Alerta en el campo: UATRE advierte que 120.000 empleos rurales están en riesgo por el fin de la compatibilidad con planes sociales
La UATRE advirtió que el vencimiento del régimen que permitía compatibilizar el trabajo rural temporario registrado con determinados planes y prestaciones sociales podría afectar a 120.000 trabajadores en todo el país. El gremio reclama al Gobierno nacional una prórroga urgente y alerta por el impacto sobre la formalización laboral, las cosechas y las economías regionales.
El empleo rural temporario vuelve a quedar en el centro de una tensión que atraviesa tanto al mercado laboral como a las economías regionales. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtió que unos 120.000 puestos de trabajo están en riesgo ante el vencimiento, este 1° de septiembre, del régimen que permitía compatibilizar determinadas prestaciones sociales con el empleo rural registrado de carácter temporario o estacional.
Se trata del mecanismo establecido originalmente por el Decreto 514/2021, diseñado para evitar que un trabajador perdiera automáticamente determinados beneficios sociales al incorporarse formalmente durante una cosecha o campaña agrícola.
Según UATRE, la falta de continuidad del esquema puede generar el efecto inverso al buscado: desalentar la registración laboral, complicar la contratación de trabajadores para las campañas productivas y profundizar la informalidad en actividades caracterizadas por una fuerte estacionalidad.
El problema adquiere especial relevancia para las economías regionales, donde buena parte de la demanda laboral se concentra durante períodos específicos del año. Es el caso de actividades como la yerba mate, el té, el tabaco, la fruticultura y otras producciones intensivas en mano de obra.
Un reclamo sin respuesta
El secretario general de UATRE, José Voytenco, había enviado el pasado 18 de agosto una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitando una extensión urgente del régimen.
Según informó el gremio, hasta este lunes no había recibido respuesta ni se había dispuesto formalmente una prórroga.
Para la organización sindical, la incertidumbre alcanza de manera directa a 120.000 trabajadores rurales y sus familias, pero también puede trasladarse a los productores y empresas que necesitan incorporar personal durante los períodos de cosecha.
“La falta de respuesta y la no prórroga del régimen no es solo un problema administrativo: es una amenaza concreta a 120.000 familias rurales y a la continuidad productiva del interior del país”, sostuvo Voytenco.
El dilema entre trabajar en blanco y conservar la protección social
El núcleo del problema está en los incentivos que enfrenta un trabajador temporario.
En numerosas economías regionales, el empleo formal no se mantiene durante los doce meses del año. La demanda aumenta durante la cosecha y luego disminuye, lo que significa que miles de trabajadores alternan períodos de actividad registrada con otros de ingresos laborales reducidos o inexistentes.
La compatibilidad buscaba precisamente evitar que aceptar un empleo registrado por algunas semanas o meses implicara perder inmediatamente prestaciones sociales necesarias para sostener al grupo familiar durante el resto del año.
Desde esa perspectiva, el mecanismo funcionaba también como un incentivo a la formalización: reducía el costo económico que podía representar para el trabajador ingresar al sistema registrado.
Sin ese puente, advierte UATRE, puede reaparecer una vieja distorsión del mercado laboral rural: trabajadores que prefieren mantenerse fuera de la registración para no perder prestaciones y productores que encuentran mayores dificultades para completar las cuadrillas necesarias durante las cosechas.
El resultado potencial es paradójico: una política destinada a ordenar el sistema de asistencia social puede terminar alimentando la informalidad laboral que el Estado intenta combatir.
Una discusión clave para Misiones
La controversia tiene particular importancia para Misiones, donde algunas de las principales cadenas productivas dependen de mano de obra temporaria.
La cosecha de yerba mate constituye el ejemplo más evidente. Miles de trabajadores participan cada año de la tarefa y su demanda laboral fluctúa de acuerdo con el calendario productivo, el volumen de hoja verde disponible y la situación económica de productores y secaderos.
El mismo fenómeno, aunque con características diferentes, alcanza al té, el tabaco y otras actividades agrícolas.
Por eso, cualquier modificación en las condiciones de acceso al empleo registrado y su convivencia con la protección social tiene consecuencias que exceden al trabajador individual: impacta sobre costos, disponibilidad de mano de obra, formalización y capacidad productiva de toda la cadena.
En una provincia donde las economías regionales tienen un peso determinante sobre el empleo y la generación de ingresos, el debate adquiere una dimensión adicional.
El riesgo de profundizar la informalidad
UATRE cuestionó la falta de respuesta del Gobierno nacional y sostuvo que las políticas sociales deberían funcionar como instrumentos para facilitar la transición hacia el trabajo formal y no convertirse en obstáculos para la registración.
“La promoción del trabajo registrado y la protección social de los trabajadores rurales contribuyen al fortalecimiento de las economías regionales, al desarrollo de sus capacidades productivas y exportadoras, y a la sostenibilidad de las próximas campañas agrícolas”, señaló el gremio.
El planteo introduce una discusión que trasciende la coyuntura.
Argentina arrastra históricamente elevados niveles de informalidad laboral en determinadas actividades agropecuarias, particularmente aquellas caracterizadas por empleos temporarios, movilidad territorial y períodos relativamente breves de contratación.
La posibilidad de compatibilizar durante esos períodos el salario formal con determinados instrumentos de protección social buscaba reducir una de las barreras que dificultaban la registración.
Ahora, con el vencimiento del régimen, el sector vuelve a quedar frente a la incertidumbre.
UATRE reclama una solución inmediata que garantice la continuidad del mecanismo y advierte que el problema no se limita a los 120.000 trabajadores potencialmente alcanzados. También puede repercutir sobre productores, empresas y economías regionales que necesitan contar con mano de obra suficiente para sostener las próximas campañas.
En ese escenario, la discusión deja de ser exclusivamente social. También pasa a ser laboral, productiva y económica: cómo conseguir que aceptar un empleo formal siempre represente una mejora para el trabajador y, al mismo tiempo, garantizar que las economías regionales puedan contratar legalmente la mano de obra que necesitan para producir.
