EL PAIS

La ANPyN extendió el descuento del 16,7% en el peaje del Canal Martín García

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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dispuso una nueva bonificación del 16,7% en la tarifa de peaje para los buques que utilicen el Canal Martín García, en el tramo comprendido entre las Secciones 0.0 y 1.2 de la Vía Navegable Troncal. La medida, formalizada por la Resolución 6/2026, rige desde el 3 de febrero de 2026 y por 40 días corridos, y busca preservar las condiciones de navegabilidad y ordenar el tráfico en un corredor estratégico para el comercio exterior argentino.

Marco normativo y continuidad de la política de bonificaciones

La resolución se inscribe en una secuencia regulatoria iniciada con los Decretos 427/2021, 699/2024 y 709/2024, que definieron el esquema de concesión, declararon servicio público a las actividades de dragado, balizamiento y control hidrológico, y habilitaron el llamado a licitación bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje y/o servicio público conforme a la Ley 17.520.

Posteriormente, el DNU 3/2025 creó la ANPyN como ente autárquico, con personería jurídica y capacidad para actuar en el derecho público y privado, y la estableció como continuadora jurídica de la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. En ese marco, la Agencia asumió las facultades de Autoridad de Aplicación y Control del contrato de modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, que se extiende desde el kilómetro 1238 del río Paraná (Confluencia) hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior, incluyendo el Canal Ingeniero Emilio Mitre y los tramos Paraná de las Palmas, Bravo, Guazú, Talavera y Paraná–Océano Atlántico.

La bonificación ahora prorrogada da continuidad a las establecidas por las Resoluciones 56/2025 y 65/2025, y a su renovación por Resolución 1/2026, que habían fijado el mismo descuento por plazos acotados. El vencimiento de ese esquema y la evaluación de resultados motivaron la nueva extensión temporal.

Alcance operativo y objetivos de la medida

La bonificación del 16,7% se aplica en ambos sentidos del tramo Sección 0.0 a Sección 1.2 del contrato vigente, exclusivamente para buques que utilicen el Canal Martín García. Según los considerandos, el objetivo central es mantener las condiciones de navegabilidad y optimizar el ordenamiento del tráfico en el Río de la Plata, en un contexto de reordenamiento de las actividades de mantenimiento y control hidrológico.

Desde el punto de vista institucional, la medida reafirma el rol de la ANPyN como autoridad técnica y regulatoria, al tiempo que articula con la Administración General de Puertos S.A.U. (en liquidación), que tomó intervención en el proceso. La decisión se adoptó con la intervención del servicio jurídico permanente, y se dictó en ejercicio de las facultades conferidas por el DNU 3/2025.

Impacto y proyección

En términos económicos, la prórroga del descuento reduce costos operativos para los buques que transitan el canal bonificado, con impacto directo en la competitividad logística del sistema fluvial y marítimo. Al tratarse de un corredor clave para la salida de cargas, la medida puede mejorar la previsibilidad de costos en el corto plazo y evitar desvíos de tráfico hacia rutas alternativas más onerosas.

La naturaleza temporal —40 días corridos desde el 3 de febrero de 2026— deja abierta la evaluación de nuevas prórrogas o ajustes en función de los resultados operativos y del avance del proceso licitatorio y de transición del contrato de concesión. En ese sentido, el esquema de bonificaciones aparece como una herramienta de gestión transitoria, alineada con el objetivo de regularidad, continuidad y eficiencia del servicio público de la Vía Navegable Troncal.

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Argentina refuerza el control de su Mar con un nuevo protocolo para combatir la pesca ilegal extranjera

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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, informa que mediante la Disposición N° 20/2026 entró en vigencia una normativa para fortalecer la vigilancia y el régimen de sanciones contra buques de bandera extranjera que operan de manera ilegal en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).

El objetivo principal de la norma es transformar conceptos técnicos complejos en estándares claros y verificables. A partir de ahora, se establecerán presunciones legales de pesca ilegal basadas en el comportamiento del buque:

•Maniobras sospechosas: Se considerará que un buque extranjero está pescando ilegalmente si navega a una velocidad inferior a 6 nudos realizando cambios de rumbo compatibles con tareas de pesca.
•Foco en el calamar: Para los buques “poteros” (especializados en calamar), la presunción operará si navegan a 2 nudos o menos sin justificación.
•Tecnología de vanguardia: El control se apoyará en el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, utilizando registros satelitales y electrónicos como evidencia de alta precisión.


La normativa no solo busca sancionar, sino también garantizar un proceso justo. El proyecto permite que los capitanes de los buques presenten sus descargos y pruebas técnicas (como reportes meteorológicos o partes de avería) para justificar sus movimientos, asegurando el cumplimiento del debido proceso.

Esta iniciativa se alinea con el Principio Precautorio, que obliga al Estado a actuar preventivamente ante la posibilidad de daños graves al ecosistema marino, incluso antes de tener una certeza científica absoluta en el momento de la detección.

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Qué sectores generarán más empleo en 2026 y qué perfiles buscan las empresas

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Con un escenario macroeconómico más favorable y mejores perspectivas de inversión, las expectativas de generación de empleo en la Argentina para 2026 se mantienen positivas, especialmente en sectores intensivos en capital y en actividades vinculadas a la transformación productiva. En ese marco, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento del 4% para la economía argentina en 2026, un dato que empieza a reflejarse en las búsquedas de talento que realizan las empresas de cara al primer trimestre del año. Minería, oil & gas, consumo masivo y retail aparecen como los principales motores de la demanda laboral, con foco en perfiles técnicos, estratégicos y de gestión.

Inversiones, RIGI y empleo en minería y energía

De acuerdo con un análisis de la consultora Seeds, basado en oportunidades laborales creadas y aprobadas entre fines de 2025 y el primer trimestre de 2026, las industrias minera y energética concentran hoy las búsquedas más dinámicas. En ambos casos, las empresas priorizan posiciones vinculadas a negocios y operaciones, con una fuerte demanda de gestión de proyectos y roles de liderazgo, mayormente de seniority alto, asociados a iniciativas de largo plazo y esquemas organizacionales más estructurados.

El dinamismo del sector se explica, en gran medida, por el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según datos oficiales citados en el informe, cerca del 65% del capital comprometido bajo este régimen se dirige al sector minero y más del 30% al energético, con proyectos que superan en conjunto los 30.000 millones de dólares. A esto se suma la expansión de Vaca Muerta y la ejecución de grandes obras de infraestructura energética, que demandan capacidades avanzadas de planificación, control y ejecución.

En este contexto, Martín Calzetti, CEO & Founder de Seeds, señaló que el impacto sobre el empleo “será más visible en el mediano plazo, conforme los proyectos avancen y se consoliden”, y anticipó que la demanda laboral se extenderá también de manera indirecta hacia empresas de construcción y servicios, ampliando el efecto multiplicador de las inversiones.

Consumo masivo y retail: tecnología, datos y ventas

El informe de Seeds muestra que el consumo masivo y el retail también exhiben un crecimiento sostenido en las búsquedas laborales para 2026, aunque con un perfil diferente al de las industrias pesadas. En estos sectores, las oportunidades se concentran en áreas de tecnología, análisis de datos y ventas, con especial énfasis en analistas de datos, inteligencia de negocios, marketing y desempeño comercial.

A diferencia de minería y energía, aquí predominan los perfiles junior y semisenior, lo que refleja una estrategia empresarial orientada a escalar procesos, avanzar en la automatización y mejorar la eficiencia comercial. El dinamismo del sector está asociado a una recuperación gradual del consumo interno prevista para 2026, junto con un mayor optimismo de las compañías para competir mediante segmentación de clientes y uso intensivo de información.

Este patrón de contratación sugiere que, aun en un contexto de cautela, las empresas buscan fortalecer capacidades clave para capturar demanda, optimizar canales de venta y adaptarse a un mercado más competitivo y digitalizado.

Contratación selectiva y nuevas habilidades demandadas

El análisis también destaca un cambio cualitativo en los procesos de selección. Según Seeds, las búsquedas laborales se han vuelto más maduras y ágiles, con mayor claridad estratégica por parte de las empresas. Si bien algunos sectores tradicionales aún enfrentan limitaciones para generar empleo formal, se observa una tendencia hacia contrataciones más selectivas, centradas en profesionales capaces de optimizar procesos críticos y aportar valor directo al negocio.

Además de minería, energía, consumo masivo y retail, otros sectores que planean realizar contrataciones durante 2026 son fintech, banca, automotriz, farmacéuticas y telecomunicaciones. En estas industrias, predominan los perfiles con capacidades tecnológicas, gestión de datos, transformación digital y mejora de procesos, en línea con los cambios estructurales del mercado laboral.

En ese sentido, el informe cita al World Economic Forum, que advierte que más del 20% de los empleos actuales atraviesan transformaciones estructurales impulsadas por la tecnología. Entre las habilidades más demandadas se destacan el liderazgo, la analítica y el pensamiento estratégico, competencias que atraviesan sectores y niveles de seniority.

En síntesis, 2026 se perfila como un año de contratación sostenida pero selectiva, en el que las empresas priorizarán perfiles con impacto directo en la eficiencia operativa, el crecimiento comercial y la transformación digital, en sintonía con un escenario macroeconómico más estable y con el impulso de grandes proyectos de inversión.

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Patrimonio en disputa: el decreto por el sable de San Martín desata renuncias y acciones judiciales

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La decisión del Gobierno nacional de trasladar el sable corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo desató una crisis política, institucional y cultural que ya tuvo consecuencias concretas: la renuncia indeclinable de la directora del museo, María Inés Rodríguez Aguilar, y la presentación de acciones judiciales para frenar la medida. El conflicto quedó formalizado con la publicación del Decreto 81/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, general Carlos Presti, y volvió a poner en el centro del debate el alcance de las decisiones del Poder Ejecutivo sobre el patrimonio histórico nacional.

El Decreto 81/2026 y la salida de la directora del Museo Histórico Nacional

La renuncia de María Inés Rodríguez Aguilar se produjo este martes, pocas horas después de que el Poder Ejecutivo confirmara oficialmente el traslado del sable corvo. La funcionaria había asumido en agosto de 2025 al frente del Museo Histórico Nacional, ubicado en Parque Lezama, tras desempeñarse como directora nacional de Museos, y había reemplazado a Gabriel Di Megio, quien dejó el cargo en medio de reclamos por la falta de presupuesto.

En declaraciones al diario Clarín, Rodríguez Aguilar calificó la decisión oficial como producto de “una interpretación muy original” del proceso de donación de la pieza histórica y sostuvo que el conflicto tiene antecedentes en la historia argentina. “Este conflicto no es nuevo en la Nación, ya pasó en 1844 cuando San Martín se lo dona a Rosas, luego cuando interviene Sarmiento. Forma parte de los sectarismos extremos de la sociedad”, afirmó.

El Decreto 81/2026, publicado en el Boletín Oficial, establece que el sable corvo —uno de los símbolos más representativos de la independencia y la soberanía nacional— dejará de exhibirse en el museo para quedar bajo la guarda y custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, con sede en la Ciudad de Buenos Aires. La norma subraya que la pieza “integra el patrimonio histórico de la Nación Argentina”, recuerda que fue donada al Estado en 1897 y detalla que sufrió dos robos, ocurridos en 1963 y 1965, mientras se encontraba en el museo.

La entrega formal del sable está prevista para este sábado, en una ceremonia en el Campo de Gloria, en San Lorenzo, Santa Fe, un dato que refuerza la carga simbólica y política del traslado.

Reacciones políticas, protestas y tensión institucional

La decisión oficial no solo derivó en la renuncia de la máxima autoridad del museo, sino que también generó reacciones en redes sociales y episodios de tensión dentro de la institución. Según denunciaron trabajadores del Museo Histórico Nacional, en los últimos días se registró la irrupción de jóvenes que se identificaron como libertarios, quienes reclamaron de manera airada el regreso del sable al regimiento y expresaron consignas vinculadas a gestiones anteriores.

Este clima de confrontación expuso un conflicto más amplio sobre el rol del Estado en la administración del patrimonio cultural, el equilibrio entre esfera civil y militar y el uso político de los símbolos históricos. En términos institucionales, la salida de Rodríguez Aguilar reabre además el debate sobre la gestión de los museos nacionales, en un contexto ya marcado por restricciones presupuestarias y reestructuraciones administrativas.

Acciones judiciales: amparos y medidas cautelares contra el traslado

La controversia escaló al plano judicial con la presentación de acciones de amparo contra el Decreto 81/2026. El dirigente de Convergencia Justicialista y candidato a la presidencia del PJ Misiones por la lista Amplitud, Gonzalo Costa de Arguibel, anunció que interpuso un amparo judicial con medida cautelar para impedir el traslado del sable.

Arguibel difundió la iniciativa a través de un video publicado en sus cuentas de Instagram y Facebook, donde destacó su condición de “descendiente de Juan Manuel de Rosas”, a quien San Martín legó el sable con el que combatió en la guerra por la independencia. En ese mensaje, afirmó: “Este sable, donado por la familia Rosas al Estado argentino, debe permanecer en la esfera civil, como símbolo patrio y patrimonio cultural del pueblo”.

Bajo el lema “Defender la historia es defender la Patria”, el dirigente sostuvo que “defenderlo es respetar la voluntad histórica de Juan Manuel de Rosas y su familia, y proteger nuestra identidad nacional frente a decisiones arbitrarias”, y cerró su intervención con consignas políticas: “¡Viva San Martín! ¡Viva Rosas! ¡Viva Perón!”.

En paralelo, no es el único descendiente de Rosas que accionó contra el decreto presidencial. Este martes, la prensa porteña informó sobre la presentación de una medida cautelar de no innovar impulsada por otros herederos del Restaurador, que quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 12, a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez.

Un debate abierto sobre patrimonio, poder y símbolos

El conflicto por el sable corvo de San Martín trasciende el traslado físico de una reliquia histórica. La renuncia de la directora del Museo Histórico Nacional, la publicación del Decreto 81/2026 y la judicialización del caso exponen una disputa de fondo sobre quién define el destino del patrimonio histórico, bajo qué criterios institucionales y con qué límites normativos.

Mientras el Gobierno avanza con la ceremonia de entrega en San Lorenzo, el escenario queda marcado por la incertidumbre judicial, la tensión política y un debate que vuelve a poner en discusión la relación entre historia, identidad nacional y decisiones del Poder Ejecutivo.

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El Gobierno dispuso el traslado definitivo del Sable Corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos

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El Poder Ejecutivo nacional ordenó el traslado del Sable Corvo del Libertador General Don José de San Martín a la sede principal y cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de garantizar su preservación, seguridad y custodia permanente. La medida fue formalizada mediante el Decreto 81/2026, firmado el 2 de febrero de 2026, y deroga expresamente el Decreto N° 843/2015, que había dispuesto su exhibición permanente en el Museo Histórico Nacional.

La decisión tiene un fuerte peso institucional y simbólico: redefine el esquema de guarda de uno de los bienes históricos más relevantes del patrimonio nacional y refuerza el rol del Regimiento de Granaderos como custodio de los símbolos fundacionales del Estado argentino.

Un símbolo del patrimonio histórico bajo custodia militar

El decreto recuerda que el Sable Corvo integra el patrimonio histórico de la Nación y constituye “uno de los símbolos más representativos de la soberanía nacional y de la consolidación de la independencia”. Donado al Estado Nacional en 1897, el arma fue incorporada al acervo público con el fin de asegurar su preservación y custodia estatal como testimonio material del proceso emancipador.

El texto oficial detalla que el sable fue objeto de hechos ilícitos en dos oportunidades, en 1963 y 1965, cuando se encontraba bajo guarda del Museo Histórico Nacional. Si bien fue recuperado en ambos casos, esos episodios motivaron un cambio de criterio en materia de seguridad. Como consecuencia, el Decreto N° 8756/1967 dispuso su guarda y custodia definitiva por parte del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, unidad creada por el propio Libertador.

Posteriormente, en 2015, el Decreto N° 843 estableció su traslado al Museo Histórico Nacional para exhibición permanente, aunque manteniendo la custodia formal del Regimiento. Esa decisión queda ahora sin efecto.

El rol del Regimiento y el valor institucional del Cuartel de Palermo

El decreto subraya que el Regimiento de Granaderos a Caballo ha tenido históricamente a su cargo la custodia del Jefe Supremo de la Nación y de los símbolos más relevantes de la historia argentina, constituyendo “una expresión de la continuidad institucional que vincula los orígenes de la República con el presente del Estado Nacional”.

En ese marco, se destaca también el valor del Cuartel de Palermo, ubicado en la Avenida Luis María Campos N° 554, declarado Monumento Histórico Nacional por el Decreto N° 1109/1997. El conjunto edilicio y sus jardines están directamente asociados a la figura del Libertador y a la tradición republicana argentina, lo que refuerza —según el Poder Ejecutivo— la coherencia histórica del traslado.

El Gobierno considera que la guarda del Sable Corvo en ese ámbito “restituye su contexto histórico propio” y garantiza condiciones adecuadas de conservación, seguridad y jerarquía institucional, en línea con el legado sanmartiniano.

Alcances de la medida

El Decreto 81/2026 establece que el sable quedará bajo la guarda y custodia exclusiva del Regimiento de Granaderos a Caballo, que será responsable de su preservación, seguridad e integridad conforme a las normas y protocolos aplicables. La decisión se inscribe, según los considerandos, en una política del Estado Nacional orientada a “honrar la historia nacional” y asegurar una administración responsable del patrimonio público.

Desde el punto de vista institucional, la derogación del decreto de 2015 implica un cambio relevante en el vínculo entre el Museo Histórico Nacional y uno de los objetos más emblemáticos de su acervo histórico reciente. Al mismo tiempo, reafirma el rol de las Fuerzas Armadas —en este caso, a través de una unidad histórica— en la custodia de símbolos fundacionales del orden republicano.

La medida fue dictada en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional y contó con la intervención del servicio de asesoramiento jurídico correspondiente.

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