EL PAIS

LITSA se reorganiza y concentra el control en el grupo Neuss

Compartí esta noticia !

La empresa que opera líneas de transmisión asociadas al sistema eléctrico de Yacyretá quedó bajo un único accionista tras la aprobación del ENREGE. La resolución también amplía su objeto social, habilita nuevas herramientas de financiamiento y despeja un obstáculo contractual que exigía un concurso público para transferencias accionarias superiores al 49%.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) autorizó una profunda reorganización de Líneas de Transmisión del Litoral S.A. (LITSA), una de las empresas que participan en la infraestructura de transmisión eléctrica vinculada al complejo hidroeléctrico Yacyretá. La medida, formalizada mediante la Resolución 159/2026, valida una reestructuración interna del grupo empresario Edison que culmina con la transformación de la compañía en una Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.), además de ampliar significativamente sus facultades para obtener financiamiento y desarrollar nuevos negocios.

La decisión tiene relevancia para el mercado energético porque afecta a un operador de infraestructura considerada estratégica dentro del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Aunque el regulador sostuvo que no existe un cambio en el control económico final de la concesión, la resolución redefine la estructura jurídica y financiera desde la cual se administrará la empresa.

Reorganización sin cambio de control económico

La operación fue impulsada por Edison Energía S.A. y Edison Transmisión S.A., ambas integrantes del mismo grupo económico.

Hasta ahora, el paquete accionario de LITSA estaba distribuido entre tres sociedades:

  • Edison Energía S.A.: 92,5%
  • CODI S.A.: 5,5%
  • Grupo Eling S.A.: 2%

Tras una serie de compraventas intragrupo, Edison Transmisión S.A., constituida en marzo de 2026, pasó a controlar el 100% del capital social y de los derechos de voto, mientras que Edison Holding S.A. continúa siendo el controlador final del grupo.

Según la resolución, entre los accionistas finales de Edison Holding figura Juan Jorge Neuss, junto con otros vehículos de inversión nacionales e internacionales.

La excepción que evitó un concurso público

Uno de los aspectos más relevantes del expediente fue la interpretación del Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (COM) firmado en 1994 para el sistema de transmisión de Yacyretá.

Ese contrato establece que cualquier transferencia superior al 49% del capital accionario debía realizarse mediante un Concurso Público Internacional.

Sin embargo, el Directorio del ENREGE concluyó que esa exigencia no resultaba aplicable, al considerar que la operación constituye una reorganización interna del mismo grupo económico y que el control efectivo de la empresa no cambia de manos.

Desde la óptica regulatoria, el organismo entendió que no existe ingreso de un nuevo operador independiente ni alteración del sujeto económico responsable de la concesión, razón por la cual autorizó la operación sin activar ese mecanismo competitivo.

No obstante, el regulador impuso una condición: LITSA deberá acreditar dentro de los 30 días hábiles la inscripción de la prenda sobre la totalidad de las acciones Clase A como garantía de las obligaciones asumidas en el contrato de operación y mantenimiento.

La resolución también aprueba una reforma estatutaria que modifica el perfil corporativo de la empresa.

A partir de ahora, LITSA S.A.U. podrá emitir obligaciones negociables y otros instrumentos financieros. Tomar y otorgar préstamos, incluso dentro del grupo empresario. Ceder créditos derivados del contrato de operación para respaldar financiamiento. Desarrollar servicios de ingeniería y consultoría. Participar en negocios de telecomunicaciones vinculados a infraestructura.

Para el mercado, esta ampliación del objeto social representa una herramienta para acceder a nuevas fuentes de capital sin modificar la concesión vigente.

El propio ENREGE aclaró que la cesión de los créditos provenientes del canon que percibe la empresa ya estaba prevista en el contrato original y, por lo tanto, no requiere autorizaciones regulatorias adicionales.

Impacto para el sistema eléctrico y el NEA

Aunque la resolución no modifica las condiciones de prestación del servicio ni altera el contrato de concesión, sí redefine la estructura financiera del operador responsable de parte de la infraestructura asociada a Yacyretá, uno de los activos energéticos más relevantes del noreste argentino.

Para provincias como Misiones y Corrientes, donde la estabilidad del sistema de transmisión resulta clave para el abastecimiento eléctrico y para proyectos industriales de mayor demanda energética, la capacidad de financiamiento de los transportistas constituye un elemento estratégico.

El desafío regulatorio será verificar que la mayor flexibilidad financiera no afecte las garantías operativas exigidas para una infraestructura considerada crítica.

La resolución refleja una tendencia hacia estructuras societarias más simples y vehículos financieros más flexibles dentro del sector energético. Para inversores y operadores, el dato central no es únicamente el cambio accionario sino la posibilidad de utilizar activos regulatorios como respaldo para futuras operaciones de financiamiento.

En adelante, el foco estará puesto en cómo LITSA utiliza estas nuevas herramientas para financiar inversiones, preservar los estándares de operación exigidos por la concesión y sostener la confiabilidad del sistema de transmisión vinculado a Yacyretá.

Compartí esta noticia !

Habilitan a Aerowise para prestar servicios de rampa y operaciones

Compartí esta noticia !

La autorización otorgada a Aerowise S.A.S. amplía el universo de prestadores aeroportuarios bajo el esquema de desregulación del mercado aerocomercial. Para las economías regionales, la incorporación de nuevos operadores puede traducirse en una mayor competencia en servicios clave para la logística aérea y la conectividad.

El Ministerio de Economía autorizó a Aerowise S.A.S. a prestar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en la Argentina, una actividad estratégica para el funcionamiento cotidiano de los aeropuertos y el movimiento de pasajeros y cargas. La habilitación, oficializada mediante la Disposición 14/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, se enmarca en el proceso de apertura del mercado aerocomercial impulsado por el Gobierno nacional desde 2024.

La decisión no implica la incorporación de una nueva aerolínea sino de un proveedor de infraestructura y asistencia en tierra, un segmento históricamente concentrado y determinante para la eficiencia operativa de las terminales aéreas.

Un mercado que suma nuevos jugadores

La autorización fue concedida luego de que la empresa acreditara los requisitos de capacidad técnica, económica y financiera exigidos por el Código Aeronáutico y recibiera dictámenes favorables de las áreas técnicas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El régimen vigente, reglamentado mediante el Decreto 599/2024 y la Resolución 49/2024 de la Secretaría de Transporte, establece que estas autorizaciones tienen una vigencia de 15 años, con renovación automática condicionada al cumplimiento de los estándares de seguridad operacional.

El objetivo oficial es ampliar la competencia en un segmento esencial para el transporte aéreo, donde las empresas de rampa realizan tareas como asistencia a aeronaves durante las operaciones en tierra. Carga y descarga de equipajes y mercaderías. Servicios operacionales en plataforma. Apoyo logístico para vuelos de pasajeros y carga.

Estas actividades inciden directamente sobre los tiempos de rotación de las aeronaves, los costos operativos de las compañías aéreas y la eficiencia de la infraestructura aeroportuaria.

Qué impacto puede tener para las economías regionales

La incorporación de nuevos prestadores cobra relevancia para provincias cuya competitividad depende cada vez más de la conectividad aérea y del transporte de productos de alto valor agregado.

En el NEA, donde los aeropuertos cumplen un rol creciente para el turismo, la exportación de productos perecederos y la movilidad empresarial, una mayor oferta de servicios aeroportuarios puede contribuir a reducir costos operativos y mejorar la disponibilidad de servicios para las compañías que operan o proyectan nuevas rutas.

Aunque la disposición no modifica las condiciones comerciales de los aeropuertos ni garantiza reducciones inmediatas de tarifas, sí profundiza un esquema de competencia que busca eliminar barreras de ingreso para nuevos operadores privados.

La estrategia oficial de desregulación

La autorización a Aerowise se inscribe dentro del proceso de liberalización del mercado aerocomercial iniciado durante la actual gestión, que reemplazó un sistema con mayores restricciones administrativas por un régimen basado en autorizaciones sujetas al cumplimiento de estándares técnicos y de seguridad.

El nuevo modelo separa con mayor claridad dos funciones: por un lado, el acceso al mercado para prestar servicios; por otro, la fiscalización permanente de la seguridad operacional, responsabilidad que continúa bajo la órbita de la ANAC.

Para el sector privado, esta diferenciación reduce incertidumbre regulatoria y facilita la incorporación de inversiones en actividades complementarias al transporte aéreo.

La medida introduce algunos elementos relevantes para operadores aeroportuarios y empresas vinculadas a la logística Aerowise S.A.S. queda habilitada para prestar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en todo el país. La autorización tendrá una vigencia de 15 años, renovable automáticamente si mantiene los estándares exigidos. La empresa acreditó solvencia técnica y financiera, conforme al Código Aeronáutico. El Gobierno continúa ampliando la competencia en actividades auxiliares del transporte aéreo.

La apertura del mercado de servicios de rampa será relevante en la medida en que logre traducirse en mayor competencia efectiva dentro de los aeropuertos argentinos. Para las provincias del NEA, donde la conectividad aérea es un factor de competitividad para el turismo, el comercio y las exportaciones, la incorporación de nuevos operadores puede mejorar la eficiencia logística. El desafío será verificar si esta mayor oferta termina reflejándose en menores costos operativos para las aerolíneas y, en consecuencia, en una red aérea más dinámica para las economías regionales.

Compartí esta noticia !

El Gobierno congela la base del subsidio SUBE y cambia el cálculo de la tarifa social para contener el gasto nacional

Compartí esta noticia !

La Secretaría de Transporte modificó el esquema de financiamiento del atributo social de la tarjeta SUBE. Desde el 1° de julio, el descuento del 55% para los beneficiarios se mantendrá, pero el aporte del Estado nacional dejará de actualizarse automáticamente con cada aumento del boleto provincial o municipal. El cambio introduce una tarifa de referencia fija por jurisdicción, una medida orientada a dar previsibilidad al gasto público sin alterar las facultades tarifarias de las provincias.

La Resolución 40/2026 redefine uno de los principales mecanismos de subsidios al transporte público. Aunque los usuarios alcanzados por la tarifa social seguirán accediendo al 55% de descuento, ese beneficio será calculado sobre una tarifa de referencia vigente al 30 de junio de 2026, que permanecerá congelada hasta que la Secretaría de Transporte disponga una actualización.

La modificación apunta a resolver un problema fiscal que el Gobierno identifica desde hace meses: cada incremento del boleto decidido por provincias y municipios elevaba automáticamente el costo del subsidio financiado por el Tesoro Nacional, aun cuando esas jurisdicciones definieran sus cuadros tarifarios sin intervención de la Nación.

Un cambio que separa la política tarifaria del financiamiento nacional

Hasta ahora, el monto subsidiado evolucionaba junto con las tarifas locales. Con el nuevo esquema, la Nación fija un valor de referencia para calcular el beneficio, independientemente de los futuros aumentos que aprueben las autoridades provinciales o municipales.

Desde la óptica fiscal, la decisión incorpora un mecanismo de mayor previsibilidad presupuestaria. Si una provincia incrementa el valor del boleto por encima de la tarifa de referencia, el descuento nacional continuará calculándose sobre ese valor congelado y no sobre la nueva tarifa plena.

Para los usuarios beneficiarios, el descuento formal del 55% permanece vigente, pero el aporte efectivo del Estado nacional puede perder peso relativo si las tarifas continúan aumentando y las referencias no son actualizadas.

El cambio adquiere relevancia para provincias que utilizan el sistema SUBE fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires. En esos distritos, donde las actualizaciones tarifarias suelen responder a mayores costos operativos, salarios o combustibles, la resolución traslada una parte creciente del esfuerzo financiero a las administraciones locales si desean preservar el mismo nivel de subsidio para los pasajeros.

La Secretaría de Transporte aclara expresamente que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios mantienen intactas sus competencias para fijar el precio del boleto. También podrán establecer descuentos superiores o incluso gratuidades utilizando la infraestructura tecnológica de SUBE, siempre que definan su propio mecanismo de financiamiento.

Para las administraciones provinciales, esto implica que cualquier política adicional de contención tarifaria deberá sostenerse con recursos propios y ya no mediante un incremento automático de los aportes nacionales.

Previsibilidad para el Tesoro, mayor responsabilidad para las jurisdicciones

Uno de los argumentos centrales de la resolución es la necesidad de administrar con mayor precisión los recursos del Fideicomiso creado por el Decreto 976/2001, desde donde se financian estos beneficios.

Los informes técnicos incorporados al expediente sostienen que la dispersión tarifaria entre jurisdicciones generaba una expansión imprevisible de las erogaciones nacionales, dificultando la planificación presupuestaria.

El nuevo criterio también busca uniformar el cálculo del atributo social mediante un parámetro único y verificable para todas las ciudades donde opera SUBE.

Se mantiene el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social SUBE. El cálculo dejará de hacerse sobre las futuras tarifas locales y utilizará como base las vigentes al 30 de junio de 2026. Las tarifas de referencia regirán desde el 1 de julio hasta que la Secretaría de Transporte disponga su actualización. Las provincias podrán mantener beneficios superiores, pero deberán financiarlos con recursos propios. Nación Servicios adaptará los sistemas para implementar el nuevo mecanismo.

La resolución introduce un cambio estructural en la relación financiera entre Nación y provincias respecto del transporte urbano. Para operadores, gobiernos provinciales y municipios, la evolución futura dependerá de dos variables: la velocidad con que continúen ajustándose las tarifas locales y la frecuencia con la que la Secretaría de Transporte actualice las tarifas de referencia. Esa brecha será determinante para medir cuánto del costo social del transporte continuará absorbiendo el Estado nacional y cuánto recaerá sobre las administraciones locales o directamente sobre los usuarios.

Compartí esta noticia !

El Gobierno aprobó el proyecto 20 del RIGI que prevé una inversión de US$4.500 millones

Compartí esta noticia !

El Gobierno aprobó la adhesión del proyecto número 20 al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por un total de US$4.500 millones, vinculado al desarrollo de hidrocarburos en Vaca Muerta.

El aval oficial fue confirmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X donde detalló que “el Comité Evaluador aprobó el vigésimo proyecto RIGI”, resaltando que “invertirá un total de US$4.500 millones y generará aproximadamente 800 empleos directos y 1.000 indirectos”.

Al explicar la iniciativa aprobada, el funcionario expresó que “se trata del Proyecto Rincón de Aranda de Pampa Energía, un desarrollo de hidrocarburos en Vaca Muerta que prevé la exportación de US$17.000 millones a partir de la producción de 305 millones de barriles de petróleo durante sus 30 años de duración”.

Al valorar la inserción del proyecto al régimen, Caputo sostuvo que “las condiciones favorables que generó el RIGI permitieron que la empresa pudiera incrementar 50% la actividad de explotación y producción de hidrocarburos inicialmente planeada en el área”.

En febrero pasado, el Ejecutivo había extendido el plazo de adhesión al RIGI hasta el 8 de julio de 2027, y al mismo tiempo decidió ampliar su alcance al incorporar nuevas actividades comprendidas en el sector de petróleo y gas.

Así, quedó habilitada la posibilidad de que se presenten proyectos de explotación y producción de desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro, fijando un monto mínimo de inversión de US$600 millones en activos computables.

Con la aprobación del proyecto Rincón de Aranda, el RIGI ya tiene 20 proyectos aprobados por un monto acumulado de 46 mil millones de dólares. La perspectiva es que ese monto se seguirá incrementando ya que hay otros 21 proyectos en estudio.

Compartí esta noticia !

Argentina abre la consulta pública para reconocer 130 Indicaciones Geográficas de Brasil: una decisión clave para la yerba mate

Compartí esta noticia !

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca inició el proceso para reconocer y proteger en Argentina un total de 130 Indicaciones Geográficas (IG) y Denominaciones de Origen (DO) de Brasil, en cumplimiento del acuerdo del Mercosur aprobado por la Ley N° 27.765. La medida abre un período de consulta pública de 30 días durante el cual empresas, productores y entidades podrán presentar objeciones fundadas. Para las economías regionales del Nordeste Argentino (NEA), especialmente la cadena de la yerba mate, el procedimiento adquiere una relevancia estratégica porque involucra la protección de activos de propiedad intelectual vinculados al origen geográfico de los alimentos y bebidas dentro del mercado regional.

La convocatoria, publicada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, constituye uno de los primeros pasos operativos derivados del Acuerdo para la Protección Mutua de las Indicaciones Geográficas originarias de los Estados Parte del Mercosur, instrumento que busca fortalecer la protección jurídica de productos con identidad territorial dentro del bloque.

Aunque el procedimiento alcanza productos agrícolas, alimentos, vinos y productos vínicos brasileños, el impacto excede el aspecto registral: establece reglas comunes para la valorización comercial de productos regionales y genera un precedente que también alcanza a las economías regionales argentinas que cuentan con Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen.

Un mecanismo que fortalece la competencia basada en el origen

Brasil remitió oficialmente a la Argentina un listado integrado por 130 Indicaciones Geográficas, distribuidas entre Indicaciones de Procedencia (IP) y Denominaciones de Origen (DO).

El reconocimiento no será automático. La Resolución SAGyP N° 67/2026 establece un procedimiento administrativo que contempla la participación de terceros mediante una consulta pública.

Durante 30 días corridos desde la publicación de la convocatoria, cualquier persona humana o jurídica que acredite un interés legítimo podrá formular observaciones u oposiciones por escrito si considera que alguno de los nombres protegidos puede afectar derechos existentes o inducir a error al consumidor.

La normativa contempla diversas causales de objeción. Entre ellas se incluyen que el nombre sea considerado genérico en Argentina, que coincida con una marca registrada previamente, que resulte idéntico o similar a otra denominación protegida, que pueda generar confusión respecto del verdadero origen geográfico del producto o que entre en conflicto con variedades vegetales o razas animales.

Las presentaciones deberán incorporar la identificación completa del interesado, los fundamentos jurídicos y técnicos correspondientes, la documentación probatoria y un domicilio legal constituido en el país. Las solicitudes que no cumplan con esos requisitos podrán ser rechazadas conforme a la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549.

Una herramienta con impacto para la yerba mate y otras producciones regionales

Más allá del trámite administrativo, la decisión tiene implicancias económicas para las producciones regionales del NEA.

Las Indicaciones Geográficas funcionan como instrumentos de diferenciación comercial porque vinculan la calidad, reputación o características de un producto con un territorio determinado. Ese reconocimiento permite agregar valor, proteger denominaciones tradicionales y reducir riesgos de utilización indebida de nombres asociados a determinadas regiones productivas.

Para cadenas agroindustriales como la yerba mate, uno de los principales productos identitarios de Misiones y el nordeste argentino, el fortalecimiento del sistema regional de protección representa un elemento relevante dentro de la estrategia de posicionamiento en mercados internacionales.

El acuerdo de reconocimiento mutuo dentro del Mercosur también busca otorgar mayor previsibilidad al comercio intrabloque al establecer criterios homogéneos sobre la protección de nombres geográficos y productos con identidad territorial.

La publicación oficial aclara que las fichas técnicas correspondientes a las 130 Indicaciones Geográficas brasileñas estarán disponibles para consulta pública en el portal de Alimentos Argentinos, donde los interesados podrán analizar las características de cada producto antes de formular eventuales observaciones.

Un paso institucional dentro de la integración del Mercosur

La convocatoria se enmarca en la implementación de la Ley N° 27.765, mediante la cual Argentina aprobó el Acuerdo para la Protección Mutua de las Indicaciones Geográficas originarias en los territorios de los Estados Parte del Mercosur.

El procedimiento representa una etapa previa al reconocimiento formal de cada denominación brasileña dentro del sistema argentino de protección de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.

Desde una perspectiva institucional, el mecanismo incorpora transparencia al proceso mediante la consulta pública y permite compatibilizar la protección internacional de las denominaciones con los derechos previamente adquiridos por productores, empresas y titulares de marcas registradas en Argentina.

Para el sector productivo del NEA, el seguimiento de esta instancia resulta relevante porque el fortalecimiento del régimen regional de Indicaciones Geográficas puede convertirse en una herramienta adicional para consolidar el valor diferencial de productos vinculados al territorio y ampliar la protección jurídica de activos estratégicos asociados a las economías regionales.

Impactos para el sector productivo se abre una consulta pública por 30 días para el reconocimiento de 130 Indicaciones Geográficas brasileñas. Productores, empresas y cámaras podrán presentar objeciones si consideran afectados derechos adquiridos. El procedimiento fortalece la aplicación del Acuerdo Mercosur sobre Indicaciones Geográficas, aprobado por la Ley N° 27.765. La medida involucra productos agrícolas, alimentos, vinos y productos vínicos. Para el NEA, el avance del sistema regional de protección adquiere importancia por su potencial incidencia sobre productos con identidad territorial como la yerba mate y otras economías regionales.

Concluido el período de consulta pública, la autoridad de aplicación deberá analizar las oposiciones que eventualmente se presenten antes de avanzar con el reconocimiento definitivo de las Indicaciones Geográficas brasileñas. El desarrollo de este procedimiento marcará un antecedente para futuras solicitudes dentro del Mercosur y será observado por los sectores productivos que buscan consolidar la protección internacional de productos asociados al origen geográfico.

Aviso MIN DE ECONOMÍA – SEC AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA by CristianMilciades

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin