POLITICA

Rogelio Frigerio dejó un mensaje claro con los pedidos misioneros por las asimetrías: no esperen nuevas medidas

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El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, pasó fugazmente por Posadas el martes y dejó un mensaje claro para los empresarios, comerciantes y el Gobierno misionero que viene reclamando una serie de decisiones para paliar las asimetrías con Paraguay: no esperen nuevas medidas.

Como si el Gobierno Nacional dijera: les dimos el ITC, no pidan nada más. Una medida, la del ITC diferenciado, que solo logró bajar en 3 pesos el valor del litro de nafta súper y que para todo el mundo tuvo un sabor a poco.

“Nosotros avanzamos con la diferenciación del ITC para Posadas y para todas las ciudades que tengan un mecanismo o interrelación con el Paraguay cercana o fluida, son los que más sufrían las diferencias de precio de las naftas locales y del otro lado de la frontera, no ocurría lo mismo con Brasil, hicimos los cálculos y no ameritaba”, dijo Frigerio, poniéndole un techo a los comerciantes y a los funcionarios misioneros, quienes reclamaron la medida para toda la provincia.

Si no se podía para toda la provincia, como mínimo la expectativa en Misiones era tener el beneficio para Puerto Iguazú y Posadas, ya que la ciudad de las Cataratas también padeció fuerte las asimetrías con Foz. Pero para Frigerio “no ameritaba” tomar medidas. Frigerio además relativizó la cuestión de las asimetrías al afirmar que “hay épocas que el perjuicio es de este lado y del otro lado, depende del tipo de cambio y otras cuestiones”.

-La gente sigue yendo…, le hizo notar un periodista en la improvisada rueda de prensa que ofreció en Itaembé Guazú cuando caía la tarde del martes.

“Bueno, le quitamos el incentivo de cargar nafta”, fue la respuesta escueta de Frigerio.

Luego empezó a desgranar un libreto conocido cargado de buenas intenciones y rumbos conceptuales, pero que no representan una respuesta concreta a los pedidos elevados. “Estamos trabajando para mejorar la competitividad de nuestra economía, hablando con los distintos sectores de la producción, representantes de los trabajadores, empresas y el estado en todos los niveles del Gobierno para vender nuestros productos de manera más barata”.

Desde que es el Ministro del Interior, Frigerio visitó varias veces Misiones y con cada nueva visita fue restándole importancia al reclamo de empresarios, comerciantes y el propio gobierno, que solicitan decisiones como: rebaja del IVA temporalmente del 21 al 10,5 por ciento; rebaja de los aportes patronales; mayores controles aduaneros; o la posibilidad de importar sin pagar aranceles como hacen los comerciantes paraguayos en lo que sería una suerte de zona franca.

El ITC era apenas una de varias medidas y siempre se solicitó para toda la provincia. Demoró más de un mes desde que se anunció (a pesar de que Frigerio prometió que “sale en unos días, cuando se publique en el Boletín Oficial) y cuando finalmente llegó, la rebaja de aproximadamente 3 pesos en el litro de combustible tuvo sabor a muy poco.

Pero al Gobierno Nacional le dio la posibilidad de considerar que ya atendieron los reclamos de los misioneros: “Ya les dimos el ITC, no nos pidan más”.

En diciembre pasado, un par de días antes de Navidad, Frigerio se refirió al tema y casi de compromiso mencionó que “podemos estudiar otras medidas”.

Esta vez ya no se refirió a eso y dejó en claro que el ITC solo será para Posadas y por unos meses más. En todas sus manifestaciones a la prensa casi no se refirió a las asimetrías y pareció sacarse el tema de encima cuando fue consultado al respecto, casi como si estuviera cansado de que le preguntaran siempre por lo mismo.

Ya en agosto pasado, en Iguazú, Frigerio habló con este periodista y le dijo que “lo peor de las asimetrías ya había quedado atrás”. Justo en los momentos más dramáticos en los que la sangría de divisas y el éxodo tornaban negro el panorama de una economía que, además, sufría el impacto de la recesión y la crisis en todo el país.

Días después, Frigerio –el funcionario que más conoce las necesidades de los gobernadores- ya en Buenos Aires tuvo que mandar a algunos voceros en Misiones a relativizar esas apreciaciones.

Esta vez, no hubo ninguna necesidad de relativizar sus dichos. Aún si se hubiera quedado en Posadas para los actos del jueves (tuvo que viajar de urgencia porque operaron a uno de sus hijos de peritonitis), Frigerio no hubiera hablado más de asimetrías. Al menos si de él dependiera, esta vez sí, lo peor quedó atrás.

Frigerio en sus visitas a Misiones: 

AGOSTO, EN IGUAZÚ: “LO PEOR DE LAS ASIMETRÍAS YA PASÓ” (LUEGO TUVO QUE RELATIVIZAR SUS DICHOS)

DICIEMBRE, POSADAS: “EL ITC YA SALE, A LO MEJOR ESTUDIAMOS ALGUNA OTRA MEDIDA”

FEBRERO, POSADAS: “NO ERA NECESARIO EL ITC EN LA FRONTERA CON BRASIL, TRABAJAMOS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD CON TRABAJADORES, EMPRESAS Y ESTADO”

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“El rol que tenga la UCR en estas elecciones será el que generemos”

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El presidente de la Juventud Radical Nacional, Ariel Pianesi, apoyó la idea del consenso para el que, aseguró, trabajan junto a Francisco Fonseca, presidente de la UCR en la provincia. Las conversaciones buscan alcanzar una lista de acuerdo con el Pro pero que además incluya a otros sectores como organizaciones barriales, el socialismo, y el espacio del legislador, Alex Ziegler, integrante de la alianza gobernante en la Nación.

“La tarea viene muy bien, Fonseca desde que asumió la presidencia del partido lleva adelante todas estas instancias de diálogo. Nosotros tenemos la idea del consenso pero todavía debemos ponernos de acuerdo”, sostuvo a Economis.com.ar

Pianesi que aun debate con la almohada si buscará un nuevo mandato como concejal de Posadas, se expresó a favor de sumar a la cantidad de sectores que quieran ser parte del armado frente a la primera prueba electoral de Mauricio Macri. En la provincia en tanto, el trabajo está enfocado en consolidar una alternativa con peso propio.

“El acuerdo nacional fija que el radicalismo pueda sostener las bancas que pone en juego”, que en el caso de Misiones deberá pelear la de Luis Pastori.

El lunes habrá una reunión de la Juventud Radical en Santa Fe para avanzar en la estrategia electoral

Consultado sobre el “temor” del dirigente Ricardo Alfonsín de que la UCR se encamine hacia la extinción actuando como furgón de cola del Pro en las Legislativas, el líder de los jóvenes radicales desestimó esas expresiones afirmando que “el rol que tenga el partido será el que generemos. Tenemos que debatir ideas, no empezar con las internas, hay que aportar una visión. Hay que hablar menos y salir más a la calle”, sentenció.

Finalmente, opinó que no se puede descartar la presencia de peronistas dentro de la coalición nacional, tal como había propuesto el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó. “Sería extemporáneo pensar así. Hay que tener respeto por los distritos donde un sector del peronismo tiene una gran presencia”.

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Macri le perdonó la deuda a Franco, su padre, por el Correo Argentino

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La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, pidió que se rechace el acuerdo al que había llegado el Gobierno nacional con el grupo SOCMA por una deuda que tiene una de sus empresas, Correo Argentino S.A., con el Estado argentino desde 2001, y que según cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) de la Procuración General de la Nación, condonaría hasta $ 70.000 millones de pesos, según la actualización a 2033.

En el marco de un concurso preventivo, Correo Argentino S.A. le propuso al Estado Nacional diversos planes de pago, uno de los cuales fue aceptado en junio pasado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa.

Boquín, luego de revisar el acuerdo, concluyó que lo acordado “equivale a una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva” en tanto implicaría, de acuerdo a los cálculos realizados por la DAFI, una quita de más de $ 4000 millones de pesos en la actualidad y de más de $ 70.000 millones a 2033.

De acuerdo con el informe de la DAFI, el monto inicial de la deuda de Correo Argentino S.A. es de 296 millones de pesos/dólares, porque estaba vigente antes de la devaluación impulsada por Duhalde en 2002. Al aplicarse la tasa activa BNA vigente a septiembre de 2001 (1,46%) desde ese momento hasta 2017, el monto de la quita ascendería a $ 4656 millones de pesos. Y si se aplica esa tasa de interés hasta el final del plan de pago (2033), la quita llegaría a $ 70.164 millones de pesos.

El acuerdo que aceptó el Gobierno nacional, a través Mocoroa, contempla un plan de pago de 15 cuotas anuales y consecutivas y una más de intereses, y el monto total que terminará de pagar en marzo de 2033 será de $ 1436 millones de pesos.

Además de objetar la quita que aceptó el Gobierno nacional sobre la deuda de Correo Argentino S.A., la representante del Ministerio Público Fiscal advirtió que el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones “sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quien recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso”.

La funcionaria judicial destacó que “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”.

En síntesis: el Estado Nacional aceptó una oferta que, en lo real, implica condonarle la deuda a Correo Argentino. Con un agravante: se trata de condonarle la deuda a la familia presidencial.

La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, dictaminó que debe rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino S.A. y aceptada por el Estado Nacional, en junio del año pasado, en el marco de un concurso preventivo. La representante del Ministerio Público Fiscal expresó que lo acordado “equivale a una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva” en tanto implicaría, de acuerdo a los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033. Asimismo, la representante del MPF advirtió que el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quien recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso. Destacó que “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”.

En su dictamen, la Fiscalía -como parte del proceso de homologación- analizó la última propuesta realizada por la empresa en la audiencia del 28 de junio del año pasado, que se celebró a pedido del propio Estado Nacional siendo este titular del 32,65% del pasivo concursal.

La fiscal general llegó a esa conclusión luego de un análisis efectuado con la colaboración de la DAFI de la Procuración General de la Nación: la segunda propuesta -aceptada por el representante del Estado Nacional en la mencionada audiencia- “mejoraba” el plazo de pago (de 19 cuotas a 15) y la tasa de interés (del 6 al 7% anual). Del análisis económico surge que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”, de acuerdo al cálculo realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal. “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”, aseveró Boquín.

En una ampliación al dictamen presentada ayer, la fiscal general acompañó los cálculos complementarios elaborados por la DAFI, de los que surge “el porcentaje actualizado de la quita que importa la propuesta formulada al Estado Nacional y el valor presente de la misma calculada en moneda nacional”, a saber $70.163.910.895,30 -saldo de la quita a marzo de 2033- y 4.277.659.362,13 -saldo de la quita a febrero de 2017-.

Por otra parte, la fiscal general consideró que el consentimiento fue dado por “un funcionario incompetente” para hacerlo -el Dr. Mocoroa, en su condición de Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones en carácter transitorio por 180 días-, en virtud de que debería haber contado con una autorización expresa para “poder transigir en nombre del Estado Nacional”.

Boquín reseñó que, durante el concurso, el juez requirió información sobre la participación de Franco Macri en la compañía. La empresa contestó que el padre del presidente de la Nación no es directivo de Correo Argentino S.A. ni ocupa cargos gerenciales, pero que “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”.

“En efecto, pudiendo resultar que familiares del presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursada y/o de sus controlantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con él [en referencia a Mocoroa], podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie”, apuntó la fiscal. Y precisó: “En el caso, la propuesta fue aceptada por un funcionario público que encuentra enmarcada su actuación por una cadena de dependencias jerárquicas que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración pública nacional”, por lo que debió haber mediado una “opinión consultiva de la Oficina Anticorrupción o bien, a la Comisión de Ética Pública”. Por ese motivo, solicitó que se libre oficio a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) “a los fines que su titular estime corresponder”.

En ese contexto, Boquín consideró que la nueva propuesta a la que se prestó conformidad “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”. Su aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

La Fiscalía advirtió que “se encuentran en juego fondos públicos destinados a la satisfacción del bien común, por lo que rige un régimen específico, de carácter publicístico y con principios orientados a la preservación de dichos intereses generales”.

Finalmente, Boquín formuló reserva para acceder por vía extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en caso de que haya una sentencia contraria a lo dictaminado.

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Misiones pidió sostener el financiamiento educativo en el Consejo Federal

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La ministra de Educación, Ivonne Aquino, transmitió el pedido de los gremios de la mesa de diálogo y comunicación de dar continuidad a las paritarias nacionales.  Asimismo solicitó  la actualización de los fondos compensadores que constituyen el salario docente.

En el marco de la 78° asamblea del Consejo  Federal de Educación (CFE), que se realiza en Mendoza, la ministra de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, Ivonne Aquino transmitió el pedido de los gremios de la mesa de diálogo y comunicación de dar continuidad a las paritarias nacionales.  Asimismo solicitó  la actualización de los fondos compensadores que constituyen el salario docente,  lo que implica el incentivo docente y artículo 9 de la Ley de Financiamiento Educativo.

La ministra misionera solicitó la palabra e informó, al resto de los ministros del país, que Misiones sostiene su postura en cuanto al mantenimiento de la mesa paritaria nacional como ámbito de trabajo para la mejora de la calidad educativa.

Además hizo referencia al pedido que realizado por el Gobierno Provincial al Nacional sobre la necesidad de sostener el Financiamiento Educativo que compone el artículo 9 y el adicional regulador de los salarios provinciales.

Por otra parte planteó que Nación tiene que acompañar el esfuerzo salarial que hace Misiones y actualizar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Ivonne Aquino describió los pedidos que escuchó de las entidades sindicales en la primera mesa de Diálogo y Comunicaciones que se llevó adelante el pasado martes que significó “el mantenimiento de un espacio de trabajo donde se aseguran las mejores condiciones para el trabajo docente”.

De esta manera, el debate quedó planteado ante el CFE y se suma a los gestiones que se han realizado desde el Ministerio de Hacienda.

Entre los temas tratados durante este miércoles, y que tendrán continuidad mañana jueves, se destacan el proyecto de resolución sobre el programa “La Escuela sale de la Escuela”, el tratamiento sobre el estado de situación de los postítulos docentes y los “Instrumentos de autoevaluación institucional”.

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En Estados Unidos comparan a Macri con Trump por sus políticas anti inmigrantes

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BUENOS AIRES, New York Times. – Argentina está tan acostumbrada a celebrar la inmigración como un pilar de la sociedad que un dicho del siglo XIX, “Gobernar es poblar”, sigue en uso hoy en día.

Sin embargo, en un cambio brusco que coincide con las restricciones migratorias establecidas por el gobierno estadounidense de Trump, el presidente Mauricio Macri emitió un decreto que frena la inmigración a Argentina y hasta declaró que los recién llegados de países más pobres de América Latina traen consigo el crimen.

Las medidas anunciadas por Macri a finales de enero han vuelto mucho más fácil deportar a los inmigrantes y restringir su entrada, lo que ha despertado comparaciones con Trump y ha dado pie a un debate feroz sobre la inmigración.

“Un decreto como este asusta a la gente”, dijo Arfang Diedhiou, de 33 años, un inmigrante senegalés que dirige su propia tienda de ropa en Buenos Aires. “Salió justo después de lo que hizo Trump, una coincidencia que me parece muy extraña”.

El presidente argentino, hijo de un inmigrante, ha hecho eco de alguna manera del tema “Estados Unidos primero” de Trump, dejando en claro que su “primera preocupación” debe ser “cuidar a los argentinos, cuidarnos a nosotros”.

“No podemos permitir que, por falta de acción, el crimen siga eligiendo a la Argentina para delinquir”, dijo Macri durante una conferencia de prensa.

Su decreto también ha renovado las críticas sobre sus lazos con el presidente estadounidense, a quien llama su amigo. En la década de los ochenta, Macri trabajó con su padre, un inmigrante italiano y magnate industrial, en un proyecto de bienes raíces en Nueva York que la familia terminó vendiendo a Trump.

Aunque las medidas migratorias de Macri no tienen un alcance tan amplio como la decisión de Trump de detener la entrada de refugiados de todo el mundo y congelar las visas de siete países predominantemente musulmanes, están provocando tensiones diplomáticas en la región. Algunos líderes de América Latina están atacando lo que consideran un intento de imitar las políticas migratorias de Trump y alimentar un sentimiento xenofóbico.

“Hermanos presidentes latinoamericanos, seamos patria grande: no sigamos políticas migratorias del norte”, escribió en Twitter el presidente de Bolivia, Evo Morales.

Sin embargo, las encuestas de opinión en Argentina muestran que hay un amplio apoyo a la limitación de la inmigración y algunos argentinos incluso dicen que el nuevo decreto se queda corto. Un miembro de derecha del congreso incluso está pidiendo que se construya un muro en la frontera con Bolivia.

Claudio Suárez, de 65 años, un trabajador de una pastelería en Buenos Aires, dice que los frenos a la inmigración son “fantásticos”.

“Nadie quiere que llegue la escoria de otros países”, dice. “Muchos extranjeros llegan aquí porque los servicios de salud y la educación son gratis. La ley debería ser aún más estricta”.

La historia de Argentina se ha escrito a partir de olas de inmigración a lo largo de las décadas. Después de que las guerras de conquista del siglo XIX acabaron con muchos pueblos nativos, las autoridades alentaron a millones de inmigrantes, sobre todo a los provenientes de Europa, a llegar para que ayudaran a poblar y desarrollar el país.

Varios gobiernos dieron la bienvenida a personas recién llegadas de América Latina, Asia y África, abriendo el camino hacia la ciudadanía para cientos de miles de inmigrantes y asegurando su acceso a escuelas públicas y servicios de salud.

Los funcionarios del gobierno de Macri, que asumió el cargo en 2015jurando aminorar la polarización y revirtiendo las políticas económicas de su predecesora, Cristina Fernández de Kirchner, argumentan que se sigue manteniendo la apertura hacia los inmigrantes.

Horacio García, la máxima autoridad argentina en materia de migración, defendió la medida y dijo que Argentina seguirá siendo “un país hospitalario y abierto”.

El nuevo decreto de inmigración dice estar enfocado en combatir el crimen, argumentando que el 22 por ciento de los internos en el sistema penitenciario federal son extranjeros (si se toman en cuenta todas las prisiones del país, la cifra ronda el 6 por ciento).

El decreto menciona específicamente al “crimen organizado” como el motivo de las medidas enérgicas, pero extiende los delitos que justifican la expulsión o bloquean la entrada de manera que incluyan cualquier crimen que pudiera llevar a una sentencia de cárcel. A muchos les preocupa que los inmigrantes puedan ser deportados ahora por delitos menores, como bloquear una vía de tránsito durante una manifestación.

Los inmigrantes que busquen oponerse a una orden de deportación tendrán menos de una semana para presentar una apelación. Las medidas anteriores otorgaban 30 días para preparar una defensa y el derecho a contar con un abogado por parte del gobierno.

“Los inmigrantes penden de un hilo porque cualquier cosa podría ser la causa de la deportación”, dijo Gabriela Liguori, directora de laComisión Argentina para los Refugiados y Migrantes, un grupo que defiende los derechos de los inmigrantes.

No obstante, García, el funcionario de inmigración, dijo que las deportaciones solo se enfocarán en crímenes graves y argumentó que la medida era necesaria porque Argentina había quedado indefensa antes los criminales de otros países.

De cara a las críticas, los funcionarios del gobierno de Macri han tenido que aclarar que descartan la construcción de un muro al estilo del de Trump en la frontera con Bolivia.

“Nosotros no tenemos un problema con la inmigración, tenemos un problema con el narcotráfico y con el contrabando”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, después de que las autoridades bolivianas preguntaron por qué estaba señalando públicamente a los inmigrantes bolivianos, paraguayos y peruanos como objeto de escrutinio.

A pesar de la conexión de mucho tiempo de Macri con el presidente de Estados Unidos, la victoria de Trump puso al gobierno de Argentina en una posición incómoda. Después de todo, Macri no dejó en secreto que estaba a favor de Hillary Clinton y mencionó que Trump se enfocaba en construir muros.

Sin embargo, luego Macri pareció estar atando lazos con Trump, pues fue el primero de los líderes latinoamericanos en hablar con el presidente electo de Estados Unidos después de las elecciones. La llamada pronto despertó controversia. Un importante periodista argentino declaró que Trump había aprovechado la oportunidad para pedir la ayuda de Macri con el fin de conseguir la aprobación regulatoria para un proyecto de bienes raíces en Buenos Aires. Los voceros de ambos mandatarios negaron que hubiera sido así.

Las autoridades argentinas confirmaron más tarde que la empresa de Trump no contaba con los permisos necesarios para comenzar la construcción. Al final, los planes de una torre de Trump en Buenos Aires se cancelaron debido a la presión que enfrentó el presidente electo con respecto a posibles conflictos de intereses relacionados con tratos internacionales pendientes.

Los críticos afirman que las nuevas restricciones se enfocan en los inmigrantes pobres para distraer la atención de la economía, quepermanece bastante inactiva más de un año después de que Macri subió al poder prometiendo que las políticas que favorecen al mercado conducirían al crecimiento.

El escrutinio a los inmigrantes en tiempos difíciles no es algo nuevo en Argentina, donde las autoridades alaban la historia del país de recibir a migrantes europeos mientras que presentan la inmigración de países vecinos como menos deseable, dijo el sociólogo Guillermo Kantor.

A finales de la década de los noventa, el gobierno del presidente Carlos Menen también tomó medidas drásticas hacia los inmigrantes, asociándolos con el crimen callejero. En 2014, Fernández de Kirchner, la expresidenta, amenazó con expulsar a los extranjeros que cometieran delitos tras una revisión del código penal emitida incluso después de que el gobierno había legalizado el estatus irregular de muchos inmigrantes.

Otras partes de América Latina también están enfrentando brotes de sentimientos en contra de los inmigrantes. Con su país sufriendo una crisis económica, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, ordenó que se tuviera mano dura con los inmigrantes colombianos en 2015, con lo que muchos huyeron. Una ola de inmigrantes haitianos a Chile está alimentando el debate en ese país sobre el racismo y la discriminación.

En las calles de Buenos Aires, los inmigrantes tuvieron distintas reacciones hacia el decreto de Macri. Jesús Oriona, de 45 años, un boliviano que se mudó a Argentina cuando era adolescente, dijo que el gobierno simplemente estaba “echándole la culpa a los inmigrantes”.

Sin embargo, María Alejandra Alviarez, de 39 años, una enfermera de Venezuela que llegó a Argentina hace un año y trabaja en una tienda de alimentos para la salud, dijo que este país era “libre y abierto” antes del decreto.

“Macri no está diciendo que la gente no pueda migrar, y las personas calificadas como yo aún podrán venir aquí”, dijo.

Otros más aquí argumentan que el cambio es estratégico y que, con la mira en las elecciones legislativas que se celebrarán este año, el presidente argentino busca conseguir puntos políticos a corto plazo al culpar a los extranjeros de males en la sociedad argentina.

“Por supuesto, tenemos nuestros propios indicios de xenofobia, y ahora, bajo el brillo de Donald Trump, quieren diluir el hecho de que un gran porcentaje de nosotros somos hijos o nietos de inmigrantes”, dijo Raúl Kollman, de 68 años, un locutor de radio cuya madre emigró de manera ilegal hacia Argentina huyendo de los nazis.

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