ECONOMIA

Hidrovía: ¿Qué pasó con la licitación corta de la AGP?

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Tras descalificar a tres empresas, la Administración General de Puertos (AGP) anuló la licitación para dragar la vía navegable y hará una nueva compulsa

La AGP había dejado a una sola firma calificada para la adjudicación, pero proceso fue apelado por una de las empresas impugnadas, a la que, a su vez, le otorgaron un contrato de balizamiento de la vía navegable

La hidrovía Paraná-Paraguay es un corredor natural de transporte fluvial de más de 3.400 kilómetros de largo, que se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay, y permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia Paraguay y Uruguay

Luego de descalificar a tres de las cuatro empresas participantes de la llamada “licitación corta” del dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la Administración General de Puertos (AGP) –entidad encargada del mantenimiento de la vía navegable– resolvió dar de baja la misma y llevar a cabo otra convocatoria en la que participen nuevos oferentes. Se hará en el plazo de 15 días.

La anulación de esta licitación se hizo efectiva mediante la resolución 38 de la AGP, luego de la apelación formal que llevó a cabo el consorcio compuesto por la empresa danesa Rodhe Nielsen y la local Emepa, uno de los grupos que impugnó.

Emepa es una empresa de Gabriel Romero, un empresario arrepentido en la causa de los Cuadernos que confesó haber pagado coimas.

Las otras impugnadas fueron la empresa del régimen chino CCCC Shanghai Dredging (SDC), que se presentó en unión transitoria con Dredging International y la local Servimagnus y la holandesa Boskalis International con su filial local. Había seguido como única oferente Compañía Sudamericana de Dragados (Jan de Nul, anterior operador), a quien además ahora se le extendió de forma temporaria las obras de dragado para que se garantice la navegabilidad del sistema hídrico denominado “Cuenca del Plata”, el mismo por donde se traslada el 80% del volumen del comercio exterior argentino.

“Del análisis de las intervenciones de las áreas técnicas surge que las presentaciones e impugnaciones se basan en interpretaciones divergentes en torno al alcance del pliego de bases y condiciones”, indica el texto de la resolución de la AGP. En ese sentido, señala que “al quedar una sola propuesta en condiciones de ser precalificada, se ha visto acotado el grado de participación real y efectiva, frustrándose así la posibilidad de conocer mayor cantidad de ofertas económicas”.

Y agrega que “se estima oportuno y conveniente dejar sin efecto el presente llamado y convocar un nuevo procedimiento selectivo de ofertas con el mismo objeto, previo ajuste de las bases y condiciones que habrán de regir la compulsa, procurando un acortamiento de los plazos”.

De cara a la nueva licitación, la AGP señaló en la resolución que “corresponde ponderar la experiencia de los proponentes en la ejecución de obras de dragado en ámbitos de similares características”.

En resumen, argumentando cuestiones de mayor competitividad, la AGP dio marcha atrás y convocó a una nueva licitación de la que, seguramente, también formarán parte las empresas ya señaladas. Podrían presentar cambios: en febrero pasado, se las dejó fuera de la puja tanto por cuestiones técnicas de sus pliegos, como por temas económicos.

Fuentes del sector llamaron la atención sobre un punto: recientemente, la AGP extendió un contrato de balizamiento temporario a la propia Emepa, que había quedado en ese pliego como único oferente. A diferencia de lo que pasó con el dragado, en ese caso no vieron “acotado el grado de participación real y efectiva, frustrándose así la posibilidad de conocer mayor cantidad de ofertas económicas”.

La administración y el mantenimiento de la vía navegable está coordinado por la Administración General de Puertos, pero cuando se complete el plazo de transición, pasa a manos del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, y así se avanzará con los pliegos licitatorios para la nueva concesión.

La administración y el mantenimiento de la vía navegable está coordinado por la Administración General de Puertos, pero cuando se complete el plazo de transición, pasa a manos del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, y así se avanzará con los pliegos licitatorios para la nueva concesión.

La AGP administra el canal fluvial, al tiempo que el Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable, creado en agosto pasado, organiza la llamada “licitación larga”, para la gestión futura y a largo plazo de la vía y adjudicará el contrato por el dragado, balizamiento, control hidrométrico y cobro del peaje de la vía por la que se traslada el 80% del volumen del comercio exterior argentino.

Sin embargo, falta definir quién realizará el mantenimiento del canal por el término de 180 días corridos prorrogables y con un presupuesto oficial estimado de USD 80 millones.

Actualmente, la administración y el mantenimiento de la vía navegable está coordinado por la Administración General de Puertos, pero cuando se complete el plazo de transición, pasa a manos del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, y así se avanzará con los pliegos licitatorios para la nueva concesión.

El Ente, a cargo de Ariel Sujarchuk, está conformado por Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, tiene sede en Rosario, y representa la mayor participación equitativa del sector en la vía navegable de los últimos 26 años. Además, sobre las decisiones que competen a la administración de la vía navegable, tienen injerencia los ministerios de Transporte, Interior, Desarrollo Productivo, Relaciones Exteriores, Agricultura, Medio Ambiente, Seguridad y Obras Públicas.

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¿Qué es el ajuste por inflación impositivo?

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En Argentina hay dos cosas que, cuando se juntan, nos tiemblan las piernas: impuestos e inflación. ¿Y si decimos ajuste por inflación impositivo? Mejor sentarse antes de caer redondo.

Entendemos perfectamente: no solo son dos términos que generalmente vienen de la mano con malas noticias, también son dos conceptos complejos de entender. Y cuando se juntan en cuestiones como el ajuste por inflación impositivo, mínimo nos da un dolor de cabeza.

Pero todo, con paciencia, puede entenderse. Y en esta nota intentamos que el ajuste por inflación quede un poco más claro.

Fuente: Freepik

Ajuste por inflación impositivo: una pequeña introducción

El ajuste por inflación impositivo, también conocido como ajuste integral, es un cálculo que corrige el efecto de la inflación sobre el Impuesto a las Ganancias durante el año que se liquida. Para ello se considera cómo impacta la inflación en el patrimonio monetario de una empresa o de una persona.

El índice de ajuste por inflación que se utiliza para hacer el cálculo es el de Precios al Consumidor Nivel General (IPC). Es decir, el ajuste inflacionario sobre la carga impositiva al patrimonio se realiza en función de la variación por inflación que hayan sufrido los demás precios. 

La lógica detrás del mismo es que, al aumentar los precios, el dinero necesario para adquirir los bienes también aumenta. Por lo que el piso de lo que se considera ganancias queda retrasado en función de este monto necesario para la subsistencia.

Considerando que las alícuotas del Impuesto a las Ganancias no se actualizan al ritmo en que aumentan los precios e, incluso, los sueldos (si bien van algo más atrás), el ajuste por inflación busca subsanar de alguna forma las diferencias que se generan.

El ajuste por inflación impositivo puede ser positivo o negativo:

  • positivo, ya que los fondos se vieron perjudicados por la inflación, por lo que el ajuste disminuye esa pérdida;
  • negativo, en tanto los fondos se vieron beneficiados por la inflación, por lo que el ajuste disminuye la ganancia en forma equitativa.

Fuente: Freepik

La historia (reciente) del ajuste por inflación

Este ajuste fue re implementado a partir de la ley 24.430 con ciertas restricciones, pero a fines del 2018, algunas modificaciones que trajo la ley 27.468 intentaron impedir su aplicación efectiva. La forma fue elevar el piso de inflación acumulada durante el primer año para que el ajuste resultara posible a 55%, y se dispuso diferir en tres tercios el efecto del mismo en caso de superarse dicho piso.

Ya en diciembre del 2019, con el cambio de gobierno y la ley 27.542 de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, se dispuso que el ajuste por inflación correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1º de enero de 2019, debía imputarse un sexto (1/6) en ese período fiscal y los cinco sextos (5/6) restantes, en partes iguales, en los cinco (5) períodos fiscales inmediatos siguientes. Esto significaba que el impacto de la inflación no se ajustaba prácticamente nada año tras año.

Pero, a partir del primero de enero del 2021, el ajuste integral ya no presenta restricciones para su aplicación ni tampoco se difiere su efecto. Y al no haberse aprobado la Ley de Presupuesto para el 2022, en este sentido todo sigue igual.

Por lo que, si al cerrar el año fiscal, se aplica el ajuste, el mismo se abonará por completo, siempre y cuando la variación del IPC Nivel General acumulado en los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida resulte superior al 100%. Algo que, en general, viene ocurriendo holgadamente.

Fuente: Pixabay

Actualmente es más sencillo poder computar el ajuste por inflación impositivo, ya que se hace en su totalidad. Pero es un asunto complejo, que ciertamente no podemos agotar en una nota. Por eso, si bien ya sabés lo más básico e indispensable, te recomendamos seguir leyendo e investigando para estar al tanto de todas las variaciones que pueda tener este ajuste.

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Un fumador argentino gasta hasta 829 dólares al año en cigarrillos: son casi cien mil pesos

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Según las estadísticas publicadas en la revista médica The Lancet, el número de fumadores activos en 2019 aumentó a 1,140 millones (1.140.000.000) de personas. La Organización Mundial de la Salud lo llama epidemia de tabaquismo e informa que esta epidemia causa muertes de 8 millones de personas cada año.

Los analistas de Picodi.com decidieron centrarse en el aspecto financiero de fumar: comprobamos cómo difieren los precios de los cigarrillos en más de cien países de todo el mundo y cuánto gasta el fumador promedio en cigarrillos al año.

¿Cuánto cuesta un paquete de cigarrillos en distintos países del mundo?

Entre los países incluidos en este estudio, los fumadores en Australia son los que más pagan por sus cigarrillos. Un paquete con 20 cigarrillos cuesta allí casi US$ 28. Un precio tan alto es el resultado de una política deliberada del gobierno australiano destinada a reducir el número de fumadores. El impuesto especial sobre el tabaco en este país en los años 2013-2020 aumentó un 12,5% cada año.

Nueva Zelanda (US$ 24,75 el paquete), Irlanda (US$ 16,49) y Gran Bretaña (US$ 15,81) también se encuentran entre los países con los cigarrillos más caros.

Argentina en este ranking se encuentra en la posición 82. con el precio medio de US$ 2,27 por un paquete de cigarrillos.

En el otro extremo de la lista se encuentran Nigeria (US$ 0,97 por el paquete) y Kazajstán (US$ 1,18). Los cigarrillos también se venden a bajo precio en Vietnam (US$ 1,32), Colombia (US$ 2,09) y Brasil (US$ 2,18).

Dinero quemado

Los datos de los investigadores muestran que el número anual de cigarrillos fumados alcanza los 7,41 billones (7.410.000.000.000), lo que se traduce en 18 cigarrillos al día por cada fumador activo.

¿Cuánto dinero gastan los fumadores cada año, y qué porcentaje de sus ingresos está siendo devorado por esta adicción? La cantidad de tabaco que se consume varía de un país a otro, pero para los fines de este estudio, asumimos que el fumador promedio compra 365 paquetes por año.

¿Cuánto dinero gastan los fumadores en cigarrillos anualmente?

En Argentina, un fumador que fuma un paquete al día gasta US$ 829 al año en cigarrillos. Es el equivalente al 18% del ingreso neto promedio anual en nuestro país. Fumar tiene un costo similar en Brasil (18%) y México (17%)

Fumar en Jamaica (39%), República Dominicana (41%) y Uganda (45%) consume la mayor parte de los ingresos.

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El Banco Central subió la tasa de referencia a 44,5%

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El Banco Central subió 200 puntos básicos su tasa de política monetaria hasta el 44,5%. Esta es la tercera suba de tasas de interés en lo que va de 2022,

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso este martes 22/03 elevar en 200 puntos básicos la tasa de política monetaria que fija a través de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días, que pasó de 42,5% a 44,5% de Tasa Nominal Anual (TNA), lo que implica que los depósitos a plazo fijo de las personas humanas a 30 días será ahora del 43,5% TNA y del 53,3% de Tasa Efectiva Anual (TEA).

Para evitar que la suba del precio del dinero afecte el crédito para la producción, el BCRA también prorrogó hasta el 30 de septiembre la Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva (LFIP), la principal línea de créditos a mipymes que, hasta el momento, acumula desembolsos por cerca de $ 1,7 billones, a un total de aproximadamente 219.000 empresas.

Esta es la tercera suba de tasas de interés en lo que va de 2022, que había comenzado en 38% para luego subir 200 puntos básicos hasta el 40% en enero, luego se incrementó otros 250 puntos básicos hasta el 42,5% en febrero y, ahora, a 44,5%, ante al objetivo de calibrar un tipo de interés más alineado con los niveles de inflación.

“En sus Objetivos y Planes para 2022, el BCRA informó que comenzaba a dejar atrás el periodo de políticas excepcionales generado por la pandemia y retomaba los lineamentos enunciados en enero de 2020. En ese sentido, se produjeron las subas de tasas en enero y febrero y ahora se ajusta dicha estrategia con el objeto de establecer un sendero de tasa de interés de política de manera de propender hacia retornos reales positivos sobre las inversiones en moneda local y de preservar la estabilidad monetaria y cambiaria”, sostuvo la autoridad monetaria en un comunicado.

Entre ellos enumeró la suba de precios de materias primas e insumos como trigo, maíz, soja, petróleo, gas y fertilizantes que afecta “directa e indirectamente a los precios en Argentina” y que, por ello, “el Gobierno nacional se encuentra desarrollando medidas tendientes a mitigar el impacto en los precios locales”.

En lo que respecta a los depósitos a plazo fijo en pesos, la suba de la tasa de interés implica que, para personas humanas, el nuevo piso será de 43,5% anual para las imposiciones a 30 días hasta 10 millones de pesos, lo que representa un rendimiento de 53,3% de tasa efectiva anual.

Para el resto de los depósitos del sector privado la tasa mínima garantizada se establece en 41,5%, lo que representa una Tasa Efectiva Anual de 50,4%.

Aún así, el BCRA aseguró que “las tasas de interés activas se mantienen en niveles favorables, en especial para la inversión y la producción, y el sector Mipyme”, a la vez que anticipó que “seguirá regulando ciertas tasas claves para el consumo de las familias”.

En ese sentido, la prórroga de la LFIP establece que las entida des financieras deberán mantener un saldo de financiaciones dentro de esta línea que sea equivalente, como mínimo, al 7,5% de sus depósitos del sector privado no financiero en pesos, calculado en función del promedio mensual de saldos diarios a marzo de 2022.

“Esta línea inicia una nueva etapa donde, una vez cumplido el objetivo central que era proteger el aparato productivo durante la pandemia, ahora se orienta a estimular la producción del sector como forma de contribuir con una mayor oferta al control de la inflación”, sostuvo la entidad que preside Miguel Pesce.

Según detalló el Banco Central, las condiciones preferenciales de los créditos otorgados en el marco de la LFIP permitieron que, en términos interanuales y a precios constantes, el saldo de préstamos a Mipymes registraran un crecimiento del orden del 20%.

Entre el 1 de octubre de 2021 y el 28 de febrero de 2022 los préstamos mediante la LFIP alcanzaron los $634.000 millones, d e los cuales -informó el BCRA- el 35% correspondió a proyectos de inversión y el resto a capital de trabajo.

“Dicho saldo representó dos tercios de los préstamos a Mipymes y alrededor del 40% de total de los préstamos comerciales”, concluyó el BCRA.

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Idigoras: ” Argentina es el jugador número 1 del mundo en harina, en aceite y biodisel y el Gobierno castiga eso”

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Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y Centro de Exportación de Granos, participó de la mañana de Open 101.7, tras el anuncio del anuncio de Alberto Fernández respecto del cierre de registro de exportaciones de harina y aceite de soja, los dos primeros productos de exportación y principal fuente de divisas para Argentina, que no inciden de forma directa en la canasta básica ya que son 100% exportables y que, a nivel mundial, ranquean a la Argentina como abastecedor número uno.

Este tema comenzó hace una semana atrás, el cierre estaba vinculado también con la intención del Gobierno de subir retenciones a los productos industrializados de la soja. Buscamos distintas opciones, le propusimos al gabinete económico distintas alternativas” detalló el referente. Entre ellas, mencionó la demostración de que, en contexto de guerra, el Gobierno recaudará 1.330 millones de dólares más con las retenciones actuales sin subirlas y podría utilizar esos fondos o bien; la apertura de nuevos cupos de exportación de maíz y trigo, que hoy está cuotificado -para que el Gobierno que busca asegurar el abastecimiento interno, entonces cuotifica la exportación- y que eso implicaba también que los exportadores pagáramos anticipadamente 700 millones de dólares antes de realizar los embarques.

Todas las alternativas fueron descartadas, el Gobierno privilegió la necesidad de afrontar los próximos pagos de la importación de gas utilizando recursos del grano y por eso es que tomó esta medida pero también creó un Fondo de Estabilización del Trigo que busca tratar de asegurar el precio del pan pero no va sobre el panadero sino que los subsidios se entregarán a la molinería que representa únicamente el 20% del costo total del pan”.

Cabe destacar que los molineros habían presentado anteriormente un plan para evitar llegar al subsidio ya que el trigo representa únicamente entre el 10 y el 15% del precio final del pan. Idígoras considera que “el Gobierno está buscando un culpable de este proceso inflacionario que tenemos en Argentina y está enfocando en una industria de alimentos y sin embargo, nosotros recibimos las mismas consecuencias de la inflación que todos los argentinos que habitan el país y sinceramente no veo que esto vaya a darle una alternativa al precio del pan porque los distintos estudios, pero además reconocidos por el mismo panadero, como máximo representa el 15% del precio final porque el 80% restante es el costo del alquiler, salarios, logística, servicios públicos, etc. que está cargado en el precio que vende el minorista”. 

Para el referente con la nueva medida, el Gobierno subsidiará a otra industria, esa industria puede hacer un esfuerzo para no trasladar a precios, pero sin embargo al consumidor habrá una suba de precios. “Lo mismo ocurrió el año pasado y este año con la administración del Fideicomiso Aceitero, que fue el primer fideicomiso que el Gobierno obligó a constituir. Terminamos inyectando al mercado 22.500 millones de pesos de subsidio para el aceite de girasol y el aceite de mezcla. Sin embargo cuando uno ve los datos del INDEC, el precio en góndola o el precio minorista aumentó el 48% y a la industria no le dieron nada, es decir que efectivamente hay hoy una inflación que va por todos los sectores y que entonces hay que trabajarlo de una manera integral. La política monetaria, fiscal y crediticia”.

“No puede ser que hoy sacar un préstamo productivo para la industria alimenticia del país, la tasa sea del 78%. De qué manera recupera un empresario la capacidad de pagar un préstamo si le están controlando los precios y no se lo dejan subir?”.

Para Idigoras, el cierre de exportaciones y luego la suba de retenciones del 2% en el aceite y harina de soja para subsidiar el precio del pan, es una medida muy preocupante. “Primero porque es sacarle 400 millones de dólares a una industria que ya es la principal industria exportadora y que ya está haciendo un enorme esfuerzo para abastecer al mercado interno de manera subsidiada. El Gobierno considera siempre al agro como un tesoro, como un lugar de donde saca recursos fiscales, más que un lugar de generación de riqueza. Las provincias sabemos perfectamente la importancia del agro y la agroindustria. Podremos tener problemas con algunos cultivos, con el valor de los insumos que están subiendo, pero siempre generamos empleo, de carácter federal e inclusivo, buscamos el valor agregado. En este caso Argentina es el jugador número 1 del mundo en harina, en aceite y en biodisel. Y el gobierno castiga eso y privilegia exportar poroto de soja. Está primarizando las exportaciones, vamos a pasar de 1.600 dólares la tonelada de aceite a 620 dólares la tonelada de soja. Todos perdemos”.

“Aparte de eso, generarán un fondo que lo administrará el Estado. Vamos a ver cómo lo pagan, si lo compensan a la molinería y en qué tiempo lo hacen para que la molinería garantice que el panadero no va a subir los precios. Es muy difícil que eso vaya a funcionar porque el panadero tiene un aumento de todos los demás costos cotidianos”. 

Respecto de la amenaza frente a un próximo congelamiento de precios, Idigoras expresó que el Gobierno ya viene haciendo fiscalizaciones. “El precio está congelado hace un año y medio en presentaciones de 1,5 litros y 900 mililitros. Hay muchas otras fábricas que en vez de comprar el barril grande, compran el producto envasado a góndola y se lo llevan como insumo con lo cual claramente a nivel de consumo aumenta y hay faltantes en un nuvel posterior”. Según el referente, esto pasa porque se generan distorsiones al controlar precios en algunos sectores y en otros no. 

Para concluir, Idigoras especificó que la industria aceitera viene sufriendo hace algunos años un estancamiento. “La soja que solía ser el gran cultivo nacional ha caído. Estamos produciendo en el 2022 lo mismo que se producía 10 años atrás, mientras Brasil y Estados Unidos crecieron enormemente. Por otro lado, la industria tiene una capacidad ociosa del 50% es decir la mitad de cada fábrica que está sobre todo en el cordón de Santa Fé sobre el río Paraná, está apagada. Por otro lado, la bajante del río nos afecta a todos y sobre todo implica un enorme crecimiento del costo logístico. Cada barco que ingresa al río Paraná hoy vale 100% más de lo que valía en marzo del 2021. Son todos costos cotidianos que por supuesto el Gobierno no atiende. Estamos en una situación de precariedad general”. 

En cuanto a paritarias en el sector, detalló que el salario es elevado dentro de lo que es la agroindustria y que el salario inicial ronda en los 200 mil pesos, en adelante. “Uno de los reclamos el año pasado era que no querían tener retención del impuesto a las ganancias porque todo trabajador aceitero lo tiene y para nosotros es un principio fundamental: los trabajadores tienen que estar bien remunerados para que podamos seguir creciendo”

Por último, detalló que están dialogando con distintos referentes en el Congreso y contó que el bloque de Juntos por El Cambio quienes ya hicieron una presentación solicitando la nulidad del decreto, pero además “el Congreso tiene que sesionar la Comisión Bicameral que aprueba y valida los decretos que tiene 10 días hábiles. El problema es que desde hace un año está vacía porque el oficialismo no la quiere constituir, así que también la oposición está reclamando eso. El legislativo tiene que validar decretos sobre todo cuando el Gobierno no tiene facultades como es este caso”.

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