EL PAIS

Licitación de baterías de almacenamiento: se recibieron 235 proyectos por más de 10 veces la potencia licitada

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El Gobierno Nacional informó que la licitación de baterías de almacenamiento de energía recibió 235 proyectos y superó, en más de diez veces, la potencia inicial licitada.

El proyecto inicial preveía la licitación de 700 megavatios (MW) a través de Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) bajo la órbita de la Secretaría de Energía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la misma resultó “un éxito absoluto“, donde los proyectos ascendieron hasta los 8.335 MW (+1.090%), diez veces mayor a la oferta inicial. Se cubrieron todas las regiones del país donde se podía licitar.

Estas radicaban en nodos críticos del Noroeste y Noreste argentino, Centro, Litoral, Cuyo y Buenos Aires (excluyendo el AMBA).

“Esta iniciativa, junto con otra similar realizada en el AMBA el año pasado, mejora la confiabilidad de la red y da respuesta a los picos de consumo, sobre todo en el verano“, sostuvo el funcionario en sus redes.

El 16 de junio se publicarán los resultados de las propuestas presentas por las 37 empresas nacionales e internacionales. El 24 de ese mismo mes se realizará la apertura de las ofertas económicas.

La licitación se había lanzado a comienzos de marzo para sumar almacenamiento eléctrico en puntos críticos del país, con el objetivo de robustecer el sistema y reducir los cortes de luz.

La medida se apoyó en el antecedente de Almacenamiento en Gran Buenos Aires (ALMA-GBA), donde el Ejecutivo adjudicó 713 MW de almacenamiento en nodos críticos del AMBA, superando en más del 40% el objetivo inicial, con una inversión estimada superior a US$540 millones.

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Granja Tres Arroyos cerró su planta de Entre Ríos y peligran 950 empleos

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Granja Tres Arroyos, la empresa que supo ser la mayor avícola de la Argentina, cerró por tiempo indeterminado su planta La China en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La decisión, que sorprendió a los trabajadores, dejó en riesgo unos 950 empleos en un contexto de crisis financiera, recortes operativos y una fuerte caída en la faena diaria, que pasó de 700.000 a 200.000 pollos.

El cierre fue comunicado formalmente, aunque no dio precisiones sobre el futuro de los empleados. En tal sentido, la firma anunció que resolvió “cerrar por tiempo indeterminado su planta de Concepción del Uruguay debido a los constantes conflictos gremiales que paralizaron sus operaciones generando un quiebre en la cadena de producción avícola de la región”.

“En la planta de Concepción del Uruguay se registraron en los últimos meses medidas sindicales inflexibles y desproporcionadas que afectaron la previsibilidad operativa, con trabajadores en constante paro, trabajo a desgano y un altísimo nivel de ausentismo, lo que comenzó a generar un conflicto en toda la cadena productiva”, rezó el documento difundido.

Y agregaron: “Además, se reportaron actitudes violentas y bloqueo por parte de algunos responsables sindicales hacia los trabajadores que manifestaban su voluntad de trabajar para sostener el funcionamiento de la planta y preservar sus fuentes de trabajo. Luego de agotar todas las instancias posibles de diálogo y ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para operar, la compañía se vio forzada a tomar la difícil decisión de cerrar la planta por tiempo indeterminado, a la espera de encontrar canales de entendimiento que le permitan continuar con sus operaciones en el futuro”.

Al llegar la mañana del martes 26 de mayo, los empleados encontraron los accesos de la planta cerrados con cadenas y candados. Un cartel en la puerta informaba: “El establecimiento permanecerá cerrado por tiempo indeterminado y hasta nuevo aviso. El directorio”. “No puede entrar nadie”, relataron a Infobae quienes se presentaron a trabajar. “No nos avisaron nada”, agregaron.

El deterioro de la situación ya se había reflejado en los últimos meses. La compañía recortó cerca de 400 puestos mediante retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y desvinculaciones, y perdió parte de su red de productores integrados. En paralelo, el volumen de procesamiento se redujo a menos de un tercio de su nivel habitual.

La empresa adeuda a sus trabajadores el 70% de la segunda quincena de abril y la totalidad de la primera quincena de mayo. Este miércoles 27, los empleados se reunieron en las inmediaciones del establecimiento para reclamar la reapertura.

Jornadas recortadas y salarios reducidos

En la planta de Concepción del Uruguay trabajan aproximadamente 950 empleados. En el último tiempo y por la crítica situación de la empresa, GTA había acordado con los gremios (el de la carne y el de la alimentación) un esquema de trabajo de cuatro días semanales. Los lunes no había faena y esa jornada se pagaba al 65% del salario. El objetivo era evitar despidos y cancelar haberes adeudados de marzo.

Sin embargo, las dificultades productivas, financieras y laborales no son nuevas en ese establecimiento. A comienzos de este año, la planta de La China atravesó la paralización más extensa desde 2001, con más de 10 días sin actividad por falta de pago de haberes y bonos, mientras la empresa también adeudaba el aguinaldo de diciembre. Ese conflicto se resolvió con intervención del gobierno provincial. La gestión fue encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo Manuel Troncoso, que solicitaron la mediación de la Secretaría de Trabajo provincial.

Además, ya en noviembre del año pasado, Granja Tres Arroyos había cerrado de manera definitiva su planta de Becar, también en Concepción del Uruguay. En ese momento, la empresa informó que los 270 trabajadores de ese predio fueron trasladados a La China, ubicada a pocos metros.

La reducción de actividad también alcanzó a otras instalaciones del grupo. En la planta de La Lonja se aplicó un esquema de tres días de trabajo semanales y el pago del 50% del salario en las jornadas sin actividad, de acuerdo con el texto fuente.

Una reestructuración que se profundizó desde 2024

Dos semanas atrás también se conoció que la planta avícola Wade, ex Cresta Roja y actualmente propiedad del grupo, había frenado su actividad en un contexto de atrasos salariales y deuda financiera. Según registros oficiales, Granja Tres Arroyos acumula cheques rechazados por $29.333.390.645 correspondientes a 1.813 documentos impagos.

La empresa negó que la producción se hubiera detenido en esa planta y sostuvo que durante ese día la actividad fue normal. Sobre el pago de salarios, referentes de la compañía evitaron hacer comentarios al respecto.

El cierre indeterminado de la planta La China forma parte de una crisis que se remonta a una década de reestructuraciones. En diciembre de 2024, la firma había pedido ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el impacto de la influenza aviar y a la pérdida del mercado chino, que para el sector implicó una caída aproximada de 160 millones de dólares.

Para Granja Tres Arroyos, esa pérdida tuvo un efecto directo sobre sus exportaciones. Según información a la que accedió este medio, la participación del mercado externo chino en su volumen exportado cayó del 33% al 25%, lo que obligó a redirigir al mercado local mercadería producida para ese destino.

Aunque el expediente fue abierto, nunca llegó a aprobarse formalmente a nivel nacional. Desde entonces, la compañía aceleró los recortes: durante 2024 cerró la planta de Tristán Suárez y desvinculó a 200 de sus 270 empleados.

La empresa es comandada por el empresario Joaquín de Grazia, hijo del fundador Gaspar De Grazia. Desde 2022, el 34% de la compañía pertenece a la estadounidense Tyson Food. En medio del conflicto que atraviesa la empresa, fueron varias las versiones que señalaban una posible compra total del paquete accionario por parte de la firma americana. Hasta el momento, no hubo mayores precisiones al respecto.

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El Grupo Dabra líder en el mercado de retail deportivo y calzado cierra su fábrica en Catamarca

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El Grupo Dabra, la corporación nacional dominante en el mercado de retail deportivo y calzado de la Argentina, cerró definitivamente su fábrica en la localidad de Sumalao, en la provincia de Catamarca, y hay 23 despidos. Así, la empresa deja de fabricar zapatillas y botines Lotto en el país para abastecerse directamente desde Brasil.

Es que este cierre no sólo marca la desvinculación formal de 23 operarios, sino también la desaparición absoluta de la fabricación local de los históricos botines 

La drástica resolución fue oficializada en el transcurso de este mes de mayo, lo que pone de manifiesto un rotundo cambio de rumbo en las operaciones del holding empresarial. Fundada en 1970 y con más de 50 años de trayectoria, la firma controla las reconocidas cadenas Dexter, Stock Center y Moov, junto a la plataforma líder de comercio electrónico Netshoes, incorporada a sus activos en 2019.

Hasta ahora, el grupo operaba de manera mixta como comercializador y fabricante, pero a partir de ahora, abandonará por completo su faceta industrial para consolidarse exclusivamente como un gigante de la logística y el comercio de reventa por diversos canales.

La empresa generó tensión en Catamarca con el sorpresivo cierre de la planta cuando los operarios se presentaron en las instalaciones en su horario de trabajo habitual para encontrarse con las persianas bajas y las puertas cerradas.

A partir de entonces, se inició un conflicto gremial ante las irregularidades de la primera propuesta de desvinculación económica acercada por los abogados del grupo minorista.

La Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) tomó una activa intervención en el ámbito administrativo provincial, y tras negociaciones bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo catamarqueño, el sindicato logró destrabar el conflicto alcanzando un entendimiento formal para garantizar las compensaciones económicas, estableciendo un esquema de liquidación de las indemnizaciones en cuotas.

Pero a pesar del acuerdo legal, la medida dejó un profundo impacto y un sabor amargo en Sumalao…

Los motivos del cierre y la importación desde Brasil

Con la conducción ejecutiva de Alberto Calvo, exmiembro de Nike que asumió el liderazgo del grupo en 2019 para modernizar la firma mediante su suite de software Nexus, Dabra fundamentó el desmantelamiento de su fábrica en la inviabilidad de sostener los márgenes de rentabilidad industrial en la Argentina.

Los directivos explicaron que el modelo productivo de calzado nacional se volvió insostenible frente al actual contexto económico, caracterizado por una persistente retracción del consumo interno en el rubro de artículos deportivos y altos costos de fabricación en las provincias, además del impacto de la apertura de importaciones.

En lugar de sostener la estructura y los riesgos de una planta fabril propia, optaron entonces por flexibilizar su operatoria para hacerla económicamente “más liviana”, concentrándose puramente en sus 120 bocas de expendio físicas y sus canales digitales.

Para compensar la ausencia de los botines Lotto nacionales, Dabra recurrirá a las importaciones, sustituyendo la producción local por el ingreso directo de calzado desde Brasil, una vía más económica y competitiva, según la empresa.

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Aprueban préstamo de CAF a Santa Fe por US$150 millones para mejorar el puerto de Rosario

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El Gobierno nacional aprobó un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) a Santa Fe por US$150 millones para mejorar la infraestructura portuaria en Rosario, mediante el Decreto 389/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

En la normativa, el presidente Javier Milei dio el aval a la rúbrica de un contrato de garantía entre Argentina y la CAF junto con la suscripción de un contrato de contragarantía entre el Ejecutivo y la administración santafesina.

El texto oficial precisó que la CAF “ha propuesto al Gobierno Nacional la suscripción de un Contrato de Garantía con la finalidad de que la República Argentina afiance las obligaciones financieras que el Gobierno de la provincia de Santa Fe contraiga como consecuencia de la suscripción del mencionado Contrato de Préstamo CAF”.

En ese marco, detalló que el Contrato de Contragarantía suscripto entre Nación y Santa Fe apunta “a la necesidad de asegurar el pago de los compromisos emergentes del Contrato de Préstamo CAF referido y de preservar el crédito público de la República Argentina”.

Al respecto, estipuló que “para el caso de no producirse la cancelación respectiva, el Gobierno de la provincia de Santa Fe autorizará al Gobierno Nacional a efectuar las gestiones correspondientes para el débito automático de los fondos de la Cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos o del régimen que la reemplace, por hasta el total del monto adeudado”.

La asistencia financiera tiene como objetivo general “fortalecer la integración metropolitana del Gran Rosario con su complejo portuario, impulsándolo como nodo estratégico del desarrollo productivo de la Provincia, a través de la implementación de un programa integral de mejoras a la infraestructura logística urbana y metropolitana”.

En los considerandos del decreto, se argumentó que el Banco Central analizó el efecto de la operación y manifestó que “implica un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales” y, por ende, concluyó que dicho impacto “será acotado y consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas”.

En la misma dirección se pronunció la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía al informar que no tiene objeciones sobre el financiamiento a partir de que el costo financiero del préstamo, “basado en la información disponible y los supuestos realizados, es inferior al que la República podría obtener en el mercado”.

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El Gobierno cree que la ley de etiquetado frontal “genera confusión y sobrecostos”

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Luego de anunciarlo previamente finalmente el Gobierno nacional cumplió su palabra y envió al Congreso un proyecto de ley para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como ley de etiquetado frontal.

Dicha ley, vigente hasta el momento, obliga a incluir octógonos negros de advertencia en alimentos y bebidas con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías. El Gobierno de Milei está en contra e incluso dos diputados de LLA presentaron un proyecto exigiendo su derogación hace unos días atrás.

La iniciativa plantea eliminar por completo la Ley 27.642 y argumenta que el sistema actual presenta limitaciones técnicas, regulatorias y económicas que, según el Poder Ejecutivo, terminaron generando distorsiones en la información nutricional y mayores costos para la industria alimentaria.

El proyecto fue firmado por Javier Milei, Manuel Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones.Qué cuestiona el Gobierno del etiquetado frontal

En los fundamentos de la iniciativa, el oficialismo sostiene que el modelo de octógonos negros adoptado en Argentina se basa en parámetros impulsados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), pero asegura que no existe un criterio único y uniforme a nivel internacional sobre sistemas de etiquetado nutricional.

Según el texto, distintos países aplican modelos diferentes y muchos de ellos se encuentran en revisión permanente a partir de nuevos consensos científicos y cambios en políticas alimentarias.

El Gobierno afirma además que la experiencia acumulada desde la entrada en vigencia de la ley permitió detectar “dificultades relevantes” vinculadas al sistema de perfil de nutrientes utilizado para determinar las advertencias.El etiquetado frontal “Genera interpretaciones simplificadas”

Uno de los principales argumentos del proyecto es que el esquema vigente “simplifica” la información nutricional y puede inducir a interpretaciones erróneas por parte de los consumidores.

El texto sostiene que productos con composiciones nutricionales diferentes terminan recibiendo advertencias similares, dificultando que el consumidor pueda distinguir entre perfiles alimentarios distintos.

Además, el Ejecutivo asegura que el sistema no contempla adecuadamente factores como:el grado de procesamiento; las porciones efectivamente consumidas; el rol del alimento dentro del patrón alimentario; las particularidades tecnológicas de determinadas categorías.

El proyecto también cuestiona la metodología de cálculo utilizada por la ley actual, al considerar que en algunos casos genera resultados “técnicamente inconsistentes o desproporcionados”.

Críticas al impacto económico y regulatorio

Otro de los ejes del proyecto apunta al impacto económico del etiquetado frontal sobre la industria alimentaria.

El Gobierno sostiene que la coexistencia de múltiples mecanismos gráficos de advertencia generó “superposición regulatoria”, mayores costos de implementación y dificultades operativas, especialmente para pequeñas y medianas empresas.

Según el texto, muchas PyMEs enfrentaron costos elevados vinculados al rediseño de envases, adaptación de líneas productivas, manejo de stock y adecuaciones regulatorias.

La iniciativa también advierte que estas exigencias pueden favorecer procesos de concentración de mercado en beneficio de empresas con mayor capacidad financiera para absorber los costos regulatorios.

El proyecto establece directamente la derogación total de la Ley 27.642.

Sin embargo, el Gobierno aclara que seguirán vigentes las obligaciones generales de información nutricional previstas en el Código Alimentario Argentino y en otras normas complementarias.

Según el Ejecutivo, eso permitirá mantener información “clara, verificable y basada en criterios técnicos y científicos actualizados”, sin necesidad del sistema de advertencias frontales actual.

También continuarán vigentes las normas sobre defensa del consumidor, publicidad engañosa y lealtad comercial.

El argumento del Gobierno: “un sistema más preciso”

En el mensaje enviado al Congreso, el oficialismo sostiene que la derogación busca avanzar hacia un modelo de información nutricional “más precisa, contextualizada y técnicamente consistente”.

El proyecto afirma que el actual esquema tiene poca capacidad de adaptación frente a nuevos consensos científicos y cambios tecnológicos en materia alimentaria.

Además, el Ejecutivo sostiene que el sistema vigente incorporó demasiados aspectos técnicos directamente en el texto legal, dificultando futuras actualizaciones regulatorias.

En ese sentido, el Gobierno asegura que la derogación no implica abandonar políticas de alimentación saludable, sino reemplazar el esquema actual por herramientas “más flexibles, actualizables y compatibles con estándares técnicos internacionales”.

“La medida procura avanzar hacia un esquema técnicamente más consistente, uniforme y adaptable a los avances en materia nutricional”, sostiene el proyecto oficial.

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