POLITICA

“Las modificaciones al sistema de ART van a beneficiar a trabajadores y Pymes”

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Este miércoles se tratará en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto de ley para modificar el actual sistema de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), que este lunes tuvo dictamen positivo en la reunión conjunta de las Comisiones de Trabajo y Presupuesto, y que ya cuenta con media sanción del Senado. El diputado nacional Luis Pastori (UCR-Cambiemos), quién participó ayer en la Comisión, manifestó a los medios que “el objetivo de Cambiemos es mejorar el actual sistema de ART para beneficiar a los trabajadores y a las Pymes, que vienen siendo vulnerados en sus derechos por un sistema que incentiva una litigiosidad desmedida”.

Frente al apoyo que tuvo el proyecto, Pastori destacó que “esto forma parte de la agenda del Dialogo para la Producción y el Trabajo convocado por el Presidente, y es parte de una serie de iniciativas destinada a mejorar la productividad de las empresas sin afectar el salario y los derechos de los trabajadores”. Pastori además dponderó el desempeño del interbloque Cambiemos en la argumentación del proyecto y el amplio apoyo que se tuvo de otros partidos, como así también las intervenciones de los diputados nacionales Luis Petri (UCR-Mendoza) y Luciano Laspina (PRO-Santa Fé).

Beneficios para los trabajadores

Pastori quién se desempeña como secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, precisó que “con esta ley buscamos principalmente bajar la litigiosidad, porque cuando hay juicios controvertidos, hay derechos de los trabajadores que se vulneran. Nuestro proyecto propone medidas que previenen y aceleran la resolución de litigios, y procura limitarlos, porque hoy la justicia está colapsada. Las cifras del incremento exponencial de demandas judiciales sin resolución lo prueban: en 2010 habían 53 mil juicios, en 2016 la cifra pasó a 120 mil, pero la capacidad de respuesta del sistema sigue siendo la misma: en el 2010 la justicia resolvió 33 mil juicios mientras que en 2016 apenas 35 mil. Mientras tanto, hay 340 mil reclamos judiciales sin respuesta”.

Pastori agregó que “el aumento de los juicios ha provocado que la prima de seguro que tienen que pagar los trabajadores con su sueldo haya aumentado muchísimo, hasta el 20% en caso de los trabajadores de la construcción. Si logramos bajar la litigiosidad, mejoraremos el salario de los trabajadores que financian el actual sistema de ART. Esto seguramente provocará la creación de empleo formal, porque todo lo que permita ir disminuyendo los costos de contratación, entre ellos las primas caras, va redundar en más trabajo y mejores salarios”.

En otro fragmento del análisis Pastori dijo que “para el trabajador es un resguardo, porque lo que ocurría hasta ahora es que ante el primer problema aparecía el juicio como una instancia que duraba muchos años, y el trabajador terminaba cobrando muy poco y muy tarde y gran parte de los costos terminaban en el bolsillo de abogados y peritos. Ahora se creará una comisión médica especial de jurisdicción, que tendrá un plazo de 60 días administrativos para dictaminar, antes de iniciar cualquier reclamo judicial. Esto va evitar que haya discrecionalidades porque los honorarios no van a tener relación con el monto del juico, y ello acelerará los tiempos, porque cuando la comisión médica dictamine que hay un accidente de trabajo y una discapacidad, automáticamente la ART debe empezar a trabajar y no esperar el juicio que a veces demora años antes de concretarse”.

Beneficio a las Pymes

Pastori señaló finalmente que “el proyecto venía siendo reclamado hace mucho tiempo, por las Pymes que son afectadas por la industria del juicio, y muchas veces terminan quebradas por el uso inescrupuloso de las actuales reglas del sistema, y que en definitiva hacen perder fuentes de empleo. Las Pymes son las que tienen menos espaldas para bancar el actual sistema de ART, y son además las principales generadoras de empleo del país, por la tanto hay que incentivarlas y protegerlas”.

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Imputaron a Macri y a Oscar Aguad por el acuerdo con el Correo

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El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó hoy al presidente Mauricio Macri por el acuerdo que selló el gobierno nacional con la empresa el Correo Argentino S.A. por su deuda con el estado.

Fuentes judiciales informaron a NA que el fiscal también imputó al ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad; y al Director de Asuntos Jurídicos de dicho Ministerio, Juan Manuel Mocoroa.

“En la presente investigación se deberá verificar las responsabilidades penales que podrían caberle a los distintos actores que intervinieron a lo largo de la totalidad de la tramitación del proceso judicial aludido, en el cual se observa que el interés público no habría sido protegido de forma adecuada”, sostuvo el fiscal.

El jefe de Gabinete, Marcos  Peña, aseguró hoy que el acuerdo entre el Gobierno y el Correo  Argentino “no es un problema político, es un tema técnico de  carácter judicial” y adelantó que el presidente Mauricio Macri  le solicitará a la Auditoría General de la Nación (AGN) un veredicto  antes de que haya una resolución judicial final.

ado Nacional en el marco del concurso preventivo de la empresa postal.

El representante del Ministerio Público Fiscal reseñó que el expediente se inició con la denuncia de Daniel Jaime Igolnikov, a la que se acumuló la de Martín Sabbatella y Gabriela Cerrutti. Todos ellos ratificaron su presentación. Zoni impulsó la acción penal “con el objeto de iniciar una investigación criminal tendiente a corroborar la existencia de conductas delictivas estrechamente vinculadas al proceso concursal tramitado en el expediente N° 94360/01 caratulado ‘Correo Argentino s/ Concurso preventivo’, cuya duración ya superó los quince años y en el cual se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios”.

El fiscal federal  tuvo en cuenta también los dictámenes emitidos por la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Gabriela Boquin, quien solicitó el rechazo del acuerdo. En ese sentido, sostuvo que en la investigación “se deberá verificar las responsabilidades penales que podrían caberle a los distintos actores -funcionarios públicos o particulares- que intervinieron -de forma directa o indirecta- a lo largo de la totalidad de la tramitación del proceso judicial aludido, en el cual se observa que el interés público no habría sido protegido de forma adecuada”.

Al respecto, Zoni refirió en el dictamen presentado ante el Juzgado Federal N°4 que “no debe soslayarse el extenso plazo que se ha devengado desde la verificación del crédito por parte del Estado, la manipulación de las mayorías en perjuicio de los acreedores quirografarios, la recategorización extemporánea y la reapertura del período de exclusividad cuando ya llevaba tres años y medio de vencido”. Finalmente, expresó que también deberá investigarse “el cambio de estrategia de defensa del Estado Nacional en el marco del trámite del Concurso Preventivo, mediante el cual se prestó conformidad a una propuesta abusiva que implicaría un perjuicio fiscal, la cual a su vez se materializó a través de la intervención de un funcionario que carecería de competencia para ello y designado con carácter transitorio”.

“Dicho funcionario -Dr. Mocoroa- desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario -de forma directa o indirecta- de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscripto por aquél”, señaló Zoni en el dictamen.

 

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Passalacqua entregó camión compactador a municipio de Eldorado

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“Nos viene muy bien, lo habíamos solicitado al Gobernador, así que valoramos esto, sabemos que son momentos muy difíciles, pero si bien nosotros hemos comprado algunas unidades Eldorado ha tenido un crecimiento terrible y siempre hace falta. Y una de las demandas era por la cuestión de los residuos, así que la reacción del Gobernador en poder dar una respuesta y en poco tiempo tenemos esta unidad  0 kilómetro”, destacó el intendente de la Capital del Trabajo, al recibir las llaves del camión compactador de manos del gobernador Hugo Passalacqua, quien estuvo acompañado del ministro de Gobierno, Marcelo Pérez.

“Por eso quiero agradecer en nombre de toda la comunidad  al Gobernador por la premura y por aportar esta herramienta de trabajo para Eldorado”, insistió Aguirre.

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Puerto Rico: “Sigue habiendo incertidumbre entre los empresarios”, planteó Neis

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El intendente de Puerto Rico, Federico Neis describió la incertidumbre que hay entre los empresarios de su zona sobre la actual política económica nacional. Afirmó que el sector maderero dejó de exportar por la baja rentabilidad y eso afecta el movimiento económico.

Puerto Rico es una de las localidades misioneras más organizadas en el sector industrial, además de la industria de la madera cuenta con un interesante polo metalmecánico. El intendente, Federico Neis, explicó que los empresarios de su zona ven al gobierno nacional con medidas de fomento industrial similares a la gestión anterior pero reconoce que “les está costando arrancar”.

Sobre la gestión de Mauricio Macri, indicó que “nos preocupa un poco que sigue habiendo incertidumbre. Hay mucha buena voluntad pero no se observan los resultados, por ahí la gente se impacienta, los empresarios están impacientes”.

Añadió que esa incertidumbre a su vez  demora inversiones y apuestan a preservar el capital, lo cual ralentiza el movimiento económico. La apertura indiscriminada de las importaciones y el valor del dólar hacen compleja la realidad de los industriales de la zona, dijo.

Al realizar un balance del comienzo del año, Neis detalló que el año 2016 fue complejo, pero más que difícil, lo describió como “una incógnita”. Valoró que la comuna que administra sea organizada, por  ello habían terminado 2015 con una reserva importante, que se mantuvo a lo largo del 2016 comenzando este año con unos 6 millones de pesos en plazo fijo.

Esta reserva les permitió comenzar las pequeñas obras como la reforma de la plaza de Las Madres, la construcción del edificio de zoonosis, así como trabajos de cordón cuneta y empedrados en diferentes barrios.

Precisó que presentaron proyectos para la construcción de cuatro puentes a Vialidad Provincial en el marco del programa 100 puentes que se llevará adelante este año. Indicó que esperan lograr la construcción de dos a través de este plan.

Sostuvo que el Parque Industrial está trabajando, “pero los empresarios del sector maderero están preocupados por la caída de las exportaciones”. Consideró que si el valor del peso se acomoda, volverá a ser rentable exportar.

Para mejorar la salida de la producción del parque industrial, prevén completar el acceso, ya que aún resta un tramo hacia la ruta nacional 12, que “quedó muy deteriorado por el exceso de uso de esa vía”.

Se mostró optimista por la pronta habilitación del puerto de Posadas. “Permitirá abaratar mucho los costos de transporte y eso beneficiará al sector”.

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Para Peña no hay conflicto de intereses en el perdón de la deuda de Correos

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El jefe de Gabinete Marcos Peña dijo hoy en conferencia de prensa que no hay “conflicto de intereses” en el proceso que desembocó en el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, y anunció que el Gobierno solicitará una audiencia “con carácter de urgente” a la Cámara Federal para pedirle que “aborde la problemática de manera integral” y eventualmente “convoque a expertos independientes” para resolver la cuestión.

Peña  resaltó que el acuerdo por el pago de la deuda del Correo Argentino con el Estado “jamás ha sido debatido en forma puntual por el presidente, porque es un tema técnico, en los que el Estado interviene con las áreas jurídicas de los ministerios”.

“Nuestro planteo es muy claro: se obró según la ley en el marco de una discusión judicial, con total transparencia. La transparencia y legalidad es total, tenemos absoluta y plena convicción de ello”, añadió.

Marcos Peña estuvo acompañado por el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, uno de los responsables de avalar el acuerdo con el Correo, el cual fue objetado por la fiscal de la Cámara federal y recibió fuertes críticas de la oposición.

Aguad reiteró que “jamás consulté este tema con el Presidente. Él tiene vedado por ley interesarse por cualquier cuestión de familiares, lo único que pidió es que tratáramos de solucionarlo con los tres poderes del Estado”.

Pidió además “que la Justicia busque institucionalmente un mecanismo que solucione este problema” y se mostró “a disposición del Congreso para el día que me convoque”.

Por otra parte, justificó que “no se consultó con la Oficina Anticorrupción porque no tiene que ver con la corrupción”.

Esta mañana, el presidente Macri coordinó en Olivos una reunión del gabinete nacional, en la que se analizó el acuerdo con el Correo para saldar una deuda de más de u$s 300 millones que mantiene desde hace 15 años.

La fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, consideró que la homologación de ese acuerdo tendría un serio perjuicio para los fondos públicos e implicaría un beneficio al Grupo Socma. Para el Gobierno, en cambio, todo se hizo de forma transparente, y asegura que no se le perdonó “ni un mango” al padre del Presidente.

En su dictamen ante lo que deberán resolver los camaristas del fuero, Boquin advirtió que la propuesta llevaría a una quita de $70 mil millones a 2033. Además, señaló que pudo haber un conflicto de interés en el funcionario del Poder Ejecutivo que participó de la negociación, al aceptar una oferta “que directa o indirectamente beneficie” a familiares del presidente de la Nación, Mauricio Macri. El Gobierno había aceptado la propuesta de Correo Argentino en junio del año pasado.

La representante del Ministerio Público Fiscal expresó que lo acordado “equivale a una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva” en tanto implicaría, de acuerdo con los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, una quita de más de $4 mil millones en la actualidad y de más de $70 mil millones a 2033.

Asimismo, advirtió que el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso. Boquin destacó que “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana SA, controlante de Sideco Americana SA, quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino SA”.

El Estado Nacional es titular del 32,65% del pasivo concursal de la firma. La segunda propuesta -aceptada por el representante del Estado Nacional en la mencionada audiencia (del 28 de junio de 2016)- “mejoraba” el plazo de pago (de 19 cuotas a 15) y la tasa de interés (del 6 al 7% anual). Del análisis económico surge que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada implica una quita velada del orden del 98,82%”, de acuerdo con el cálculo realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal.

La fiscal consideró que la nueva propuesta a la que se prestó conformidad “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”. “Familiares del presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursada y/o de sus controlantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con él podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie”, apuntó la fiscal.

Ayer, el procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, ordenó una auditoría para determinar cómo se llegó a ese acuerdo. Además ordenó iniciar un sumario administrativo.

La Procuración dispuso un “sumario administrativo destinado a esclarecer los hechos denunciados en relación a los autos Correo Argentino sobre Concurso Preventivo y establecer las posibles responsabilidades administrativas que pudieran corresponder y recomendar, en su caso, las medidas y sanciones que resulten pertinentes”.

Así se expidió el jefe de los abogados del Estado luego del dictamen firmado el viernes pasado por el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez ante la supuesta falta de competencia que tuvieron los funcionarios públicos del Ministerio de Comunicaciones que avalaron el convenio y en posible violación a la ley de Ética Pública.

Desde la oposición vienen criticando fuertemente el convenio entre el Estado y la empresa de Franco Macri. La justicia federal recibió la semana pasada otras cuatro denuncias penales contra el Presidente de la Nación, Mauricio Macri; el ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, y el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Carlos Mocoroa, por “defraudación contra la administración pública” en relación al acuerdo firmado entre el Gobierno y el Correo Argentino que le condona a la familia Macri una deuda multimillonaria con el Estado.

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