POLITICA

En Estados Unidos comparan a Macri con Trump por sus políticas anti inmigrantes

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BUENOS AIRES, New York Times. – Argentina está tan acostumbrada a celebrar la inmigración como un pilar de la sociedad que un dicho del siglo XIX, “Gobernar es poblar”, sigue en uso hoy en día.

Sin embargo, en un cambio brusco que coincide con las restricciones migratorias establecidas por el gobierno estadounidense de Trump, el presidente Mauricio Macri emitió un decreto que frena la inmigración a Argentina y hasta declaró que los recién llegados de países más pobres de América Latina traen consigo el crimen.

Las medidas anunciadas por Macri a finales de enero han vuelto mucho más fácil deportar a los inmigrantes y restringir su entrada, lo que ha despertado comparaciones con Trump y ha dado pie a un debate feroz sobre la inmigración.

“Un decreto como este asusta a la gente”, dijo Arfang Diedhiou, de 33 años, un inmigrante senegalés que dirige su propia tienda de ropa en Buenos Aires. “Salió justo después de lo que hizo Trump, una coincidencia que me parece muy extraña”.

El presidente argentino, hijo de un inmigrante, ha hecho eco de alguna manera del tema “Estados Unidos primero” de Trump, dejando en claro que su “primera preocupación” debe ser “cuidar a los argentinos, cuidarnos a nosotros”.

“No podemos permitir que, por falta de acción, el crimen siga eligiendo a la Argentina para delinquir”, dijo Macri durante una conferencia de prensa.

Su decreto también ha renovado las críticas sobre sus lazos con el presidente estadounidense, a quien llama su amigo. En la década de los ochenta, Macri trabajó con su padre, un inmigrante italiano y magnate industrial, en un proyecto de bienes raíces en Nueva York que la familia terminó vendiendo a Trump.

Aunque las medidas migratorias de Macri no tienen un alcance tan amplio como la decisión de Trump de detener la entrada de refugiados de todo el mundo y congelar las visas de siete países predominantemente musulmanes, están provocando tensiones diplomáticas en la región. Algunos líderes de América Latina están atacando lo que consideran un intento de imitar las políticas migratorias de Trump y alimentar un sentimiento xenofóbico.

“Hermanos presidentes latinoamericanos, seamos patria grande: no sigamos políticas migratorias del norte”, escribió en Twitter el presidente de Bolivia, Evo Morales.

Sin embargo, las encuestas de opinión en Argentina muestran que hay un amplio apoyo a la limitación de la inmigración y algunos argentinos incluso dicen que el nuevo decreto se queda corto. Un miembro de derecha del congreso incluso está pidiendo que se construya un muro en la frontera con Bolivia.

Claudio Suárez, de 65 años, un trabajador de una pastelería en Buenos Aires, dice que los frenos a la inmigración son “fantásticos”.

“Nadie quiere que llegue la escoria de otros países”, dice. “Muchos extranjeros llegan aquí porque los servicios de salud y la educación son gratis. La ley debería ser aún más estricta”.

La historia de Argentina se ha escrito a partir de olas de inmigración a lo largo de las décadas. Después de que las guerras de conquista del siglo XIX acabaron con muchos pueblos nativos, las autoridades alentaron a millones de inmigrantes, sobre todo a los provenientes de Europa, a llegar para que ayudaran a poblar y desarrollar el país.

Varios gobiernos dieron la bienvenida a personas recién llegadas de América Latina, Asia y África, abriendo el camino hacia la ciudadanía para cientos de miles de inmigrantes y asegurando su acceso a escuelas públicas y servicios de salud.

Los funcionarios del gobierno de Macri, que asumió el cargo en 2015jurando aminorar la polarización y revirtiendo las políticas económicas de su predecesora, Cristina Fernández de Kirchner, argumentan que se sigue manteniendo la apertura hacia los inmigrantes.

Horacio García, la máxima autoridad argentina en materia de migración, defendió la medida y dijo que Argentina seguirá siendo “un país hospitalario y abierto”.

El nuevo decreto de inmigración dice estar enfocado en combatir el crimen, argumentando que el 22 por ciento de los internos en el sistema penitenciario federal son extranjeros (si se toman en cuenta todas las prisiones del país, la cifra ronda el 6 por ciento).

El decreto menciona específicamente al “crimen organizado” como el motivo de las medidas enérgicas, pero extiende los delitos que justifican la expulsión o bloquean la entrada de manera que incluyan cualquier crimen que pudiera llevar a una sentencia de cárcel. A muchos les preocupa que los inmigrantes puedan ser deportados ahora por delitos menores, como bloquear una vía de tránsito durante una manifestación.

Los inmigrantes que busquen oponerse a una orden de deportación tendrán menos de una semana para presentar una apelación. Las medidas anteriores otorgaban 30 días para preparar una defensa y el derecho a contar con un abogado por parte del gobierno.

“Los inmigrantes penden de un hilo porque cualquier cosa podría ser la causa de la deportación”, dijo Gabriela Liguori, directora de laComisión Argentina para los Refugiados y Migrantes, un grupo que defiende los derechos de los inmigrantes.

No obstante, García, el funcionario de inmigración, dijo que las deportaciones solo se enfocarán en crímenes graves y argumentó que la medida era necesaria porque Argentina había quedado indefensa antes los criminales de otros países.

De cara a las críticas, los funcionarios del gobierno de Macri han tenido que aclarar que descartan la construcción de un muro al estilo del de Trump en la frontera con Bolivia.

“Nosotros no tenemos un problema con la inmigración, tenemos un problema con el narcotráfico y con el contrabando”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, después de que las autoridades bolivianas preguntaron por qué estaba señalando públicamente a los inmigrantes bolivianos, paraguayos y peruanos como objeto de escrutinio.

A pesar de la conexión de mucho tiempo de Macri con el presidente de Estados Unidos, la victoria de Trump puso al gobierno de Argentina en una posición incómoda. Después de todo, Macri no dejó en secreto que estaba a favor de Hillary Clinton y mencionó que Trump se enfocaba en construir muros.

Sin embargo, luego Macri pareció estar atando lazos con Trump, pues fue el primero de los líderes latinoamericanos en hablar con el presidente electo de Estados Unidos después de las elecciones. La llamada pronto despertó controversia. Un importante periodista argentino declaró que Trump había aprovechado la oportunidad para pedir la ayuda de Macri con el fin de conseguir la aprobación regulatoria para un proyecto de bienes raíces en Buenos Aires. Los voceros de ambos mandatarios negaron que hubiera sido así.

Las autoridades argentinas confirmaron más tarde que la empresa de Trump no contaba con los permisos necesarios para comenzar la construcción. Al final, los planes de una torre de Trump en Buenos Aires se cancelaron debido a la presión que enfrentó el presidente electo con respecto a posibles conflictos de intereses relacionados con tratos internacionales pendientes.

Los críticos afirman que las nuevas restricciones se enfocan en los inmigrantes pobres para distraer la atención de la economía, quepermanece bastante inactiva más de un año después de que Macri subió al poder prometiendo que las políticas que favorecen al mercado conducirían al crecimiento.

El escrutinio a los inmigrantes en tiempos difíciles no es algo nuevo en Argentina, donde las autoridades alaban la historia del país de recibir a migrantes europeos mientras que presentan la inmigración de países vecinos como menos deseable, dijo el sociólogo Guillermo Kantor.

A finales de la década de los noventa, el gobierno del presidente Carlos Menen también tomó medidas drásticas hacia los inmigrantes, asociándolos con el crimen callejero. En 2014, Fernández de Kirchner, la expresidenta, amenazó con expulsar a los extranjeros que cometieran delitos tras una revisión del código penal emitida incluso después de que el gobierno había legalizado el estatus irregular de muchos inmigrantes.

Otras partes de América Latina también están enfrentando brotes de sentimientos en contra de los inmigrantes. Con su país sufriendo una crisis económica, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, ordenó que se tuviera mano dura con los inmigrantes colombianos en 2015, con lo que muchos huyeron. Una ola de inmigrantes haitianos a Chile está alimentando el debate en ese país sobre el racismo y la discriminación.

En las calles de Buenos Aires, los inmigrantes tuvieron distintas reacciones hacia el decreto de Macri. Jesús Oriona, de 45 años, un boliviano que se mudó a Argentina cuando era adolescente, dijo que el gobierno simplemente estaba “echándole la culpa a los inmigrantes”.

Sin embargo, María Alejandra Alviarez, de 39 años, una enfermera de Venezuela que llegó a Argentina hace un año y trabaja en una tienda de alimentos para la salud, dijo que este país era “libre y abierto” antes del decreto.

“Macri no está diciendo que la gente no pueda migrar, y las personas calificadas como yo aún podrán venir aquí”, dijo.

Otros más aquí argumentan que el cambio es estratégico y que, con la mira en las elecciones legislativas que se celebrarán este año, el presidente argentino busca conseguir puntos políticos a corto plazo al culpar a los extranjeros de males en la sociedad argentina.

“Por supuesto, tenemos nuestros propios indicios de xenofobia, y ahora, bajo el brillo de Donald Trump, quieren diluir el hecho de que un gran porcentaje de nosotros somos hijos o nietos de inmigrantes”, dijo Raúl Kollman, de 68 años, un locutor de radio cuya madre emigró de manera ilegal hacia Argentina huyendo de los nazis.

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El PT ya prepara la candidatura presidencial de Lula

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El senador brasileño por el Partido de los Trabajadores (PT), Humberto Costa, se refirió a la elección presidencial a desarrollarse en Brasil en 2018 y en ese marco, sostuvo que están planeando un “lanzamiento oficial” en julio, de la candidatura presidencial del exjefe de Estado de ese país, Luiz Inacio Lula da Silva.

“Queremos caminar por el país con una propuesta que pueda sacar a Brasil de la crisis”, destacó Costa en declaraciones al programa “El Destape”, que conduce el periodista Roberto Navarro porRadio 10.

Para Costa, el exmandatario y fundador del PT, Lula da Silva, “va a aceptar” ser candidato a presidente por ese partido. “La población sabe de su capacidad. El único problema es que la Justicia va a intentar impedírselo”, cuestionó el senador.

Consultado sobre la posibilidad de que Lula sea arrestado por presunta corrupción en el marco de la causa Lava Jato, que investiga multimillonarios desvíos desde la petrolera estatal Petrobras, Costa dijo: “No creo que vayan a arrestarlo. Son muy cobardes para hacerlo. Además, no hay nada que pueda ser usado en su contra”. “Será una victoria importante. Estamos pensando hacerlo candidato lo más temprano posible”, insistió.

En tanto, se refirió a la situación económica de Brasil y consideró que “las perspectivas son “muy sombrías”. “Las propuesta del gobierno del presidente Michel Temer profundizan la crisis”, agregó al tiempo que concluyó que el desempleo continúa incrementando.

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La Bancaria ratificó que el lunes pondrá fecha a un paro nacional

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La Bancaria ratificó que el lunes próximo prevé anunciar la fecha de un paro nacional, en protesta por la decisión del Gobierno de frenar el acuerdo salarial alcanzado con las cámaras empresarias.

“El lunes habrá un plenario de secretarios generales para determinar un paro general de los bancos”, sostuvo el titular del gremio, Sergio Palazzo, en diálogo con una radio porteña.

“Teníamos un pre acuerdo salarial con el sector empresario, firmado con el 80 por ciento de las cámaras, y el ministro de Trabajo decidió no homologar el acuerdo y ha dado orden a los bancos para que no los paguen”, explicó.

Además, la Bancaria convocó para este jueves y viernes a asambleas con cese de actividades en entidades financieras de todo el país, por lo que “los usuarios pueden encontrarse con dificultades en la atención si se está desarrollando la asamblea”.

Palazzo confirmó también que “el 7 de marzo los bancarios saldremos a la calle y acompañaremos la movilización de la CGT”.

Durante las últimas horas, en un comunicado, La Bancaria hizo responsable del conflicto al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y a las entidades financieras que no abonaron el acuerdo salarial firmado con las cámaras del sector.

El conflicto con La Bancaria se desató luego de la decisión del gobierno nacional de frenar el acuerdo salarial firmado en diciembre, ya que el convenio superaba el techo de incremento que pretende imponer la administración de Mauricio Macri.

Es que, de concretarse el aumento los trabajadores bancarios conseguirían una mejora de 24% para sólo tres meses, cuando el Ejecutivo pretende que las subas no superen el 18%.

El acuerdo disponía el pago de una suma no remunerativa de $8.000 que se debía pagar antes del 31 de diciembre último para compensar la inflación a trabajadores con sueldos inferiores a $25.000.

Otra suma de $10.000 era a los trabajadores cuyos salarios se hayan ubicado en promedio entre $25.000 y $35.000; y cobrarán 12.000 pesos quienes hayan registrado sueldos superiores.

El acuerdo también disponía de un anticipo mensual para enero, febrero, marzo y abril que se integrarán como una suma fija de 2.000 pesos, a lo que se adicionar un 10 por ciento de todas las remuneraciones.

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Cumbre de gobernadores de la Mesopotamia para inaugurar la sede regional de la UIF y celebrar el “regreso” de la obra pública

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Los gobernadores de la Mesopotamia, Gustavo Bordet (Entre Ríos), Arturo Colombi (Corrientes) y Hugo Passalacqua dejaron inaugurada la sede regional de la Unidad de Información Financiera (UIF) que funcionará en Posadas bajo el mando del abogado Gustavo Abrazián.

No habrá impunidad para los que se porten mal, queremos que los chicos puedan jugar a la pelota en la calle”, dijo Passalacqua, quien explicó que la tarea de la UIF es “una forma más” de luchar contra el narcotráfico.

El acto que se realizó en el Teatro de la Prosa del Centro del Conocimiento contó también con la presencia de jueces, fiscales y casi toda la plana mayor del gabinete de Passalacqua, además de las principales figuras de la oposición, encabezadas por Humberto y Alfredo Schiavoni.

El combate contra el narcotráfico no fue todo en una mañana agitada, poblada de anuncios, firma de convenios y una docena de funcionarios nacionales, en especial, del Ministerio del Interior encabezado por Rogelio Frigerio, quien no pudo participar de los actos hoy porque anoche tuvo que volver a Buenos Aires imprevistamente.

Unos minutos antes de la puesta en marcha formal de la sede de la UIF, en un brevísimo acto que se realizó en el hotel Maitei, Hugo Passalacqua y Humerto Schiavoni, titular de la EBY, firmaron un convenio para la construcción de casillas adicionales en el puente Roque González. La EBY informó que se levantarán 10 cabinas nuevas que agilizarán el paso.

Aunque tras consultar a funcionarios de Migraciones, quedó en evidencia que aún debe precisarse el número (y podrían ser menos de diez). “Espacio para diez hay, y la ejecución va a ser rápida”, explicó Juan Manuel Holz, el titular de la oficina regional de Migraciones.

El otro acto –también breve- en el que participó Passalacqua, recién arribado a la provincia tras su viaje a Brasilia junto al presidente Mauricio Macri, fue la firma de un convenio con el secretario de Habitat, Domingo Amaya, para la urbanización de barrios en Oberá, San Ignacio y Candelaria. Estuvieron presentes también los intendentes de esos municipios. En total, las obras para urbanizar barrios muy postergados y darles mejores accesos a los hospitales y las escuelas comprenden un monto algo superior a los 120 millones de pesos.

Antes, hubo otro convenio con la secretaría de Recursos Hídricos, también del Ministerio del Interior, para obras de contención y entubamiento del arroyo Las Chanchas, una obra de 600 millones de pesos que se ejecutará en 18 meses.

Entre esta última obra, que se licitará en las próximas semanas, las urbanizaciones en los tres municipios y las casillas junto a la EBY, todos los actos parecieron dejar en evidencia la clara intención de mostrar a los funcionarios nacionales en buena sintonía con el gobierno misionero para la puesta en marcha de obras.

Este acto representó el más importante anuncio de obra pública desde que Mauricio Macri llegó al Gobierno nacional, hace más de un año. Porque además, los montos se ejecutarán en un período corto.

El gran ausente en la mañana fue, quien iba a ser el protagonista de toda esta presentación, Frigerio, quien anoche tuvo que salir imprevistamente y dejó en su representación a su segundo en Interior y amigo, Alejandro Caldarelli.

Frigerio había llegado ayer a la tarde a Posadas, recorrió un barrio del Procrear que se construye en Itaembé Guazú y dejó varias definiciones. “Tenemos 400 obras en marcha en Misiones, por un monto de 4000 millones de pesos”.

Ante la consulta de Economis, Frigerio reafirmó que todos estos trabajos ya están en marcha o se pondrán en marcha en poco tiempo más. “Pasó el parate de la obra pública, que estaba paralizada desde octubre del 2015, tuvimos que sortear muchos contratiempos, pero ya estamos en marcha”.

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Anuncian obras por más de 600 millones para arroyo que recorre varias chacras de Posadas

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Las obras del arroyo La Chancha comenzarán en 90 días y tendrán un plazo de ejecución de 18 meses. El acuerdo fue firmado por el intendente, Joaquín Losada, y Pablo Bereciartúa, subsecretario de Recursos Hídricos de Nación.

Esta mañana el intendente de Posadas, Joaquín Losada, junto Pablo Bereciartúa, subsecretario de Recursos Hídricos de Nación, anunciaron la financiación de la obra del arroyo La Chancha cuyo curso recorre varias chacras muy pobladas de la ciudad.

 

Además el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación Domingo Amaya, en representación del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda que conduce Rogelio Frigerio, firmó convenios específicos con dos localidades de la provincia de Misiones por un monto superior a los 68 millones de pesos.

Con la localidad de Oberá firmó con el intendente Carlos Alberto Fernández un convenio por 32.550.038,69 pesos para mejorar calles y avenidas en el municipio. Además de realizar una intervención en el sistema vial gunther, sistema pluvial Puerto Nuevo, sistema pluvial Italia, y en el sistema pluvial 9 de Julio etapa 1.

Por otra parte, con el intendente de Candelaria, Daniel Omar Luna, firmó un convenio para realizar una nueva infraestructura vial de pavimento, cordón cuneta y pluviales para 32 cuadras de la trama. El monto total es de 36.157.942,92 pesos.

Además se entregó la No Objeción Técnica para el financiamiento de la obra de mejoramiento de red vial y peatonal entorno reducciones jesuíticas de San Ignacio a su intendente Esteban Romero. El objetivo de la misma es desarrollar turísticamente la localidad. Cabe recordar que en 1991 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

 

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