POLITICA

2×1: Pasos en falso

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Cuando hablamos de “crímenes de lesa humanidad” estamos haciendo referencia a crímenes que ofenden, agravian o insultan a la humanidad. Estamos frente a actos que definen los destinos de un pueblo, estamos marcando los valores morales de una Nación.

La justicia debería ser la espada precisa de los sentimientos de cualquier pueblo, debería representar los intereses justos de una sociedad sensata. Sin embargo, los fallos judiciales son tan discutidos en todo el mundo que nos permitimos dudar de lo justo o lo verdadero. Este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lesiona la conciencia colectiva del Nunca Más, rompe la balanza de lo justo y sucumbe la salud social.

Los historiadores dicen que cuando pasan más de 30 años de un acontecimiento histórico relevante se pueden ver análisis más objetivos de la propia historia. Considero que la sociedad no pone en discusión lo que fue la última dictadura militar, no se pone en tela de juicio la complicidad del Estado con los asesinatos, desapariciones, torturas y apropiaciones ilegales de personas.

Por lo tanto, reflotar la teoría de los dos demonios, llamar al diálogo religioso entre familiares de las víctimas y los genocidas, un indulto encubierto por este nuevo fallo dibuja una realidad que provoca un sentimiento de desazón (como cuando percibís que tus instituciones no piensan igual a ti).

El compromiso generacional de los que nacimos en democracia pasa por marcar los límites a quienes deben ejercer “la justicia”, marcar los disgustos o los aciertos de los tres poderes del Estado. Debemos protestar ante el Congreso cuando queremos nuevos derechos, debemos reclamar ante la Casa Rosada cuando demandamos mejoras salariales, pero también debemos demandar a los jueces (que no son en ningún caso elegido por el sufragio popular) cuando consideramos que se equivocaron con un fallo.

Todo el pueblo debe expresarse libremente, aunque deseo poner el foco en los hijos de los hijos, en los jóvenes que no vivieron esos años pero sí reconocen los errores del presente. Y esto sucede porque hay conciencia manifiesta, porque se demanda un futuro sin instituciones manchadas por la sangre del poder.

Hoy los genocidas están a un paso de recuperar su libertad pero lo que no nos damos cuenta es que con este fallo del máximo tribunal estamos a un paso de cometer un nuevo error, estamos a un paso de condenar a las nuevas generaciones a perder su memoria. No podemos vaciar la memoria, el juicio y castigo; porque el único soberano siempre será el pueblo argentino.

 

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Monseñor Lozano: “No está en agenda tratar el fallo de la Corte ni medidas de reducción de penas”

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El presidente de la Conferencia Episcopal de la Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, afirmó hoy que el obispado “no tiene en agenda tratar el fallo de la Corte Suprema de Justicia” que aplicó el principio de 2×1 para un condenado por delitos de lesa humanidad, y negó que estén “impulsando medidas de reducción de penas o de anulación de juicios” por crímenes cometidos durante la última dictadura.

“No hemos tratado ni tenemos en agenda tratar el fallo y tampoco estamos impulsando medidas de reducción de penas ni de anulación de los juicios que se llevan adelante”, sostuvo el también arzobispo coadjutor de San Juan de Cuyo en declaraciones a radio Mitre al referirse al fallo dictado por mayoría por los miembros del máximo tribunal.

Lozano aseguró que a los obispos los “tomó de sorpresa” la medida que permite la libertad de un represor por aplicación de la “ley más benigna” en la misma semana que se desarrolló en Pilar la asamblea plenaria con un centenar de obispos de todo el país y que el miércoles escuchó testimonios de víctimas del terrorismo de Estado y de familiares de víctimas de la acción de la guerrilla en la década del ’70.

“Para mí, fue una infeliz coincidencia. Nada tuvo que ver una cosa con la otra”, manifestó el religioso quien aseguró que “desde la Pastoral Social” no sabían sobre el fallo de la Corte “ni siquiera que se estaba estudiando”.

En forma personal, el arzobispo de San Juan de Cuyo, cuestionó la ley 24.390, que estuvo vigente entre 1994 y 2001, por su “origen no legítimo en cuanto a que busca reducir las penas para apurar a la justicia, cuando (la justicia), siendo que lo que tendría que hacer es trabajar de acuerdo a los ritmos procesales adecuados en lugar de que haya reducción de condena”.

“Entiendo que el fallo no tiene que ver con el reconciliar o no reconciliar (sino que) la intención es otorgar un beneficio a los que están condenados por delitos de lesa humanidad en un caso”, sostuvo el obispo tras aclarar que “no” leyó los fundamentos.
Durante la entrevista, Lozano indicó que la asamblea de la Pastoral Social que finalizará este mediodía no emitirá documento o declaración alguna.

En cuanto a la situación social del país, Lozano aseguró que la Iglesia “sigue con preocupación el incremento del déficit alimentario de la gente que no llega a fin de mes”.

“Hay reclamos de alimentos en Cáritas, capillas, parroquias y los comedores de los barrios han incrementado la gente que acude y hay merenderos o comedores nuevos que indica el déficit alimentario de la gente que no llega a fin de mes”, detalló el titular de la Conferencia Episcopal.

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Avruj: “El fallo de la Corte ha producido zozobra en la sociedad”

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“Compartir las calles con personas que cometieron delitos atroces contra la humanidad sería algo negativo”, afirma el secretario de Derechos Humanos de la Nación en una nota de opinión publicada por Télam.

“El fallo de la Corte Suprema ha producido zozobra en la sociedad, por su contenido, por su implicancia, porque impacta fuertemente en historias personales escritas con mucho dolor”, señala Claudio Avruj en una columna de opinión distribuida por Télam y titulada “Un inquebrantable compromiso contra la impunidad“.

“El Gobierno Nacional tuvo una posición muy clara y contundente sobre el tema, encarnada en las voces del Ministro de Justicia y DD.HH. y de la vicepresidente de la Nación”, afirma el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.

El fallo de la Corte Suprema ha producido zozobra en la sociedad, por su contenido, por su implicancia, porque impacta fuertemente en historias personales escritas con mucho dolor. La noticia me sorprendió luego de una importante reunión con los organismos de Derechos Humanos en la cual- junto con el Ministro de Justicia- acordábamos pasos clave en el trabajo compartido en el Ente Espacio para la Memoria.

Los fallos judiciales producen múltiples efectos siempre y, como humanos, por supuesto que los sentimos y vivimos de acuerdo con nuestras creencias y realidades. Vivimos en una democracia que fundamentalmente se construyó basada en la justicia y en la defensa de los derechos humanos, en la lucha por su recuperación y el Juicio a las Juntas, que son sus hitos insoslayables.

Aquella historia nos obliga a respetar cada día más la independencia de poderes y a entender con la mayor madurez cívica que por sobre la ley no hay nada, no está nadie, que los fallos se respetan y acatarlos no significa alineamiento en absoluto. No nos gusta el 2×1, lo rechazamos, y soy crítico de la demora de la Justicia en su accionar. Es esta demora la que crea las condiciones para llegar a esta situación, que tiene tantas reacciones. Defiendo como la mayoría de los argentinos la idea de que las condenas son para ser cumplidas.

El Gobierno Nacional tuvo una posición muy clara y contundente sobre el tema, encarnada en las voces del Ministro de Justicia y DD.HH. y de la vicepresidente de la Nación: es inadmisible el uso de la figura del 2×1 para todos los delitos, y en particular en aquellos que son de lesa humanidad, aunque un sector de la Justicia entienda que se ajusta a derecho. La aplicación de esta norma nos ha hecho mucho daño.

El fallo sobre el caso Muiña nos dejó inmersos en un profundo debate jurídico y político, que como todo debate tiene sus aristas, sus argumentos, sus emociones y sus tecnicismos. Quedó plasmado en el mismo seno del máximo organismo por su fallo dividido.

Debemos seguir manteniendo nuestros estándares de derechos humanos lo más alto posible, para que Nunca Más en la Argentina la impunidad, el miedo y el odio se adueñen de nuestra sociedad. Compartir las calles con personas que cometieron delitos atroces contra la humanidad sería algo negativo.

El reclamo de justicia como valor y como reparación es algo que sostenemos y sostendremos. La verdad se construye también en la medida que la justicia trae paz a las víctimas en particular y a la sociedad toda. Hemos tenido tal vez la transición más larga que un país pueda tener después de nuestro período más oscuro que fue la dictadura de 1976 a 1983. Las demoras, dilaciones y retrasos en la Justicia dificultan este camino. Aún envueltos en esta coyuntura, es invariable nuestro rumbo como querellantes en las causas que siguen su curso. En otras palabras, la continuidad de los juicios no se alterará por ningún motivo. Que les quede claro a todos, por si persiste alguna injustificada duda.

Hemos perdido demasiado los argentinos, hemos sufrido demasiado los argentinos. El llamamiento del Presidente de la Nación a unirnos es un sendero que debemos caminar entre todos para que la memoria no sea un factor de confrontación, sino de construcción de futuro.

(*) Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación

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Obispos argentinos reconocen que: “Reconciliación no es olvido”

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“La cultura del encuentro” es más que una frase para Jorge Omar Bergoglio sino su reclamo a todos los obispos argentinos, más allá de la polémica sobre los contenidos de la asamblea plenaria de los obispos, que sesiona en la Casa La Montonera, en Pilar. Desde Ciudad del Vaticano, Vatican Insider/La Stampa realizó algunas precisiones al respecto.

En el Vaticano ya está en marcha la preparación de la recepción a Donald Trump, presidente de USA, que visitará al papa Francisco el miércoles 24/05 a las 8:30 hora local en el Palacio Apóstólico.

Luego de encontrarse con Francisco, Trump se reunirá con el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, a quien acompañará el secretario para las Relaciones con los Estados, monseñor Paul Gallagher.

Pero Francisco no pierde su interés por los sucesos en la Argentina.

El Papa fue informado que los obispos argentinos reunidos en la asamblea plenaria N° 113 de la Conferencia Episcopal, que sesiona en Pilar, provincia de Buenos Aires, irán a fondo contra los abusos a menores, aprobando un comité institucional para combat ir ese flagelo, que pretende repetir la experiencia de la Comisión para la Tutela de los Menores creada por el Papa en el Vaticano.

El otro tema del que fue informado el pontífice de los católicos apostólicos romanos fue la actividad con Graciela Fernández Meijide, madre de un desaparecido; Cristina Cacabelos, hermana de dos desaparecidos y de un tercero muerto en un enfrentamiento; y del general de Brigada (R) Daniel D’Amico, hijo de un coronel asesinado por Montoneros: actores de la más reciente dictadura cívico-militar en el país, iniciativa mal comunicada y muy criticada fuera del cónclave, según ha reconocido el Vaticano.

El obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, aclaró, a través de la Agencia Informativa Católica Argentina, que no hubo “ninguna convocatoria” para reconciliar a familiares de desaparecidos con militares, sino que “inició un camino de reflexión interno en el marco de la cultura del encuentro a la que nos llama el papa Francisco”, motivo por el cual los obispos escucharon el “testimonio de víctimas de la violencia de los años ’70”.

“Hubo un enorme malentendido sobre el objetivo de este camino de reflexión, que no tiene otra intención que hacer un examen de conciencia, sanar y cerrar nuestras heridas sobre aquellos años”, dijo Ojea.

Vatican Insider fue más allá y publicó una entrevista a Ojea de Andrés Beltramo Álvarez:

-¿Cuál fue el objetivo del encuentro con víctimas del tiempo de la dictadura?

-Forma parte de un proceso que llamamos “de reconciliación”, aunque esa palabra se puede entender mal en este momento de la vida de nuestro país, se puede interpretar como un decir: “acá no pasó nada”. En realidad, nosotros entendemos por reconciliación el abrirnos a recorrer un camino nuevo para suturar las heridas del pasado, en el cual debe intervenir la gracia de Dios. Es un camino largo, que supone primero hacer memoria, reconocer la verdad, respetar la justicia (que incluye la reparación ) y abrirse al diálogo para poder construir fraternidad, siguiendo la invitación del Papa a la cultura del encuentro.

-¿Cómo se desarrolló?

-En este proceso invitamos a víctimas de la represión y víctimas del terrorismo. No para hacerlas dialogar entre ellas, porque nosotros conocemos la desproporción en la gravedad del delito que existe entre el terrorismo de Estado y la guerrilla. Sin embargo, hubo muchísimas heridas y pensamos que estas, a través del tiempo, deben ser suturadas. Por eso escuchamos los relatos de las víctimas, sus pérdidas familiares, su mirada sobre las circunstancias, su opinión sobre este momento histórico. Hicimos preguntas para, luego, hacer nosotros un examen de conciencia y revisar nuestra situación en aquel entonces: las cosas que pudimos haber omitido, no dicho o dicho mal, las circunstancias en las cuales no intervenimos cuando hacía falta hacerlo. Todo eso motivó un diálogo interno que seguirá dándose.

-¿Cómo fueron elegidas las personas que participaron en el diálogo? ¿Por qué no se incluyeron a organismos históricos de defensa de los derechos humanos?

-La decisión sobre las personas la tomó la comisión encargada de la pastoral social y responsable de este proceso. Se invitó a estas personas, pero eso no quiere decir que en el futuro no se vaya a invitar a otras. Se eligió a personas víctimas del terrorismo de Estado: la señora (Graciela) Fernández Meijide que perdió un hijo, la señora (Cristina) Cacabelos, que perdió tres hermanos y luego Daniel D’Amico, familiar de un militar muerto. Tienen distintas ideologías y ocuparon distintos lugares de la sociedad en aquel momento, pero ellos para nada agotan toda la historia, simplemente se las llamó. Podemos invitar a otros el día de mañana.

-¿Por qué generó tanta controversia?

-No sé cómo ocurrió, tal vez por una mala comunicación, seguramente nosotros hayamos comunicado mal, no teníamos voluntad de dar una idea equivocada, simplemente llamamos a algunas personas para escuchar, nada más, pero eso dio lugar a malentendidos muy grandes. Por ejemplo, en estos días un preso por delitos de lesa humanidad salió beneficiado por la ley del 2×1 (rebaja de pena ndr) y en algunos medios de comunicación se dejó entender que nosotros éramos el sostén ideológico de eso, pero esas interpretaciones no tienen sentido.

-También llegó a decirse que el Papa Francisco dio la orden para que se realizase este ejercicio, ¿fue así?

-Nada que ver, pobre Papa Francisco, se lo usa para todo y para decir cualquier cosa. La propuesta de un diálogo surgió de la comisión permanente de la conferencia y ahí se aprobó la agenda de la asamblea. El Papa habla continuamente de la cultura del encuentro, de cómo encontrarnos desde nuestras profundas diferencias. En ese sentido, podemos decir que estamos siguiendo su inspiración, pero no hubo una intervención directa.

-¿Por qué existe esta lectura de que reconciliación significa impunidad o un perdón a fuerza, como si la Iglesia impusiese perdonar obligatoriamente?

-Las heridas que produce el terrorismo de Estado son tremendas. Es desgarrador no saber quién ha muerto y quienes mataron. Toda esta no responsabilidad s obre los crímenes ha producido un enorme dolor, entonces eso hace que cada vez que se hable del perdón o con la posibilidad del perdón surja una sensibilidad a resistirlo. Son procesos que deben cicatrizar con el tiempo, que no son nada fáciles y comprensibles, pero la Iglesia no puede dejar de trabajar por la reconciliación porque los hijos de esta gente, de un lado y del otro, conviven en un mismo país.

-¿Ustedes plantean el olvido o apoyan la llamada “teoría de los dos demonios”?

-De ninguna manera. Ni siquiera hicimos dialogar entre ellos a las personas que vinieron a dar los testimonios. Cada una dio el suyo, sin intercambiar opiniones entre ellos.

-La Iglesia fue actor de un actor importante en tiempos de la dictadura, ¿tampoco ella ha logrado digerir las sombras del pasado?

-Seguro, la Iglesia forma parte del país y lo que dice usted es verdad. Hay obispos que tienen una mirada y una sensibilidad muy a flor de piel por este tema, algunos incluso perdieron familiares. Otros tienen una mirada más comprensiva con la situación de la Iglesia en aquel tiempo. Por eso, justamente, quisimos hacer este ejercicio al interno de la Iglesia. No pretendíamos que a esto se le diera una publicidad amplia y que repercutiera tanto.

-¿Cómo sigue el proceso?

-En las reuniones de las regiones pastorales, que son ocho en el país, los obispos vamos a continuar tocando este tema entre nosotros. Veremos cómo está repercutiendo esta realidad de los crímenes de los años ’70 puertas adentro de la Iglesia. Los testimonios fueron un disparador que nos ayudó a reflexionar, seguiremos abiertos a conversar.

-La Iglesia ha sido acusada de nunca haberse deslindado de las atrocidades, ¿este diálogo puede llevar a una declaración formal para aclarar ese punto? ¿Tiene ese objetivo?

-Nosotros hicimos un pedido de perdón en el año 2000, aunque es posible que no haya sido suficiente. Es una probabilidad que este proceso pueda encaminarse a una declaración final, pero aquí ya me estoy aventurando a hablar de algo que debo consultar con mis hermanos obispos. Pienso que eso puede ser posible, pero no me quiero adelantar.

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Fiscales piden la inconstitucionalidad del 2×1 y Justicia rechazó solicitudes de dos represores

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Mientras crece la polémica y el rechazo de diversos sectores, dos fiscales pidieron a la Justicia declarar la inconstitucionalidad del fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplicó el 2×1 en condenados por delitos de lesa humanidad. En este contexto, a dos represores les negaron este viernes el beneficio de la libertad.

Los pedidos de declarar inconstitucional la decisión del Máximo Tribunal llegaron de la mano de los fiscales Ángela Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Unidad Especializada en casos de Apropiación de Niños y Niñas y Pablo Parenti, a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado.

Tanto Parenti como Ramos reclamaron, la inconstitucionalidad del beneficio. Ambos advirtieron que si se entendiera que la derogada ley 24.390 abarca también los crímenes de lesa humanidad sería una ley “incompatible” con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de violaciones de los Derechos Humanos.

En tanto, el Tribunal Oral Federal 5 se negó a aplicar el cómputo del 2×1 a los casos de los represores Héctor Girbone y José Luis Magnacco, condenados por robo de bebés en la dictadura, una interpretación que podría ser adoptada por otros magistrados.

El tribunal integrado por Adriana Pallioti, Oscar Hergott, Gabriel Nardello rechazó el planteo que había presentado el exteniente de Campo de Mayo Girbone e hizo lugar al pedido del fiscal Pablo Parenti, quien había dictaminado que el 2×1 era “inaplicable” para condenados por apropiación.

De esta forma, se abrió una ventana para los organismos de derechos humanos, ante la posibilidad de que fiscales y jueces comiencen a distinguir casos y que el precedente sentado por el máximo tribunal en el expediente del represor Luis Muiña no sea aplicable a todos los condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura.

En el caso de Magnacco, fuentes judiciales confirmaron que el fallo fue firmado por los jueces Palliotti y Leopoldo Bruglia y en él se advierte que el represor no reúne las condiciones formales necesarias para acogerse al beneficio de la ley.

La defensa oficial de Magnacco, exmédico de la Armada que se desempeñó como obstetra en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA en la dictadura, había solicitado al Tribunal Oral Federal 5 la aplicación del 2×1 para obtener la libertad condicional.

El polémico fallo de la Corte Suprema que habilitó el “2×1” para los delitos de lesa humanidad abrió un interrogante sobre cuántos de represores sin condena firme podrían recuperar la libertad en el corto plazo. En principio, solo beneficiaría a Luis Muiña, sentenciado en 2011 a 13 años de prisión por cinco casos de secuestros y torturas durante un operativo militar en el Hospital Posadas en 1976.

Muiña, de 61 años, fue a prisión el 30 de septiembre de 2007. En 2013 el Tribunal Oral Criminal Federal 2 (TOCF2) le aplicó el principio de la “ley penal más benigna”, por lo que se le contó doble la cantidad de días en prisión preventiva a partir de que cumplió dos años en esa situación. Esa cuenta dio que el 16 de diciembre cumplía la totalidad de la pena. Pero tras una apelación la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal negó el 2×1, cambió el cálculo de la pena y estableció que vencía en 2020.

Ahora, la Corte vuelve a pedir que se aplique la “ley penal más benigna” y se le cuente doble desde el segundo año de la preventiva, en septiembre de 2009. Como Muiña pasó cuatro años en preventiva, los últimos dos suman cuatro. Sumados a los otros seis años que estuvo preso hasta que a fines de 2016 salió en libertad condicional por cumplir dos tercios de la condena (8 años y medio), Muiña tendría la condena cumplida en septiembre de 2018.

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