ECONOMIA

El presidente de Volkswagen Argentina estimo que el sector crecerá un 10 por ciento este año

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Para el empresario Pablo Di Si, presidente de Volkswagen Argentina el sector mostrará este 2017 un incremento en las ventas del 10 al 15 por ciento, superando las 800.000 unidades vendidas. Además reveló que VW presentó un proyecto para regular la venta de autos híbridos y eléctricos desde el 2020.

El presidente de Volkswagen Argentina , Pablo Di Si, indicó que:  “Las ventas de 0 km van a aumentar entre un 10 y un 15% este año, por lo que estimamos que van a estar por encima de las 800.000 unidades”, y adelantó que la compañía ya tiene definido el modelo que se fabricará próximamente en la planta bonaerense de General Pacheco.

Di Si también reveló que su empresa presentó un plan al gobierno para que se implemente un marco regulatorio que permita importar autos híbridos y eléctricos con reducción de impuestos hacia 2020.

El máximo directivo local de la automotriz alemana habló con Télam en el marco de la presentación del equipo Audi que participa de la carrera de Fórmula E que se disputará este fin de semana en la zona de Puerto Madero, en la Capital Federal.

Con respecto a las 93.000 unidades patentadas del último mes de enero en el mercado automotor argentino, Di Si consideró que “ese fue un fenómeno estacional, ya que había operaciones comerciales pendientes del diciembre de 2016″.

“Pero febrero también viene muy bien en cuanto a las ventas. Por ahora, las terminales van a seguir con los descuentos y las bonificaciones para comprar 0 km. Es normal que el mercado ofrezca descuentos, pero éstos no pueden ser descabellados. Y en algún momento del año pasado hubo algunos descuentos que fueron descabellados”, evaluó el directivo.

“Así como soy optimista en cuanto a los números de venta de 0 km, estamos siendo muy cautos en el tema de la producción”, de la industria automotriz argentina, acotó Di Si.

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Productores ratificaron el yerbatazo en el Congreso donde repartirán 30 mil paquetes de yerba

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Las asociaciones de productores de yerba mate de Misiones ratificaron la protesta denominada “yerbatazo”, que se llevará cabo en Buenos Aires la semana que viene cuando en la plaza del Congreso repartirán gratis 30 mil paquetes de yerba.
Los productores yerbateros además decidieron mantenerse en estado de asamblea permanente para definir otras medidas a tomar a nivel local, según aseguraron voceros de varias asociaciones de productores primarios.
“Mas allá de lo que resuelvan en el Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), estamos decididos a hacernos oir en Buenos Aires, adonde iremos la semana que viene con camiones y tractores y llevaremos 30.000 paquetes de yerba para repartir gratis en el Congreso y para que la Argentina se entere de los problemas que tenemos para poder producir la hoja verde que luego consumen en todo el país”, afirmó Julio Peterson, miembro de la Asociación de Plantadores Zona Norte.
Esta tarde se reunieron la Comisión directiva del INYM y el subsecretario de Agricultura del ministerio de Agroindustria de la Nación, Luis Urriza, quien llegó hoy a la provincia para consensuar posturas y buscar soluciones a la crisis yerbatera, cuya cosecha se encuentra paralizada por los productores.
El ministro del Agro y la Producción del gobierno provincial, José Luis Garay, admitió que la actividad no está pasando por su mejor momento y sostuvo que el paro es simbólico, “porque la safriña de verano ya terminó y la cosecha regular comienza recién en el mes de mayo”, explicó el funcionario.
Según Garay, el subsecretario Urriza “coincide con nosotros en que hay que implementar de manera urgente un centro de Transacciones donde se pueda controlar la salida de yerba de la zona productora y de esta manera eliminar la comercialización de yerba no declarada que sigue circulando en la región”, señaló.
Por su parte el subsecretario Urriza, señaló que abordaron “todos los temas que preocupan al sector y decidimos convocar a técnicos de la AFIP y a los representantes de todos los sectores de la cadena productiva para trabajar en conjunto y buscar las soluciones puntuales para cada problemática”.
El funcionario nacional calificó como “muy buena” a la reunión y anticipó que “el problema a resolver a la brevedad es el del cumplimiento de los precios pactados por parte de los industriales”, dijo, y aclaró que otras de las prioridades “será redireccionar los mecanismos de financiamiento ya existentes para garantizar que lleguen tanto a los medianos como a los pequeños productores”, enfatizó.
Además del subsecretario Urriza, participaron de la reunión el presidente del INYM, Alberto Re, representantes de los gobiernos de las provincias productoras, (Misiones y Corrientes) y representantes de productores primarios, tareferos, secaderos, cooperativas e industrias.
Sin tener en cuenta las decisiones anunciadas tras la reunión, diversas asociaciones de agricultores vinculados a la yerba mate, el tabaco y el té, continuaron con los cortes de ruta sobre la ruta nacional 14, en las localidades de Oberá, San pedro y San Vicente, y adelantaron que en las próximas horas realizarán otra asamblea, donde analizarán lo resuelto por el organismo nacional, “y después decidiremos de que manera continuaremos con nuestra lucha en la zona productora”, según reveló el dirigente Julio Peterson.
 
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Las propuestas de Misiones para limitar el endeudamiento y achicar el déficit fiscal

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Escriben Martín Leiva Varela Martín y Guillermo Knass, ECONEA. El pasado martes 7 de febrero el Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF), reunido en la Provincia de Neuquén, tuvo como principal finalidad tratar los diversos borradores que tienen como eje modificar la actual Ley de Responsabilidad Fiscal Nº 25.917.

En los papers que se estuvieron trabajando por los Ministros de Economía y  Hacienda de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conjuntamente con la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, sujeto a análisis y discusión por los funcionarios, tiene como punto central la reducción del déficit fiscal, limitar el nivel de erogaciones al culminar los mandatos, creación de un fondo “anticíclico” y establecer límites para el nivel de endeudamiento.

Principales ítems en tela de discusión:

  1. Reducción del déficit fiscal: como medida transitoria y de avance en la modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, en el artículo 49 de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional 2017 se estipuló que las Jurisdicciones que hayan ejecutado un resultado primario deficitario en el año 2016, deberán adoptar las medidas conducentes a fin de impulsar la convergencia fiscal, por tal efecto, deben reducir un 10 % su déficit en el ejercicio 2017 en términos del PBI.

 

 

En el correr de los años se observa una clara persistencia de un déficit fiscal (Gastos Gubernamentales mayores a los Ingresos Gubernamentales) consolidado en la ejecución presupuestaria de las 23 Provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde para el 2016 la Subsecretaria de Relaciones con Provincias (SSRP), a cargo de Paulino Caballero, estima un resultado Financiero negativo de 81.090 millones, es decir, un incremento del 43 % con respecto al observado en el 2015. Esta situación fue agravada  por los costos fiscales que padecieron las Jurisdicciones a consecuencia del Aumento del Mínimo No imponible del Impuesto a las Ganancias, Devolución del IVA a grupos vulnerables, Diferimiento del IVA a las pymes, y demás acciones nacionales que aplanaron el nivel de actividad económica nacional y por ende, los recursos atados a la misma.

Por ello, las Jurisdicciones para el corriente año deberían reducir su déficit fiscal a un porcentaje equivalente del 0,68 % del PBI corriente del 2017, siempre y cuando se verifique la proyección efectuada por la SSRP.

Por su parte, el Gobierno Nacional solicitó que se excluya de la determinación del Déficit Fiscal Nacional, el resultado deficitario del ANSES, una medida poco ortodoxa pero que abrirá la posibilidad de incorporar otras formas de cálculo del equilibrio fiscal (excluyendo o incluyendo otros ítems que soliciten las provincias).

Adicionalmente, en los borradores recientes se busca que las Jurisdicciones ejecuten sus presupuestos preservando el ahorro corriente (Ingreso corriente – Gasto corriente), donde en el caso de plasmarse dicho limitante la Provincia de Buenos Aires no estaría cumpliendo dicho parámetro por contar con un desahorro corriente de $ 7.395,9 millones de Pesos acumulado al Tercer Trimestre del 2016.

 

  1. Limitar al Endeudamiento: a propuesta de la Provincia de Misiones y con el objeto de no comprometer a las generaciones futuras, se propone un manejo sostenible del nivel de endeudamiento tanto para el Gobierno Nacional como para las demás Jurisdicciones, donde el Stock de Deuda no debe superar el 60 % del Producto Bruto Interno en el caso del Gobierno Nacional y el 50 % del total de recursos presupuestados y ejecutados, en su caso, por los Gobiernos Provinciales.

Aquellas jurisdicciones que superen los parámetros establecidos precedentemente estarán limitadas a la hora de adoptar un nuevo endeudamiento.

 

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La evolución de ambos indicadores refleja la clara adopción de una política de desendeudamiento que viene adoptando la Provincia, con una reducción del 23 % del Stock de deuda en relación al Producto Bruto Provincial del año 1999 con respecto al 2014, como así también, una reducción del 131 % del Stock de deuda en relación a los ingresos totales de la Provincia con relación al periodo 2005 con respecto al 2015.

 

  1. Fondo anticíclico: a los fines de paliar los panoramas económicos adversos, se está estudiando la posibilidad de crear un fondo de estabilización originado por los excedentes del resultado económico en épocas de expansión y utilizado, siempre y cuando, se observe una recesión económica  por parte de las Jurisdicciones mediante la caída de determinados indicadores que están en tela de discusión. Dicho fondo “anticíclico” se constituiría con un porcentaje no menor al 50% del excedente de recursos corrientes de rentas generales, de cualquier origen, que se produzcan respecto del cálculo previsto en el presupuesto, es decir, si una Provincia tiene presupuestado un total de ingresos corrientes  de rentas generales (Recaudación IIBB, Sellos, Coparticipación Federal, entre otros) por un importe de $ 100 y un gasto corriente (sueldos, bienes, servicios y transferencias) estimado de $ 50, la jurisdicción deberá constituir el fondo estabilizador por $ 25 ($ 50 x 0,5) en estos supuestos.
  2. Límites de las erogaciones en las transiciones: se pretende establecer límites a los funcionarios nacionales y provinciales en los periodos de culminación de su mandato, restringiendo la adopción de medidas tendientes a incrementar los gastos corrientes, como ser, aumentar tanto el plantel de empleados públicos, subvenciones o las contrataciones de servicios, entre otros, que tengan el carácter de permanente y no estén fundados en emergencias de tipo social, por la razón de que dichas medidas condicionarían al sucesor, dado que si no van acompañadas de mayores ingresos, el nuevo representante deberá buscar un nuevo financiamiento a través de mayores impuestos (más presión fiscal), endeudamiento (no es sano para gastos corrientes) o resignar erogaciones de capital previstas perjudicando el desarrollo económico a largo plazo. Asimismo, en sintonía con dicha limitación se prohibiría otorgar determinados beneficios fiscales (exenciones, baja de alícuotas, etc) al finalizar los mandatos que aumenten el costo fiscal (resignación de recursos por parte del Estado) que puedan afectar la gobernabilidad de los sucesores.

El avance de los puntos mencionados precedentemente dependerá del consenso de las Jurisdicciones y del Estado Nacional, en la que se deberán determinar cómo, cuándo y cómo se irán midiendo el cumplimiento de dichos parámetros, como así también, sus estructuras. Explícitamente implicaría estudiar la visión del accionar del Estado en la economía doméstica, dado que si se pretende reducir la presión fiscal (menores recursos para las Provincias) generaría un limitante en las funciones inherentes de los Gobiernos como ser en la asignación y distribución de los recursos y en la estabilización de los ciclos económicos. Salvo el caso, de que el Estado Nacional resigne en la Nueva Ley de Coparticipación un porcentaje de lo que le corresponde en la distribución primaria de la masa de recursos coparticipables a favor de las 24 Jurisdicciones.

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Paraguay: Tigo pagará 60 millones de dólares a los clubes paraguayos por derechos de televisación

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La Asociación Paraguaya de Fútbol y la telco Tigo firmaron un nuevo acuerdo donde la empresa destinará 60 millones de dólares a los clubes y será el sponsor de la Albirroja hasta 2022. En Argentina siguen las negociaciones para los derechos de televisación del fútbol.

El fútbol ya no es un commodity, es Premium y los derechos de televisación son un negocio en todos los países de la región. En Paraguay la telco Tigo pagará a cada club de primera más de un millón de dólares por año y auspiciará a la selección Guaraní hasta el 2022.

Los 12 clubes de 1ra. División A de Paraguay llegaron a un acuerdo con la empresa dueña de los derechos de la televisación, la telco Tigo, y cada uno recibirá US$ 1.100.000 por año, cuando anteriormente recibirán US$360.000.

Millicom International Cellular, S.A. es un operador de telefonía móvil que opera comercialmente bajo la marca Tigo. Su sede legal se encuentra en ciudad de Luxemburgo pero su sede operativa está en Miami (Florida, USA). En julio de 2012 el Grupo Clarín le vendió sus acciones de Cablevisión (Paraguay) en US$ 150 millones.

En noviembre 2012, Tigo obtuvo la licencia para operar Cablevisión llamado después Tigo Star. También un canal de cable propio que integra su lista de señales, con programación propia llamado Unicanal. Desde octubre de 2013, inauguró su canal de música, denominado “HEi. Social Music Networ k”. En febrero de 2014 inicio sus transmisiones el 1er. canal de deportes paraguayo, “Tigo Sports”.

Robert Harrison, titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), y Tigo firmaron el nuevo contrato que irá hasta el 2020. Antes, las instituciones recibían US$360.000 por temporada tras el antiguo arreglo en la presidencia de Juan Ángel Napout y, posteriormente, Alejandro Domínguez.

Además, Tigo le construirá una sede propia a la APF en los 12.000 m2 de terreno cedido por el Comité Olímpico en el predio de Ñu Guazú. Y seguirá como sponsor de la Selección Paraguaya hasta 2022.

En Argentina esperan duplicar los ingresos por la televisación

En la Argentina, el fútbol profesional está en una etapa de reconstrucción: se reformará el estatuto de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), se elegirá al comprador de los derechos de televisación de los partidos, se creará la Superliga y se votará una nueva Comisión Directiva.

En la Asociación del Fútbol Argentina se pelea, sin cuartel, por conseguir el mejor contrato posible de televisación del fútbol. Hay algunas dificultades importantes para concretarlo: la AFA tiene fama de falta de credibilidad o seguridad jurídica. De hecho, rompió en forma muy cuestionable el contrato que tenía con Grupo Clarín/Torneos y Competencias, y muchos de los dirigentes de entonces también lo son ahora.

Ellos tienen a su favor el rol del fútbol profesional, en particular; y el deporte, en general, en los paquetes premium del triple play y cuádruple play, espacio de competencia entre las telcos, la tv por cable y los proveedores de banda ancha.

En la AFA esperan duplicar los ingresos por televisación con respecto al Fútbol Para Todos. En 2016 el contrato con el Estado pagó casi $1.700 millones. En 2017, la base mínima en la licitación a sobre cerrado es de $3.000 millones por temporada.

La dirigencia del fútbol argentino viene negociando desde hace meses con Fox Sports + Turner, luego irrumpió ESPN, e inclusive un fondo de propiedad intelectual, marcas registradas y derechos de difusión Consor.

Es un negocio complejo, de alcance global y en ebullición por cuestiones de tecnología pero también por nuevos conceptos en la comercialización de todo lo que sean servicios Premium, del que no sólo participan los canales de TV sino también las cableoperadoras y las telcos.

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Economistas ven un dólar “atrasado”

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La divisa estadounidense cerró la semana por debajo de los $ 16 y así se mantiene en los mismos valores que hace un año atrás. Qué frena una suba para ayudar a mejorar la competitividad que reclaman los exportadores.

Durante la última semana el dólar se movió por debajo de los $ 16 y así siguen en valores similares a los de hace un año atrás. Por ejemplo, el 29 de febrero de 2016 la divisa se negociaba en $ 15,90 para la venta, precio algo más alto al que se negoció en las ruedas de la semana que pasó con valores cercanos a $ 15,70. Estos precios en el mercado, para los inversores son “baratos”, pero para algunos sectores de la economía son preocupantes. Es así como se refuerza la idea de que el dólar está atrasado.

Comerciantes e industriales misioneros coinciden con los análisis de los economistas y empresarios de otras partes del país y plantean que ese atraso es el que frena la competitividad de las empresas locales.

“El dólar está atrasado y es necesario mejorar la competitividad. En tiempos de turbulencia financiera y en un mundo en donde no se sabe a dónde va Trump con sus políticas”, sostuvo Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI.

En este contexto, el también exgerente de la Cámara de Importadores remarcó que “es urgente poner en marcha un acuerdo de competitividad y en este contexto el atraso cambiario es uno de los puntos a modificar. Otro de los temas es la accesibilidad al crédito de las empresas, y mejorar las asimetrías en el tratamiento impositivo”.

Los exportadores muestran preocupación al respecto debido a que los costos internos, con una inflación que aún no se logró controlar, siguen aumentando en porcentajes muy superiores a los que lo hace el dólar.

“El dólar está muy atrasado. Esto es visible cuando en el trascurso de un año tenes una inflación del 40% y un tipo de cambio que casi no se movió y se encuentra en niveles similares a los del año pasado. El dólar no está evolucionando de la misma manera que la inflación”, afirmó Pablo Mingrone, analista de PR Cambios. En este sentido recordó que: “Las consultoras pronosticaban un dólar cercano a los $ 18 el año pasado para esta fecha y ahora recién ven ese precio para el 2018”.

Este panorama, con los precios actuales, es preocupante para los exportadores y distintos sectores industriales y nada hace pensar que se modifique en el corto plazo. Durante el primer semestre el dólar no mostrará saltos bruscos, salvo en casos circunstanciales. Pese a que algunos exportadores guarden la cosecha en silobolsas hasta encontrar precios más atractivos, una parte esa producción se liquida y es suficiente para que presione el precio del dólar durante los próximos seis meses.

Otro factor que presiona sobre la competitividad es la escalada del dólar en comparación con otras monedas de la región. Esto, por ejemplo, impacta sobre el Real de Brasil y afecta directamente en el intercambio comercial con nuestro principal socio.

El economista José Luis Espert, considera que “sin dudas hay un tipo de cambio atrasado” y plantea que “el dólar de diciembre de 2001, al valor de hoy, es muy similar” al actual.

Para el consultor económico, lo que causa el atraso cambiario es la política de financiamiento del déficit fiscal a través de la deuda externa, sumado a “un programa antiinflacionario muy demandante”.

Cabe señalar que el último dato oficial de la Estimación de la Deuda Externa Bruta por Sector Residente que publicó el INDEC en su Balanza de Pagos detalló que la misma alcanzaba al cierre del tercer trimestre de 2016 los u$s 188.778 millones, de los cuales u$s 123.003 millones corresponden al Sector Público no Financiero y BCRA; u$s 62.311 millones al Sector Privado no Financiero, y u$s 3.464 millones al Sector Financiero (sin BCRA). En tanto, los dólares de deuda llevaron a las reservas por encima de los u$s 45.000 millones, su mayor nivel desde septiembre 2011, según datos del BCRA.

“Vamos a un dólar en la Argentina cada vez más barato. El tipo de atraso de tipo cambiario es un problema de fondo de la política del Gobierno”, remarca Espert al tiempo que agrega: “La política monetaria es inconsistente con la de déficit, que mantiene una tasa de interés muy alta. Que no haya política de integración entre la política fiscal y la monetaria es culpa de esta cosa absurda de un Banco Central autónomo”.

En esa línea, el economista y director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (C.E.S.O.), Andrés Asiain, sostiene que la decisión de mantener un tipo de cambio bajo es “política” y añade que “el principal componente del ingreso de divisas es el endeudamiento externo público”.

“Entiendo que la intención es usar el ancla cambiaria para desinflar los aumentos de precios con el viejo método del dólar barato como herramienta antiinflacionaria con cierta apertura importadora”, explica Asiain en el portal Ambito.

Según el economista, el objetivo del Gobierno es desacelerar la inflación “que se había salido de madre cuando en la primera etapa, por falta de conseguir dólares en el mercado financiero, hubo que hacer un acuerdo con grupos exportadores que exigían un dólar alto, que aceleraba la inflación”.

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