mié. Sep 9th, 2026

JUDICIALES

El Gobierno reducirá el monto de la pensión que recibe Cristina Fernández de Kirchner

By Redacción Economis 2 meses ago
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Luego de que la ANSES comunicara que la ex presidenta Cristina Kirchner comenzará a percibir una pensión mensual bruta de 15.683.154,06 a partir de agosto, el Gobierno nacional dispuso que implementará dos descuentos sobre dicho total, en virtud de una medida cautelar emitida por la Justicia. 

Recientemente, el organismo previsional informó a la Justicia que restablecerá provisoriamente uno de los beneficios que Cristina Kirchner gozó hasta noviembre de 2024, los cuales habían sido suspendidos tras su condena en la causa Vialidad. 

A raíz de esta situación, a Cristina Kirchner se le estaban haciendo deducciones por las contribuciones a la obra social e impuesto a las ganancias. 

Producto de esta decisión judicial, el Gobierno decidió que dejará de abonarle a la ex presidenta “el pago del adicional por zona austral“, con el argumento de que ella se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en la Capital Federal. 

Además, se le descontará una suma mensual de $3.136.630,81 hasta alcanzar un total de $660.052.338,87, monto que se considera que fue percibido indebidamente durante años. 

Hasta noviembre de 2024, Cristina Kirchner recibió dos asignaciones bajo la Ley 24.018, que regula los beneficios de expresidentes y exvicepresidentes. 

Una de estas asignaciones correspondía a su jubilación como ex presidenta, y la otra era una pensión por la muerte de su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner. 

Ambos ingresos fueron suspendidos luego de que ella fuera condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad. 

En cuanto a los argumentos del Gobierno y la prolongada disputa en la Corte, la ANSES informó que cumplirá con la medida cautelar que dispone el restablecimiento del beneficio, pero ratificó que sigue en curso el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema para intentar dar vuelta esa decisión. 

El organismo sostiene que Cristina Kirchner no debería recibir un régimen previsional privilegiado dada su condena firme por delitos contra la administración pública. 

En ese sentido, el Ministerio de Capital Humano mantiene vigente su apelación ante la Corte Suprema para anular la medida cautelar. 

El Gobierno asegura que intentará todos los caminos judiciales para evitar que la expresidenta reciba una asignación excepcional, considerando que la Ley 24.018 reconoce este régimen como un reconocimiento al “honor, mérito y buen desempeño en el cargo”, condiciones que consideran incompatibles con su condena firme por corrupción. 

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ARA San Juan: condenaron a un ex oficial a tres años de prisión en suspenso y absolvieron a otros tres

By Redacción Economis 2 meses ago
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El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó la sentencia definitiva en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan: el excapitán de navío Claudio Villamide fue condenado a tres años de prisión en suspenso, mientras que el ex contralmirante Luis López Mazzeo, el ex capitán de navío Héctor Alonso y el ex capitán de fragata Hugo Correa fueron absueltos.

Luego de un debate oral que duró más de cuatro meses con 30 audiencias llevadas a cabo, la resolución judicial determinó que Villamide fue hallado culpable por el delito de estrago culposo, pero al ser una pena menor no irá a la cárcel de manera efectiva.

Por otra parte, y después de que se evaluaran las responsabilidades penales en la planificación y mantenimiento de la nave que implosionó en noviembre de 2017 y que causaron la muerte de sus 44 tripulantes, Mazzeo fue absuelto por unanimidad de los cargos de incumplimiento de deberes y estrago culposo al igual que Alonso y Correa.

El proceso judicial, que se desarrolló en la ciudad de Río Gallegos y tanto la fiscalía como las querellas de los familiares sostuvieron que la tragedia “era previsible” de acuerdo al estado operativo del submarino. 

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, las abogadas defensoras de los familiares Valeria Carreras y Lorena Arias indicaron que “es la primera vez en la historia argentina” que un jefe naval es condenado penalmente “por la muerte de su propia tripulación en tiempos de paz“.

“Durante casi nueve años, la explicación oficial fue que el mar es riesgoso y los accidentes ocurren. Hoy la Justicia dijo lo contrario: no fue el mar el que hundió el submarino, fueron decisiones y omisiones humanas“, manifestaron.

Asimismo, Carreras y Arias adelantaron que “van a recurrir a esta sentencia una vez conozcan los fundamentos“, previstos para el 21 de agosto de 2026, tanto respecto de las absoluciones como de la magnitud de la pena.

“Hoy se mezclan dos sentimientos: la impotencia ante las absoluciones, y la certeza de haber logrado algo que hace ocho años y ocho meses parecía imposible. Haber llegado hasta acá, contra una fuerza armada poderosa, siendo un puñado de familiares sin padrinos políticos ni recursos, ya es, en sí mismo, una victoria. Se ganó una batalla contra la impunidad. Quedan otras por dar”, concluyeron. 

El submarino ARA San Juan se hundió el 15 de noviembre del año 2017 en las aguas del Atlántico Sur, luego de sufrir una falla técnica, que causó la muerte de sus 44 tripulantes. Previamente, había sido reportado un ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación hacia el tanque de baterías, lo que ocasionó un cortocircuito y un principio de incendio. 

Pasadas algunas horas de la última comunicación, se detectó un ruido violento, emparentado con una implosión y, tiempo después, se supo que el submarino colapsó por la presión del agua al descender sin control.

La búsqueda que comenzó con operativos locales, se trasladó a nivel internacional y la empresa privada Ocean Infinity localizó los restos de la nave, prácticamente un año después, el 17 de noviembre de 2018, a 907 metros de profundidad.

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Espert fue a la indagatoria, pero no declaró, pidió “reglas claras”

By Redacción Economis 2 meses ago
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José Luis Espert se presentó este martes ante la justicia federal de San Isidro citado a declaración indagatoria por presunto lavado de dinero. El exdiputado oficialista no declaró y presentó un escrito en el que pidió que la investigación la asuma el juez y no el fiscal, que tiene delegada la causa.

En un comunicado que publicó en las redes sociales, se explica la decisión de no declarar por “consejo de su defensa” invocando un derecho constitucional que le permite “reservar su declaración para el momento en que estén garantizadas las condiciones mínimas de un proceso justo”.

De acuerdo al texto, el economista liberar manifiesta su voluntad de “declarar y responder cada punto de la imputación en el corto plazo”.

El comunicado aclara que “no se trata de silencio” sino de “exigir que las reglas del juego sean las que la ley establece para todos”.

Espert es investigado por recibir US$200 mil de parte del empresario Fred Machado, hoy condenado en USA por lavado de dinero y fraude. Para la fiscalía, para esa transferencia se simuló un contrato de servicios.

“Hoy me presenté ante la Justicia, hice cuestionamientos a la investigación del Fiscal, aporté prueba relevante y solicité al Juez que reasuma la dirección del sumario. Declararé la verdad de los hechos cuando la instrucción sea objetiva e imparcial, como legalmente corresponde”, agregó Espert en el tuit en el que compartió el comunicado.

En la presentación escrita, los abogados del ex candidato de La Libertad Avanza aportaron once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019. 

Según precisaron, estos correos “documentan la gestación, celebración y ejecución real del contrato de servicios profesionales que dio origen al pago” investigado, calificándolos como documentos de la época “técnicamente inalterables y verificables”. 

Por este motivo, solicitaron formalmente al juez Mirabelli que reasuma de forma personal la dirección de la investigación, la cual permanecía delegada en la Fiscalía Federal a cargo de Fernando Domínguez.

El origen de la causa

La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares recibida el 22 de enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley en Estados Unidos, la cual no habría sido declarada ante el fisco argentino. 

Conforme a los datos del expediente, los fondos provinieron de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., vinculada a la organización del empresario aeronáutico argentino Fred Machado, quien se declaró culpable por lavado de dinero en los Estados Unidos.

Si bien Espert había señalado públicamente que dicho monto correspondía a un asesoramiento para la firma Minas del Pueblo SA en Guatemala, la Justicia mantiene la lupa sobre el destino de los fondos, bajo la sospecha de que pudieron haberse utilizado para la adquisición de vehículos de alta gama y el financiamiento de un fideicomiso inmobiliario en la costa atlántica.

La citación judicial se produjo en momentos en que Espert mantiene sus bienes inhibidos por disposición de la Justicia —medida ratificada por la Cámara de San Martín—, situación que también afecta a su entorno familiar y a firmas asociadas

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Procesan al dueño de Manaos por presunta evasión fiscal y embargan bienes por $250 millones

By Redacción Economis 2 meses ago
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El empresario Orlando Eduardo Canido, propietario de Manaos y presidente de Refres Now S.A., fue procesado sin prisión preventiva por la Justicia Federal en una causa por presunta evasión tributaria vinculada al Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2020. La resolución, dictada por el Juzgado Federal N.º 2 de Morón, representa un nuevo capítulo judicial para uno de los empresarios más influyentes de la industria nacional de bebidas, cuyo crecimiento desafió durante las últimas dos décadas a las grandes multinacionales del sector.

El fallo, firmado por el juez federal Jorge Rodríguez en el expediente N.º 5439/2024, también alcanzó a Refres Now S.A., la empresa fabricante de Manaos, que fue procesada por el mismo hecho investigado. En ambos casos, el magistrado resolvió mantener la libertad de los imputados durante la tramitación de la causa, aunque dispuso un embargo preventivo de 250 millones de pesos sobre los bienes de Canido y otro de igual monto sobre el patrimonio de la compañía para garantizar una eventual reparación económica.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó presuntas irregularidades en la liquidación del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2020. El procesamiento constituye una etapa procesal en la que el juez considera reunidos elementos suficientes para avanzar hacia un eventual juicio, aunque no implica una condena definitiva ni prejuzga sobre la responsabilidad penal de los imputados.

Un empresario acostumbrado a desafiar al mercado

Canido construyó Manaos como una de las pocas compañías nacionales capaces de disputar participación de mercado a gigantes internacionales del negocio de las bebidas gaseosas. Su estrategia comercial basada en precios competitivos y una amplia red de distribución permitió que la marca alcanzara una fuerte presencia en todo el país, especialmente en el consumo masivo.

Sin embargo, el empresario también ha cultivado un perfil mediático poco convencional, con declaraciones que suelen generar repercusión pública.

En una entrevista concedida a fines de 2025, Canido relató cómo concretó la compra de la tradicional marca Cunnington mediante una operación realizada íntegramente al contado.

“Hablé con el número dos de Cunnington y le dije que le convenía vendérmela a mí. Fuimos al banco e hicimos la operación en efectivo, de contado”, sostuvo durante su participación en La Fábrica del Podcast.

Durante esa misma conversación hizo referencia, en tono distendido, a la investigación judicial que ya enfrentaba por presunta evasión fiscal.

“En los diarios dice que evadí como mil millones; entonces pensé dónde pongo esa plata, fui y compré Cunnington, y en blanco la compré”, ironizó.

La compra de Cunnington como estrategia de mercado

El empresario explicó que la adquisición respondió a una decisión estratégica para consolidar su posición dentro del mercado argentino de bebidas.

Según detalló, cuando comenzó su actividad existían más de cuarenta fabricantes de gaseosas en el país, mientras que actualmente sobreviven apenas unas pocas empresas nacionales.

Canido sostuvo que decidió avanzar sobre Cunnington luego de conocer que la marca podría ser adquirida por un competidor internacional, escenario que, según afirmó, habría incrementado significativamente la presión competitiva sobre Manaos.

En ese contexto, explicó que negoció directamente con Guillermo Raed, vinculado al grupo propietario de Cunnington, Seco y Torazzo, para concretar la operación y evitar el ingreso de un jugador de mayor escala internacional.

Una causa que continúa en etapa de investigación

El procesamiento dispuesto por el Juzgado Federal de Morón no implica el cierre del expediente. La causa continuará con la producción de prueba y las instancias procesales correspondientes hasta determinar si existen elementos suficientes para elevar el caso a juicio oral.

Mientras tanto, Canido conserva su libertad y podrá ejercer plenamente la conducción de Refres Now, aunque tanto él como la empresa deberán afrontar el avance de una investigación que podría tener impacto no sólo judicial sino también reputacional para una de las compañías nacionales más importantes del mercado de bebidas.

El expediente también vuelve a poner bajo análisis el cumplimiento tributario de grandes empresas nacionales en un contexto en el que el Gobierno nacional busca reforzar los mecanismos de fiscalización y aumentar la eficiencia recaudatoria a través de ARCA, organismo que impulsó la denuncia que dio origen al proceso penal.

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Piden prisión para el ex senador Edgardo Kueider en Paraguay

By Redacción Economis 2 meses ago
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El proceso judicial que enfrenta el exsenador nacional Edgardo Kueider en Paraguay ingresó en su etapa final. Tras concluir la producción de pruebas, la Fiscalía solicitó que tanto el exlegislador como su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel Costa, sean condenados a dos años y dos meses de prisión por el delito de tentativa de contrabando.

Con los alegatos ya finalizados, el Tribunal especializado en delitos económicos quedó en condiciones de fijar la fecha en la que dará a conocer el veredicto, en una causa que comenzó hace más de un año y que mantiene al exsenador bajo arresto domiciliario.

El pedido de la Fiscalía para Edgardo Kueider

Durante la audiencia de clausura, el fiscal Ysrael Villalba sostuvo que las pruebas incorporadas durante el juicio respaldan la acusación contra ambos imputados y pidió una condena de dos años y dos meses de cárcel.

En la vereda opuesta, los abogados defensores insistieron con la absolución de Kueider y Guinsel Costa. Según plantearon, los hechos investigados no configuran un delito y, por ese motivo, solicitaron que ambos sean desvinculados del expediente.

Antes del cierre de la audiencia, el propio exsenador tomó la palabra y sostuvo que nunca cometió un delito, ni en Paraguay ni en la Argentina, ratificando la estrategia que mantuvo durante todo el proceso.

La investigación comenzó luego de que Kueider y su pareja fueran interceptados cuando intentaban ingresar a Paraguay por el Puente de la Amistad con una importante suma de dinero sin declarar.

De acuerdo con la acusación, transportaban 211.000 dólares, además de pesos argentinos y guaraníes, sin haber cumplido con las exigencias aduaneras correspondientes.

Ese episodio derivó en la imputación por tentativa de contrabando. Al tratarse de un delito que, según la acusación, no llegó a consumarse, la pena máxima prevista es inferior a la correspondiente al contrabando consumado.

Desde entonces, ambos permanecen bajo arresto domiciliario en Asunción, tiempo que podría computarse en caso de una eventual condena.

Un expediente que se suma a otros frentes judiciales

El juicio en Paraguay no es el único problema judicial que enfrenta el exsenador.

En ese mismo país también fue imputado por una presunta maniobra de lavado de activos relacionada con la compra de inmuebles, bienes que ya fueron embargados por orden judicial.

Al mismo tiempo, en la Argentina continúa siendo investigado por presunto lavado de dinero en una causa a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien solicitó su extradición una vez que finalice el proceso judicial paraguayo. Ese pedido ya cuenta con el respaldo del Ministerio Público del país vecino.

Además, Kueider enfrenta otra investigación similar en la Justicia de Entre Ríos. Actualmente, la Corte Suprema deberá resolver cuál de los tribunales argentinos continuará con esa causa.Espera por la sentencia

Con los alegatos ya concluidos y la etapa probatoria cerrada, el tribunal paraguayo quedó habilitado para dictar sentencia en los próximos días.

El fallo será determinante para el futuro inmediato de Kueider, quien no solo espera conocer si será condenado en Paraguay, sino que también deberá afrontar las causas que siguen abiertas en la Justicia argentina una vez que concluya el proceso en el país vecino.

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