EL PAIS

Misiones fue premiada en Argentina Orgánica y se consolida como referente nacional en producción sostenible

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El Ministerio del Agro y la Producción de Misiones recibió una nueva distinción en los Premios Argentina Orgánica durante el V Encuentro Federal de Producción Orgánica en CABA. El reconocimiento destaca una política pública que desde 2021 impulsa la transición productiva, la asistencia técnica y la innovación territorial, posicionando a la provincia como referente nacional del sector.

Un reconocimiento nacional a una política pública sostenida desde 2021

Misiones volvió a ocupar un rol central en la agenda agroalimentaria del país. Este miércoles, en el marco del V Encuentro Federal de Producción Orgánica realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio del Agro y la Producción fue distinguido en los Premios Argentina Orgánica en la categoría “Programa municipal, provincial o biodistrito”.

El evento reunió a organismos nacionales, instituciones provinciales, certificadoras y empresas del sector en un espacio de planificación y articulación federal.

El premio reconoce la implementación del Programa de Promoción de la Producción Orgánica, una estrategia iniciada en 2021 que integró formación, articulación institucional, asistencia técnica, innovación digital y comunicación pública. Desde entonces, Misiones sostiene una política pública integral destinada a acompañar a productores en la transición hacia sistemas más sostenibles y competitivos.

Durante la ceremonia, el ministro del Agro, Facundo López Sartori, afirmó: “Este premio vuelve a posicionar a Misiones como un actor clave en la agenda nacional de alimentos orgánicos. Es un reconocimiento al esfuerzo técnico, territorial y humano que durante años venimos construyendo para que la transición orgánica sea una oportunidad concreta para cada productor”.

Innovación territorial: del acompañamiento técnico a la CheckList Orgánica

La distinción se inscribe en un proceso progresivo que incluye un antecedente clave: Misiones ya había sido premiada hace dos años por su campaña de promoción de la producción orgánica, consolidando un trabajo sostenido en formación y sensibilización pública.

Entre las herramientas destacadas se encuentra la CheckList Orgánica, un autodiagnóstico digital que permite a los productores evaluar su nivel de cumplimiento con la Norma Orgánica Argentina y planificar su transición.
La plataforma está disponible en: https://gis.agro.i-bc.com.ar/diagnosticos/registro

La subsecretaria de Desarrollo y Producción Vegetal, Luciana Imbrogno, destacó que la distinción “es parte del resultado de un trabajo constante, que articula acompañamiento técnico, formación de recursos humanos y herramientas innovadoras como la CheckList Orgánica”.

Agregó que la producción orgánica “dejó de ser una excepción para convertirse en una meta alcanzable, con diferenciación y valor agregado”.

La directora general de Yerba Mate y Té, Tatiana Bida, reforzó el impacto sectorial: “Este reconocimiento también pertenece a las cadenas productivas que se animan a dar el salto. En yerba mate y té venimos acompañando procesos que integran buenas prácticas, trazabilidad y manejo responsable”.

El rol estratégico de la comunicación en la agenda orgánica provincial

El jurado destacó especialmente la dimensión comunicacional de la estrategia misionera. La directora de Comunicación del Agro, Josefina Pividori, subrayó que “la comunicación es un recurso clave que acompaña e impulsa la transformación productiva. No es solo contar lo que se está haciendo; es construir una agenda que acerque lo orgánico al consumo cotidiano”.

La funcionaria agregó que el reconocimiento refleja “la construcción de un relato coherente entre lo dicho y lo hecho, brindando nuevas oportunidades para el sector agroalimentario”.

El Encuentro Federal incluyó además rondas de negocios, conversatorios temáticos y una exposición de proveedores de bioinsumos, espacios donde Misiones pudo intercambiar experiencias y proyectar nuevas acciones para 2026.

Con este premio, la provincia reafirma una política pública que combina innovación, territorialidad, asistencia técnica y comunicación estratégica para impulsar un modelo productivo más seguro, competitivo y sostenible. De cara al próximo año, la cartera agraria anticipó que continuará profundizando esta agenda para fortalecer la identidad agroproductiva de Misiones en el mapa nacional.

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El INTI elimina el Servicio Argentino de Calibración y Medición

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El INTI disuelve el Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC) y concentra la certificación en el OAA para fortalecer el Sistema Nacional de Calidad

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) oficializó la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC), creado en 1985, con el objetivo de eliminar superposiciones con el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y robustecer el Sistema Nacional de Calidad. La medida, alineada con las políticas nacionales de desregulación y eficiencia administrativa, busca impulsar que los laboratorios certifiquen directamente ante el OAA, organismo con reconocimiento internacional.

Unificación institucional: por qué se elimina el SAC tras casi cuatro décadas

La decisión fue anunciada este 2 de diciembre de 2025 y se fundamenta en la necesidad de corregir una estructura duplicada dentro de la gestión de la calidad. Tanto el SAC como el OAA intervenían en la autorización de Certificados de Calibración y Medición, generando —según los argumentos oficiales— una superposición de funciones que afectaba la eficiencia del sistema.

La medida se enmarca en las políticas de desregulación, desburocratización y simplificación impulsadas por el Gobierno Nacional para optimizar el uso de los recursos públicos y promover un entorno técnico más competitivo para la certificación de calidad.

De acuerdo con el INTI, la disolución del SAC permite avanzar hacia un esquema unificado que fortalece la capacidad de los laboratorios para obtener acreditaciones internacionalmente reconocidas. El OAA, como organismo central del sistema, cuenta con el respaldo de entidades globales como ILAC, IAF, IAAC, la OCDE y el International Halal Acreditation Forum (IHAF).

Reconfiguración del Sistema Nacional de Calidad: nuevas competencias y transición para los laboratorios

El rediseño normativo se apoya en la Resolución Nº 276/24 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Esta normativa habilita a los entes privados —además del INTI— a efectuar la aprobación de modelos y verificaciones periódicas de instrumentos de medición, una función históricamente concentrada en el ámbito estatal.

Según los fundamentos oficiales, la nueva estructura apunta a: Consolidar un sistema de calibración más robusto bajo la coordinación del OAA. Eliminar barreras técnicas al comercio, facilitando procesos más ágiles para empresas y laboratorios. Promover la transparencia y estandarización, al operar bajo acreditaciones reconocidas globalmente. Fortalecer la competitividad, mejorando la inserción de productos y servicios argentinos en mercados internacionales.

La Dirección Operativa del INTI garantizó una transición ordenada, de modo que los laboratorios puedan iniciar formalmente los procedimientos necesarios para la acreditación ante el OAA. Esto implica migrar sus certificaciones al nuevo régimen y adecuar procesos internos a los estándares exigidos por el organismo.

Laboratorios, industria y comercio exterior

El rediseño del esquema de certificación genera consecuencias directas para industrias que dependen de la calibración y medición para operar:

Laboratorios privados y públicos

La eliminación del SAC implica que todos deberán certificar ante el OAA, un organismo con estándares estrictos y homologación internacional. Esto puede elevar la competitividad pero exige inversiones en adecuación técnica.

Empresas industriales

La simplificación del sistema busca reducir tiempos y costos en la aprobación de modelos y verificaciones periódicas, especialmente en sectores donde la trazabilidad de mediciones es crítica —manufacturas, alimentos, construcción, energía, logística.

Comercio exterior

El reconocimiento internacional del OAA facilita la aceptación de certificaciones argentinas en otros mercados, reduciendo la necesidad de ensayos duplicados y potenciando la inserción de productos locales.

Estado nacional

El nuevo esquema se alinea con la estrategia de eficiencia administrativa, reducción del gasto operativo y fortalecimiento de estándares compatibles con organismos multilaterales.

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El Gobierno redefine la segmentación audiovisual y actualiza el esquema de espacios electorales gratuitos

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La Jefatura de Gabinete aprobó una reconfiguración integral del esquema que determina cómo los servicios de comunicación audiovisual ceden tiempo de programación para fines electorales. La medida, formalizada mediante la Resolución 160/2025, reemplaza el anexo de la Resolución 675/2023 y redefine los porcentajes que cada segmento de prestadores deberá aplicar como pago a cuenta de impuestos nacionales. La decisión actualiza el marco regulatorio tras los cambios normativos introducidos por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y la derogación del Reglamento General de los Servicios de TV por Suscripción.

Un nuevo esquema de segmentación para un sistema audiovisual en transformación

La resolución, fechada el 28 de noviembre de 2025, sustituye el anexo que establecía la segmentación entre licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual. El cambio se sustenta en el artículo 2 del Decreto 342/2023, que delegó en la Jefatura de Gabinete la responsabilidad de definir los parámetros para distribuir el monto previsto como pago a cuenta de impuestos nacionales.

La norma recuerda que la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos obliga a los servicios de comunicación y televisión por suscripción a “ceder en forma gratuita el CINCO POR CIENTO (5%) del tiempo total de programación para fines electorales”, y que desde 2020 la mitad de ese porcentaje puede imputarse al pago de tributos nacionales.

El nuevo anexo —identificado como ACTO-2025-124252227-APN-ENACOM#JGM— actualiza la clasificación de segmentos y porcentajes, con una estructura que abarca:

  • Segmento A (AMBA):
    • TV de media y alta potencia: 35 %
    • AM de media y alta potencia: 9 %
    • FM de media y alta potencia: 9 %
    • Servicios de baja potencia y no categorizados: 3 %
  • Segmento B (ciudades > 600.000 habitantes):
    • TV media y alta potencia: 10 %
    • AM media y alta potencia: 3 %
    • FM media y alta potencia: 2 %
    • Servicios de baja potencia y no categorizados: 1 %
  • Segmento C (ciudades entre 100.000 y 599.999 habitantes):
    • TV media y alta potencia: 9 %
    • AM media y alta potencia: 2 %
    • FM media y alta potencia: 2 %
    • Servicios de baja potencia y no categorizados: 1 %
  • Segmento D (ciudades < 100.000 habitantes):
    • TV, AM y FM de media y alta potencia: 1 %
    • Servicios de baja potencia y no categorizados: 1 %
  • Segmento E (señales inscriptas en el Registro del art. 58 de la Ley 26.522): 10 %

La distribución será “igualitaria dentro de cada segmento”, según establece el artículo 2º de la resolución.

Decreto 70/2023, impacto normativo y redefinición del mapa regulatorio

El Gobierno fundamenta la nueva estructura en el profundo cambio regulatorio provocado por el DNU 70/2023, que declaró la emergencia pública en materia económica, administrativa, fiscal y tarifaria hasta el 31 de diciembre de 2025.

En particular, el artículo 329 del decreto modificó la Ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para incorporar como servicio TIC a la “radiodifusión por suscripción mediante cualquier vínculo”, exceptuándola de las disposiciones de la Ley 26.522. Ese cambio implicó desregular la estructura histórica del sector audiovisual y habilitar la revisión de reglamentos previos.

Como consecuencia, el ENACOM derogó en 2024 el Reglamento General de los Servicios de Televisión por Suscripción (Resolución 1491/2020), lo que tornó necesario adecuar toda la arquitectura de segmentación definida en 2023.

La resolución 160/2025 señala que este rediseño responde a la necesidad de “adaptar el marco regulatorio de los servicios de televisión por suscripción” a un ecosistema que, según el propio DNU, debe contar con “mayor libertad para su desarrollo” a fin de eliminar “barreras y restricciones estatales”.

Financiamiento político, medios y federalismo regulatorio

El rediseño del esquema impacta de manera directa en tres frentes:

Financiamiento electoral y acceso equitativo a los medios

La cesión del 5% del tiempo de programación es uno de los pilares del sistema de comunicación electoral argentino. La redefinición de segmentos puede alterar los niveles de exposición de los partidos políticos en distintas regiones y plataformas, especialmente en provincias con gran dispersión geográfica.

Competencia en el sistema de medios

La distribución igualitaria dentro de cada segmento, sumada a la reclasificación de potencias y localizaciones, puede cambiar el equilibrio entre prestadores de AMBA y del interior. El nuevo esquema reduce brechas históricas en la asignación entre servicios de mayor alcance y emisoras locales.

Federalismo comunicacional

Al incorporar ciudades según rangos poblacionales (más de 600.000 habitantes, entre 100.000 y 599.999, y menos de 100.000), el modelo funcionará como una matriz federal que distingue realidades muy heterogéneas. Esto puede derivar en pedidos de revisión por parte de cámaras, grupos regionales y operadores independientes.

Reacciones esperadas y próximos pasos

La norma obliga a los prestadores a ajustar sus declaraciones de pago a cuenta de impuestos según los nuevos porcentajes. El proceso podría activar consultas ante el ENACOM, especialmente por parte de operadores medianos y pequeños.

La resolución será publicada en el Boletín Oficial, con el anexo técnico disponible para descarga, y deberá ser tomada como referencia para el próximo ciclo electoral.

Al tratarse de una disposición basada en un DNU vigente hasta diciembre de 2025, el esquema podría ser revisado si hubiera modificaciones legislativas o reformas integrales en materia de telecomunicaciones y servicios audiovisuales.

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Reforma del Código Penal: el Gobierno endurece penas y el 82% de los delitos será de cumplimiento efectivo

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El Gobierno impulsa una reforma integral del Código Penal, subirán penas en casi 20 delitos y el 82% tendrá cumplimiento efectivo

El Gobierno presentó este lunes una reforma estructural del Código Penal que endurece las penas en casi veinte delitos, elimina la prescripción para crímenes considerados de alta gravedad y establece que el 82% de los delitos deberán cumplirse de manera efectiva. La iniciativa, anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, redefine el régimen penal argentino con impacto directo en el funcionamiento judicial, el sistema penitenciario y la política criminal del Estado.

Endurecimiento de penas y ampliación de figuras agravadas

Según explicaron Adorni y Bullrich, el proyecto eleva de forma significativa los mínimos y máximos de una amplia gama de delitos, comenzando por el homicidio simple, cuya escala pasará de los actuales 8 a 25 años a 10 a 30 años. Para el homicidio agravado, que ya contempla la prisión perpetua, se sumarán nuevos supuestos, incluyendo: víctimas que sean Presidente, Jefe de Gabinete o ministros, personal educativo asesinado por su condición de tal, víctimas menores de 16 años o mayores de 65, hechos cometidos en lugares de concurrencia masiva o con armas aptas para causar muertes múltiples, crímenes perpetrados por miembros de organizaciones criminales o dentro de centros de detención.

La reforma también modifica delitos de alta incidencia cotidiana. Lesiones leves: de 1 mes–1 año a 1–3 años. Lesiones por conducción imprudente: la figura simple será de 2–6 años y la agravada de 3–6 años. Abuso de armas: máximo de 6 años. Omisión de auxilio: pasa de multa a 1–6 años, con agravante de 2–8 años si la víctima es menor de 13 o mayor de 65. Hurto: se eleva a 3 años. Robo: nuevas escalas diferenciadas y figuras específicas para modalidades como “motochorros”, “viudas negras” y robos en lugares de concurrencia masiva. El robo simple será de 3–8 años con fuerza en las cosas y de 3–10 años cuando haya violencia.

En delitos vinculados a integridad sexual y menores, la reforma endurece significativamente las penas. Pornografía infantil: de 3–6 años a 3–12 años. Posesión con fines de distribución: pasa de 6 meses–2 años a 4–12 años. Trata de personas: límite máximo de 10 años en la figura básica y 15 años en la agravada.

Para delitos contra la administración pública, se intensifica el castigo por cohecho, que será de 3–10 años, con un tercio adicional en contrataciones públicas. Cuando el autor sea Presidente, Vicepresidente o Jefe de Gabinete, la escala sube a 5–15 años.

La usurpación, delito de alto impacto territorial, tendrá una pena de 10 años en su figura simple y 12 años en la agravada, además de multas.

Imprescriptibilidad, fin de la excarcelación automática y nuevas reglas para la ejecución de condenas

El proyecto incorpora cambios profundos en materia de prescripción. Según el Gobierno, existen delitos cuya gravedad “no puede verse condicionada por el tiempo”. Por ello, se declara imprescriptible una amplia lista de conductas, entre ellas: homicidio agravado, abuso sexual y grooming, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y su financiamiento, tráfico y contrabando de estupefacientes, procesos contra organizaciones criminales, atentados al orden constitucional.

La reforma también suma nuevos actos que interrumpen el plazo de prescripción, como la orden de captura o el pedido de extradición.

En cuanto al cumplimiento efectivo de las penas, el proyecto elimina la posibilidad de ejecución condicional en un conjunto amplio de delitos. Según la presentación oficial, el sistema actual habilita la “puerta giratoria”, ya que condenas menores a tres años pueden cumplirse en libertad. Con los nuevos mínimos más altos, el 82% de los delitos deberá cumplirse efectivamente.

Entre los delitos que ya no permitirán excarcelación condicional se encuentran: estragos agravados, robos especialmente agravados, tenencia de arma de guerra sin autorización, portación ilegal de armas de fuego de uso civil.

También se modifican las reglas de libertad anticipada, excluyendo: homicidio, robo seguido de muerte, robo con armas, delitos dolosos cometidos por funcionarios en ejercicio.

Respecto de la ejecución de condenas, se establece que comenzarán a cumplirse cuando el tribunal rechace el recurso extraordinario federal, sin esperar indefinidamente la intervención de la Corte Suprema.

La reforma incluye dos medidas de alto impacto institucional. La pérdida de la jubilación de privilegio para funcionarios públicos condenados por cualquier delito. Y la confirmación de que la prisión perpetua “implicará para siempre”.

El proyecto también fortalece el marco de la legítima defensa, introduciendo una presunción favorable a quien responde ante un ataque.

Impacto institucional y reacciones esperadas

El Gobierno presenta la reforma como un salto cualitativo en política criminal, enfocado en la prevención, la disuasión y el castigo efectivo. La ministra Patricia Bullrich ubicó los cambios dentro de una estrategia de “tolerancia cero” frente al delito, mientras que Adorni enmarcó el proyecto como parte de un rediseño normativo integral.

El nuevo esquema tendrá consecuencias directas en: el sistema penitenciario, que deberá albergar más condenados y por plazos más extensos; la Justicia penal, que incorporará nuevas figuras, escalas y causales de interrupción de prescripción; la función pública, dado el impacto de la pérdida de jubilaciones de privilegio; la sociedad civil y las víctimas, que adquieren nuevas instancias de participación en decisiones vinculadas con beneficios penitenciarios.

También se prevé una reconfiguración del mapa delictivo, especialmente en delitos urbanos como robo, hurto y abuso de armas, y en delitos federales como narcotráfico y trata.

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Iguazú, entre los aeropuertos que recibirán obras por USD 500 millones anunciadas por el Gobierno

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El Gobierno anunció inversiones por USD 500 millones en 13 aeropuertos y confirmó nuevas obras en Iguazú, Aerolíneas comprará 8 aviones con fondos propios

En una conferencia de prensa encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno anunció este lunes un paquete de inversiones estratégicas para el sistema aéreo nacional: la compra de ocho aviones para Aerolíneas Argentinas financiados con recursos propios y un plan de obras por USD 500 millones en trece aeropuertos del país. Entre ellos, se encuentra el aeropuerto de Iguazú, una de las terminales clave para el turismo internacional y la economía regional de Misiones.

Aerolíneas Argentinas sumará ocho aviones propios tras revertir su déficit operativo

El primer anuncio estuvo centrado en la reconversión económica de Aerolíneas Argentinas. Adorni confirmó que la compañía estatal incorporará ocho nuevas aeronaves sin aporte del Tesoro, una medida que atribuyó al “proceso de racionalización” aplicado por el Gobierno nacional.

Según detalló, la transformación financiera se sostuvo en cuatro pilares: reducción del 18% de la planta de personal, cancelación de rutas deficitarias, cierre de sucursales, y concentración de operaciones en destinos estratégicos.

Adorni afirmó que la aerolínea pasó de registrar pérdidas operativas anuales promedio de USD 400 millones a un superávit de USD 56,6 millones en 2024, con una proyección de duplicar ese resultado en 2025. En ese marco, subrayó:
“Este año va a ser el primero en 16 años que la compañía no recibe fondos del Estado”.

El anuncio implica un cambio estructural para la competitividad del sector aéreo, particularmente en destinos turísticos de alta demanda como Iguazú, donde la disponibilidad de flota incide directamente en la conectividad regional y en la llegada de turistas internacionales.

USD 500 millones para modernizar 13 aeropuertos: Iguazú entre las prioridades del plan federal

En el segundo tramo del anuncio, Adorni confirmó que el Gobierno avanzará en un programa de obras coordinado entre la concesionaria Aeropuertos Argentina y el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, con una inversión total de USD 500 millones destinada a 15 proyectos en 13 terminales del país.

Entre los aeropuertos incluidos se encuentra el Aeropuerto Internacional de Iguazú, infraestructura clave para el corredor turístico de las Cataratas, el destino más visitado de la Argentina y uno de los motores centrales de la economía misionera.

Además de Iguazú, el plan abarca las terminales de Aeroparque, Ezeiza, Córdoba, Río Grande, Río Gallegos, Formosa, San Rafael, Salta, Resistencia, Tucumán, Bariloche y Mendoza.

Las obras previstas incluyen: nuevas terminales o remodelaciones integrales, ampliación de salas de preembarque, mejoras en pistas de aterrizaje, y modernización general de los espacios operativos.

Adorni lo definió como un paso para “que todos los argentinos puedan viajar mejor”, subrayando el impacto federal del programa.

En el caso específico de Iguazú, la actualización de infraestructura es clave para sostener la expansión del turismo internacional, mejorar la logística aérea y acompañar la creciente demanda en temporada alta. La obra en la terminal misionera se integra, además, al objetivo de fortalecer la conectividad del norte argentino, donde el flujo turístico sigue siendo un componente decisivo del empleo y la generación de divisas.

Sistema nacional de alertas por catástrofes: la segunda pata del anuncio

El jefe de Gabinete también confirmó la puesta en marcha del sistema de alerta temprana “Alertar”, una herramienta diseñada por Enacom y el Ministerio de Seguridad Nacional para informar en tiempo real sobre desastres naturales, emergencias meteorológicas y advertencias de seguridad pública.

Entre sus características operativas, Adorni destacó que: el mensaje se enviará a todos los dispositivos móviles en el área afectada, podrá interrumpir llamadas en curso, funcionará incluso con redes congestionadas, y no requerirá registro previo ni aplicaciones adicionales.

La inversión total para su implementación será de $12.000 millones, financiados con el Fondo del Servicio Universal (FSU).

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