Juan José Bahillo, diputado provincial por Entre Ríos y especialista del sector agropecuario de la Fundación Encuentro, expresó su profunda preocupación por la delicada situación que atraviesa el campo argentino. Advirtió sobre un proceso de descapitalización masiva impulsado por el aumento de costos en dólares y el tarifazo en los combustibles.
Los datos son contundentes: hoy un productor necesita prácticamente el doble de toneladas de soja, trigo o maíz que hace apenas tres años para acceder a un tractor. Un reciente informe de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos expone que, mientras en 2022 se requerían 186 toneladas de soja para adquirir una unidad, tras el quiebre de 2024 ese número llegó a 355 toneladas, evidenciando un encarecimiento relativo masivo de la maquinaria agrícola.
Al respecto, Bahillo fue categórico al analizar la crisis de rentabilidad: “La situación del sector primario de la agricultura es muy mala con respecto al 2023. Hemos tenido una inflación en dólares del 35%. Los costos de los insumos, llámese fertilizantes, fitosanitarios, semillas o maquinaria, han tenido un aumento de alrededor de un 30% en dólares”.
Este deterioro del poder de compra no es casual, sino el resultado de un “efecto tijera” letal para el productor. Entre 2022 y 2025, los tractores aumentaron un 36% en dólares, mientras que los precios internacionales de los granos cayeron entre un 20% y un 30%. Si bien los granos tuvieron un incremento en pesos de entre el 110% y el 120%, Bahillo advirtió que por el salto inflacionario de los costos “el sector va camino a la quiebra”.
El encarecimiento de la energía juega un rol protagónico en esta crisis, validando las advertencias realizadas por el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. “Sergio Massa se quedó corto cuando dijo que el combustible iba a subir el 300%. El combustible ha subido el 500% en estos dos años y algo, y es uno de los insumos más importantes en la estructura de costos de los productores”, sentenció el diputado entrerriano.
Un espejismo climático y el silencio dirigencial Para Bahillo, la falta de políticas de apoyo al sector productivo está siendo invisibilizada por la naturaleza. “El gobierno debería intervenir para darle sustentabilidad a la producción primaria, que es la que aporta granos y dólares a la economía. Y agregó: “Hay buenos rindes, simplemente porque llovió en tiempo y en forma, no porque haya habido una política que haya ayudado al sector, pero hoy la ecuación es de pérdida para los productores”.
Es imperioso repensar el rumbo económico para evitar que quienes producen sigan perdiendo capacidad de trabajo y crecimiento. La Argentina necesita un modelo que cuide a sus productores, fomente la producción y garantice condiciones sostenibles para el desarrollo, y no uno que los empuje a la descapitalización.
El gobernador Hugo Passalacqua participó de la vigilia por Malvinas en la capital misionera en el marco del 44° aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La ceremonia central tuvo lugar a los pies del Monumento a los Caídos, donde se rindió homenaje a los 632 combatientes fallecidos y se reconoció a los veteranos. La actividad convocó a autoridades provinciales y municipales, integrantes de fuerzas armadas y de seguridad, y representantes de asociaciones de excombatientes.
La jornada incluyó la recepción de la procesión de antorchas proveniente desde la Catedral, seguida por la apertura artística a cargo del grupo Chamamé Chamigo, con un repertorio alusivo a la fecha. Luego se realizó la invocación religiosa por parte del capellán auxiliar de la Brigada de Monte XII, presbítero Víctor Benítez. También se llevó a cabo la lectura de la carta del teniente primero Roberto Estévez, uno de los nueve misioneros caídos en combate, a cargo del veterano Oscar Valiente.
En acto se entonó el Himno Nacional Argentino con el acompañamiento de la Banda del Regimiento de Infantería de Monte XXX. Después, la Milicia Patriótica y veteranos depositaron ofrendas de laureles en representación del pueblo, tras lo cual se realizó un minuto de silencio en honor a los caídos.
“Las islas Malvinas fueron, son y serán de la República Argentina”
En la ocasión, el gobernador Hugo Passalacqua expresó que “son 44 años desde que el país estuvo en guerra. Misiones perdió nueve jóvenes, nueve jóvenes en una batalla cruel, como todas las guerras. Se dijo y se explicó en el acto: las guerras son horribles, pero hay que reconocer la heroicidad y a los caídos, los 632 compatriotas que están todavía en el sur, en honor a ellos y a las nuevas generaciones”.
En ese marco, señaló el deber de recordar a los caídos y los veteranos en esta guerra. Sobre todo, para ir contra aquellas “pequeñas voces que instan a desmalvinizar el país y eso es muy cruel, es injusto y está muy mal. Las Islas Malvinas fueron, son y serán de la República Argentina, son parte de nuestro territorio, más allá de si tienen riqueza o no -eso es secundario-, son nuestras y hay argentinos ahí”.
Con el mismo énfasis, recalcó que acto sirvió para evocar la memoria de los héroes de la guerra y “estar con sus familias, escuchar la palabra de Dios, sentir lo que ellos sintieron. Es algo que, para mí, como argentino de a pie, significa mucho, es algo emocional. Así que toda mi devoción y mi cariño a la familia misionera que entregó parte de su familia en esa gesta”.
En recuerdo de los 632 héroes que dieron su vida por la Patria
También tomó la palabra el director general de la Federación de Veteranos Héroes de la Guerra de Malvinas de Misiones, Juan Antonio Solonyezny, que expresó: que “la guerra no es el camino para ninguna situación. Entonces, posicionándonos en esa realidad, creo que debemos mirar el espejo retrovisor y ver qué hicimos en estos 44 años: veteranos, autoridades y el pueblo. Tenemos que analizar si estamos haciendo bien las cosas, si realmente estamos a la altura de esos veteranos que están en las islas”.
Asimismo, señaló que “hay una sola historia, y es esta. A nosotros los ex combatientes nos toca la tarea de contarla y mantenerla tal cual es. Esa historia se empezó a escribir el 2 de abril y terminó el 14 de junio. Ni antes ni después hubo temas operativos, ni se escribieron otras historias, porque se escribió con la tinta más fuerte, que es la sangre de los 632”.
Además, recalcó que “debemos seguir trabajando, debemos seguir uniendo voluntades para poder salir de la mejor forma en esta situación de recuperar las Malvinas. Y recuperar las Islas Malvinas no significa solamente recuperar el territorio. Significa que esos 632 veteranos, nuestros caídos en combate, puedan seguir descansando bajo el paraguas de nuestra Constitución Nacional”.
El evento contó con la presencia del comandante de la Brigada de Monte XII, coronel Carlos Surraco; el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto; y el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Roberto Uset. También participaron los miembros de la federación y de las distintas asociaciones de Veteranos de Malvinas que fueron acompañados por funcionarios del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, legisladores nacionales y provinciales, integrantes del Honorable Consejo Deliberante de Posadas, autoridades eclesiásticas, entre otros funcionarios y vecinos.
El homenaje a los soldados misioneros
Previo a la vigilia, se realizó una misa de campaña en la explanada de la Catedral de Posadas, ubicada en la plaza 9 de Julio, oficiada por el presbítero Víctor Benítez. En ese espacio se bendijeron nueve antorchas en homenaje a los soldados misioneros caídos en combate: Roberto Estévez, Alfredo Gregorio, Orlando Illanes, Carlos Krause, Martín Maciel, Miguel Meza, José Ríos, Saturnino Sanabria y Miguel Sosa.
Una nueva controversia se instaló en el sistema financiero y político argentino tras conocerse que un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas accedieron a créditos hipotecarios de alto monto en el Banco Nación. La información, basada en datos de la Central de Deudores del Banco Central, reavivó el debate sobre la transparencia y la equidad en el acceso al crédito en la principal entidad pública del país.
Los préstamos alcanzan cifras de hasta US$350.000 y fueron otorgados a integrantes del equipo económico, directivos de organismos públicos y legisladores. Entre los casos más relevantes aparecen Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del Banco Central, y Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía y director del BICE, quienes accedieron a créditos equivalentes a unos 350 mil dólares al momento de su adjudicación.
También figura el actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, con un crédito cercano a los US$276.000, además de otros funcionarios vinculados a organismos clave como YPF. A la lista se suman legisladores de La Libertad Avanza, con préstamos que oscilan entre los US$145.000 y US$243.000, según los registros relevados.
Desde el Banco Nación sostienen que no existieron excepciones en el otorgamiento de estos créditos y que todos los solicitantes cumplieron con los requisitos de evaluación crediticia, incluyendo los parámetros de ingresos y garantías exigidos por la entidad.
Sin embargo, el caso abrió interrogantes en el plano político. Desde la oposición se impulsaron pedidos de informes para determinar si existieron posibles conflictos de interés o trato preferencial, así como para evaluar los mecanismos de control interno y supervisión por parte de organismos como la SIGEN y el propio Banco Central.
El trasfondo del debate es más profundo. El Banco Nación concentra cerca del 90% de los créditos hipotecarios otorgados al sector público, en parte por administrar las cuentas sueldo de empleados estatales. Este dato, si bien explica la alta participación de funcionarios entre los beneficiarios, también tensiona el principio de igualdad de acceso al crédito en un contexto de restricción financiera y tasas elevadas.
En un escenario donde el crédito hipotecario sigue siendo escaso para amplios sectores de la población, el episodio vuelve a poner en discusión el rol de la banca pública: si debe priorizar criterios estrictamente financieros o incorporar estándares más exigentes de transparencia cuando se trata de personas políticamente expuestas.
El gobernador Hugo Passalacqua recibió esta mañana en Casa de Gobierno a productores y referentes del sector yerbatero, en el marco del conflicto por el precio de la hoja verde, quienes expusieron la situación económica que atraviesa la actividad tras las medidas adoptadas por el Gobierno nacional.
Durante el encuentro, los representantes del sector señalaron que la rentabilidad se encuentra en niveles críticos y advirtieron que actualmente el productor percibe menos del 50% del costo de la materia prima. En ese sentido, remarcaron que el precio de la hoja verde quedó desfasado frente al incremento de costos, particularmente en insumos clave como el combustible.
Recibí en Casa de Gobierno a productores y asociaciones cooperativas yerbateras que me plantearon la situación crítica y asfixiante que vive el sector: la actual concentración del mercado y la falta de regulación han llevado a que hoy perciban menos del 50% del costo de la… pic.twitter.com/5VpTala0Bn
Asimismo, describieron un mercado con alta concentración, de carácter oligopsónico, donde pocos actores fijan condiciones, lo que deriva en una depresión sostenida de precios que impacta principalmente en pequeños productores, tareferos y en la economía de las localidades del interior.
Uno de los ejes centrales del planteo fue la situación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), cuya capacidad de regulación quedó limitada tras las modificaciones introducidas por el DNU 70/2023. Según indicaron, el organismo cuenta actualmente con herramientas insuficientes para garantizar un precio justo, lo que debilitó el esquema de concertación que ordenaba la cadena productiva.
En este contexto, los productores confirmaron que avanzarán con una presentación judicial en el fuero federal con el objetivo de restituir las funciones del INYM y recuperar instrumentos de regulación.
Durante la reunión, el gobernador reafirmó el compromiso de la provincia en la defensa del productor yerbatero y del equilibrio de toda la cadena. En esa línea, expresó su respaldo a las acciones impulsadas por el sector y acompañará institucionalmente la estrategia judicial que será presentada en los próximos días.
Por su parte, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, destacó el trabajo sostenido de la provincia en el acompañamiento al sector mediante políticas activas y ratificó la decisión de continuar generando herramientas para sostener la actividad en un contexto nacional complejo.
Los productores coincidieron en que la situación actual no solo afecta a la producción primaria, sino también al entramado económico regional, con impacto directo en el empleo, la recaudación y la actividad comercial.
En este escenario, el eje del planteo se centra en la necesidad de recuperar herramientas regulatorias que permitan garantizar condiciones más equitativas para una de las principales economías regionales de Misiones.
En el arranque de una nueva zafra, la discusión por el precio de la hoja verde escaló a un conflicto de poder que trasciende lo sectorial. El presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Hugo Sand, acusó al Gobierno nacional encabezado por Javier Milei de impulsar, a través de la desregulación del mercado yerbatero, un proceso de “destrucción de la familia agraria”.
Con precios que hoy oscilan entre $180 y $450 por kilo, y un reclamo sectorial que fija en $700 el valor “justo”, los productores no solo cuestionan el esquema económico: preparan una presentación judicial para frenar el decreto que eliminó el marco de negociación institucional. La tensión de fondo es otra: qué modelo productivo va a prevalecer en Misiones y quién define sus reglas.
De la regulación al mercado: el quiebre del esquema de precios
El punto de inflexión que marca APAM es la desarticulación del sistema que permitía acordar precios dentro de un ámbito institucional. Sand explicó a Economis que allí, productores e industria exponían costos y márgenes bajo reglas formales, con intervención estatal en caso de no alcanzar consenso. Ese mecanismo garantizaba, según el sector primario, un valor “sustentable”.
La irrupción del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 modificó ese equilibrio. Sin ese espacio, el precio quedó sujeto a la negociación directa, en un mercado donde la dispersión refleja asimetrías: desde $180 hasta $450 en casos puntuales como el de Piporé, con cooperativas que sostienen valores cercanos a $380 para sus socios.
El impacto económico aparece con cifras concretas. APAM calcula que el primer año de desregulación (2024) implicó una transferencia de $200.000 millones desde los productores hacia la industria, producto de la brecha entre un precio esperado de $500 y uno efectivo cercano a $200. La tendencia, aseguran, se repitió en el segundo año y proyecta continuidad en la zafra que dio inicio.
En ese contexto, Sand remarca que el reclamo de $700 por kilo de hoja verde se apoya en dos variables: la equivalencia histórica de 0,50 dólares y la actualización inflacionaria sobre referencias previas de $500–$510. Incluso los costos de $460 registrados en septiembre pasado ya no se cubren, lo que deja al pequeño productor operando sin margen.
Judicialización y respaldo provincial: la política entra en escena
La novedad no es solo económica. Es institucional. APAM, junto a asociaciones, cooperativas y Fedecoop, avanzó en un pedido formal de apoyo al gobierno provincial para impulsar una acción judicial que declare la inconstitucionalidad del DNU.
El movimiento redefine el conflicto. Ya no se trata únicamente de precios, sino del alcance del poder regulatorio del Estado nacional sobre una economía regional. La provincia, cuya estructura productiva depende en gran medida de la yerba mate, aparece como un actor que podría tensionar ese esquema.
Para los productores, el decreto representa un “avasallamiento” que desarticula un sistema de equilibrio interno. Para el Gobierno nacional, en cambio, forma parte de una lógica de desregulación más amplia. En ese cruce, la Justicia se convierte en el próximo escenario de disputa.
Modelo productivo: agroecología versus concentración
El debate por el precio abre una discusión más profunda. Sand vincula la caída de ingresos con un proceso de descapitalización que, según su lectura, favorece la concentración de tierras y recursos estratégicos como el agua.
En ese marco, cuestiona propuestas que promueven el avance de monocultivos intensivos —como el maíz— en la provincia. Para APAM, ese camino no solo es económicamente inviable para el pequeño productor, sino que implica riesgos ambientales estructurales: erosión del suelo, pérdida de fertilidad y aumento de temperaturas.
La alternativa que plantea Sand para el sector es un modelo agroecológico, adaptado a la lógica de la selva misionera. La propuesta apunta a reinsertar la yerba mate en sistemas con cobertura arbórea, reducir el uso de insumos externos y aprovechar mecanismos biológicos propios del ecosistema.
La discusión, en términos políticos, no es técnica. Es estratégica. Enfrenta un esquema basado en escala, commodities y precios internacionales con otro centrado en producción regional, sustentabilidad y arraigo.
El escenario deja expuestos intereses divergentes. La industria, con mayor capacidad de fijación de precios en un mercado desregulado, aparece como el actor fortalecido. Los pequeños productores, en cambio, enfrentan márgenes negativos y pérdida de capital.
La intervención del gobierno provincial introduce un factor de equilibrio, pero también abre un frente político con la Nación. La judicialización puede alterar la correlación de fuerzas si logra reinstalar un marco regulatorio; de lo contrario, consolidará el esquema actual.
En paralelo, la discusión sobre el modelo productivo suma actores: desde sectores que promueven la diversificación con cultivos intensivos hasta quienes defienden una matriz centrada en la yerba mate.
Un conflicto que redefine la agenda productiva
La ofensiva judicial y el debate sobre el modelo productivo colocan a la yerba mate en el centro de la agenda política de Misiones. No se trata solo de un cultivo, sino de una estructura social y económica que involucra a buena parte de la provincia.
En las próximas semanas, la evolución de la causa judicial y las definiciones políticas marcarán el rumbo. También habrá que observar si el reclamo logra traducirse en medidas concretas o si el mercado termina imponiendo su lógica.
La tensión sigue abierta. Entre regulación y desregulación, entre agroecología y monocultivo, entre producción familiar y concentración, Misiones discute algo más que el precio de la hoja verde. Discute su modelo de desarrollo.
