EL PAIS

Nueva obra social para las fuerzas federales: aprueban el régimen financiero de OSFFESEG y aceleran su puesta en marcha

Compartí esta noticia !

El Gobierno nacional dio un paso clave en la consolidación de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) al aprobar el régimen que regulará su administración financiera, patrimonial, contable y de control. A través del Decreto 709/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció el marco institucional que permitirá ordenar el funcionamiento económico del nuevo ente autárquico creado en febrero de este año.

La decisión tiene un impacto directo sobre la gestión de los recursos destinados a la cobertura médica de los integrantes de las fuerzas federales, ya que fija las reglas para la elaboración del presupuesto, la administración de bienes, la ejecución de gastos, las contrataciones, la contabilidad y los mecanismos de auditoría que regirán a la obra social.

El objetivo oficial es evitar demoras en la implementación del organismo y garantizar que la transición institucional no afecte la atención sanitaria de los afiliados. En ese sentido, el decreto reconoce que la OSFFESEG necesita contar con procedimientos claros para administrar recursos públicos sin interrumpir la prestación de los servicios médicos.

La nueva obra social funcionará como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, aunque deberá ajustarse a los principios de la Ley de Administración Financiera del Estado. Para compatibilizar ambas condiciones, el Gobierno diseñó un régimen específico que le otorga autonomía operativa, pero mantiene los controles propios del sector público nacional.

Uno de los aspectos centrales de la norma es la incorporación de un esquema integral de control interno. La OSFFESEG contará con una Unidad de Auditoría Interna supervisada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), mientras que su administración financiera quedará articulada con los sistemas nacionales de presupuesto, tesorería, contabilidad y administración de bienes.

El decreto también establece que, hasta que se aprueben todos los manuales operativos y reglamentos internos, podrán utilizarse procedimientos transitorios ya implementados por la propia obra social, siempre que sean compatibles con la nueva normativa. De esta manera, el Ejecutivo busca evitar vacíos administrativos durante la etapa inicial de funcionamiento.

En paralelo, la norma fija en 8% la alícuota correspondiente a las contribuciones patronales que financiarán la obra social para el personal de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, los trabajadores civiles de ambas fuerzas, el personal de la propia OSFFESEG y futuras incorporaciones de otras fuerzas federales que puedan integrarse al sistema.

La definición de esta contribución constituye uno de los pilares del financiamiento del organismo y apunta a otorgar previsibilidad sobre los ingresos que sostendrán las prestaciones médicas.

Desde una perspectiva de política pública, el decreto procura resolver uno de los principales desafíos de cualquier reforma en el sistema de salud de organismos estatales: garantizar que los cambios administrativos no impacten sobre la continuidad de la atención. La integración entre presupuesto, patrimonio, contrataciones, información padronal y sistemas tecnológicos busca mejorar la trazabilidad de los recursos y reducir riesgos de ineficiencia o falta de control.

Para los afiliados, el cambio no modifica las prestaciones sanitarias de manera inmediata, pero sí establece las bases institucionales sobre las cuales funcionará la nueva obra social. En términos de gobernanza, el Ejecutivo apuesta a un modelo con mayor capacidad de auditoría, reglas financieras unificadas y mecanismos de control compatibles con los estándares que rigen para el resto de los organismos nacionales.

La puesta en marcha efectiva del régimen dependerá ahora de la aprobación de los manuales operativos y de las normas complementarias que deberá dictar el Ministerio de Seguridad Nacional para completar la implementación del nuevo esquema.

.

Compartí esta noticia !

Karina Milei visitó Google y conoció los proyectos tecnológicos de la empresa en Argentina

Compartí esta noticia !

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, visitó hoy las oficinas de Google en la Ciudad de Buenos Aires, donde mantuvo un encuentro con directivos de la compañía para conocer en detalle las operaciones de la empresa en la Argentina, su presencia regional y los principales proyectos tecnológicos que desarrolla en el país.

Durante la reunión, las autoridades de Google presentaron un panorama de la actividad de la empresa, su dotación de personal, las iniciativas que impulsa a nivel local y regional y su contribución al desarrollo tecnológico y la innovación.

Google en Argentina

Uno de los ejes del encuentro fue el proyecto Google Arts & Culture Tango, una iniciativa en la que Marca País participó en la generación de contenidos para la plataforma, con el objetivo de difundir el patrimonio cultural argentino a través de herramientas digitales.

La actividad incluyó además una recorrida por las oficinas de la empresa, donde la delegación oficial tomó contacto con distintos espacios de trabajo y conoció aspectos vinculados con la operación local de la compañía.

Quiénes participaron del encuentro

Acompañaron a Karina Milei el presidente ejecutivo de PromArgentinaDiego Sucalesca; la directora de Inversiones y Promoción Internacional de PromArgentinaMaría Victoria Castro; el director nacional de Marca PaísMartín Giralda; la directora de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y CultoMariana Ron; y el gerente de Innovación e Inteligencia Comercial de PromArgentinaAlejandro Gamboa.

Por parte de Google participaron el country manager para Argentina, Juan Vallejos; la directora general de Google Cloud para el Cono Sur, Natalia Scaliter; la directora de Asuntos Gubernamentales y Política Pública para América Latina de habla hispana, Eleonora Rabinovich; y la gerente de Asuntos Gubernamentales y Política Pública para el Cono Sur, Tamar Colodenco.

La visita de Karina Milei a Google permitió conocer las iniciativas que la compañía desarrolla en la Argentina y su participación en proyectos tecnológicos y culturales de alcance regional.

Compartí esta noticia !

Lanzan una licitación por $2.573 millones para crear un mapa digital integral de todos los puertos argentinos

Compartí esta noticia !

La competitividad logística de la Argentina no depende únicamente de nuevas inversiones en infraestructura. También requiere conocer con precisión qué activos existen, dónde están ubicados y cuál es su estado real de los puertos argentinos. Con esa premisa, el Gobierno nacional puso en marcha uno de los relevamientos territoriales más ambiciosos de los últimos años para el sistema portuario argentino, una iniciativa que busca transformar información dispersa en una herramienta estratégica para la gestión pública y el desarrollo económico.

A través de la Resolución 45/2026, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) autorizó el llamado a una licitación pública nacional para contratar un Servicio de Relevamiento Integral Multimodal, Sistémico y Georreferenciado de Infraestructuras Portuarias, con un presupuesto oficial de 2.573.550.000 pesos y un plazo de ejecución de doce meses, prorrogable por otro período similar.

El proyecto no consiste únicamente en levantar planos o realizar mediciones. La contratación contempla la generación de imágenes georreferenciadas, modelos tridimensionales basados en nubes de puntos y bases de datos espaciales que integren información sobre áreas terrestres, sectores acuáticos y las zonas de transición entre ambos ambientes en todos los puertos bajo jurisdicción nacional.

La iniciativa forma parte del Programa de Regularización de Muebles e Inmuebles en Jurisdicción Portuaria, impulsado por la Agencia durante 2025, cuyo objetivo es construir una base de información única y confiable sobre el patrimonio portuario del Estado. El diagnóstico oficial sostiene que disponer de datos precisos permitirá completar y actualizar el catastro, delimitar correctamente las jurisdicciones portuarias, avanzar en la regularización dominial de inmuebles y fortalecer los sistemas de información geográfica utilizados para la planificación.

Detrás de esta decisión hay un problema estructural que trasciende la gestión administrativa. Durante décadas, numerosos predios portuarios acumularon superposiciones catastrales, ocupaciones irregulares, documentación incompleta y límites poco definidos entre áreas operativas, fiscales y privadas. Esa incertidumbre jurídica suele traducirse en demoras para concesiones, conflictos sobre la utilización de terrenos estratégicos y mayores costos para proyectos de inversión.

El nuevo relevamiento apunta justamente a reducir esas asimetrías mediante tecnología de alta precisión. La información obtenida servirá como insumo para futuras decisiones sobre planificación portuaria, expansión de terminales, administración de concesiones, obras de infraestructura y preservación del patrimonio estatal.

La licitación se realizará bajo la modalidad de orden de compra abierta, un mecanismo previsto en el régimen nacional de contrataciones que permite ajustar la ejecución del servicio dentro de cantidades máximas establecidas, otorgando mayor flexibilidad operativa durante el desarrollo del contrato.

Desde el punto de vista económico, la inversión representa una apuesta por fortalecer uno de los principales activos logísticos del país. Más del 80% del comercio exterior argentino se moviliza por vía marítima o fluvial, por lo que disponer de información territorial precisa sobre la infraestructura portuaria constituye un insumo clave para mejorar la competitividad, reducir incertidumbres regulatorias y facilitar futuras inversiones públicas y privadas.

La resolución también aprueba el pliego de bases y condiciones técnicas y delega en la Subgerencia de Compras, Contrataciones y Convenios la organización del proceso licitatorio, incluyendo la fijación de fechas para la presentación y apertura de ofertas. Paralelamente, se designó la Comisión Evaluadora que analizará las propuestas de las empresas interesadas.

Si bien el impacto inmediato de la medida será administrativo, sus efectos potenciales exceden el ámbito burocrático. La consolidación de una cartografía digital unificada puede convertirse en una herramienta de largo plazo para transparentar la gestión del patrimonio público, disminuir litigios sobre inmuebles portuarios, acelerar procesos de inversión y brindar mayor previsibilidad a operadores logísticos y gobiernos provinciales.

En un contexto donde la eficiencia del comercio exterior depende tanto de las obras físicas como de la calidad de la información disponible, el relevamiento integral aparece como una inversión silenciosa pero estratégica: antes de construir nuevos puertos o ampliar los existentes, el Estado busca conocer con exactitud qué posee, cómo está distribuido y cuáles son las oportunidades de desarrollo sobre ese patrimonio.

Compartí esta noticia !

Fabricaciones Militares proyecta pérdidas operativas por más de $30.000 millones, pero apuesta a la exportación y al ingreso de capital privado

Compartí esta noticia !

En un escenario internacional marcado por el incremento del gasto en defensa y el rearmamento de numerosos países, el Gobierno nacional aprobó el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de Fabricaciones Militares Sociedad Anónima Unipersonal (FM SAU), una empresa estratégica para la producción de bienes destinados a la defensa, la seguridad, la minería, la industria química y la metalmecánica. El desafío es tan claro como complejo: transformar una compañía con pérdidas operativas en un actor competitivo capaz de insertarse en mercados globales.

A través de la Resolución 1172/2026 del Ministerio de Economía, se oficializó el presupuesto de la empresa, que dependerá de un delicado equilibrio entre mayores ventas, aportes del Estado y una estrategia de internacionalización para sostener su funcionamiento. El plan refleja una realidad conocida por buena parte de las empresas públicas industriales: el mercado interno resulta insuficiente para financiar las inversiones necesarias para crecer.

Los números muestran esa tensión. Fabricaciones Militares proyecta ingresos operativos por 42.081 millones de pesos, mientras que sus gastos de operación ascenderán a 72.545 millones, lo que arroja una pérdida operativa estimada de 30.463 millones de pesos.

Sin embargo, el resultado cambia cuando se incorpora la asistencia del Estado. El presupuesto contempla 23.000 millones de pesos en transferencias corrientes de la Administración Nacional, que reducen significativamente el desequilibrio económico. Aun así, el ejercicio cerraría con un desahorro de 8.434 millones de pesos, mientras que el resultado financiero proyectado muestra un superávit cercano a los 976 millones, producto principalmente de recursos de capital y movimientos financieros previstos para el ejercicio.

Más allá de las cifras presupuestarias, el documento estratégico deja en claro cuál será la hoja de ruta de la empresa. Fabricaciones Militares reconoce que el actual contexto internacional, atravesado por conflictos geopolíticos y un creciente proceso de rearme, genera una demanda sostenida de productos vinculados con la defensa y la seguridad. Bajo ese diagnóstico, la compañía sostiene que mantiene negociaciones con actores internacionales para incorporar capital, tecnología y acceso a nuevos mercados.

La estrategia oficial también implica un cambio de enfoque comercial. La empresa buscará concentrar sus esfuerzos en las líneas de negocio de mayor volumen de ventas, aplicar políticas de precios más competitivas y diversificar su oferta para fortalecer su presencia tanto en el mercado argentino como en el exterior. Según el plan aprobado, la sostenibilidad futura dependerá en gran medida de consolidar alianzas estratégicas con empresas internacionales capaces de aportar financiamiento y ampliar la escala productiva.

El documento admite además una limitación estructural: el mercado doméstico no genera el volumen suficiente para financiar la modernización de las plantas industriales. Por ese motivo, el Gobierno plantea como objetivo atraer inversiones privadas —nacionales y extranjeras— que permitan expandir la capacidad instalada, incorporar tecnología, reducir costos y aumentar la competitividad internacional de la empresa.

En materia laboral, Fabricaciones Militares mantendrá una dotación de 950 trabajadores, de los cuales apenas 20 integran la planta permanente y 930 corresponden a personal temporario, según las proyecciones oficiales. El gasto en remuneraciones alcanzará los 34.553 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los principales componentes del presupuesto operativo.

La inversión en bienes de capital, en cambio, será moderada. El presupuesto destina 335 millones de pesos exclusivamente a la adquisición de maquinaria y equipamiento, sin contemplar nuevas construcciones o ampliaciones edilicias durante 2026.

Otro dato relevante es que la empresa no prevé tomar nueva deuda durante el ejercicio. La estrategia financiera estará basada en mejorar la administración de activos, optimizar la liquidez y sostener el funcionamiento mediante recursos propios, aportes estatales y eventuales asociaciones con capital privado.

El presupuesto aprobado deja una lectura de fondo sobre el rol que el Gobierno asigna a Fabricaciones Militares. Lejos de plantear un esquema de mera asistencia fiscal, la estrategia apunta a convertir a la empresa en un proveedor competitivo para industrias de defensa y seguridad que hoy experimentan una expansión global. El interrogante será si esa oportunidad internacional alcanza para compensar las debilidades estructurales del mercado local y transformar un déficit operativo superior a los 30.000 millones de pesos en un modelo económicamente sustentable.

Compartí esta noticia !

Paro de prácticos: el Gobierno suspendió la desregulación, acordó una rebaja del 20% y se levantó la medida

Compartí esta noticia !

El conflicto que había paralizado la asistencia a la navegación de buques en las principales vías navegables del país encontró una salida provisoria. El Gobierno Nacional acordó con los representantes del sector de practicaje una reducción del 20% en las tarifas y dispuso la suspensión temporal del Decreto 690/2026, la norma impulsada por Federico Sturzenegger que había modificado de manera integral las reglas de una actividad regulada desde 1991.

Con la firma del acta de entendimiento, los prácticos retomarán de inmediato sus tareas en los puertos y vías navegables, mientras el Ejecutivo y el sector abrirán una instancia de negociación para revisar los aspectos normativos y operativos que permanecen en disputa. La solución permite desactivar una medida de fuerza que había comenzado a impactar sobre el funcionamiento de la cadena exportadora.

El Gobierno confirmó que la suspensión del decreto tendrá carácter temporal y que, durante ese período, funcionará una mesa de trabajo conjunta coordinada por el Poder Ejecutivo. Participarán representantes de los ministerios de Seguridad y Defensa, además de otros organismos con competencia en la materia.

El objetivo será revisar puntualmente los cambios introducidos por el decreto y buscar un consenso definitivo sobre el régimen de practicaje. La conformación de este espacio de diálogo respondía también a uno de los principales reclamos planteados durante el conflicto y había sido señalada por el sector agroexportador como una condición relevante para normalizar la actividad.

La disputa había adquirido una dimensión económica que excedía al propio sector de prácticos. El parate en los puertos implicaba, según las estimaciones citadas durante el conflicto, pérdidas superiores a US$4,5 millones diarios para el campo, en un sistema logístico donde cualquier interrupción de la navegación puede trasladarse rápidamente a los costos de exportación y a la operatoria de las cadenas agroindustriales.

El acuerdo incorpora además un componente directamente vinculado con la competitividad: la reducción del 20% en las tarifas del servicio. La rebaja apunta a disminuir los costos asociados a la navegación y, al mismo tiempo, ofrece al Gobierno una herramienta para sostener parte de su objetivo inicial de reducir costos logísticos sin mantener abierta, en esta etapa, la totalidad de los cambios regulatorios que provocaron la reacción del sector.

El origen de la crisis fue el Decreto 690/2026, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La normativa había reemplazado la reglamentación vigente desde 1991 y planteaba una reestructuración profunda del sistema de practicaje marítimo y fluvial.

Entre los cambios introducidos se encontraba la posibilidad de que capitanes extranjeros con experiencia quedaran exceptuados de la obligación de contratar prácticos. También se ampliaban las dimensiones de los buques para los cuales resultaba obligatorio contar con asistencia, se eliminaba el límite de cupos para la inscripción de profesionales y se habilitaba a la Prefectura a prestar el servicio.

El decreto también eliminaba la segmentación por tramos geográficos que obligaba a rotar de práctico durante determinados recorridos, flexibilizaba los traslados del personal y ampliaba las exenciones de contratación para algunos buques.

El argumento oficial detrás de la reforma apuntaba a reducir costos y flexibilizar una actividad considerada estratégica para el comercio exterior. “La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, había planteado Sturzenegger al defender los cambios.

La suspensión temporal del decreto no supone, por lo tanto, el abandono de la discusión sobre la regulación del practicaje. El Gobierno conserva abierta la posibilidad de revisar el esquema, pero ahora bajo una instancia de negociación que incorpora a los actores directamente involucrados y con una prioridad inmediata: garantizar la continuidad de la navegación y reducir los costos que impactan sobre la logística exportadora.

La salida acordada deja así dos resultados concretos en el corto plazo. Por un lado, se normaliza la asistencia a los buques y se evita que el conflicto continúe generando pérdidas sobre una cadena exportadora particularmente sensible a las interrupciones. Por otro, la reducción tarifaria introduce un alivio sobre los costos del servicio, mientras la mesa técnica deberá determinar qué aspectos de la reforma pueden sostenerse, cuáles requieren modificaciones y bajo qué condiciones.

La prueba para el Gobierno será convertir esta tregua en una reforma sostenible. El desafío consiste en combinar mayor eficiencia y menores costos para el comercio exterior con reglas previsibles para quienes prestan un servicio crítico para la seguridad de la navegación. La suspensión del Decreto 690/2026 abre ese espacio de negociación; el resultado dependerá de que la mesa técnica logre transformar el conflicto en un nuevo marco regulatorio con consenso suficiente para evitar otra interrupción de las vías navegables.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin