración económica busca utilizar operaciones de manejo de pasivos para modificar la composición y el perfil de las obligaciones del Estado.

La resolución lleva las firmas del secretario de Finanzas, Federico Matías Furiase, y del secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, y entró en vigencia el mismo día de su dictado.

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El Tesoro vuelve al mercado con una licitación que combina deuda en pesos, CER, dólar linked y un bono en dólares

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La Secretaría de Finanzas volverá al mercado de deuda el miércoles 12 de agosto con una oferta diversificada que busca captar financiamiento en distintos segmentos de la curva. La licitación incluirá una LECAP a tasa fija, una nueva letra ajustada por CER, dos instrumentos dólar linked y una reapertura del BONAR 2029, en una operación que también contempla una segunda vuelta por hasta USD 50 millones para el título denominado en dólares.

La recepción de ofertas estará abierta entre las 10 y las 15 del miércoles. La liquidación de las operaciones adjudicadas se realizará el viernes 14 de agosto. La estrategia combina instrumentos de corto plazo con alternativas de cobertura frente a la inflación y la evolución del tipo de cambio, ampliando el menú disponible para inversores con diferentes perfiles de riesgo y horizonte temporal.

En el segmento de pesos, el Tesoro ofrecerá una reapertura de la LECAP S30N6, con vencimiento el 30 de noviembre de 2026, y una nueva LECER que ajustará su capital por CER y vencerá el 29 de enero de 2027. En ambos casos, la integración será en pesos y el precio de colocación quedará determinado por el resultado competitivo de la licitación.

La incorporación de la LECER agrega una alternativa particularmente relevante en un escenario donde la evolución de la inflación continúa siendo una de las variables centrales para la formación de expectativas financieras. Al estar vinculada al CER, la letra busca preservar el capital frente a la variación del índice de precios durante el período comprendido entre su emisión y vencimiento.

El menú se completa con dos letras dólar linked. La primera es una reapertura del D30S6, con vencimiento el 30 de septiembre de 2026, mientras que la segunda es un instrumento nuevo con vencimiento el 30 de octubre de este año. Ambas se suscribirán en pesos, utilizando como referencia el tipo de cambio de la Comunicación “A” 3500 del Banco Central correspondiente al 11 de agosto, aunque su valor nominal estará denominado en dólares y el pago se realizará en pesos al tipo de cambio aplicable.

La estructura ofrece, así, una cobertura cambiaria sin requerir la integración inicial en moneda estadounidense. Para los inversores, la diferencia respecto de una colocación tradicional en pesos radica en que la evolución del capital queda vinculada al tipo de cambio oficial de referencia definido para la operación.

El AO29 vuelve a escena con hasta USD 100 millones

El instrumento de mayor plazo será el BONAR 2029, una reapertura del bono del Tesoro en dólares con cupón del 6% y vencimiento el 31 de octubre de 2029. A diferencia de las letras en pesos y de los instrumentos dólar linked, su suscripción deberá realizarse exclusivamente en dólares estadounidenses.

La primera vuelta tendrá un monto máximo de USD 50 millones. El Tesoro habilitará además una segunda vuelta el jueves 13 de agosto, entre las 11 y las 13, por otros USD 50 millones. Esta instancia funcionará bajo la modalidad de adhesión y al precio de corte que surja de la primera licitación.

De esta manera, el AO29 podría alcanzar una colocación total de hasta USD 100 millones entre ambas vueltas, siempre que la primera instancia no sea declarada desierta. La segunda ronda tendrá una oferta mínima de USD 1.000 de valor nominal y aceptará propuestas hasta completar el monto máximo autorizado.

El diseño de la operación también diferencia el acceso según el grado de especialización del inversor. En el tramo no competitivo, las personas físicas o jurídicas podrán presentar una única oferta por inversor, con un máximo de VNO $50 millones para instrumentos en pesos y USD 50.000 para los denominados en dólares. Los mínimos serán de $10.000 y USD 1.000, respectivamente.

El tramo competitivo estará orientado a operaciones superiores a esos límites y a los inversores considerados especializados. Para los instrumentos en pesos, la oferta mínima será de VNO $1 millón, mientras que para los denominados en dólares será de VNO USD 1.000, sin límite máximo de monto.

La mecánica vuelve a colocar en el centro la administración de vencimientos y la búsqueda de financiamiento bajo diferentes estructuras de cobertura. Para el Tesoro, la combinación de tasa fija, CER, dólar linked y deuda directamente denominada en dólares permite observar la profundidad de la demanda en cada segmento y, al mismo tiempo, distribuir las alternativas de inversión según las expectativas sobre inflación, tasas y tipo de cambio.

En el caso de los instrumentos dólar linked, el capital se ajustará en función del tipo de cambio aplicable establecido por el mecanismo previsto en la licitación. El nuevo instrumento con vencimiento en octubre será emitido el 14 de agosto, tendrá cupón cero y amortizará íntegramente al vencimiento.

La licitación llega además con una particularidad para quienes siguen el mercado de deuda soberana: el jueves se realizará una segunda rueda del AO29 al precio de corte de la operación principal. Se trata de una instancia que permite extender la colocación del bono sin modificar el precio surgido de la primera vuelta.

En términos financieros, el dato relevante no será solamente cuánto consiga captar el Tesoro, sino también a qué precio lo haga. La tasa implícita de los instrumentos, especialmente en las letras a tasa fija y ajustadas por CER, permitirá medir qué rendimiento exige el mercado para financiar al Estado en los próximos meses. En los títulos dólar linked, en tanto, la señal estará vinculada a la demanda de cobertura cambiaria, mientras que el AO29 ofrecerá una referencia sobre el apetito por riesgo soberano en moneda dura.

El resultado de la licitación permitirá, por lo tanto, leer algo más que una operación puntual de financiamiento. La distribución de la demanda entre pesos, inflación, cobertura cambiaria y dólares funcionará como una fotografía de las expectativas de los inversores sobre las principales variables financieras de la economía argentina para el tramo final de 2026 y el comienzo de 2027.

Comunicado Llamado Licitacion 20260812 by CristianMilciades

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