POLITICA

Milei en la Bolsa: “Voy a ser reeelecto y se vienen 100 años de liberalismo”

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El presidente Javier Milei volvió a defender el derecho a la propiedad privada y dijo que quienes se oponen a eso “son los enemigos del progreso, son los responsables de la decadencia argentina”. A su vez, sostuvo que será reelecto como jefe de Estado en 2027 y confió en que se abrirá una nueva etapa en la Argentina. “Se vienen 100 años de liberialismo”, anticipó.

En primer término, Milei hizo referencia a la postergación del debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. “Los que se oponen a la defensa férrea del derecho de propiedad… está claro que son los enemigos del progreso”. sostuvo el mandatario al brindar su mensaje en la Bolsa de Comercio en el acto por el 172º aniversario de la entidad.

Y agregó: “los gobiernos se han dedicado a robar a los argentinos, a vulnerar el derecho a la propiedad. Proteger el derecho a la propiedad es lo que nos va a permitir ahorrar, invertir, crecer y convertirnos en una potencia nuevamente”. 

La exposición del jefe de Estado estuvo basada en la economía y, con ese foco, repartió conceptos en torno al crecimiento. Habló de stock de capital, ahorro e ingresos. En ese marco, cuestionó “a los gobiernos populistas” que “hicieron un despilfarro de dinero”.

“Como ahora, terminala”, dijo en ese momento uno de los asistentes. La frase no le cayó bien al economista, quien salió al cruce rápidamente: “No solo no voy a terminar, voy a seguir hablando y después voy a ir por otro mandato”. “Y tenemos para 100 años de liberalismo, así si no te gusta andate a Cuba”, replicó. La respuesta despertó aplausos del público. Fue de las pocas intervenciones de Milei que generaron una reacción en el auditorio. 

La otra respuesta se generó cuando Milei siguió cuestionando a los gobiernos pasado y resaltó aspectos de su gestión, como las tareas de desregulación de la economía que encaró el ministro de Desregulación y Transformación de Estado, Federico Sturzenegger.

 Acto seguido, comenzó a enumerar las condiciones para que Argentina “continúe creciendo”, como aseveró. “El motor del crecimiento es el campo. Además nos encontramos con nuevas oportunidades, como el gas y el empleo”, precisó. También habló de la baja de impuestos y expresó que si consigue la reelección le podrá devolver 500 mil millones de dólares a los argentinos en concepto de devolución de impuestos. Y sostuvo que la inflación sigue bajando.  

Pero, una vez más, la misma persona que lo cuestionó volvió a gritarle. Algo que volvió a descolocar al Presidente, quien lanzó: “Sino te gusta, andate kuka”. Por otro lado, le pidió a los empresarios que compitan en el mercado con sus pares. “Llegó la hora, salgan a competir”, reclamó el economista en un discurso que duró casi una hora. 

Milei estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la secretaria general de la presidencia Karina Milei, el vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt y distintos legisladores de La Libertad Avanza, como el senador Bartolomé Abdala y el diputado Santiago Santurio.

 El ministro coordinador fue el más saludado por los presentes y no se privó de sacarse fotos con todos aquellos que lo solicitaron. La vicejefa de Gobierno de la Ciudad, Clara Muzzio, fue una de las que posó con “El Colo” con entusiasmo.

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Tras el revés en el Senado, el Gobierno defendió la extranjerización: “Hay mucha tierra ociosa”

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El vocero Adrián Ravier defendió el proyecto oficial al considerarlo un incentivo a la inversión extranjera.

El Gobierno sufrió este jueves un duro revés en el Senado cuando tuvo que posponer por falta de apoyo el tratamiento de su proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

Uno de los puntos más polémicos de la iniciativa es la eliminación de los límites establecidos a la Ley de Tierras para la compra de grandes extensiones por parte de extranjeros.

Al ver que no reunía los votos, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, pidió un cuarto intermedio para que el debate se retome el 06/08, tras el receso invernal.

Tras el revés, el Gobierno defendió su propuesta para ampliar la posibilidad de la extranjerización de tierras.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, consideró que “hay mucha tierra ociosa en la Argentina que para poder tener más producción que necesita inversiones de capital”.

“Los extranjeros pueden traer capital para aumentarla. El tema es darles la posibilidad de invertir en la Argentina”, agregó en esa línea en diálogo con Infobae En Vivo.

“Hay una restricción para que los extranjeros no puedan comprar más de 1.000 hectáreas. No estamos hablando de estados extranjeros, que no se puede ni queremos que se pueda”, aclaró.

Para Ravier, el proyecto persigue “volver al espíritu de (Juan Bautista) Alberdi de que la Argentina se hace grande gracias a las inversiones tanto locales como extranjeras, sin límite, y que los extranjeros que pisan suelo argentino tienen que cumplir las mismas leyes que los argentinos”.

Ante la consulta, el vocero presidencial no respondió si había otros países que no limitaran la venta de tierras a extranjeros.

Respecto a qué tipo de inversión esperan en el Gobierno, utilizó un ejemplo hipotético. “Que venga una empresa que quiere comprar 5 mil hectáreas en La Pampa (de donde el funcionario es oriundo) para generar inversión y que tengamos mayor producción, exportaciones, entrada de divisas, puestos de trabajo por una empresa que compró 5 mil hectáreas y no mil”, sostuvo.

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Emergencia yerbatera: productores piden una ley provincial para evitar el colapso del sector

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El conflicto yerbatero abrió un nuevo capítulo. Luego del frustrado encuentro con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, donde el Gobierno nacional ratificó que no dará marcha atrás con la eliminación de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), los productores decidieron cambiar el eje de la discusión: ahora buscarán que la Provincia de Misiones declare la Emergencia Yerbatera.

La decisión fue tomada este jueves durante una reunión realizada en Aristóbulo del Valle, donde participaron representantes de distintos sectores de la producción primaria. Allí resolvieron avanzar en un pedido formal al Gobierno provincial para que impulse una ley que permita desplegar herramientas excepcionales de protección frente a la crisis que atraviesa el sector.

La iniciativa marca un giro en la estrategia de los productores. Hasta ahora, la mayor parte de las acciones estuvo orientada a reclamar al Gobierno nacional la restitución de las facultades regulatorias del INYM o la derogación de los aspectos centrales del DNU 70/2023. Sin embargo, tras la reunión con Sturzenegger -que terminó sin resultados concretos- comenzó a consolidarse la idea de que la Provincia debe utilizar las competencias que conserva dentro del sistema federal para intervenir en defensa de su principal economía regional.

El proyecto no pretende reemplazar al INYM ni reconstruir el régimen anterior de regulación de precios. La propuesta apunta a que Misiones ejerza sus propias facultades constitucionales para evitar que la crisis termine provocando un daño irreversible sobre miles de pequeños productores.

Los fundamentos jurídicos que acompañarán la iniciativa sostienen que el DNU 70/2023 modificó profundamente los mecanismos nacionales de protección de la producción primaria, pero no eliminó los derechos constitucionales vinculados al trabajo, la propiedad, el desarrollo regional, el cooperativismo, el ambiente y la preservación de las economías regionales.

En consecuencia, argumentan que la Provincia conserva competencias para actuar de manera transitoria mientras persista el actual escenario institucional.

El documento enfatiza que la emergencia “no crea nuevas competencias”, sino que vuelve imprescindible ejercer las que históricamente pertenecieron al Estado provincial en materia de desarrollo productivo, recursos naturales y poder de policía administrativo.

El cambio de estrategia

El encuentro de Aristóbulo del Valle refleja también un cambio político dentro del movimiento yerbatero.

Durante meses, las organizaciones insistieron en recuperar las facultades regulatorias nacionales. Pero la reunión con Sturzenegger dejó un mensaje contundente: la Casa Rosada no modificará el rumbo de la desregulación.

Ante ese escenario, los productores resolvieron concentrar sus esfuerzos en la Legislatura y el Gobierno de Misiones.

En los próximos días comenzarán a elaborar el pedido formal para que la Provincia declare la emergencia del sector y habilite un conjunto de medidas de protección destinadas a sostener a la producción primaria, hoy el eslabón más castigado de la cadena.

Una crisis que excede el precio

El documento que servirá como base para el proyecto sostiene que el problema no se explica por un exceso de producción ni por una caída significativa del consumo.

Según el análisis, la crisis se originó tras la modificación del esquema institucional dispuesto por el DNU 70/2023, que eliminó herramientas destinadas a equilibrar la negociación entre productores e industria. En un mercado altamente concentrado en las etapas de industrialización y comercialización, esa decisión fortaleció el poder de negociación de los grandes compradores y debilitó a miles de pequeños productores.

Los productores advierten que la consecuencia es un proceso de descapitalización creciente de las chacras, con impacto sobre el empleo rural, el arraigo y la sustentabilidad económica de la principal economía regional de Misiones.

El desafío político

La eventual declaración de Emergencia Yerbatera abrirá un nuevo debate institucional.

La Provincia deberá definir hasta dónde puede avanzar con medidas propias sin invadir competencias nacionales y cuáles serán las herramientas concretas para asistir a los productores.

Al mismo tiempo, el proyecto volverá a poner en el centro de la escena el alcance del federalismo económico: si, frente a la retirada del Estado nacional de una política pública estratégica, las provincias tienen margen para intervenir y proteger sus economías regionales.

Para los productores, la respuesta ya está definida. Tras la negativa de la Nación, consideran que llegó el momento de que Misiones utilice todas las herramientas constitucionales disponibles para evitar que la crisis yerbatera termine destruyendo la base productiva de una actividad que sostiene a miles de familias en toda la provincia.

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El Gobierno volvió a quedarse sin los votos y postergó la ley de Propiedad Privada hasta agosto

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El Gobierno nacional sufrió un nuevo revés legislativo al no conseguir los votos necesarios para aprobar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ante la falta de consensos, el oficialismo solicitó postergar nuevamente el debate, que quedó reprogramado para el próximo 6 de agosto, luego del receso invernal.

Se trata de la cuarta oportunidad en la que el proyecto, impulsado por el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, llega al recinto sin lograr ser tratado. La iniciativa había obtenido dictamen el 20 de mayo, pero desde entonces el oficialismo no consiguió consolidar una mayoría suficiente para su aprobación.

El cuarto intermedio fue solicitado por la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, quien pidió que la sesión continúe el 6 de agosto con este proyecto como uno de los principales temas del orden del día. La moción fue aprobada por 62 votos afirmativos, tres negativos y una abstención.

Nuevas diferencias con las provincias

Las negociaciones volvieron a trabarse en las horas previas a la sesión. Según trascendió, el dictamen ya acumulaba quince modificaciones y persistían diferencias entre el oficialismo y bloques aliados respecto de aspectos centrales de la iniciativa.

Uno de los principales reclamos apuntaba a incorporar una cláusula que habilitara a las provincias a establecer un régimen jurídico propio para regular la venta de tierras a extranjeros, una propuesta que finalmente no fue aceptada por La Libertad Avanza.

Entre las observaciones planteadas por representantes de Misiones también figuró la eliminación del mecanismo de “silencio administrativo” o “silencio positivo”, criterio que implicaba considerar aprobados determinados trámites por el solo transcurso del tiempo sin respuesta del Estado. La postura impulsada desde la provincia proponía preservar la intervención expresa de las administraciones provinciales en materias vinculadas a sus competencias.

Además, se promovió reforzar el reconocimiento del dominio provincial sobre los recursos naturales y establecer restricciones para impedir la adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros o sociedades con participación estatal.

La lupa estaba puesta en los senadores misioneros, después de un exhorto público de la Red de Mujeres del Movimiento -alineada con el gobernador Hugo Passalacqua- que reclamaba a Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y Martín Göerling -pro libertario- que rechacen la ley por entender que avanza sobre soberanía y recursos naturales que son de propiedad primigenia de las provincias.  

Los tres dieron quórum, pero no tuvieron que revelar cómo iban a votar ya que el propio oficialismo pidió postergar el tratamiento. 

Una sesión con otros acuerdos

Antes de postergar el tratamiento del proyecto, el Senado sí avanzó con la aprobación de una serie de pliegos judiciales y ascensos diplomáticos. Entre ellos quedó confirmado el pliego del magistrado Víctor Pesino, cuya designación había sido cuestionada por la CGT debido a fallos relacionados con la reforma laboral y la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Además, por unanimidad, la Cámara alta convirtió en ley el proyecto que declara a San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina, en reconocimiento a su papel histórico como sede de la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816. La iniciativa fue aprobada con 67 votos afirmativos y sin votos negativos ni abstenciones.

Con este nuevo aplazamiento, el Gobierno suma otro capítulo de dificultades para reunir mayorías parlamentarias en uno de los proyectos que considera estratégicos dentro de su agenda de reformas.

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Tierras: cómo regulan Brasil, Uruguay y Paraguay la compra de campos por extranjeros y qué cambia el proyecto de Milei

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El proyecto de reforma de la Ley de Tierras Rurales que impulsa el Gobierno de Javier Milei abriría un cambio profundo en el régimen de compra de campos por parte de extranjeros y colocaría a la Argentina entre los países con menores restricciones de Sudamérica para este tipo de inversiones.

La iniciativa, que el Senado debatirá este jueves, elimina los límites vigentes para personas y empresas privadas extranjeras, aunque endurece los controles cuando los compradores sean Estados extranjeros, empresas estatales o sociedades bajo su control.

Actualmente, la Ley 26.737 establece que los extranjeros no pueden superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio. Además, fija un límite equivalente a 1.000 hectáreas en la zona núcleo y prohíbe la adquisición de campos ubicados sobre cuerpos de agua permanentes, glaciares y áreas de frontera.

Según datos oficiales, apenas alrededor del 6% de las tierras rurales argentinas están en manos extranjeras, muy por debajo del tope legal.

Brasil: límites por municipio y nacionalidad

Brasil mantiene una de las regulaciones más estrictas de la región.

La Ley 5.709/71 limita la propiedad extranjera al 25% del territorio de cada municipio, mientras que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 10% de esa superficie.

Además, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) controla el registro de esas operaciones.

En comparación, el proyecto argentino elimina los topes para los inversores privados, por lo que el esquema sería considerablemente más flexible que el brasileño.

Uruguay: controles y mayor transparencia

Uruguay tampoco impide la compra de campos por extranjeros, pero exige mecanismos de identificación y transparencia.

La legislación obliga a identificar a los accionistas de las sociedades propietarias, registrar la titularidad de las tierras y transparentar la composición de las empresas.

Incluso, el Parlamento uruguayo analiza iniciativas para reforzar los controles sobre las adquisiciones de tierras, especialmente en las zonas fronterizas.

De aprobarse la reforma impulsada por Milei, Argentina pasaría a tener un régimen menos restrictivo que el uruguayo.

Paraguay: alta extranjerización, especialmente brasileña

Paraguay presenta uno de los mayores niveles de participación extranjera en la propiedad rural.

Diversos estudios estiman que entre el 14% y el 19% del territorio pertenece a propietarios extranjeros y que, en algunos departamentos fronterizos, esa participación alcanza hasta el 60%, principalmente por inversiones brasileñas.

Sin embargo, ese fenómeno responde a un proceso histórico y no implica un esquema de apertura irrestricta como el que propone la iniciativa argentina.

El cambio que impulsa Milei

El Gobierno sostiene que la ley vigente desalienta inversiones millonarias, especialmente en proyectos forestales, de riego y cultivos permanentes en el NEA, Cuyo y la Patagonia.

Según explicó el vocero presidencial, Adrián Ravier, la reforma busca diferenciar a los inversores privados de los Estados extranjeros: mientras los primeros dejarían de tener restricciones para adquirir tierras, los segundos quedarían sometidos a controles más estrictos y necesitarán autorización específica para concretar operaciones.

Para el Ejecutivo, el objetivo es facilitar el ingreso de capital privado sin resignar mecanismos de control sobre gobiernos extranjeros.

Si el Congreso aprueba la iniciativa, Argentina pasará de uno de los sistemas con mayores limitaciones legales para la compra de tierras rurales por extranjeros a uno de los más abiertos de la región, en contraste con Brasil, que mantiene límites territoriales; Uruguay, que conserva controles de transparencia; y Paraguay, donde la elevada presencia de capital extranjero convive con regulaciones específicas.

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