FINANZAS

Deuda pública: un 2020 de reestructuración, pero también de récord sobre PBI

Compartí esta noticia !

En 2020, se reestructuró la deuda pública en divisas bajo ley local y extranjera con acreedores privados. Sin embargo, a pesar de este acuerdo, que descomprimió el perfil de vencimientos del Tesoro Nacional en el corto plazo, el ratio deuda total-PBI alcanzó un máximo desde 2004 (118%), al ubicarse en 103,7%, saltando alrededor de 14,2 p.p. en relación con 2019.
Esta dinámica, que podría sonar contradictoria a priori, se explica por tres grandes motivos. Por un lado, porque la reestructuración no implicó una quita significativa de capital (2%), en tanto los intereses pasaron de 6,1% promedio ponderado anual a 3,1% en el caso de la deuda ley extranjera y de 7,6% a 2,4% en la deuda ley local: el foco no estuvo en relajar las obligaciones, sino en estirar y normalizar el cronograma de pagos.
En segundo lugar, obedece a que el Tesoro incrementó significativamente su déficit durante el año pasado, producto de la pandemia y la crisis económica que provocó. Si bien casi 9 de cada 10 pesos del rojo financiero (es decir, el saldo primario más los pagos de intereses) se solventaron con emisión, el Palacio de Hacienda también colocó deuda por casi ARS 4 billones (15% del PBI) en pos de refinanciar vencimientos de capital, canjear Letras de corto plazo por instrumentos más largos, realizar aplicaciones financieras (préstamos a privados y organismos públicos con problemas de liquidez) y dar salida a fondos del exterior que presionaban las cotizaciones de tipo de cambio paralelo. A la vez, se recibieron desembolsos de Organismos Internacionales por casi USD 3.300 millones que incrementaron los pasivos del sector público. Resultado de todas estas colocaciones -netas de vencimientos-, la deuda pública total aumentó poco más de USD 12.500 millones en 2020 (+3,9% i.a.).
Por último, responde a que el PBI en dólares -denominador del ratio deuda-PBI- cayó casi 15% durante el año pasado. El desplome de la actividad que trajo la pandemia y la cuarentena (-9,9% i.a.) y la suba de 4,5% del tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos provocaron este fuerte deterioro que ayudó al salto del cociente analizado. Esta dinámica ya había sido particularmente importante en 2018 y 2019, cuando el numerador (la deuda pública total medida en moneda extranjera) se había mantenido virtualmente estable (+3,6% y -2,7%, respectivamente), a pesar del cambio de acreedor que reemplazó pasivos intra-sector público y con el sector privado por el préstamo del FMI, pero el PBI en divisas se derrumbó casi 30% producto de los sucesivos saltos cambiarios. De esta forma, a pesar de que la deuda pública total avanzó “solo” 4,7% entre 2017 y 2020, resultado del desplome de 40,2% del PBI en dólares, este cociente prácticamente se duplicó, al pasar de 56% en 2017 a 104% al cierre del año pasado. 

El indicador deuda pública-PBI es particularmente relevante para los inversores: permite comprender rápidamente cuánto representa el stock de pasivos del Tesoro en relación con el flujo de producción anual de una economía y, de esta forma, dimensionar los esfuerzos que debe hacer un país para repagar en tiempo y forma sus compromisos. Ahora bien, como se desprende del breve recorrido antes mencionado, este indicador es sumamente volátil. Por lo tanto, corresponde matizar su análisis con otros datos.
En este sentido, aparecen algunas variables que permiten ser menos pesimistas. En primer lugar, sobresale que buena parte de la deuda pública está en manos de otros organismos del Estado -por caso, el Banco Central y la ANSES-, de modo que la deuda relevante -aquella que excluye los pasivos intra-sector público y es más exigente de refinanciar- equivale al 62% del PBI, porcentaje sensiblemente menor que la deuda total, y por lo tanto de menores riesgos.
Por otro lado, y no menor, el perfil de vencimientos con acreedores privados en moneda extranjera se descomprimió durante el año pasado, y el horizonte inmediato aparece más despejado. En este sentido, sobresale que el Estado Nacional deberá pagar “solo” USD 200 millones a acreedores privados en 2021 y USD 1.500 millones en 2022. Si bien el desplome de 65% de las Reservas netas en 2020 provoca que estos valores representen más de un tercio de estas, y no sean un porcentaje irrelevante, la relajación acordada durante el año pasado fortaleció la posición del Estado Nacional.
Ahora bien, de este análisis faltan algunas partes centrales: los acreedores privados no son los únicos tenedores de deuda del Estado Nacional, también hay compromisos con el FMI y otros organismos multilaterales de crédito. En este sentido, los vencimientos de USD 10.000 millones en 2021 y de USD 21.500 millones en 2022 (el doble y el cuádruple de las Reservas netas actuales) con éstos parecen demasiado exigentes para una economía tan debilitada como la Argentina. En consecuencia, también hay problemas de corto plazo, y es necesario renegociar el pasivo con el FMI y el Club de París -dos entidades con casi los mismos accionistas-. Las intenciones de lograr un nuevo acuerdo que extienda los pagos durante veinte años no parecen muy promisorias: según el propio estatuto del Fondo, el plazo máximo de un Extended Fund Facility (el tipo de acuerdo buscado por las autoridades) es de diez años. A la vez, para lograr estos mayores plazos son necesarias mayores condicionalidades. Concretamente, reformas estructurales: laboral, previsional y fiscal, algo que no pareciera estar en la agenda del gobierno -menos en un año electoral y de pandemia-. Todavía resta conocer el resultado final de las negociaciones, pero el tiempo no parece jugar de nuestro lado: la segunda ola de Coronavirus y los vencimientos se acercan sin traer avances importantes en las negociaciones.
Siguiendo estos números, se explica por qué, a pesar de la mejora del perfil de vencimientos, el riesgo país argentino no se redujo sensiblemente luego de la reestructuración de la deuda y continúa por encima de los 1.500 puntos básicos, un valor que nos aleja de los mercados internacionales de crédito. En 2021, es probable que el cociente deuda-PBI se reduzca, no tanto por una mejora en el numerador, sino por el rebote económico que vendría acompañado de un tipo de cambio oficial que se abarata, es decir, por el efecto de un PBI en dólares que se recupera. Sin embargo, sin un acuerdo con el FMI y el Club de París que permita postergar los pagos y sin una recuperación importante de las Reservas netas, este avance no resolverá por sí solo el acceso al crédito en una magnitud que nos permita afrontar los vencimientos que, hacia fin de año, estarán prácticamente al caer.

Compartí esta noticia !

¿La deuda es impagable?

Compartí esta noticia !

El gobierno actual empezó su gestión con el diagnóstico de que la deuda pública con el sector privado necesitaba ser reestructurada; ahora se suma que la deuda con el FMI también sería impagable. Aunque parecería que a veces se habla de los vencimientos del stand by vigente (el Presidente) y otras se habla de las nuevas condiciones que tendría un acuerdo de facilidades extendidas (la Vicepresidente).

En materia de deuda es conocido que una cosa es la solvencia y otra la liquidez. El gobierno nunca pudo demostrar en forma contundente que había un problema de solvencia. De hecho, cuando se corrigen los errores que había en la presentación oficial de hace un año atrás (omisión de la inflación internacional y falta de consistencia en el cómputo de la tasa de interés relevante), la deuda era sostenible con un superávit primario bajo.

Había sí un problema de liquidez: los acreedores privados no querían renovar los vencimientos de capital en forma voluntaria. Y es bien sabido que un problema de liquidez puede terminar en una restructuración. Para cualquier deudor es vital que los acreedores confíen en su programa: si se no puede refinanciar gran parte del capital que vence, es game over.

En la versión oficial, ese problema de liquidez (y/o de solvencia) fue resuelto con el canje. Recién en 2025 empiezan los vencimientos de capital de bonos emitidos bajo ley Nueva York (algo menos de US$ 3000 millones que trepan hasta US$ 6.000 millones en 2031) a los cuales hay que agregar alrededor de US$ 1000 millones por año de vencimientos en moneda extranjera bajo ley local.

Antes que eso aparecen los pagos con el FMI de alrededor de US$ 18.000 millones tanto en 2022 como en 2023. Si se acuerda un EFF con 4 años y medio de gracia, el capital se diferiría a 2026 y ejercicios siguientes, con pago de casi US$ 7.000 millones al año.

En otras palabras, ignorando a los otros multilaterales, que en general aportan préstamos nuevos de un importe similar a lo que vence, habría pagos anuales en moneda extranjera de entre US$ 10.500 y US$ 13.700 millones entre 2025 y 2030.

¿Son impagables esos montos? En verdad, antes de esas fechas hay que pagar en moneda local al sector privado cifras mayores a esas en 2021 y 2022. Pasa que se vienen renovando en un mercado algo cautivo y parecería que la deuda en pesos (más allá de que cada vez es menos licuable) parece preocupar menos a las máximas autoridades del gobierno. Pero el desafío es el mismo: generar confianza para poder renovar el capital y ello se logra con un programa fiscal que muestre que convergemos en el mediano plazo a un equilibrio (es decir, un superávit primario similar a la carga de intereses).

Como muestra el cuadro adjunto la variación de deuda puede analizarse desde distintos ángulos: la primera columna muestra la deuda bruta del gobierno nacional; la segunda, sólo la que en cada momento se debía al sector privado y los organismos multilaterales y la tercera (que es la mejor definición) incluye los pasivos remunerados del BCRA y resta las reservas internacionales netas de la autoridad monetaria. Las dos últimas columnas muestran el resultado fiscal primario y global, acumulado cada cuatro años. Cuando el desequilibrio es importante, como se ve desde 2011 en adelante, la deuda aumenta mucho. Ello ha ocurrido también con el gobierno actual que ha aumentado los pasivos netos de reservas en alrededor de US$ 25.000 millones, claro está influido por el Covid 19.

En resumen, si no se generan las condiciones para acceder a los mercados locales e internacionales de deuda, todos los vencimientos tarde o temprano son “impagables”: los de moneda local, los de moneda extranjera con el sector privado y los que se deben al FMI. La mayoría de los países del mundo logran esa confianza. En el caso argentino con vencimientos moderados con relación al PIB, la clave pasa por lograr un sendero fiscal que asegure un superávit primario luego de que se supere la pandemia. ¿Tendrá el gobierno la voluntad de hacerlo?

Compartí esta noticia !

La inflación en Brasil perforó techo de meta oficial y en marzo acumuló suba de 6,1% en doce meses

Compartí esta noticia !

El índice de precios al consumidor en Brasil cerró marzo con un acumulado de 6,1% a lo largo de los últimos doce meses, por encima del 5,2% registrado en febrero, y superó el techo de la meta del Banco Central (BCB) de 5,25%.

Esto torna casi seguras las previsiones de que el BCB aumentará por segunda vez consecutiva la tasa básica de interés en su próxima reunión de mayo, según analistas citados por la agencia de noticias AFP.

Un alza de la tasa de referencia serviría para poner un freno a la escalada de precios, pero también podría limitar el crédito y dificultar aún más el crecimiento de una economía que ya presenta problemas, en medio de una escalada de contagios y muertes por Covid-19.

“El Banco Central está claramente preocupado con la inflación por encima del techo de la meta y parece probable que suba otros 0,75 puntos porcentuales la tasa de referencia en su próxima reunión en mayo”, indicó la consultora Capital Economics.

La inflación mensual se ubicó en 0,93%, el mayor valor para un mes de marzo desde 2015, informó el Instituto Brasileño de Estadísticas (IBGE).

La meta inflacionaria del banco central es de 3,75%, con un margen de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales hacia abajo o hacia arriba.

El aumento de precios llevó al Banco Central a aumentar el mes pasado su tasa de referencia por encima de lo esperado, 0,75 puntos porcentuales, tras mantenerla en un mínimo histórico de 2% durante siete meses, en un intento de mitigar los efectos de la pandemia en la economía.

El PIB brasileño retrocedió 4,1% el año pasado, su tercera peor contracción en la historia del país, aunque le fue mejor que a otras grandes economías.

Se espera que recupere algo de terreno este año, aunque esta perspectiva se está viendo cada vez más empañada por la explosión de casos de Covid-19.

En la última encuesta Focus realizada por el Banco Central, actores del mercado pronosticaron un crecimiento de 3,17% del PIB de este año, frente a 3,26% que pronosticaban hace un mes.

Compartí esta noticia !

Desde el FMI plantean “Adaptar el apoyo de los gobiernos”

Compartí esta noticia !

Por Vitor Gaspar, W. Raphael Lam, Paolo Mauro, y Mehdi Raissi – La campaña de vacunación contra la COVID-19 continúa, pero el ritmo al que avanzan las inoculaciones varía ampliamente de un país a otro, y muchos carecen de acceso a la vacuna. Hay que reforzar la cooperación mundial para producir vacunas y distribuirlas a todos los países a costos asequibles. Cuanto más pronto las vacunas frenen la pandemia, más pronto podrán las economías retornar a la normalidad.

Si la pandemia mundial se controla mediante la vacunación, el crecimiento mundial resultante será más vigoroso, arrojaría más de USD 1 billón en ingresos tributarios adicionales en las economías avanzadas de aquí a 2025, y generaría más ahorro en cuanto a las medidas de apoyo fiscal. Por lo tanto, la vacuna contra la COVID-19 se pagaría por sí sola y con creces, según el informe Monitor Fiscal de abril de 2021, lo cual supondría un excelente rédito del dinero público invertido en el proyecto.

Diversos grados de apoyo fiscal

En el primer año de la COVID-19, la política fiscal ha reaccionado de forma inmediata y contundente ante la emergencia sanitaria. Los balones de oxígeno económico han salvado vidas y protegido medios de vida. El apoyo fiscal además evitó que las contracciones económicas y pérdidas de empleo a escala mundial fueran peores, gracias, entre otras cosas, a que alivió la tensión financiera cuando las políticas monetarias y fiscales actuaron al unísono.

La capacidad de los países para incrementar el apoyo fiscal ha variado, dependiendo de su capacidad para obtener préstamos de bajo costo. Por su parte, las recuperaciones económicas presentan trayectorias divergentes: China y Estados Unidos están saliendo adelante, mientras que otros países están rezagados o estancados.

En las economías avanzadas, las medidas fiscales han sido considerables y abarcan varios años (6% del PIB en 2021), como por ejemplo las aprobadas recientemente en Estados Unidos y las que constan en el presupuesto de 2021 del Reino Unido. Entre los países de mercados emergentes y en desarrollo, el apoyo fiscal ha sido más limitado debido a restricciones financieras, pero el aumento de los déficits de todos modos es notable dada la caída de las recaudaciones tributarias. En promedio, en 2020 los déficits fiscales como proporción del PIB se situaron en 11,7% en el caso de la economías avanzadas, 9,8% en el de las economías de mercados emergentes y 5,5% en el de los países en desarrollo de bajo ingreso.

Como resultado, el promedio mundial de la deuda pública se aproximó a 97% del PIB a finales de 2020, y se prevé que permanezca apenas por debajo de 100% del PIB a mediano plazo. El desempleo y la pobreza extrema también han aumentado significativamente. La pandemia, por lo tanto, podría dejar secuelas profundas.

Pero hasta que se logre controlar la pandemia, la política fiscal tendrá que seguir siendo flexible y brindando apoyo. La necesidad y el alcance de ese apoyo varían entre sectores y economías, y las respuestas dependen de las circunstancias de los países. No obstante, los gobiernos deberían dar prioridad a las siguientes medidas:

  • Apoyo más focalizado a los hogares vulnerables. La pandemia ha tenido un efecto negativo desproporcionado en los pobres, los jóvenes, las mujeres, las minorías y los trabajadores con empleos poco remunerados y en el sector informal. Las autoridades deben garantizar la disponibilidad de protección social y la sostenibilidad del gasto mientras dure la crisis, para lo cual han de ampliar la cobertura de las redes de protección social de forma eficaz en función de los costos (por ejemplo, limitando la filtración de prestaciones a beneficiarios no previstos).
  • Apoyo más centrado en las empresas viables. Si la pandemia se prolonga, podrían producirse insolvencias generalizadas de empresas que destruirían millones de empleos, particularmente en los sectores de servicios de contacto intensivo y entre las pequeñas y medianas empresas. Al mismo tiempo, a los gobiernos les convendría evitar las asignaciones deficientes de recursos y limitar el aumento de las empresas no viables. Los gobiernos podrían replegar gradualmente los préstamos y las garantías indiscriminadas, y limitar el apoyo público a circunstancias en que la necesidad de intervención sea clara. Las alianzas con el sector privado para evaluar la viabilidad de las empresas antes de brindarles apoyo pueden mejorar la focalización y reducir los costos administrativos.

Sentar las bases para una transición económica

Las autoridades económicas tendrán que lograr un equilibrio entre, por un lado, brindar apoyo fiscal ahora, y, por otro, mantener la deuda en un nivel manejable. Es posible que algunos países tengan que empezar reponer las reservas fiscales para amortiguar el impacto de shocks futuros. Esto significa que será vital elaborar marcos plurianuales creíbles para los ingresos y los gastos, sobre todo en los casos en que la deuda sea elevada y escasee el financiamiento.

Incluso tras tomar las debidas medidas, muchos países de bajo ingreso encuentran dificultades a la hora de hacer frente a la pandemia a corto plazo y de velar por el desarrollo a lo largo del tiempo, como se señala en un estudio reciente del FMI. Estos países necesitarán asistencia adicional, que incluya donaciones, financiamiento en condiciones concesionarias, la prórroga de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda o, en algunos casos, el tratamiento de su deuda conforme al Marco común.

Si se la ejecuta adecuadamente, la política fiscal facilitará una transformación verde, digital e inclusiva de la economía posterior a la pandemia. Para que esto se concrete, los gobiernos deben dar prioridad a lo siguiente:

  • Invertir en sistemas de salud (incluida la vacunación ampliada), educación e infraestructura. Una campaña de inversión pública verde coordinada por las economías que disponen de recursos puede fomentar el crecimiento mundial. Los proyectos —idealmente con la participación del sector privado— han de procurar mitigar los efectos del cambio climático y facilitar la digitalización.
  • Ayudar a que las personas vuelvan al trabajo y, de ser necesario, cambien de trabajo, mediante subsidios para la contratación, mejor capacitación y programas de colocación.
  • Fortalecer los sistemas de protección social para ayudar a combatir la desigualdad y la pobreza, y redoblar los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
  • Reformar los sistemas tributarios nacionales e internacionales para fomentar la equidad y proteger el medio ambiente. A fin de ayudar a atender las necesidades relacionadas con la pandemia, una opción consiste en gravar los ingresos elevados con una contribución temporal a favor de la recuperación tras la COVID-19. A mediano plazo, se debe afianzar la recaudación de ingresos, especialmente en los países en desarrollo de bajo ingreso, lo cual podría ayudar a financiar las necesidades de desarrollo.
  • Recortar el gasto improductivo, hacer más transparentes las iniciativas de gasto y mejorar las prácticas de gestión de gobierno para aprovechar plenamente los beneficios del apoyo fiscal.

En resumen, los gobiernos no han escatimado esfuerzos para afianzar sus economías, pero es más lo que se debe hacer para superar la pandemia de COVID-19, proporcionar apoyo flexible pero focalizado de inmediato, realizar ajustes cuando la recuperación esté bien encaminada y sentar las bases para una recuperación más verde, equitativa y duradera.

Compartí esta noticia !

Financiar la recuperación de los países de bajo ingreso tras la pandemia

Compartí esta noticia !

Por Guillaume Chabert, Robert Gregory y Gaëlle Pierre – Muchos de los países más pobres del mundo se exponen a una recuperación débil y a un retroceso de su trayectoria de crecimiento. En nuestro estudio, estimamos que los países de bajo ingreso necesitarán aproximadamente USD 200.000 millones hasta 2025 para incrementar su respuesta a la pandemia y otros USD 250.000 millones para acelerar la convergencia con las economías avanzadas. Si se materializan los riesgos identificados en el escenario base, serán necesarios USD 100.000 millones adicionales. Satisfacer estas necesidades exigirá una fuerte respuesta coordinada y multidimensional.

Son varios los factores que obstaculizan la recuperación económica de los países de bajo ingreso. En primer lugar, estos países afrontan un acceso desigual a las vacunas. La mayoría de estos países dependen prácticamente por completo de la iniciativa COVAX, una iniciativa internacional cuyo objetivo es el acceso equitativo a las vacunas y que está liderada por un consorcio de organizaciones internacionales. COVAX abastece actualmente de vacunas a solo el 20% de la población de los países de bajo ingreso.

En segundo lugar, el margen de maniobra de la política económica para responder a la crisis que han tenido los países de bajo ingreso ha sido limitado; en particular, no han dispuesto de los medios para hacer frente al gasto extraordinario (véase el gráfico).

En tercer lugar, las vulnerabilidades preexistentes, incluidos los altos niveles de deuda pública en muchos países de bajo ingreso, y los resultados débiles, a veces negativos, de la productividad total de los factores en algunos países de bajo ingreso, continúan siendo un lastre para el crecimiento.

Necesidades de financiamiento

Nuestro estudio ofrece una estimación del financiamiento que necesitan los países de bajo ingreso en los próximos cinco años para salir de la pandemia y tener una recuperación resiliente, por encima de lo que ya se asume en el escenario base de Perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, será fundamental el despliegue de un paquete financiero integral que incluya donaciones y financiamiento concesionario, así como el alivio de la deuda cuando sea necesario. El FMI y los bancos multilaterales de desarrollo desempeñarán un papel clave en ese paquete.

En segundo lugar, se necesita un ambicioso programa de reformas nacionales para que los países de bajo ingreso estimulen la competitividad y el crecimiento potencial. Estas reformas incluyen la mejora de la gobernanza y el clima de negocios, la mejora de la movilización de ingresos públicos nacionales, el desarrollo de mercados financieros nacionales y la mejora de la gestión económica y financiera.

Estas reformas, a su vez, deben estimular el tercer componente de la respuesta multidimensional: fomentar el sector privado nacional y el financiamiento privado externo. 

El FMI participará plenamente en esta respuesta multidimensional, y ya ha puesto en marcha varias medidas de apoyo para sus miembros de bajo ingreso mediante lo siguiente:

  • La ampliación del acceso a recursos concesionarios en el contexto del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza, que incluye la ampliación del acceso a financiamiento de emergencia. De marzo de 2020 a marzo de 2021, se han aprobado aproximadamente USD 13.000 millones para más de 50 países de bajo ingreso. El FMI está revisando actualmente su marco de concesión de préstamos a países de bajo ingreso, más allá del aumento temporal de los límites de acceso.
  • La propuesta de una nueva asignación de derechos especiales de giro. Existe un apoyo cada vez más amplio entre los países miembros del FMI a favor de una posible asignación de DEG de USD 650.000 millones. Esto daría respuesta a la necesidad mundial a largo plazo de activos de reserva y ofrecería un importante aumento de liquidez a todos los miembros.
  • El alivio del servicio de la deuda a través del Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes a 29 países elegibles. El tercer tramo aprobado recientemente, y que abarca el período de abril a octubre de 2021, aumenta el alivio del servicio de la deuda total hasta USD 740 millones desde abril de 2020. Este alivio proporciona margen para que los países pobres aumenten el gasto en ámbitos prioritarios durante la pandemia.
  • El apoyo a una nueva extensión de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (ISSD) del G-20 hasta finales de diciembre de 2021. La iniciativa ha proporcionado un alivio del servicio de la deuda de USD 5.700 millones a 43 países en 2020, y se prevé que, hasta junio de 2021, proporcione una suspensión adicional del servicio de la deuda de USD 7.300 millones a 45 países.

Las necesidades de los países más pobres en los próximos cinco años son pronunciadas. Pero no son irrealizables. Se necesita un paquete de medidas sólido, coordinado e integral. Este paquete permitirá una recuperación rápida y la transición hacia un crecimiento inclusivo, digital y verde que acelerará la convergencia de los países de bajo ingreso con las economías avanzadas.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin