EL PAIS

El nuevo boom de los campos ganaderos: qué hay detrás de la suba de precios

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Los valores de la tierra destinada a la producción ganadera siguen en alza: en algunas de las principales regiones productivas del país ya se pagan entre US$ 3.500 y US$ 5.000 por hectárea. El fenómeno no responde únicamente al precio de la hacienda, sino también a una nueva forma de producir, con más tecnología, genética e inversión que está cambiando el mercado.

El mercado inmobiliario rural vuelve a mirar a la ganadería. Luego de varios años en los que la agricultura concentró gran parte de las inversiones, los establecimientos destinados a la producción de carne recuperan protagonismo y vuelven a posicionarse entre los activos más demandados. Si bien la mejora en el precio de la hacienda impulsó este movimiento,
especialistas coinciden en que existe un cambio estructural que explica el creciente interés por este tipo de campos.

“Hoy vemos que quienes compran campos ganaderos o mixtos llegan con un proyecto de largo plazo. Ya no buscan únicamente tierra, sino establecimientos donde puedan aumentar la productividad incorporando genética, mejorando las pasturas, invirtiendo en fertilización, infraestructura y tecnología aplicada a la producción”, explica Federico Nordheimer, Director de Nordheimer Campos y Estancias.

Este nuevo escenario también se refleja en el perfil de los compradores. La demanda ya no se concentra únicamente en establecimientos consolidados, sino también en campos con potencial de crecimiento, donde sea posible mejorar la carga animal, incorporar nuevas pasturas, optimizar el manejo del rodeo y aumentar la eficiencia productiva mediante herramientas
tecnológicas.

“La ganadería dejó de verse como un negocio de oportunidad. Muchos productores consideran que existe margen para seguir creciendo y eso se traduce en inversiones cada vez más importantes. Hoy vemos mucho interés por mejorar índices productivos a través de genética, inseminación, pasturas, fertilización, caravanas electrónicas, mangas más modernas y maquinaria específica para la actividad”, señala Nordheimer.

Esta transformación también explica la recuperación de los valores de la tierra. En la Cuenca del Salado, una de las principales regiones ganaderas del país, los campos que hace apenas un año cotizaban entre US$ 2.500 y US$ 3.000 por hectárea hoy alcanzan valores de entre US$ 3.500 y US$ 4.000. La tendencia también se replica en Entre Ríos, donde se han realizado más operaciones en el último año que en el acumulado de los anteriores 3 años., además de San Luis y distintas zonas de Santiago del Estero y La Pampa, que muestran un creciente movimiento de consultas y operaciones.

Otro de los factores que impulsa el mercado es la búsqueda de establecimientos mixtos. En un contexto de márgenes agrícolas más ajustados, muchos productores vuelven a darle mayor protagonismo a la ganadería como forma de diversificar riesgos y mejorar la rentabilidad. Esto incrementa el interés por campos capaces de combinar agricultura y producción de carne, aprovechando al máximo el potencial de cada hectárea.

Este proceso también está cambiando el uso de muchos campos de aptitud agrícola intermedia que antes se destinaban a cultivos por una cuestión de rentabilidad. Con una ganadería más competitiva, hoy vuelven a las pasturas, lo que reduce el riesgo productivo, aporta mayor previsibilidad y permite aprovechar mejor la aptitud natural de la tierra.

A nivel regional, Argentina continúa ofreciendo valores competitivos frente a otros países productores. Si se compara con mercados como Estados Unidos, donde el valor del ganado continúa siendo significativamente superior, muchos productores consideran que el negocio local todavía tiene margen para seguir creciendo. Esa expectativa explica por qué cada vez más inversiones apuntan a mejorar la productividad antes que a expandir la superficie.

Si bien las operaciones siguen siendo lideradas principalmente por compradores argentinos, también crecen las consultas de inversores del exterior interesados en el potencial productivo del país. Sin embargo, muchos continúan esperando definiciones sobre la Ley de Tierras antes de avanzar con nuevas inversiones.

En este contexto, desde Nordheimer Campos y Estancias destacan que la mayor demanda se concentra en establecimientos ubicados en la Cuenca del Salado, Entre Ríos, San Luis, La Pampa y Santiago del Estero, donde la oferta de campos de calidad continúa siendo limitada. La combinación entre mejores perspectivas para la producción de carne, mayor incorporación de tecnología y una oferta acotada explica por qué el mercado vuelve a mirar con fuerza a la tierra destinada a la ganadería.

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Fuerte reclamo de la AMIA a la Justicia por la causa: “Es como si estuviese adormecida o cajoneada”

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A 32 años del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) recordó a sus víctimas con un fuerte reclamo a la Justicia federal por el estancamiento de la causa

El emotivo acto se realizó sobre la calle Pasteur al 633, en el barrio porteño de Once, frente a la sede de la mutual de la comunidad judía que fue reconstruida tras el ataque, y contó con la presencia del presidente Javier Milei, integrantes de su Gabinete y otros dirigentes políticos.

El sonido de la sirena a las 09:53, hora exacta en la que fue consumado el acto terrorista en el que murieron 85 personas y hubo más de 300 heridos y que tiene como acusados a 10 iraníes, fue el inicio del emotivo acto que fue conducido por el reconocido actor Martín Seefeld. 

Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA, inició su discurso afirmando que, “luego de 32 años, el terrorismo asesino” no logró “vencer” a la comunidad: “Nos dejó una herida profunda, pero estamos de pie y seguiremos de pie”. 

Luego, Armoza centró su lectura en la investigación a la que consideró que se encuentra estancada en la Justicia federal y a la espera de destrabarse el juicio en ausencia para los implicados.

Durante este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa. Es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada“, afirmó el titular de la mutual de la comunidad judía. 

Armoza instó a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que integran Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, a que resuelvan la validez del juicio en ausencia. “No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos”, agregó Armoza.  

También apuntó contra el juez Daniel Rafecas quien tiene a cargo la instrucción de la causa: “Debe concertar de inmediato los pasos previos al juicio oral. Es incomprensible esta lentitud en permitir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando”.

El titular de la entidad destacó al fiscal Sebastián Basso, pero pidió mayor profundidad en la investigación; a su vez, calificó como “nulo” el accionar del fiscal Gonzalo Miranda. Tanto es así que solicitó al procurador general, Eduardo Casal, que revise su designación. 

Sobre el final, Armoza puso el foco en la Triple Frontera como en los pasos fronterizos con Bolivia y Chile en un mensaje a Milei, que lo miraba atentamente, de pie y en primera fila, junto a su hermana, Karina Milei. “La vulnerabilidad de nuestros límites geográficos es un riesgo que ya no nos podemos permitir“, aseguró Armoza. 

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Milei elimina trabas al régimen postal: habilita exportaciones comerciales sin tope y unifica la franquicia de importación

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El Gobierno nacional avanzó con una nueva desregulación del comercio exterior al reformar el régimen aduanero aplicable a los envíos postales. A través del Decreto 604/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei eliminó el límite de valor para las exportaciones comerciales realizadas por vía postal y unificó el tratamiento tributario de las importaciones sin finalidad comercial, con una franquicia de hasta US$400 por envío.

La decisión busca simplificar las operaciones de comercio exterior para pequeños productores, emprendedores y comerciantes que utilizan el correo como canal de venta internacional, al tiempo que elimina diferencias impositivas que existían entre el operador postal oficial y los servicios de courier privado.

Hasta ahora, las exportaciones comerciales por correo carecían de una reglamentación específica, una situación que, en la práctica, impedía que empresas y emprendedores argentinos aprovecharan los mecanismos simplificados previstos por la Unión Postal Universal (UPU), organización de la que Argentina forma parte desde 1887. Con la modificación normativa, las exportaciones comerciales enviadas por vía postal ya no estarán sujetas a límites de valor y será la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la encargada de establecer las normas operativas para su implementación.

En paralelo, el decreto elimina una de las principales asimetrías del sistema postal argentino. Hasta la entrada en vigencia de la norma, las compras realizadas mediante el operador postal oficial tributaban una tasa equivalente al 50% del valor de la mercadería, mientras que los envíos gestionados por couriers privados gozaban de una franquicia de hasta US$400 por envío, con un máximo de cinco operaciones anuales por persona.

Con la reforma, ese esquema queda unificado. Tanto los envíos ingresados por el operador postal oficial como aquellos canalizados por empresas privadas estarán exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística hasta un valor FOB de US$400 por envío, manteniéndose el límite de cinco operaciones por año para personas humanas. Si el valor supera ese monto, únicamente el excedente tributará conforme al régimen general.

La norma también deroga el artículo 8° del Decreto 161/99, que establecía la tasa del 50% para las compras ingresadas mediante el Correo Argentino, eliminando una diferencia que durante años fue cuestionada por generar condiciones desiguales entre los distintos operadores logísticos.

Otro de los cambios incorpora un procedimiento más ágil para el despacho aduanero. Desde ahora, el operador postal quedará habilitado automáticamente para actuar como representante del destinatario durante el proceso de nacionalización de la mercadería, salvo que éste manifieste expresamente su intención de realizar el trámite por cuenta propia antes del ingreso del envío al país.

La reforma también contempla un régimen específico para las exportaciones postales destinadas a ayuda familiar o envío de obsequios personales. En esos casos, las operaciones estarán exentas de tributos a la exportación siempre que el valor acumulado mensual remitido por una misma persona no supere los US$5.000.

Desde el Ministerio de Economía sostuvieron que la medida apunta a reducir costos administrativos, brindar mayor previsibilidad a quienes compran productos en el exterior y abrir nuevas oportunidades para que pequeñas empresas y emprendedores puedan comercializar bienes en mercados internacionales mediante un esquema aduanero simplificado.

La modificación se inscribe dentro de la estrategia oficial de desregulación del comercio y simplificación de trámites, con el objetivo de reducir barreras operativas, ampliar el acceso al comercio electrónico internacional y facilitar la inserción de productores argentinos en los mercados globales mediante herramientas compatibles con los estándares de la Unión Postal Universal.

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Vialidad centraliza la aprobación de permisos sobre rutas nacionales y endurece los requisitos para obras de terceros

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La Dirección Nacional de Vialidad avanzó en una profunda reorganización del régimen que regula las intervenciones de terceros sobre la Red Vial Nacional. Mediante la Resolución 908/2026, el organismo eliminó el esquema de autorizaciones descentralizadas vigente desde hace más de tres décadas y concentró en la Administración General la facultad exclusiva para aprobar y firmar los Permisos Precarios de Uso de la Zona de Camino (PPUSO), un cambio que busca homogeneizar criterios técnicos, fortalecer los controles y reducir la dispersión administrativa.

La medida representa una modificación estructural en la gestión de las autorizaciones para obras e instalaciones que se desarrollan dentro de la denominada “zona de camino”, el espacio bajo jurisdicción de Vialidad Nacional donde empresas de servicios públicos, operadores de telecomunicaciones, municipios y otros actores ejecutan tendidos, cruces, ductos, accesos, redes e infraestructura complementaria.

Hasta ahora, esa facultad se encontraba delegada en los jefes de los distritos jurisdiccionales, bajo un esquema instaurado por la Resolución 1348/93. Sin embargo, el organismo consideró que la evolución normativa, la digitalización de los expedientes mediante Gestión Documental Electrónica (GDE) y la nueva estructura organizativa aprobada en 2026 justifican reemplazar ese modelo por uno centralizado.

La resolución deja sin efecto el antiguo procedimiento, deroga normas que regían desde 1959 y 1993 y aprueba un nuevo circuito administrativo que incorpora estándares uniformes para todo el país. El objetivo es fortalecer la trazabilidad de los expedientes, unificar los criterios jurídicos y técnicos y reducir las diferencias de interpretación entre los distintos distritos.

Uno de los cambios de mayor impacto para empresas constructoras, prestadoras de servicios públicos y concesionarias es el endurecimiento de las condiciones para obtener los permisos. A partir de ahora, antes de la firma del PPUSO será obligatorio acreditar una póliza de caución equivalente al 10% del presupuesto oficial de la obra, salvo determinadas excepciones previstas para proyectos de menor complejidad. También será requisito contratar un seguro de responsabilidad civil con montos mínimos que serán actualizados periódicamente por la Coordinación Técnica de Distritos.

La normativa establece además que ninguna obra podrá comenzar sin la firma previa del permiso correspondiente. Los distritos de Vialidad ya no podrán autorizar el inicio de trabajos hasta que el documento haya sido aprobado por la Administración General, lo que introduce un control previo más estricto sobre las intervenciones en rutas nacionales.

En paralelo, el organismo aprobó una batería de nuevos modelos normalizados de permisos, cláusulas contractuales, normas técnicas, modelos de resolución y formularios administrativos que serán de uso obligatorio en todas las jurisdicciones. El propósito es eliminar diferencias documentales entre distritos y garantizar mayor seguridad jurídica tanto para el Estado como para los privados que desarrollan obras sobre la infraestructura vial nacional.

Desde el punto de vista institucional, la reforma también fortalece el rol de la Gerencia Ejecutiva de Gestión Institucional y de la División Uso de Zona de Camino, que concentrarán la revisión técnica y administrativa de cada solicitud antes de su aprobación definitiva. La Subgerencia de Gestión Documental, por su parte, tendrá a cargo la implementación del nuevo procedimiento y la optimización de los circuitos internos.

La decisión se inscribe en el proceso de reorganización administrativa que atraviesa Vialidad Nacional tras su incorporación a la órbita del Ministerio de Economía y la redefinición de competencias impulsada por el Gobierno nacional. El nuevo esquema busca reforzar los mecanismos de control sobre un activo estratégico como la Red Vial Nacional, donde las intervenciones de terceros requieren coordinación permanente para preservar la seguridad vial, proteger el patrimonio público y minimizar interferencias con la circulación.

En términos económicos, la centralización apunta a generar mayor previsibilidad para futuros proyectos de infraestructura, aunque también implica un proceso de aprobación más concentrado que podría incrementar la exigencia técnica y documental para las empresas que requieran ejecutar obras dentro de la zona de camino. Para el Ejecutivo, la estandarización de procedimientos constituye una herramienta para mejorar la gobernanza de la infraestructura vial y reducir riesgos administrativos en un sector clave para la logística y la competitividad del aparato productivo argentino.

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Argentina Ground Support obtuvo autorización para operar servicios de rampa

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La apertura del mercado de servicios aeroportuarios continúa sumando nuevos actores. El Gobierno nacional autorizó a la empresa Argentina Ground Support S.A. a explotar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en todo el país, una decisión que se enmarca en la estrategia de desregulación del sector aerocomercial impulsada por la administración nacional para incrementar la competencia en actividades que históricamente estuvieron concentradas.

La autorización fue oficializada mediante la Disposición 16/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, publicada este martes en el Boletín Oficial y firmada por el subsecretario Hernán Adrián Gómez. La medida habilita a la firma a prestar servicios de asistencia en tierra, una actividad clave para la operatoria de las compañías aéreas.

La empresa había solicitado la autorización en el marco de las modificaciones introducidas por el Decreto 599/2024, que redefinió el régimen de acceso a los mercados aerocomerciales. Esa normativa amplió el esquema de autorizaciones para actividades vinculadas al transporte aéreo, incluyendo expresamente los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa, con el objetivo de facilitar el ingreso de nuevos operadores privados.

Según surge de la disposición, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), a través de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo, emitió un dictamen técnico favorable sobre la solicitud. Asimismo, la firma acreditó los requisitos de capacidad técnica, económica y financiera previstos en el artículo 105 del Código Aeronáutico, además de cumplir con las exigencias regulatorias establecidas por la legislación vigente.

La autorización se encuadra además en la Resolución 49/2024 de la Secretaría de Transporte, que reglamentó el procedimiento para el otorgamiento de permisos destinados a empresas de servicios de rampa. Ese régimen establece autorizaciones por un plazo de 15 años, con renovación automática siempre que los operadores mantengan los estándares exigidos en materia de seguridad operacional.

La asistencia en tierra comprende un conjunto de servicios indispensables para la actividad aeroportuaria, entre ellos la carga y descarga de equipajes y mercaderías, el remolque de aeronaves, el abastecimiento de equipos en plataforma y otras tareas logísticas que permiten la operación de los vuelos comerciales. La incorporación de nuevos prestadores busca ampliar la oferta disponible para las aerolíneas y reducir las barreras de acceso a este segmento del negocio aeroportuario.

Desde una perspectiva económica, la decisión consolida uno de los ejes de la política aerocomercial del Gobierno: sustituir un esquema de fuerte regulación por un modelo con mayor competencia entre operadores privados. La expectativa oficial es que el incremento de oferentes contribuya a mejorar la eficiencia de los servicios, generar inversiones en infraestructura operativa y reducir costos para las compañías aéreas, con potencial impacto sobre la conectividad y la competitividad del sistema aeroportuario argentino.

Con esta autorización, Argentina Ground Support se incorpora al universo de empresas habilitadas para competir en un mercado que atraviesa una profunda transformación regulatoria, en línea con la política de liberalización del transporte aéreo que el Ejecutivo viene implementando desde 2024.

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