La gestión del libertario Rodrigo Correa al frente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), suma un nuevo foco de tensión interna. Esta vez, la controversia se concentra en los mecanismos utilizados para seleccionar autoridades y cubrir cargos estratégicos dentro del organismo, con cuestionamientos que alcanzan al área de Recursos Humanos y a una consultora privada que interviene en las búsquedas.
En el centro de las objeciones aparece Edit Posdeley, responsable de Recursos Humanos del INYM y cercana al presidente del organismo. Fuentes del sector yerbatero sostienen que existirían vínculos entre Posdeley y la consultora privada encargada de realizar búsquedas destinadas a cubrir posiciones dentro del Instituto.
El caso adquiere mayor relevancia porque una de las posiciones en juego sería nada menos que la Gerencia General. Según pudo reconstruir Economis, la candidata que aparece con mayores posibilidades es Rosana Biale, quien ya ocupó ese cargo en el INYM y posteriormente fue desplazada del organismo.
Ahora, Biale regresaría con respaldo de sectores industriales. Fuentes vinculadas al Instituto aseguran que el proceso estaría avanzado y que la exgerenta ya mantuvo una reunión personal con Correa. Su eventual designación, sin embargo, todavía debería pasar por el Directorio.
En el sector yerbatero también vinculan a Biale familiar y profesionalmente con actores de peso dentro de la industria y señalan su cercanía con empresas ubicadas entre las de mayor volumen de ventas del mercado interno. Son relaciones que, ante una eventual designación, podrían alimentar el debate sobre los equilibrios que exige la conducción de un organismo en el que conviven productores, cooperativas, secaderos, trabajadores e industriales.
Las búsquedas que encendieron las alarmas
El 14 de julio, la firma Dichi Recursos Humanos publicó en sus redes sociales dos búsquedas laborales para Posadas: Contador/a Senior y Especialista en Proceso Agroindustrial.
Los avisos no identifican públicamente a la institución contratante. Sin embargo, fuentes del sector consultadas aseguran que estarían relacionados con vacantes del INYM: una de ellas vinculada con la Gerencia General y la restante destinada al área de Inspección, Control y Gestión de Calidad.
La controversia surge por el presunto vínculo entre la responsable de Recursos Humanos del Instituto y la consultora que lleva adelante el proceso.
De confirmarse esa relación y una participación de la funcionaria en decisiones posteriores sobre las mismas contrataciones, se abriría un potencial conflicto de intereses: una misma persona quedaría vinculada, directa o indirectamente, tanto con la estructura externa encargada de seleccionar candidatos como con el área interna que interviene en la incorporación de personal.
Las fuentes críticas de la conducción describen esta situación como estar “de los dos lados del mostrador”.
El cuestionamiento ganó además volumen después de que la misma consultora difundiera una actividad de “atención presencial exclusiva para empresas” realizada el viernes 7 de agosto en Gobernador Virasoro, Corrientes, cuya publicación incluía una fotografía de Posdeley.
El debate jurídico y ético
El INYM es un ente de derecho público no estatal creado por la Ley 25.564 y, por las características de sus funciones y del manejo de recursos públicos, sus decisiones se encuentran sujetas a obligaciones administrativas y principios de transparencia.
Quienes cuestionan el procedimiento sostienen que una eventual intervención de una funcionaria en decisiones relacionadas con una empresa privada con la cual mantiene vínculos podría colisionar con los principios de imparcialidad y prevención de conflictos de intereses que rigen la función pública.
La discusión remite, entre otras normas, a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N.º 25.188, que establece deberes y pautas destinadas a evitar que intereses particulares interfieran en el ejercicio de responsabilidades públicas.
Para determinar la existencia concreta de una incompatibilidad o infracción administrativa sería necesario establecer documentalmente cuál es el vínculo entre la funcionaria y la consultora, bajo qué modalidad fue contratada la firma, quién autorizó su intervención y qué participación tuvo o tendrá Recursos Humanos del INYM en las decisiones finales.
Es precisamente esa trazabilidad administrativa la que reclaman quienes cuestionan el procedimiento.
De los concursos a una mayor discrecionalidad
El conflicto también pone nuevamente sobre la mesa un cambio más profundo en el funcionamiento interno del Instituto.
Hasta fines de 2025, el ingreso y la cobertura de determinados cargos se apoyaban en concursos de antecedentes y oposición, un mecanismo pensado para privilegiar la idoneidad profesional y reducir el margen para designaciones discrecionales.
La dinámica comenzó a modificarse con la Resolución 152/25, del 30 de diciembre de 2025, que otorgó mayores facultades a la Presidencia.
Entre otras disposiciones, su artículo 7.º habilitó al presidente a crear la Secretaría Privada de Presidencia y designar a una persona de confianza mediante un contrato a plazo fijo, encargando al Departamento de Asuntos Jurídicos la elaboración del instrumento correspondiente.
Para los sectores críticos, aquella modificación abrió la puerta a una creciente concentración de decisiones en la figura del presidente y debilitó el esquema de selección basado en antecedentes, concursos y carrera interna.
El antecedente Miño
No es la primera vez que la política de incorporaciones de la nueva conducción genera controversias.
Uno de los antecedentes fue el intento de incorporar al veterinario y excandidato a concejal por La Libertad Avanza Samuel Miño al frente del Área Técnica, sin concurso previo.
La designación finalmente no avanzó después de que el caso tomara estado público y generara cuestionamientos dentro y fuera del Instituto.
Para quienes cuestionan la gestión, aquel episodio y las actuales búsquedas forman parte de una misma lógica: reemplazar progresivamente cuadros técnicos y profesionales de carrera por personas identificadas o cercanas a la nueva conducción.
El clima dentro del INYM también se habría deteriorado en los últimos meses.
Fuentes conocedoras del funcionamiento del Instituto describen tensiones con empleados y profesionales de carrera que cuestionan decisiones de la actual administración por considerar que se alejan del espíritu y de los lineamientos establecidos por la Ley 25.564.
En ese contexto se inscriben las salidas de quienes encabezaban las áreas Técnica y de Modernización, que terminaron en renuncias, además de las tensiones que atraviesan otros sectores del organismo, entre ellos Promoción.
La sospecha instalada entre los críticos de Correa es que existe una decisión política de avanzar gradualmente sobre posiciones estratégicas para colocar funcionarios identificados con la nueva conducción y con La Libertad Avanza.
Por detrás de las designaciones aparece una disputa institucional todavía más importante: el alcance de las facultades que el Directorio delegó en la Presidencia del INYM.
El Directorio había incorporado en un orden del día la revisión de esas atribuciones, en medio del creciente malestar por la concentración de decisiones.
La iniciativa, sin embargo, no prosperó. Según fuentes del sector, la ausencia a último momento de un director representante de la Producción, considerado cercano a la gestión Correa, impidió reunir la mayoría necesaria para modificar el esquema vigente. Su voto era determinante.
Así, las amplias facultades de la Presidencia permanecieron intactas. La discusión excede entonces los nombres propios. El eventual regreso de Rosana Biale, las búsquedas realizadas mediante una consultora privada, los cuestionamientos sobre Recursos Humanos y las frustradas designaciones anteriores forman parte de una pelea más amplia por el control de un organismo que, desde la desregulación de la actividad yerbatera impulsada por el Gobierno nacional, perdió herramientas centrales de intervención pero conserva funciones sensibles de fiscalización, promoción, estadísticas y administración sectorial.
En un mercado atravesado por una fuerte puja entre productores e industria, quién ocupa cada silla del INYM -y mediante qué procedimiento llega a ella- dejó de ser una discusión meramente administrativa para convertirse en una cuestión de poder dentro de la cadena yerbatera.
