JUDICIALES

Alba Posse tiene nueva jueza de Paz: juró Sabrina Boher

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La presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, tomó juramento este viernes 6 de febrero en Alba Posse, donde quedó oficialmente en funciones la nueva jueza de Paz de la segunda circunscripción provincial.

El acto se realizó en el Juzgado de Paz local y consagró como jueza titular a Sabrina Boher, en una ceremonia que contó con la presencia de los ministros del Superior Tribunal de Justicia Juan Manuel Díaz, Cristina Irene Leiva y Valeria Fiore Cáceres, además del procurador general Carlos Jorge Giménez.

Durante el acto, Venchiarutti Sartori destacó el valor de la identidad y la pertenencia en una localidad de frontera. “A los misioneros no nos cuesta ser internacionales, y mucho más cuando vivimos en la frontera. Hoy estamos en plena frontera”, señaló ante los vecinos.

Al referirse a la nueva magistrada, subrayó el hecho de que Boher regrese a su lugar de origen para asumir el cargo. “Volver a casa después de mucho tiempo es una de las cosas que más felicidad nos da. Sabrina volvió al pago. Es hija de Alba Posse, criada acá, conoce la localidad, sus fortalezas y también sus carencias. Estamos seguros de que eso les va a servir”, afirmó.

En ese mismo sentido, la presidenta del STJ convocó a la comunidad a acercarse al Juzgado de Paz. “Vengan, pregunten, consulten, reclamen. Para eso está el Juzgado. Y si la respuesta no está acá, Sabrina los va a orientar hacia donde buscarla”, remarcó.

Uno de los momentos más comentados del acto fue cuando Venchiarutti Sartori reveló un detalle del proceso de designación. Contó que, al ser informada de que el regreso a Alba Posse implicaba una reducción salarial, Boher no dudó: “No me importa, yo quiero volver”. “Eso habla del compromiso y de la felicidad de volver a casa”, destacó.

Sobre el cierre, la titular del STJ subrayó la presencia del Poder Judicial en la vida institucional del municipio. “Alba Posse es una localidad de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A partir de ahora, Sabrina representa al Poder Judicial y esperamos que lo haga con toda la honra”, expresó.

Del acto participaron también el ministro coordinador de Gabinete Carlos Sartori, el intendente local Lucas Gerhardt, magistrados y funcionarios judiciales, representantes de fuerzas de seguridad y autoridades educativas de Alba Posse y Santa Rita. La lectura del acta constitutiva estuvo a cargo de la secretaria de Inspección de Justicia de Paz, Graciela Molinas.

La Justicia de Paz constituye el primer escalón de acceso a la justicia en la provincia y funciona a través de juzgados radicados en cada municipio. Allí los vecinos pueden realizar trámites como multas viales, pequeñas causas vecinales, autorizaciones de viaje para menores, notificaciones, oficios, embargos, constataciones o desalojos.

El rol del juez de Paz resulta clave, especialmente en localidades alejadas de las cabeceras departamentales, ya que permite resolver de manera rápida conflictos cotidianos y derivar aquellos casos que exceden su competencia.

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Milei retiró al Estado como querellante en la causa del megacrédito al FMI y descomprimió el frente judicial de Mauricio Macri

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Mediante el Decreto 87/2026, publicado en un suplemento vespertino del Boletín Oficial el 5 de febrero, el presidente Javier Milei, junto al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, ordenó que la Procuración del Tesoro de la Nación cese su rol como querellante particular en la causa judicial que investiga el megacrédito otorgado por el FMI durante la gestión de Mauricio Macri. La decisión implica un cambio institucional relevante en la estrategia del Estado frente a uno de los expedientes más sensibles en materia de endeudamiento externo, con impacto político, jurídico y económico, y se produce en coincidencia con la llegada de una misión del Fondo Monetario Internacional al país.

El decreto y el giro institucional en la causa del FMI

El Decreto 87/2026 deroga el artículo 1° del Decreto 239/2021, que había instruido a la Procuración del Tesoro a constituirse como querellante en la Causa N° 3561/2019, caratulada “Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”. En consecuencia, se ordena formalmente que el organismo abandone su intervención penal en representación del Estado Nacional.

El texto oficial fundamenta la medida en una resolución judicial dictada el 2 de febrero de 2026, mediante la cual la jueza interviniente archivó la causa, al considerar que no se cometieron los delitos denunciados. Según se detalla en los considerandos, gran parte de los cuestionamientos planteados en el expediente fueron interpretados como discrepancias con decisiones de política económica, adoptadas dentro de las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo, y por lo tanto no susceptibles de control penal.

En ese marco, el decreto sostiene que los efectos macroeconómicos adversos derivados de dichas decisiones “no permiten reconducir, por sí solos, estas conductas al ámbito del derecho penal”, alineándose con el criterio judicial que descartó la tipificación de delitos como violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.

El megacrédito, las irregularidades denunciadas y el trasfondo económico

El expediente judicial tiene su origen en el acuerdo stand by firmado con el FMI el 12 de junio de 2018, por un monto cercano a US$57.000 millones, el más grande en la historia argentina y el mayor préstamo otorgado por el propio Fondo. La decisión había sido anunciada por Mauricio Macri en cadena nacional el 8 de mayo de 2018, bajo el argumento de “evitar una gran crisis económica” y corregir desequilibrios fiscales.

Sin embargo, distintos informes oficiales posteriores —incluidos los de la Auditoría General de la Nación (AGN)— señalaron graves irregularidades administrativas y normativas. Entre ellas, se destacó que el crédito representó 127 veces la capacidad de endeudamiento de Argentina con el FMI, incrementando la vulnerabilidad externa en lugar de fortalecer la posición financiera del país. Además, se indicó que el 71% de los fondos se destinó al pago de deuda pública previa, especialmente emisiones realizadas entre 2016 y 2018, y que las comisiones y gastos reconocidos al Fondo equivalieron a más del 50% del presupuesto del CONICET en 2018.

Las denuncias también subrayaron el incumplimiento del artículo 61 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156, la falta de dictamen del Banco Central sobre el impacto en la balanza de pagos, la ausencia de intervención del Congreso, y la no aplicación de la Resolución 108/09 que exige la aprobación por decreto de préstamos multilaterales. Asimismo, se cuestionó que el entonces ministro de Hacienda no tenía facultades suficientes para autorizar la operación, y que no se realizaron análisis de costos, riesgos ni sostenibilidad de la deuda.

Pese a ese cúmulo de observaciones, el archivo judicial de la causa y el nuevo decreto presidencial desactivan la participación penal directa del Estado, aunque el texto aclara que ello no implica renunciar a eventuales acciones civiles para el recupero de daños y perjuicios, si estos pudieran acreditarse.

Impacto político y posibles repercusiones

La publicación del decreto en un suplemento vespertino del Boletín Oficial, en lugar de esperar la edición habitual, reforzó las lecturas políticas del movimiento. La decisión beneficia directamente a Mauricio Macri, al retirar al Estado como parte activa en una causa emblemática de su gestión, en un contexto donde el expresidente se muestra distanciado políticamente de Javier Milei.

Desde el plano institucional, el Gobierno justificó la medida en la necesidad de evitar superposiciones de funciones y de priorizar el uso eficiente de los recursos públicos, remarcando que la titularidad de la acción penal corresponde al Ministerio Público Fiscal, conforme a los artículos 120 de la Constitución Nacional y 33 de la Ley 24.946. El decreto enfatiza que la Procuración del Tesoro no cuenta con áreas especializadas en litigación penal compleja, y que su intervención en ese fuero es excepcional.

En términos económicos y de señal política, el giro se produce en paralelo a la auditoría del FMI sobre la economía argentina, lo que abre interrogantes sobre el mensaje que el Gobierno busca enviar al organismo internacional respecto del pasado reciente y del tratamiento institucional del endeudamiento externo.

primera-seccion_05-02-2026_suplemento-1 by CristianMilciades

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El Consejo de la Magistratura de Misiones abrió concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial

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El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Misiones convocó a Concurso Público de Antecedentes y Oposición para la cobertura de cuatro vacantes en el Poder Judicial provincial, correspondientes a distintas circunscripciones judiciales y fueros.

Según el edicto oficial, los llamados comprenden los siguientes concursos:

  • Concurso N.º 304/26: un cargo de Juez Correccional y de Menores del Juzgado en lo Correccional y de Menores N.º 2 de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Posadas.
  • Concurso N.º 305/26: un cargo de Agente Fiscal de la Fiscalía en lo Correccional y de Menores N.º 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Oberá.
  • Concurso N.º 306/26: un cargo de Fiscal del Tribunal Penal N.º 1 de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Posadas.
  • Concurso N.º 307/26: un cargo de Defensor de Oficio de Instrucción, Correccional y de Menores N.º 1 de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en Puerto Rico.

Inscripción y modalidad

El plazo de inscripción se extenderá desde el 11 de febrero hasta el 5 de marzo, a las 12 horas inclusive.
Las inscripciones, así como la apertura y modificación de legajos, se realizarán exclusivamente de manera online, a través de los formularios disponibles en el sitio web oficial del organismo.

Canales de consulta

Para consultas e informes, las personas interesadas podrán comunicarse mediante:

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La Justicia amplía la pericia médica en la causa por la muerte de Silvina Luna y vuelve a poner el foco en Aníbal Lotocki

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La investigación judicial por la muerte de la modelo y actriz Silvina Luna, ocurrida el 31 de agosto de 2023, sumó en las últimas horas una decisión clave: la Justicia ordenó ampliar la pericia médica para determinar si existieron errores o fallas en el seguimiento postoperatorio tras las intervenciones realizadas por Aníbal Lotocki, médico misionero nacido en Oberá.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, a cargo del juez subrogante Santiago Bignone, a partir de un pedido formulado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1. El objetivo es que la junta médica oficial se expida sobre aspectos que aún generan dudas en el expediente.

La causa investiga la eventual responsabilidad penal de Lotocki, denunciado por el abogado Fernando Burlando y otros allegados a la familia de Luna, bajo la calificación de homicidio simple.

Los puntos centrales del nuevo peritaje

La ampliación de la pericia médica se estructura en cuatro ejes principales:

En primer lugar, se busca establecer si, una vez detectados los granulomas —formaciones anómalas que se desarrollaron en el cuerpo de la paciente—, existía algún tratamiento o intervención posible que pudiera haber evitado la aparición de la hipercalcemia, un trastorno grave del calcio en sangre que derivó en la insuficiencia renal que padeció Luna.

El segundo punto apunta a determinar en qué momento preciso habría sido oportuno aplicar ese eventual tratamiento, con el fin de establecer si existió una ventana temporal en la que la evolución clínica pudo haberse frenado o revertido.

En tercer término, la junta médica deberá analizar si los controles postoperatorios realizados por Lotocki fueron adecuados de acuerdo con el tipo de intervención practicada. Este aspecto resulta clave para evaluar si el seguimiento médico se ajustó a los estándares exigidos por la práctica profesional.

Por último, el juzgado solicitó que se determine si Lotocki se encontraba en condiciones —de acuerdo con su experiencia y conocimiento del caso— de intervenir de alguna manera para evitar que el desarrollo de los granulomas produjera las graves consecuencias que tuvo en la salud de la paciente. El pedido apunta a establecer si el desenlace podía haber sido previsto o evitado mediante medidas razonables.

Una vez finalizado el nuevo informe pericial, las actuaciones volverán a la órbita de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1, que continuará con la investigación.

Antecedentes y condenas previas

Cabe recordar que Silvina Luna se sometió a dos intervenciones médicas con Lotocki los días 3 de octubre y 23 de noviembre de 2011. Según consta en la causa, el imputado le colocó un producto de relleno que contenía microesferas de polimetil metacrilato (PMMA) en zonas del cuerpo donde su uso está prohibido y en cantidades superiores a las recomendadas por la ciencia médica, lo que le provocó severas alteraciones anatómicas.

Por estos hechos, en febrero de 2022 el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 condenó a Lotocki a cuatro años de prisión y a cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina, al hallarlo responsable de lesiones graves reiteradas en perjuicio de Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y la propia Silvina Luna.

Posteriormente, en noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal amplió la condena a ocho años de prisión al considerar que también había cometido el delito de estafa, y extendió a diez años el período de inhabilitación profesional. Esa decisión fue confirmada en abril por la Sala II del mismo tribunal.

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Causa YPF: nuevo cruce entre la Argentina y Burford Capital ante la jueza Preska en Nueva York

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La República Argentina y los demandantes encabezados por Burford Capital volvieron a enfrentarse este miércoles en Nueva York en el marco del juicio por la expropiación de YPF. Fue durante una audiencia de seguimiento ante la jueza Loretta Preska, donde los fondos demandantes solicitaron la aplicación de sanciones y el Estado argentino reiteró su pedido de suspensión total del proceso. El episodio se inscribe en una nueva escalada procesal con impacto directo en la estrategia judicial del país, en la discusión sobre inmunidades soberanas y en el frente financiero e institucional que rodea al histórico litigio.

La audiencia formó parte del monitoreo del proceso de discovery ordenado por el tribunal y ya estaba prevista con antelación. Sin embargo, cobró especial relevancia por el cruce de posiciones entre las partes, en un expediente que sigue siendo uno de los principales focos de riesgo legal para el Estado argentino en el exterior.

Audiencia ante la jueza Preska: sanciones, discovery y pulseada procesal

Según informó la Procuración del Tesoro de la Nación, el encuentro se desarrolló luego del pedido de sanciones presentado por Burford Capital y de la solicitud de suspensión total del proceso impulsada por la defensa argentina. El tribunal federal del distrito sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, lleva adelante el seguimiento del discovery, una etapa clave del litigio en la que se discute el alcance de la información que el Estado debe aportar.

Desde el Gobierno nacional señalaron que la audiencia había sido fijada desde fines del año pasado y cuestionaron la estrategia de los demandantes, a la que calificaron como una escalada de presión. En ese sentido, fuentes oficiales remarcaron que “resulta improcedente insistir en requerimientos de información sobre activos amparados por inmunidades soberanas”.

La defensa argentina sostuvo que exigir datos al Banco Central de la República Argentina sobre la localización de activos equivaldría a reclamarle a la Reserva Federal de los Estados Unidos información sensible sobre sus propias tenencias, lo que —según planteó— vulnera principios básicos del derecho internacional público y del régimen de inmunidades soberanas.

La posición del Estado argentino y la estrategia de defensa

Durante la audiencia, la representación legal de la Argentina reafirmó su compromiso de completar la documentación pendiente vinculada a los puntos previamente acordados con el tribunal y de continuar avanzando en las comunicaciones relacionadas con ciudadanos que manifestaron su voluntad de cooperar con el proceso.

Desde la defensa destacaron que el país continúa demostrando “responsabilidad y buena fe” en el cumplimiento de sus obligaciones procesales, aun cuando mantiene firme el pedido de suspensión total del juicio. “Frente a este nivel de presión, el Estado sostiene una postura firme en la defensa de sus derechos y en el uso de todas las herramientas legales disponibles”, explicaron fuentes oficiales tras la audiencia.

En ese marco, la Argentina reiteró su objeción a determinados requerimientos formulados por los demandantes en el discovery, al considerar que exceden los límites legales y afectan activos protegidos por inmunidades soberanas. La audiencia permitió, además, reafirmar la decisión del actual Gobierno de sostener una estrategia jurídica activa en el litigio, con una defensa institucional que busca acotar el alcance de las medidas solicitadas por Burford Capital.

Impacto del litigio por YPF

El nuevo cruce judicial en Nueva York vuelve a poner en primer plano el juicio por la expropiación de YPF, un proceso de alto impacto económico, político e institucional para la Argentina. La disputa por el alcance del discovery, las sanciones solicitadas por los demandantes y el pedido de suspensión total del proceso reflejan una etapa de máxima tensión procesal, en la que se define no solo la estrategia jurídica sino también los márgenes de exposición patrimonial del Estado.

En términos institucionales, la discusión sobre inmunidades soberanas y requerimientos de información sensible al Banco Central se proyecta como un eje central del conflicto. Al mismo tiempo, la postura argentina busca enviar una señal tanto a los tribunales internacionales como a los actores financieros sobre la decisión de defender sus prerrogativas soberanas y limitar eventuales precedentes que puedan afectar otros frentes judiciales o financieros.

El litigio continúa abierto y bajo seguimiento permanente del tribunal, en un escenario donde cada movimiento procesal tiene implicancias directas sobre la posición del país frente a uno de los juicios más relevantes de su historia reciente.

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