POLITICA

Desaparición de expedientes: Consideran que el hecho es parte de un proceso de borramiento de la memoria

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Al menos 140 expedientes de indemnizaciones a víctimas de la dictadura desaparecieron de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El hecho ocurrió en diciembre en el edificio de 25 de Mayo 544, donde funciona la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, y fue denunciado diez días después por su titular Roxana Gargiulo.

La militante de Derechos Humanos, Amelia Báez explicó que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación extravió expedientes de indemnizaciones de víctimas. Y solamente se enteraron del hecho luego que ANSES haya pedido a los damnificados que vuelvan a presentar las documentaciones.

La ex Subsecretaria de Derechos Humanos de Misiones y actual integrante de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de Misiones habló con Economis sobre el extravío de expedientes de indemnizaciones a víctimas de la última dictadura cívico-militar.

Explicó que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Claudio Avruj, extravió al menos 140 expedientes, entre ellos el de Amelia Báez. “Un organismo nacional debe tener todas las garantías para preservar la documentación de hechos que ocurrieron en el terrorismo de Estado”, sostuvo. “Nadie me ha llamado”, afirmó sobre las autoridades de la Secretaría.

Al menos 140 expedientes de indemnizaciones a víctimas de la dictadura desaparecieron de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El hecho ocurrió en diciembre en el edificio de 25 de Mayo 544, donde funciona la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, y fue denunciado diez días después por su titular Roxana Gargiulo.

Explicó que luego de la denuncia del extravió, el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, José Brian Schapiro, dijo que se contactarán con las personas damnificadas para “llevarles tranquilidad”. Sin embargo Báez comentó que nadie se comunico con los misioneros que sufrieron la pérdida de sus expedientes.

Empleados de la Secretaría tomaron conocimiento del faltante el 23 de diciembre ante  consultas de personas que reclamaban indemnizaciones. La denuncia recayó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, que la delegó en el fiscal Ramiro González.

Báez, se enteró que el trámite que había comenzado hace un año y medio se había interrumpido y que tenía tres días para juntar la documentación. “Me llamaron de la Anses y de inmediato nos pusimos en contacto con otros damnificados. Rápidamente encontramos otros doce casos”, contó.

Planteó que se pudo lograr presentar la documental pedida por ANSES, de los misioneros. Sin embargo lamento que este hecho muestre la desidia del Gobierno Nacional en cuanto a su política de Derechos Humanos y preservación de la historia y la memoria del país.

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La UCR en Misiones considera que Macri debe aceitar la “mirada federal”

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El presidente del Comité Provincia del radicalismo, Francisco Fonseca, afirmó que al gobierno nacional le hace falta “cintura política” para manejar las decisiones en un año electoral, aunque saludó que haya retrocedido con medidas como la del correo o las jubilaciones.

El presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, Francisco Fonseca, participará el fin de semana de la cumbre del centenario partido que reunirá a más de 400 dirigentes de todo el país en Córdoba.

Adelantó que la intención que buscarán plasmar, es la de generar un debate sobre la realidad del partido y el rol dentro del Frente Cambiemos. Asimismo, indicó que pedirán una mayor apertura al gobierno nacional, mayor diálogo y una mirada más federal al momento de definir políticas. “Queremos tener una mayor incidencia en las decisiones tanto políticas como en el armado de las listas. Ejercer nuestro rol de control y acompañamiento”.

Fonseca vio con buenos ojos la reacción de Mauricio Macri de retroceder ante la polémica por el acuerdo con el correo Argentino y el recorte en las jubilaciones aunque puso reparos en los “errores” que se cometen.

“Por supuesto que siempre lo ideal es no cometer tantos errores. El Presidente debe dejar clara su posición. Él pertenece a un grupo empresario y hay intereses personales y familiares de los que debe alejarse”. Añadió que en algunos temas al Presidente y su equipo les falta “cintura política y delinear una estrategia en un año electoral. “Hay 23 ministerios y se hace difícil la coordinación”.

El también concejal de Posadas, opinó que no todo debe basarse en la gestión. “Hace falta alguien que haga política y tenga una mirada también social”.

Finalmente, ratificó el acompañamiento y la pertenencia a la alianza gobernante al tiempo que pidió que en la provincia se debe dejar clara la postura en la relación con el oficialismo para “no confundir” al electorado. “Nos parece bien la sintonía institucional pero se deben dividir las aguas”.

Concluyó en que si bien “es pronto para discutir nombres”, de cara a las legislativas el acuerdo será respetar los lugares que la UCR ocupa tanto en el Congreso como en la provincia.

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Crisis social en ascenso: conflictividad del último trimestre 2016 como preludio de paritarias 2017

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  • Durante el último trimestre del año se observa una gran cantidad de conflictos laborales y una creciente conflictividad social, relevándose un total de 711 conflictos (468 laborales y 243 sociales). Los datos relevados dan cuenta de un elevada cantidad de conflictos representando en promedio 237 conflictos mensuales, y alrededor de 8 conflictos diarios, en los últimos tres meses del año.
  • En relación a los conflictos laborales, si bien se ve una disminución del 7% en relación al trimestre anterior, debe remarcarse que la conflictividad se mantiene estable y elevada durante todo el primer año de la gestión de cambiemos.
  • Observando particularmente el cuarto trimestre, puede notarse un incremento en los conflictos laborales a lo largo de los meses analizados, lo cual alcanza su pico en el mes de diciembre con 167 situaciones de conflictividad laboral.
  • Se registran conflictos de orden laboral a lo largo y ancho del país con su mayor concentración en la región centro (Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y el interior de la Provincia de Buenos Aires), seguida por el Área Metropolitana de Buenos Aires y la Patagonia.
  • Siguiendo la tendencia de todo el año se ve una mayor conflictividad en el sector público que privado; puede notarse que en el primero de ellos se registró el 55% de los casos; no obstante si se lo compara con los meses anteriores puede verse que la brecha entre el sector público y privado tiende a achicarse por la mayor incidencia de la conflictividad en el ámbito privado.
  • En relación a las causas de los conflictos laborales puede verse que el último trimestre acompaña la tendencia del semestre con un porcentaje importante de los conflictos laborales asociados a reclamos salariales (47,9% del total) y, en segundo término, a los despidos y suspensiones (23,9% del total).
  • La característica sin embargo, reside en que en el ámbito público la cuestión de readecuación salarial alcanza, para el último trimestre del año, casi el 60% de los casos de conflictos, mientras que en el ámbito privado es de “sólo” el 34,60%. En este último, se destaca el peso de los conflictos por despidos, que alcanza el 36,1% de los casos. La conflictividad relacionada con despidos y suspensiones en el ámbito privado, particularmente industrial, ha sido de importancia en el cierre del año pasado.
  • Dentro de los conflictos salariales se destacan las cuestiones asociadas a la readecuación del salario (principalmente en el ámbito público, donde representa el 71,7% de los casos vinculados a conflictos salariales) y, en segundo lugar, el atraso en el pago de salarios (principalmente en el ámbito privado, representando el 31,6% de los casos). La conflictividad del sector privado en lo referido a los pagos muestra las dificultades de la cadena de pago y el efecto sobre el proceso productivo que se vive sobre todo en la industria.
  • Dentro del sector privado, se observa que la situación de conflictividad no muestra la misma intensidad entre las diferentes ramas de la economía. En concordancia con la difícil situación por la que están pasando los sectores afectados por la apertura en las importaciones y la baja del consumo se ve que, el sector industrial concentra el 49,3% de los conflictos asociados a los despidos y el 27,8% de aquellos asociados a la cuestión salarial. Entre los sectores menos conflictuados se encuentran el agropecuario y financiero, los cuales pueden verse como beneficiarios de las políticas del primer año de gestión de Mauricio Macri.
  • Se observa una alta participación de los sindicatos en la organización de los conflictos (76,7% de participación), con mayor incidencia aún en el sector público (87,8% de participación). De hecho hemos registrado que durante el último trimestre se movilizaron más de 90 organizaciones sindicales entre el ámbito público y privado. De esta manera se consolida la tendencia de mayor injerencia de las organizaciones sindicales en el ámbito público que privado.
  • También se observa que una gran cantidad de conflictos, (105 en todo el trimestre) que fueron protagonizados sin la mediación sindical, directamente por los trabajadores auto-organizados en sus ámbitos laborales, en defensa de su trabajo y poder adquisitivo. Esto tipo de conflictos sucede principalmente en el sector privado.
  • En relación a la metodología que canalizaron las protestas laborales, se mantiene en el último trimestre del 2016 el paro (con y sin movilización) como la más utilizada por los trabajadores; seguidos por el corte de calles o rutas y, en último lugar, el estado de alerta, movilización y la toma de establecimientos. Es de destacar el elevado peso de los cortes de acceso al establecimiento, en el caso de los conflictos privados (22,7%).
  • Estos hechos permiten augurar una mayor conflictividad laboral durante los próximos meses de cara a la apertura de paritarias del año en curso, ante un proceso constante de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, un ritmo inflacionario que no da tregua, y la posición del gobierno de poner un techo a la paritarias de un 17% de acuerdo a su meta de inflación estimada para 2017.
  • Además, en la medida que continúen los despidos, como los hechos de la realidad lo están confirmando, también acentuarán los conflictos laborales, sobre todo en aquellas ramas más afectadas por las políticas económicas del gobierno que restringen al mercado doméstico de consumo, como así también la apertura de las importaciones de bienes que afectan sobre todo a la Industria manufacturera proveedora del mercado interno.

El conflicto social en el último trimestres del 2016: crisis social en ascenso

  • Puede notarse en el relevamiento realizado que la conflictividad social aumenta hacia los últimos meses del año registrándose en el mes de diciembre 2016 un 23% más de conflictos que en agosto del mismo año.
  • Los reclamos en relación a las políticas públicas y programas sociales lideran la lista con el 27,6% de los casos concentrándose el mayor número en CABA, GBA, región centro y Patagonia; por su parte la Patagonia y región de cuyo concentra la mayor  parte de reclamos en relación a las fuentes de trabajo, y el NOA concentra el mayor número porcentual de protestas relacionadas con la inseguridad.
  • Tanto las movilizaciones, como los cortes de rutas o calles, se observan en la gran mayoría de los reclamos presentándose en más del 86% de los casos.
  • En relación a los hechos de conflictividad social hay un claro sostenimiento de los reclamos contra el avasallamiento de derechos humanos y conquistas sociales, particularmente en lo que respecta a la esfera del sistema jurídico (incumplimiento de la ley por parte del gobierno y entorpecimiento en la sanción de leyes de urgencia reclamadas). La ausencia de políticas públicas y el cierre de programas sociales tuvieron su impacto durante todo el año, agudizándose en este último trimestre. Fue creciente el acompañamiento de diferentes sectores políticos y sindicales hacia protestas y reclamos de las organizaciones sociales, vecinos, asambleístas, y comunidades de los pueblos originarios.
  • En el transcurso del año 2016 lejos de decrecer la conflictividad social y laboral se pronunció de manera sostenida, dándose en este proceso un nuevo escenario de organización de los sectores políticos y sociales protagonistas de los reclamos.
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Triaca pidió juicio político a jueces que avalaron aumento a bancarios

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El Gobierno pidió el juicio político para los camaristas del fuero laboral que ordenaron hacer efectivo un aumento salarial que el gremio Asociación Bancaria había pactado con dos cámaras empresariales en noviembre pasado. La presentación corrió por cuenta del Ministerio de Trabajo y pidió el enjuiciamiento de los jueces Enrique Arias Gilbert y Graciela Marino ante el Consejo de la Magistratura.

Ambos camaristas votaron durante la feria, en una sala conformada para el receso, a favor de avalar un reclamo del sindicato que lidera Sergio Palazzo para que se pagara con aumento el sueldo de los empleados de bancos tras un entendimiento que había alcanzado con las entidades Adeba (bancos privados de capital nacional) y Abappra (públicos y cooperativos), que agrupan la mayor parte del personal y de la actividad financiera.

La cartera que conduce Jorge Triaca confirmó que la presentación contra ambos magistrados fue realizada ayer por la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa repartición. Entre las acusaciones se destacan “mal desempeño”, “falta de idoneidad”, “negligencia grave”, “incumplimiento de la Constitución nacional” y “arbitrariedad y falta de imparcialidad”, indicaron cerca del ministro. Los funcionarios alegan que Arias Gilbert y Marino se excedieron en sus atribuciones al involucrarse en un acto administrativo como es la homologación de los convenios colectivos de trabajo firmados entre un sindicato y la representación patronal.

El fallo de la Sala de feria trastocó los planes del Gobierno, que luego de un primer momento en el que avaló la firma del acuerdo quiso dar marcha atrás al anunciar que no lo homologaría. La razón formal era la falta de adhesión de las otras dos cámaras, ABA (bancos extranjeros) y ABE (especializados) y la real, que un aumento como el resuelto, de 24,3% por tres meses (la duración original) amenazaba el objetivo de fijar una pauta de 18% para todo el año en el resto de las paritarias.

De hecho, una segunda resolución de otros jueces del mismo fuero, en medio de negociaciones y paros parciales del gremio, ratificó el criterio de la Sala de feria y desestimó planteos de los bancos orientados a no abonar el incremento salarial.

La semana pasada finalmente se suscribió un acuerdo en términos similares (4% de compensación por la pérdida inflacionaria de 2016 y un 19,5% acumulativo para este año) por un 24,3% real de enero a diciembre, con una cláusula de revisión automática en caso de la suba de los precios de la canasta básica por encima de los parámetros resueltos en la paritaria.

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Losada: “Queremos que las escuelas se encuentren en condiciones para el inicio de clases”

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“Trabajamos para garantizar que al inicio del ciclo lectivo 2017 todos los establecimientos educativos estén limpios y fumigados”, expresó el titular del gobierno de la ciudad de Posadas, Joaquín Losada, quién esta mañana supervisó el operativo integral de limpieza, fumigación y desmalezamiento en la escuela N°675 y el BOP N°36 del barrio Mini City de la ciudad.
Se trata de un trabajo articulado entre el municipio y el gobierno provincial. Los trabajos se realizarán en doble turno y serán llevadas adelante en conjunto con el Ministerio de Educación y el Consejo General de Educación que colaborarán con los recursos materiales. “El municipio pondrá a disposición el personal que realizará los operativos, además de insumos necesarios para concretar las tareas”, añadió Losada.
El funcionario explicó que se trabajará con dos equipos de manera simultánea: la Secretaría de Salud estará al frente de los operativos en las escuelas del centro y a las pertenecientes al Centro de Integración Territorial de Villa Urquiza. Mientras que, en paralelo, la Unidad de Coordinación y Control de Gestión, fumigará el resto de los establecimientos educativos junto a las delegaciones. Asimismo, la Secretaría de Educación está a cargo de la gestión y la coordinación de todo el cronograma. 
 
 
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