La Cámara de Empresarios del Transporte Urbano de Corrientes rechazó este miércoles 7 de enero el pedido de recomposición salarial formulado por la Unión Tranviaria Automotor (UTA) sede local y aseguró que el incremento pretendido por los choferes no puede ser afrontado en el actual contexto del sistema. Con una tarifa plana de $1.890 —la más alta del NEA y entre las más caras del país— y una caída sostenida de pasajeros, el sector empresario advirtió que elevar los haberes pondría en riesgo la continuidad del servicio.
“El acuerdo está firmado y los haberes son de $1.200.000. El nuevo salario de $1.370.000 que pide la UTA es inviable de pagar”, sostuvo el vocero de la cámara empresarial, quien remarcó que las condiciones económicas actuales del transporte urbano no permiten absorber una suba de ese nivel.
Salarios, costos y caída de pasajeros: el diagnóstico empresario
Según explicaron desde la Cámara de Empresarios del Transporte Urbano, el reclamo sindical choca con una realidad operativa marcada por la reducción de la demanda y el encarecimiento de los costos. “Es un pedido de recomposición salarial que es inviable; los trabajadores lo saben porque ven la caída de pasajeros que tenemos, es notable y es imposible de considerar. Así no podemos continuar”, afirmaron.
En la actualidad, el salario de un chofer de colectivo urbano en la ciudad de Corrientes asciende a $1.200.000. El pedido de la UTA apunta a elevar ese ingreso a $1.370.000, lo que representa un aumento significativo para empresas que sostienen su estructura con una recaudación cada vez más ajustada.
Desde el sector empresario subrayan que la ecuación económica del transporte urbano ya se encuentra tensionada, incluso con una tarifa que se ubica en $1.890 por viaje. Ese valor posiciona a Corrientes como la ciudad con el boleto más caro del NEA, un factor que, según reconocen, también incide en la retracción del número de pasajeros.
Tarifa elevada y límites del sistema
La discusión salarial se da en un contexto sensible para el transporte público urbano, donde el margen de maniobra para absorber nuevos costos aparece prácticamente agotado. La tarifa vigente, considerada alta en términos comparativos, no logró frenar la pérdida de usuarios ni garantizar una mejora sustancial en la sustentabilidad del sistema.
Para los empresarios, el aumento del boleto no es una alternativa inmediata ni viable para compensar el incremento salarial solicitado, dado el impacto social que tendría sobre los usuarios y el riesgo de profundizar aún más la caída de la demanda. En ese escenario, advierten que cualquier ajuste adicional en la estructura de costos podría comprometer la prestación del servicio.
Repercusiones
El rechazo al pedido de la UTA anticipa un escenario de negociación compleja en el corto plazo. La advertencia empresarial pone en evidencia los límites económicos del sistema de transporte urbano correntino y abre interrogantes sobre cómo compatibilizar las demandas salariales con una estructura tarifaria ya elevada y una demanda en retroceso.
Mientras tanto, el conflicto deja expuesta una problemática recurrente en las ciudades del interior: la dificultad de sostener servicios públicos esenciales frente a la combinación de costos crecientes, ingresos limitados y menor cantidad de usuarios, sin mecanismos que permitan equilibrar la ecuación económica sin trasladar todo el peso a trabajadores o pasajeros.
El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, volvió a poner en el centro del debate el esquema de distribución de recursos nacionales al denunciar lo que considera una inequidad estructural en el reparto de regalías energéticas de Yacyretá y de la coparticipación federal.
En declaraciones públicas realizadas en un programa de televisión abierta emitido los domingos por la noche en la ciudad de Corrientes, el mandatario sostuvo que su provincia aporta más a la Nación, pero recibe menos recursos, y apuntó directamente contra la situación de Formosa, a la que acusó de beneficiarse sin realizar aportes equivalentes.
Sin mencionar de manera explícita a la represa de Yacyretá, ubicada en Ituzaingó, Valdés aludió al sistema de regalías vinculadas a la generación de energía y expresó su malestar por la distribución actual. “Formosa no produce nada, recibe más y se lleva plata de los correntinos”, afirmó, sintetizando un reclamo que combina argumentos económicos, fiscales e institucionales.
Coparticipación federal y reclamo por un esquema “injusto”
Según el portal CorrientesHoy el eje central de las críticas del gobernador correntino se concentró en el actual régimen de coparticipación federal, al que calificó de “injusto”. Según su planteo, Corrientes contribuye de manera sostenida al financiamiento del Estado nacional a través del trabajo de sus ciudadanos, la producción y las industrias locales, pero esa contribución no se ve reflejada en el volumen de recursos que retorna a la provincia.
En ese marco, Valdés contrastó la situación de Corrientes con la de Formosa, a la que señaló como una provincia que, de acuerdo con su visión, “no aporta nada y recibe más por coparticipación del trabajo de todos los correntinos”. La afirmación apunta directamente a la lógica redistributiva del sistema vigente y reabre una discusión de fondo sobre los criterios con los que se asignan los fondos federales.
Las declaraciones se produjeron en un contexto de creciente tensión entre las provincias y la Nación por la disponibilidad de recursos, en un escenario económico complejo que obliga a los gobiernos subnacionales a revisar sus estrategias de financiamiento y a reforzar sus reclamos ante el Poder Ejecutivo nacional.
Regalías energéticas y defensa de los intereses provinciales
Aunque no la mencionó de forma directa, el planteo del gobernador tuvo como telón de fondo la represa de Yacyretá, una de las principales fuentes de generación de energía del país y ubicada en territorio correntino. La referencia implícita a las regalías nacionales por energía refuerza la idea de que Corrientes considera insuficiente la compensación que recibe en relación con el impacto territorial, ambiental y productivo que implica albergar una infraestructura de esa magnitud.
Valdés adelantó que insistirá ante el Gobierno Nacional para que se revise la situación y se avance en la sanción de una nueva ley de coparticipación, que garantice un criterio más equilibrado. “No es posible que Corrientes aporte más y reciba menos”, remarcó, fijando una posición política clara de cara al debate federal.
Con este pronunciamiento, el mandatario busca instalar el tema en la agenda nacional, no solo como un reclamo coyuntural, sino como una discusión estructural sobre la distribución de fondos, la equidad fiscal y el reconocimiento a las provincias que generan recursos estratégicos. Al mismo tiempo, reafirma su discurso de defensa de los intereses de Corrientes y de sus recursos naturales, en un escenario donde la puja por ingresos y regalías se vuelve cada vez más visible entre las jurisdicciones.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026, una ley clave que define el rumbo económico y social del país para el próximo año. El plan de gastos e ingresos asciende a 149,6 billones de guaraníes, equivalentes a unos 19.000 millones de dólares, y representa un incremento del 12,3% respecto al presupuesto 2025, con un fuerte énfasis en inversión social, salud, educación y seguridad, pero manteniendo el déficit fiscal dentro del tope del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB).
La norma, sancionada previamente por el Congreso y promulgada en el último día de 2025, marca el inicio del proceso de reglamentación y ejecución presupuestaria para 2026. Desde el Poder Ejecutivo destacaron que se trata de un presupuesto consensuado con el Poder Legislativo y alineado con el objetivo de priorizar a los sectores más vulnerables sin desordenar las cuentas públicas.
Un presupuesto expansivo con fuerte eje en políticas sociales
El Presupuesto 2026 destina partidas significativas a programas sociales emblemáticos. Entre ellos se destaca el programa de alimentación escolar “Hambre Cero”, que contará con 370 millones de dólares, con el objetivo de alcanzar a un millón de estudiantes en todo el país. A esto se suma una asignación de 412 millones de dólares para el programa de adultos mayores, que permitirá incorporar 30.000 nuevos beneficiarios al sistema.
El esquema de gastos también refuerza áreas sensibles como Seguridad, Defensa, Salud y Educación, consolidando un perfil de presupuesto orientado a la inversión social y a la provisión de servicios públicos esenciales. En el área sanitaria, las modificaciones introducidas por el Congreso incluyeron un aumento cercano a 47.000 millones de guaraníes, destinados a obras e inversiones específicas como la ampliación del Hospital de Caaguazú (20.000 millones), la adquisición de mamógrafos (10.000 millones), equipamiento para el futuro hospital de Curuguaty y la reposición de recursos para el Centro de Tratamiento de Adicciones.
Cambios legislativos y reasignaciones estratégicas
Durante el debate parlamentario, ambas cámaras introdujeron ajustes relevantes al proyecto original del Ejecutivo. Uno de los cambios más significativos fue la reasignación de fondos originalmente previstos para el Ministerio de Obras Públicas, que se redireccionaron para fortalecer el presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, con el objetivo de dinamizar la construcción de viviendas sociales en 2026.
También se incrementó el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en 10.000 millones de guaraníes, y el del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en 17.000 millones de guaraníes, destinados en gran parte al proyecto “Letrina Cero”, que prevé la construcción de baños adecuados en 347 escuelas, con una asignación específica de 15.000 millones, mientras que el resto se orientará a tareas de supervisión regional.
En términos globales, el PGN aprobado asciende a 149,1 billones de guaraníes (unos 18.928 millones de dólares), una cifra muy cercana a la propuesta original del Ejecutivo y consistente con la estrategia fiscal del Gobierno.
Orden fiscal y señal política al mercado
Uno de los aspectos más destacados del Presupuesto 2026 es el cumplimiento del tope de déficit fiscal del 1,5% del PIB, un límite que no se respetaba desde 2018. Al conocerse la sanción legislativa, el presidente Peña celebró este punto y subrayó su relevancia institucional y económica: “Esto marca un hito: es la primera vez desde 2018 que se aprueba un presupuesto dentro de este límite, lo que demuestra nuestro compromiso absoluto con el orden administrativo”.
Desde una mirada macroeconómica, el PGN 2026 busca combinar expansión del gasto social con disciplina fiscal, un equilibrio que será observado de cerca tanto por los actores políticos internos como por analistas económicos y organismos internacionales. La ejecución efectiva del presupuesto y el cumplimiento de las metas fiscales serán determinantes para sostener la credibilidad del programa económico del Gobierno en un año clave para la gestión.
Desde la asunción del presidente Santiago Peña Palacios y el ministro del Interior Enrique Riera Escudero y del Comandante de la Policía Nacional de Paraguay el Comisario general, Comandante Carlos Humberto Benítez González, se intensificó la seguridad en todo el territorio nacional y en particular en la denominada Triple Frontera integrada además por Argentina y Brasil.
Acuerdos con EEUU e Israel
Desde la asunción del presidente Peña Palacios, el 15 de agosto de 2023, Paraguay suscribió convenios de trabajos en conjunto con Estados Unidos e Israel, entre otros países. De hecho, efectivos de seguridad de Paraguay realizaron cursos intensivos en Israel.
En octubre pasado el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, firmaron en Washington un Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA) que regula la presencia y actividades del personal militar estadounidense en el país sudamericano con el objetivo de reforzar la cooperación en seguridad regional y combatir grupos “que operan como organizaciones terroristas”.
La seguridad paraguaya en la Triple Frontera es intensa y coordinada ante el crimen organizado, especialmente en operaciones contra el Comando brasileño Vermelho con refuerzos de efectivos, operativos conjuntos como “Escudo Guaraní”. No se descarta que el grupo terrorista brasileño tenga relaciones muy estrellas con células del Hezbola que operan en la Triple Frontera.
También hay un trabajo de lucha constante contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una guerrilla marxista que opera en el norte de Paraguay desde 2008, vinculada al Partido Patria Libre, que busca una revolución agraria y lucha contra el Estado y los estancieros, cometiendo secuestros y extorsiones, y ha sido enfrentada por las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) de Paraguay. Esta guerrilla tiene estrecha relación con el Comando Vermelho.
Seguridad: Nivel 1
Si bien no todos los efectivos policiales recibidos hace unos días de la Academia Nacional de la Policía reforzarán la frontera, esta cantidad que se suman a los que están en pleno trabajo permitirán seguir intensificando la seguridad en todo el territorio paraguayo.
Hoy, este país es considerado uno de los más seguros de la región. Está clasificado por EE.UU. en el Nivel 1 (precauciones habituales) para viajeros, destacado por su estabilidad y baja criminalidad en zonas turísticas, aunque se recomienda precaución en departamentos fronterizos como Alto Paraná, Amambay y Canindeyú por la presencia de crimen organizado, según informes de 2025
El Comandante de la Policía Nacional de Paraguay es el Comisario general comandante Carlos Humberto Benítez González mantuvo una entrevista exclusiva con Economis.com.ar en la que, principalmente se refirió al cambio de imagen positiva y el avance en la prevención de delitos que tiene la Policía Nacional desde la asunción del presidente Santiago Peña Palacios.
“Estamos ganando la batalla”
¿Qué significa que hayan egresado 5000 nuevos efectivos de la Academia de Policía de Paraguay?
Hablemos desde dos puntos de vista. El primero el fortalecimiento institucional, porque desde que yo recuerde de los 37 años que estoy en la policía son situaciones que se han dado de manera inédita e histórica. La camada 2025 es la segunda porque la primera de 5.000 policías fue hace un año. Por eso que para nosotros como policías nos eriza la piel entrar en un escenario deportivo como es el Estadio de Defensores del Chaco porque el Defensores del Chaco amén de ser un escenario donde la selección paraguaya y los clubes importantes llevan adelante sus encuentros deportivos es todo un símbolo por lo que fue la lucha de la identidad nacional, porque el Estadio de Los Defensores del Chaco cuando fue la guerra contra Bolivia también ha sido utilizado para grandes formaciones de los soldados que iban a luchar en el frente, entonces es un símbolo de identidad nacional, es por ello que para nosotros fue todo un orgullo y un honor formar parte también de esa rica historia desde el punto de vista policial. El primer punto es el fortalecimiento institucional porque venimos de una necesidad imperiosa de contar con más efectivos policiales porque nosotros de acuerdo a los requerimientos y estándares internacionales Paraguay, debería contar con 3,3 policías por cada 1.000 habitantes y solamente contábamos con casi 1,5 cada 1.000 ciudadanos, esto hacía como se dice futbolísticamente que ya estemos perdiendo desde los vestuarios contra los delincuentes y el crimen organizado
¿Cuál es la línea del gobierno nacional para fortalecer la seguridad?
La nueva línea de gobierno al asumir el presidente Santiago Peña Palacios es fortalecer la seguridad. El Presidente planteó que en sus cinco años de gobierno debemos contar con 25.000 nuevos policías, 5.000 por año y cinco años de gobierno equivalen 25.000 efectivos. Con esta cantidad de nuevos policías nos convertimos en una herramienta válida para dar más tranquilidad, más seguridad y llevar las garantías a toda la ciudadanía.
¿Cómo es la formación policial?
Los que egresaron tienen una formación de tecnicatura. Tienen un examen de admisión; anualmente se presentan entre 16.000 o 17.000 candidatos para 5.000 plazas. Un buen porcentaje es para mujeres, otro para varones y un porcentaje también está reservado para los pueblos originarios. Hay un examen de admisión para todos quienes desean ser suboficiales de policía y eso lo lleva adelante la Universidad Nacional de Asunción a través del Centro Nacional de Cómputos que se encarga íntegramente de todo el proceso de admisión. Nosotros como Policía Nacional ya recibimos el producto que nos envía esa Alta Casa de Estudios en cuanto a la selección. Ellos se encargan de la selección y nosotros recibimos el producto con los resultados. La Policía Nacional se encarga de hacer los exámenes psicotécnico, psicológico, médico y físico.
Ante la falta de efectivos policiales la respuesta a la comunidad era difícil…
Reconozco que sí; por eso cuando la gente llamaba al 911 o a la comisaría jurisdiccional la respuesta no llegaba nunca, porque no teníamos más policías; eso se sumaba a la carencia logística, y la falta de patrullas. Por eso respetamos muchísimo la gestión del Presidente qué en muy poco tiempo, ha llevado adelante proyectos que los convirtió en realidades en muy poco tiempo. En décadas no se ha visto el crecimiento que tuvo en estos primeros dos años de gobierno de Santiago Peña Palacios. Hay una línea de gobierno que se planteó para que la policía realmente sea un elemento válido para dar garantías a la ciudadanía. Entonces, por estos cinco años de gobierno, la tecnicatura de dos años de formación para el suboficial bajó a un año, pero con la salvedad de que se mantuvo el diseño curricular, la carga horaria porque hacemos doble escolaridad, y el diseño curricular sigue intacto. El estudiante recibe la misma formación, pero con un doble esfuerzo. A eso le sumamos que cuando egresan van a las comisarías a realizar la práctica policial. Entonces, se da esa formación integral de tal manera que el ciudadano pueda recibir un servicio de nivel profesional y acorde a las exigencias.
Carlos Humberto Benítez González, Comisario general comandante
¿Y la formación de oficiales?
Los oficiales de policía tienen los mismos requerimientos, hacen el mismo examen de ingreso tomado por la Universidad con el control del Centro Nacional de Cómputos. Hay una absoluta transparencia en todo el proceso que nos permite saber que están ingresando los mejores calificados. La diferencia es que la Academia Nacional de Policía es una formación para oficiales; en tanto que el Colegio es para suboficiales, la fuerza operacional y la Academia Nacional de Policía son para futuros gerentes y líderes de la Policía Nacional, por ello llevan una formación de cuatro años de internado dentro de la Academia Nacional de Policía egresando como Licenciados en Seguridad. Hay un control estricto en cuanto a lo que es la formación del oficial de policía. La Academia de Policía tiene un cupo de 150 alumnos al año, para los oficiales de policía el límite de edad para ingreso es de 23 años. No así para los suboficiales cuyo el límite es de 26 años
Es mucha responsabilidad llevar un arma. ¿Cómo se lo instruye en este sentido?
El efectivo policial tiene la responsabilidad que el arma se usa únicamente ante un requerimiento delictivo y si es necesario. Como institución hemos evolucionado en forma significativa. Reconozco que hemos tenido historias de gatillo fácil y entonces hemos tenido episodios lamentables en el pasado por la falta de formación, pero con la modernización de la policía hemos establecido un protocolo que es muy importante y que el personal tanto el oficial como el suboficial lo manejan al dedillo
¿Cómo logró la Policía Nacional de Paraguay recomponer la amistad con el ciudadano?
Ha sido un proceso bastante largo, como dije, hace 37 años estoy en la policía, no recuerdo en qué momento se perdió; pero ha sido el resultado de un proceso bastante arduo porque reconozco como oficial de la policía que en décadas no hemos gozado de la confianza de la ciudadanía y por sobre todas las cosas no ha sido muy común interactuar con la ciudadanía. Hemos tenido muchos años de rechazo hacia el personal policial, hacia la institución, pero ha sido un proceso donde hemos estado inmersos en diferentes actividades de interacción con la ciudadanía buscando llegar a esa confianza de lo que es la relación ciudadanía y policía. Lo que hemos hecho en estos últimos años es insistir en la creación de comisiones de seguridad ciudadana. Hemos invertido mucho tiempo en estas comisiones y puedo decir que en gran parte hemos restablecido las relaciones entre la ciudadanía y la policía.
¿Pueden enseñar cómo se organiza la seguridad de finales de fútbol de la Copa sudamericana con presencia de hinchadas que en la Argentina fueron muy problemáticas y en Paraguay fueron muy bien controladas?
Hay que poner mucha importancia y énfasis en la cooperación, por ejemplo, que tuvimos del gobierno argentino. Hablo de una cooperación que se ha venido sumando mucho antes de un encuentro. Cuando ya sabemos quiénes son los que van a venir empezamos a hacer reuniones a nivel interinstitucional. Por ejemplo trabajamos muy bien con la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y con la Policía Federal Argentina, las agencias de inteligencia, las unidades especializadas en la Argentina y también incluyo a la Gendarmería a la Prefectura, a la Policía Aeroportuaria y también con la Policía Penitenciaria porque es un cúmulo de instituciones que hacen a la seguridad de la República Argentina y también la cooperación de la AFA con el entrecruzamiento datos de los simpatizantes de diferentes clubes que tienen restricciones de ingreso a los estadios de fútbol. Entonces, desde el vamos hemos tenido una muy buena respuesta y por sobre todas las cosas evitamos el ingreso de personas que potencialmente podrían poner en riesgo o ser una amenaza para el normal desarrollo del espectáculo. Pero a esto le sumamos la vasta experiencia de oficiales de policía y de unidades especializadas que tienen a su cargo llevar adelante este tipo de eventos de gran envergadura a nivel internacional. Esto nos permitió que familias puedan disfrutar de las finales de la Copa Sudamericana.
En lo personal, ¿qué lo llevó a elegir la carrera policial?
Mi padre fue policía, trabajó mucho tiempo en la ciudad de Encarnación, frontera con Posadas, Misiones. Dicho sea de paso, tengo un aprecio muy especial por los misioneros porque hay una cultura, que se fusiona más o menos. También trabajó en varias localidades del territorio nacional. Como teníamos una fuente de inspiración propia en nuestra casa mis hermanos y yo seguimos la carrera policial. Mi hermano mayor pasó a retiro hace 4 años. Lo sigo yo, que llevo 37 años en la policía, me sigue un hermano que ya lleva 33 años en la policía y otro hermano que tiene unos 30 años en la Policía. Ser policía es una vocación de servicio. Uno tiene que estar dispuesto 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Aquí no cuenta, por ejemplo, decir al superior, ´no, no podré ir a trabajar porque es mi cumpleaños o es el cumpleaños de mi papá o es Navidad´. Tengo un solo hijo que acaba de recibirse de médico. Mi esposa también tiene una vocación de servicio porque es docente. Da la casualidad de que mi padre era policía y mi madre docente.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva inauguró este viernes 19 en Foz do Iguaçu el Puente de Integración Brasil–Paraguay, una obra estratégica financiada íntegramente por Itaipú Binacional que conectará esa ciudad brasileña con Presidente Franco. Con una inversión total de 712 millones de reales, la nueva infraestructura apunta a potenciar el comercio bilateral, mejorar el flujo turístico y consolidar la integración logística del Mercosur, con impacto directo sobre las economías de ambos países.
La inauguración se realizó en el marco de un acto oficial en el que Lula aseguró que por el nuevo puente “pasarán unos pocos miles de millones de dólares en intereses a las economías de Brasil y Paraguay”, al facilitar el tránsito de personas, bienes y servicios. “El pueblo paraguayo se mudará a Brasil y el pueblo brasileño a Paraguay, para hacer negocios, trabajar, vender y comprar. Lo importante es que ambas economías crezcan”, afirmó el mandatario.
La obra, que une Foz do Iguaçu (estado de Paraná) con Presidente Franco, en el departamento paraguayo de Alto Paraná, constituye un nuevo paso en la agenda de integración regional impulsada por el gobierno brasileño y se suma a otras conexiones viales estratégicas entre ambos países.
Una infraestructura clave para el comercio y el Corredor Bioceánico
El Puente de Integración Brasil–Paraguay tiene una extensión total de 760 metros y un vano libre de 470 metros, el más largo del continente. La estructura atirantada se sostiene sobre dos torres de 190 metros de altura, equivalentes a un edificio de 63 pisos. Su diseño permite un cruce ágil sobre el río Paraná y una mayor capacidad para el transporte de cargas.
La inversión total de Itaipú Binacional alcanzó los 712 millones de reales. De ese monto, 372 millones se destinaron a la construcción del puente y 340 millones a las obras del Perimetral Este, una autopista de casi 15 kilómetros que conecta la nueva infraestructura con la BR-277. Este corredor desvía el tránsito pesado del centro urbano de Foz do Iguaçu y enlaza la frontera con el puerto de Paranaguá, uno de los principales nodos logísticos de Brasil.
Según precisaron las autoridades, Itaipú asumió el costo total del puente, la aduana y los accesos. El esquema institucional fue tripartito, con el Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte (DNIT) como órgano propietario, el gobierno del estado de Paraná como ejecutor y la binacional como responsable de la transferencia de recursos.
Además, Lula destacó que otra conexión vial entre Brasil y Paraguay se encuentra en su etapa final: el puente entre Porto Murtinho (Mato Grosso do Sul) y Carmelo Peralta, también financiado íntegramente por Itaipú. Esa obra forma parte del Corredor Bioceánico, considerado estratégico para conectar el centro-oeste brasileño con los puertos del norte de Chile, reducir costos logísticos y ampliar la integración regional.
Inicio operativo y respaldo institucional
Durante el acto, el ministro de Transporte, Renan Filho, confirmó que con la finalización del puente y del Perimetral Este, los organismos de control y fiscalización ya están en condiciones de operar. “A partir de mañana liberaremos el flujo de camiones sobre el Puente de Integración”, señaló, en referencia al inicio gradual de la operatoria desde este sábado 20.
En una primera etapa, el cruce estará habilitado únicamente para camiones sin carga, conocidos como “en lastre”, bajo horarios específicos coordinados por la Receita Federal y la Policía Federal de Carreteras. Posteriormente, se habilitará también el tránsito de ómnibus turísticos fletados. Los horarios definitivos serán informados por los organismos competentes.
La ministra de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, subrayó que se trata de “una inauguración real” y no simbólica. “El puente está listo y todos nuestros servicios están preparados para que funcione”, aseguró.
En los últimos dos años, Itaipú Binacional transfirió 70 millones de reales para las obras del Perimetral Este, lo que representa el 20,6% del total invertido en ese tramo. La última transferencia vinculada directamente al puente se realizó en 2023, cuando la binacional aportó 7 millones de reales tras la finalización de las obras civiles, concluidas en octubre de ese año.
Una obra con más de tres décadas de gestación
El director general brasileño de Itaipú, Enio Verri, recordó que las primeras discusiones sobre la construcción del puente comenzaron a principios de los años 90. Con la firma de Actas de Entendimiento en 1992 y su aprobación por el Congreso en 1994. Sin embargo, el proyecto cobró impulso recién a partir de 2003, durante los dos primeros mandatos de Lula. Y fue licitado en 2014, bajo la presidencia de Dilma Rousseff.
En 2005 se firmó un nuevo acuerdo internacional que definió las bases técnicas de la obra y estableció la responsabilidad financiera de Brasil. En 2012, el proyecto fue incorporado como prioridad estratégica al Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). Tras completar los procesos de licitación, licencias ambientales y proyectos de ingeniería, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) otorgó la licencia ambiental en febrero de 2017. Las obras comenzaron en 2019 y avanzaron de forma sostenida hasta su finalización física en 2023.
Verri también destacó el rol de Itaipú en la integración regional y citó como ejemplo la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA). Creada en 2010, que cuenta con estudiantes de 32 países y cuyas obras fueron reactivadas con recursos de la binacional. “La integración es una marca de todos los gobiernos del presidente Lula”, afirmó.
Con la puesta en marcha del Puente de Integración Brasil–Paraguay, ambos países apuestan a profundizar el comercio, dinamizar el turismo y fortalecer una red logística regional que impacta directamente en la competitividad del Mercosur.
