ECONOMIA

Producción e impuestos en Argentina: ¿En qué afecta la guerra Ucrania-Rusia?

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FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) publicó su índice trimestral sobre cuánto de la renta agrícola queda en manos estatales. Con respecto al trimestre pasado, el número creció 1,7 puntos porcentuales (63,2% en diciembre 2021) y arroja una participación de 64,9% para el promedio ponderado por cultivos. “¿Qué significa? Que por cada $100 de renta que genera una hectárea, $64,90 se va en impuestos”, explica Nicolle Pisani Claro, economista de FADA.

 “Aún con la importante suba de precios, pesaron más los menores rindes esperados como consecuencia de la sequía, los mayores costos de producción y el atraso del dólar oficial respecto a la inflación, por esto la suba del índice en relación al índice pasado”, completa Pisani Claro.

“Un tema que enciende la alarma son los fertilizantes: el precio de los compuestos como la UREA se incrementó 170% y el PDA 155% en los últimos 15 meses en dólares. Sin embargo, más allá del precio, lo que más inquieta es el abastecimiento debido a la guerra de Rusia y Ucrania. Rusia es el segundo exportador mundial de fertilizantes nitrogenados, en 2020 representó el 17% de las exportaciones a nivel mundial”, advierte Natalia Ariño, economista FADA.

Otra preocupación se da en torno a los impuestos a las exportaciones (DEX) y la soja. La suba a los subproductos como el aceite y la harina de soja va a hacer que baje el poder de compra de la industria en USD 15 por tonelada, por lo que el precio pagado al productor será menor”, completa Ariño.

El informe también analiza los cultivos uno por uno y muestra que la participación del Estado en la soja es del 69,9%, maíz 56,1%, trigo 58,5% y girasol 56,2%.

¿Por qué subió el índice? 

No tiene que ver con los impuestos de manera directa, sino que se relaciona con los efectos de la sequía que redujeron los rendimientos de soja, maíz y girasol y la suba de costos. “Al tener rindes menores (menos toneladas por hectárea), la producción es menor, por lo cual hay menos ingresos por hectárea. Esto hace subir el índice por la participación relativa de los impuestos sobre esta renta”, comenta Pisani Claro.

“Por otro lado, los costos de producción incrementaron su participación. El costo de la cosecha, por ejemplo, se incrementó un 68,4% en pesos en los últimos 12 meses, mientras que el tipo de cambio oficial sólo subió 19,3%. Esto significa, que el costo de la cosecha se incrementó un 41,2% en dólares, más de lo que subieron los precios internacionales de los granos. En los fletes es incluso peor, aumentaron un 47,5% en dólares en el último año”, agrega la especialista.

Últimas medidas del gobierno: Cambios en los Impuestos a las Exportaciones (DEX)

En relación a las medidas anunciadas por el gobierno, la suba de los derechos de exportación del 31% al 33% al aceite y harina de soja impactarán en los números del productor, no a través de un incremento de los impuestos, ya que el grano tiene un DEX del 33%, sino a través de un menor precio percibido por la soja. “Con la suba de la alícuota a los subproductos, la industria tendrá menor poder de compra, por lo que podrá pagar menos por el grano. La baja estimada en el poder de compra es de USD 15 por toneladas. Así, es de esperar que, en promedio, el precio pagado al productor baje alrededor de este número”, revela la economista.

¿Es posible un desabastecimiento de fertilizantes?

Si bien en los últimos 12 meses los aumentos de costos de los fitosanitarios han sido extraordinarios, con productos que subieron 50% y 60%, y los glifosatos entre 140% y 180% en dólares, el tema que más preocupa son los fertilizantes. El precio de la UREA se incrementó 170% y PDA 155% en los últimos 15 meses en dólares. 

Más allá del precio, inquieta el posible desabastecimiento de fertilizantes por la guerra de Rusia y Ucrania. La agricultura es muy dependiente de las importaciones de fertilizantes. Esto genera alguna preocupación para la siembra de trigo, que comienza en pocos meses, y la siembra de maíz que comienza a partir de septiembre. Si bien todos los cultivos requieren fertilizantes, estos son los dos que más demandan”, advierte Ariño. En 2020, Argentina importó el 61% de la oferta doméstica de fertilizantes nitrogenados y el 79% de los fosfatados.

Si bien sólo el 15% de las importaciones de nitrogenados proviene directamente de Rusia, hay varias complicaciones extra. Por un lado, Rusia es exportadora de insumos para producir distintos tipos de fertilizantes en otros países, lo que podría impactar en el suministro de esos otros países

Por otro lado, el costo de la UREA tiene como uno de sus principales costos el gas, cuyo precio internacional ha subido sustancialmente y también hay dudas por el abastecimiento. Por último, ante el problema mundial de abastecimiento de fertilizantes, otros países han restringido exportaciones para garantizar la demanda doméstica.

La combinación de estos factores genera temores a lo largo de la cadena agroindustrial sobre la provisión de fertilizantes a nivel global, pero del lado interno el Banco Central también deberá garantizar los dólares para estas importaciones que costarán más del doble que hace un año. Esto no debería ser problema teniendo en cuenta el nivel de dólares que genera el campo argentino, pero el cepo importador es fuerte”, explica Pisani Claro. 

Tipo de cambio atrasado

El informe indica que, en los últimos 12 meses, el incremento nominal del tipo de cambio oficial fue del 19,3%. En términos de tipo de cambio real, descontando los efectos de la inflación, en los últimos 12 meses cayó un 21,2%

“Esto significa que el tipo de cambio se ha atrasado respecto a la inflación, incrementando los costos de producción al medirlos en dólares, un escenario malo para cualquier actividad exportadora”, afirma Ariño.

Si se analiza la estructura de costos según la moneda en la que están expresados, vemos que un 54% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados. Si se considera el costo de la tierra alcanza el 65%. 

En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 58%. Si se considera el costo de la tierra, el peso de los costos dolarizados asciende al 64%.

¿Cómo se reparten los impuestos?

La participación del Estado está compuesta por impuestos nacionales, provinciales y municipales. Los nacionales no coparticipables representan el 68,8% del total que afronta una hectárea agrícola en Argentina. “Es el mayor nivel desde junio de 2019, momento en que FADA lo mide como parte de este informe”, agrega Ariño. Se componen principalmente por los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

Las tributaciones nacionales coparticipables entre Nación y las provincias representan el 25%. Acá tenemos principalmente el impuesto a las ganancias y los saldos técnicos de IVA.

Las provincias reciben parte del 25% como coparticipación, y también recaudan diversos impuestos. Así, los impuestos provinciales representan el 5,6% de los totales.

Los municipales representan el 0,6% de los impuestos en el Índice FADA promedio nacional.

“La vigencia de los derechos de exportación impacta de manera negativa sobre el federalismo por tres vías. La primera, es que se incrementan los recursos no coparticipables en manos de Nación; la segunda, es que se reducen los recursos coparticipables por reducción del impuesto a las ganancias; la tercera, es vía los recursos que salen de las regiones productivas en el marco de la existencia de derechos de exportación”, comenta Pisani Claro.  

Índices provinciales

En cuanto a los índices provinciales, Córdoba registra un 64,6%, Buenos Aires 62,7%, Santa Fe 62,2%, La Pampa 64,7%, Entre Ríos 68,3% y San Luis 64%.  Los impuestos provinciales presentan divergencias. En todas las provincias analizadas se paga impuesto inmobiliario rural e impuesto a los sellos. En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se pagan Ingresos Brutos con diferentes alícuotas; y en Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta. Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, mientras que La Pampa tiene las guías cerealeras. Córdoba, San Luis y Entre Ríos no tienen imposiciones a nivel local. San Luis y La Pampa tienen impuestos al estilo de aduanas internas.

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Acuerdan con empresas y supermercados retrotraer precios de 580 productos a valores del 10 de marzo

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Los precios de 580 productos que registraron incrementos excesivos en las últimas semanas se retrotraerán a partir de mañana a los valores vigentes al 10 de marzo pasado, de acuerdo con un compromiso asumido por las grandes cadenas de supermercados de todo el país, informó hoy la Secretaría de Comercio Interior.

Esto es resultado de las conversaciones mantenidas ayer y hoy por la dependencia oficial con la Asociación Supermercados Unidos (ASU) y con las principales empresas productoras de bienes de consumo masivo.

Los productos que retrotraerán sus precios corresponden a los rubros alimentos, limpieza e higiene personal, entre otros.

A través de un comunicado, la dependencia oficial afirmó que “las grandes cadenas de supermercados de todo el país se comprometieron a retrotraer a partir de mañana los precios que Comercio Interior había detectado con incrementos excesivos a partir de los relevamientos que la Secretaría hace a diario, tanto de forma presencial como en base al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentino (SEPA)”.

Los mayores aumentos que alertaron a la Secretaría y al Ministerio de Desarrollo Productivo y llevaron al accionar conjunto de ambas dependencias, se registraron entre el miércoles 16 y el viernes 18 de marzo, precisó la dependencia.

Las cadenas que presentaban mayores niveles de aumento fueron Walmart/Changomas y el grupo Cencosud, propietario de las firmas Jumbo, Vea y Disco.

Ayer, en conferencia de prensa, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien tiene bajo su órbita la Secretaría de Comercio Interior, anticipó que hoy se iba a “clarificar cuál es la responsabilidad de la industria y de los intermediarios”, al mismo tiempo que remarcó que “los precios que se hayan adoptado de manera injustificada” iban a tener que retrotraerse a la fecha pactada hoy.

En este sentido, el presidente Alberto Fernández, dijo hoy en una entrevista radial que “algunos suben los precios por las dudas”.

“Hay que sentarse y ver si podemos renovar, en este momento excepcional como la guerra, un acuerdo entre todos a través del diálogo”, señaló el Presidente en declaraciones a El Destape Radio en referencia a la decisión del Gobierno de buscar consenso entre empresarios, los gremialistas y el Estado para frenar la suba de precios.

La semana pasada el Indec informó un incremento de 9% en febrero en el costo de la canasta básica alimentaria.

El índice de precios minoristas a nivel general, por su parte, marcó un aumento de 4,7%, impulsado esencialmente por la suba de 7,5 promedio registrada en alimentos y bebidas no alcohólicas.

Ante este contexto, Fernández deploró las conductas especulativas de algunos formadores de precios y de forma contundente advirtió que, “si el diálogo no funciona”, no le va a “temblar el pulso” para “defender los ingresos de los argentinos”.

Ante este contexto, el Gobierno nacional puso en marcha medidas para contener la suba de los precios de los principales productos de consumo masivo, entre ellos, los alimentos.

En ese marco, creó un fideicomiso financiado por la suba de retenciones a la harina y el aceite de soja, para poder retrotaer los precios de la harina de trigo a niveles pre-bélicos, como así también los fideos, el pan y la harina al consumidor, productos esenciales de la canasta básica de alimentos.

Para tal fin anunció una línea de créditos por $8.000 millones a tasa subsidiada para la industria molinera, para que puedan adquirir trigo y evitar un traslado masivo de precios a la mesa de los argentinos.

Las empresas que quedaron en la mira de la Secretaría de Comercio fueron La Serenísima y Molinos Río de la Plata, debido a que priorizaron el abastecimiento a los comercios de proximidad por sobre los supermercados, lo que significó una merma en la oferta de productos dentro del programa +Precios Cuidados, que funciona como un ancla antiinflacionaria.

“El mismo comportamiento se vio la semana pasada por parte de los frigoríficos exportadores nucleados en el consorcio ABC, que intentaron boicotear el programa Cortes Cuidados, lo que motivó una intimación de Comercio Interior y la subsiguiente actuación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para garantizar su funcionamiento”, puntualizó Comercio Interior.

Por tal motivo, estas empresas serán convocadas en los próximos días para que “den explicaciones sobre su accionar y, en caso de ameritar, se les aplicarán las sanciones correspondientes”.

Desde el sector agropecuario, tras las medidas tomadas por el Gobierno, las entidades que conforman la Mesa de Enlace anunciaron que mañana se reunirán con por separado con legisladores de diferentes bloques opositores de la Cámara de Diputados.

En primer lugar, a las 10, mantendrán un encuentro con los diputados de Avanza Libertad, Carolina Píparo y José Luis Espert. Luego, a las 12, los representantes de la Sociedad Rural, la Federación Agraria, Coninagro y Confederaciones Rurales se reunirán con integrantes del interbloque Juntos por el Cambio.

En ese marco, los diputados de JXC pidieron hoy a través de una carta enviada a las autoridades de la Cámara de Diputados y del Senado, la conformación urgente de la comisión bicameral de Trámite Legislativo, para analizar los decretos que formalizaron las medidas dispuestas por el Gobierno nacional.

En lo que respecta al precio de la carne, un informe elaborado por el Mercado de Hacienda de Rosario (Rosgan) dio cuenta que los valores del novillo de carne bovina, medidos en moneda constante, son los más altos de los últimos 20 años.

“La oferta de esta categoría sigue siendo escasa y obliga a la industria exportadora a convalidar valores cada vez más altos para cubrir sus requerimientos operativos”, indicó el reporte realizado por la analista María Julia Aiassa.

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Conoce los aspectos fundamentales de la Responsabilidad Social Empresarial

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La norma ISO 26000 tiene el objetivo de establecer un estándar internacional que sirva como tutela para las organizaciones en sus caminos a la sostenibilidad, en un mundo cada vez más preocupado por la respuesta del sector empresarial a los retos medioambientales y sociales que los rodean.

El contexto de la actualidad que vivimos ha visto un cambio importante en la forma en que la gente consume e interactúa con empresas. Hoy, más que sólo comprar por poseer o por mostrar el nombre de una firma o una marca, los consumidores buscan experiencias nuevas y enfocadas hacia el cuidado del ambiente o que se preocupen por las necesidades de las personas que trabajan o representan dicha marca. Con esto en mente, en another, agencia regional especializada en comunicación estratégica, visualizamos la relevancia que hoy tiene el ser una empresa responsable con la sociedad y con el medio ambiente, y cómo estas pueden hacer este cambio.

Datos del estudio bianual de Havas sobre el valor de marca, que encuestó a más de 395.000 personas en todo el mundo, muestran que el 73% de los encuestados cree que las marcas deberían actuar por el bien de la sociedad y el planeta, mientras que el 64% ha tomado acción, prefiriendo comprar a empresas con una reputación de propósito, no solo de ganancias, y más de la mitad (53%) asegura que está dispuesta a pagar más por una marca que toma una posición sobre situaciones de índole social o ambiental.

De estos datos surge la necesidad de visibilizar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que es, como su nombre indica, la gestión socialmente responsable de las empresas y sus negocios en todas las aristas que hacen posible su operación. Así lo plantea la Norma ISO 26000, que comprende los conceptos básicos, principios fundamentales y materias de trabajo de la RSE. Dentro de esta normativa también se reglamenta la atención a los impactos negativos generados por la operación de una empresa y la potenciación de las acciones positivas que salen de esta, para así garantizar la sostenibilidad del negocio, de la comunidad que le rodea y del planeta que habitamos. 

Ahora bien, de acuerdo con dicha certificación, para conseguir una gestión responsable del negocio es necesario seguir una serie de principios fundamentales que fueron desarrollados con la participación de expertos de más de 90 países y 40 organizaciones internacionales y regionales con la intención de promover una administración más consciente de las empresas desde adentro hacia afuera.

Los esenciales de una Empresa Socialmente Responsable

Este listado empieza por la rendición de cuentas, consistente en que toda organización debe hacerse responsable, ante su Junta Directiva y la sociedad en general, por sus decisiones y por los impactos que estas últimas puedan generar en entornos sociales, ambientales y económicos a raíz de su operación. Sigue la transparencia, que se refiere a la claridad y honestidad de la organización al referirse a los impactos en la economía, la sociedad y el ambiente que genera producto de su operación diaria. Esto implica que la información relacionada a estos impactos esté siempre disponible para las partes interesadas. 

Por su parte, el comportamiento ético, define las acciones de la organización con base en valores fundamentales como la honestidad, la integridad y la equidad, con el fin de promover un comportamiento responsable en todos los niveles de la empresa. El respeto a los intereses de las partes interesadas, que se definiría como la escucha activa de la organización sobre las necesidades y la importancia que tienen sus relaciones comerciales en los diferentes niveles de la estructura, es el principio que busca lograr acuerdos y suplir los requerimientos de los involucrados de manera armoniosa y eficiente. 

El principio de legalidad, se basa en el respeto a las leyes y normas que aplican sobre las diferentes aristas donde opera una empresa. Toda organización debe conocer las leyes que aplican en su operación, respetarlas, cumplirlas y revisar que ese cumplimiento sea constante en el tiempo. En la misma línea, el respeto a la normativa internacional de comportamiento implica, por ejemplo, que cuando por motivos geográficos de la operación no haya leyes que amparen algunos aspectos que sí se contemplen en la normativa internacional de comportamiento, la organización deberá ver qué entidad ofrece mayor y mejor cobertura legal y actuar de acuerdo con esa propuesta.

El séptimo y último principio se refiere al respeto a los derechos humanos, donde los Derechos Humanos Universales deben ser debidamente reconocidos, respetados, protegidos, promovidos y garantizados por toda organización, aún en caso de que no se cumplan en el lugar donde está ubicada su operación. 

Además de estos principios guía, la norma ISO 26000 también contempla 7 materias fundamentales que abarcan la gestión integral del negocio, y que funcionan de forma eficiente para identificar los temas importantes y establecer las prioridades dentro de la gestión socialmente responsable de las empresas en el mundo. Es así como este compendio de herramientas busca establecer lineamientos y guías para el fomento de una cultura corporativa ética y justa a nivel global que permita encaminar a todos los actores de la economía en la ruta del desarrollo sostenible.En another, tenemos compromisos sólidos en temas como la inclusión, la diversidad y la creación de campañas poderosas y responsables como parte de nuestros valores de agencia.

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Más tiempo para acceder a los beneficios para afectados por la bajante del río Paraná

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió el plazo para que las y los contribuyentes de las zonas afectadas por la bajante del río Paraná puedan acceder a beneficios fiscales. La decisión del organismo implementa la prórroga por 90 días del estado de emergencia hídrica establecido por el Decreto 118/2022.

La medida fue implementada a través de la Resolución General 5171/2022 que se publica este miércoles en el Boletín Oficial. Los vencimientos y pagos de las declaraciones juradas fijados entre el 27 de julio de 2021 y el 30 de abril de 2022 se considerarán cumplidos en término siempre que se efectivicen hasta las fechas que se indican a continuación:

El nuevo plazo alcanza a 169 localidades establecidas por el Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. En el micrositio denominado “Emergencia Hídrica” .afip.gob.ar/emergencia-hidrica se detallan las localidades comprendidas.

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Día Mundial del Agua: el oro líquido que recorre Misiones 

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Lo que en Misiones comenzó a plantearse como debate necesario hace más de más de medio lustro, se transformó en una realidad financiera global: el agua comenzó hace dos años a cotizar en el mercado de futuros de materias primas de Estados Unidos, debido a la escasez de este bien, cuyo precio fluctuará ahora como lo hacen el petróleo, el oro o el trigo.

Las cotizaciones reflejarán las variaciones del índice Nasdaq Veles California Water Index, con la sigla NQH2O, y se basan en un indicador de precios de los futuros del agua en California a unos 486,53 dólares por acre-pie, una medida de volumen utilizada normalmente en Estados Unidos equivalente a 1.233 metros cúbicos, lo que representa 1.233.000 litros de agua, aunque el precio indicativo de lo que va a valer el acre por pie de agua (1.233.581,8 litros) para fines de 2022, rondará los 520 dólares.

Ese valor puede ser utilizado como referencia en el mundo aunque estos contratos no requieren entrega física de agua y son puramente financieros, basados en el precio semanal promediado entre las cinco principales cuencas de California hasta 2022.

Misiones desde hace varios años le puso valor al agua y considera al líquido vital como un commodity -una materia prima como el petróleo- que debe ser incorporado como costo para las empresas.

Hoy el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, autor de las iniciativas de ponerle valor al agua de ríos, arroyos, subterráneas y pluviales, destacó que “celebramos de contar con el oro líquido, el recurso más preciado ya y más aún en el futuro”. 

“Conozcamos, respetemos y cuidemos”, sentenció.

De hecho, las principales firmas que operan en la tierra colorada, desde industrias celulósicas, yerbateras, tealeras, hoteles, comenzaron a pagar por el uso del agua. Concretamente,  todo aquel que hace un uso comercial del agua debe pagar por ella. 

Hoy  esta política cobra aún más relevancia en el actual contexto de sequías e incendios. Otro dato relevante es que en Misiones  es el Estado el que regula el uso y el valor, no el mercado.

Hasta ahora se acordó el pago con más de 250 empresas misioneras, aunque se calcula que hay muchos más puntos de captación.

La ley I Nº 149 (antes 4519) fue la que asignó a Aguas Misioneras S.E el aprovechamiento lucrativo de las aguas de dominio provincial, comprendiendo a las aguas superficiales, subterráneas y del Sistema Acuífero Guaraní dentro del territorio misionero.

Además Aguas Misioneras S.E tiene asignada la comercialización de las aguas provinciales y, por ello, todas aquellas actividades que directa o indirectamente usufructúan el recurso hídrico con fines económicos directos o indirectos (entiéndase toma directa de agua de río, arroyos o perforaciones; no se incluye al agua de red)deben, a partir de ello, empezar a pagar por su uso.

Pagar por el agua es también una forma de cuidar y concientizar para el uso racional de un recurso que no solo no es infinito sino que cada vez va a faltar más en la Argentina y el mundo. Incluso la provincia de Misiones, en algunas regiones, tiene importantes problemas hídricos.

Argentina ocupa el sexto lugar en cantidad de recursos hídricos de agua dulce per cápita con respecto al resto de América, Europa, Australia y Japón. Sin embargo, “alrededor del 76 % del territorio nacional está sujeto a condiciones de aridez o semiaridez, con precipitaciones promedio de menos de 800 milímetros por año”.

Debido a factores geológicos y climáticos, “el 85 por ciento del agua superficial total disponible en el país se encuentra en el territorio de la cuenca del Río de la Plata, donde se concentra la mayoría de la población y la actividad económica del país”, indicaron.

Por fuera del sistema de la cuenca del Río de La Plata, los ríos que actúan como corredores fluviales de gran relevancia económica y ecológica de Argentina son los que desembocan en el Océano Atlántico, “aproximadamente el 10 % de los recursos nacionales totales, donde se encuentran los asentamientos de población más importantes de la región sur del país”.

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