POLITICA

Las cuentas fiscales de las provincias se deterioran mientras Nación mantiene superávit

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Mientras Nación sostiene superávit, las provincias enfrentan déficits crecientes en la antesala del ciclo electoral. Un informe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) realizado por Isidro Guardarucci alerta que “las provincias traen malas noticias”.

El gobierno de Milei cerró su segundo año de gobierno con las cuentas ordenadas, aunque con algún deterioro respecto a 2024. Muy razonable si se tiene en cuenta que, en el primer ejercicio de su gestión, gran parte del ahorro se había hecho en base a licuación de partidas y que, entonces, continuar conteniéndolas en 2025 era una tarea especialmente desafiante. En resumen, la disminución del superávit primario no debería interpretarse como sinónimo de menor compromiso fiscal.

Sin embargo, donde sí se observó un cambio evidente en la tendencia es en las provincias. Los datos parciales reflejan un empeoramiento generalizado al que debe prestarse especial atención. En esta nota se presenta una radiografía de esta situación.

2025 en perspectiva

El ejercicio 2025 cerró con un balance primario positivo de casi $11,8 billones, un 20% inferior a la marca del año previo (cuando se compara en moneda constante). Además, el resultado financiero (aquel que, a diferencia del anterior, incluye los pagos de intereses) totalizó casi $1,5 billones positivo, ubicándose un 42% por debajo del ejercicio anterior. No obstante, el uso de instrumentos capitalizables que no registran intereses, sino que todo el pago de servicios se imputa como aplicaciones “debajo de la línea”, reduce el gasto y mejora el número final (el cual podría ser incluso negativo). En cualquier caso, es la primera vez que se registran dos años seguidos con superávit financiero desde 2008.

Gráfico 1

Resultado fiscal y primario anual (% del PIB)

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía

Entre los determinantes del desempeño del último ejercicio, se destaca la caída de casi 3% en los recursos tributarios medidos en moneda constante. En cuanto a los gastos primarios (es decir, excluyendo el pago de intereses), hubo una disminución menor al 1%. Sin embargo, se destaca la marcada caída de los subsidios económicos. También es evidente la menor erogación en salarios, reflejo de que las caídas del primer año de gobierno en esta línea no fueron sólo licuación, sino que también respondieron a una reducción de la plantilla pública. Las transferencias a universidades y la obra pública, también mostraron una baja sustancial en términos reales.

Por el contrario, las prestaciones sociales tuvieron un aumento de 4,5% respecto a 2024, que, si bien no se destaca en términos relativos, sí lo hace cuando se considera el monto asociado (toda vez que estas erogaciones son especialmente grandes para el Estado Nacional). En el mismo sentido (aunque con menor impacto presupuestario) se movieron las transferencias a provincias y gastos en diversos rubros corrientes.

Cuadro 1

Ejecución presupuestaria anual (millones $ de 2025)

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía

Las provincias en franca caída

Por su parte, el escenario provincial aparece bastante más complicado. Los números acumulados al cierre del tercer trimestre de 2025 muestran el peor panorama en varios años. Cabe aclarar que la información es parcial porque las provincias son bastante más “lentas” que la nación para publicar sus datos; más aún, la provincia de La Pampa está ausente en los reportes que hace el Ministerio de Economía nacional.  El balance primario sumado de las jurisdicciones subnacionales, medido como porcentaje de los ingresos totales, pasó de ser 9,8% en los primeros nueve meses de 2024 a ser apenas 2% el último año. Más aún, del superávit actual el 85% corresponde a la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba; provincias que hace un año aportaban sólo una tercera parte, reflejo de la disciplina generalizada.

El deterioro es generalizado y severo. La comparación con el acumulado entre enero y septiembre de 2024, muestra que en el último ejercicio todas las provincias estuvieron peor en términos de balance primario relativo a los ingresos totales. Más todavía, mientras un año atrás no había ninguna provincia deficitaria en el cierre parcial de nueve meses, en la última medición nueve mostraron déficits. Esto lleva a suponer que el cierre del ejercicio 2025 (cuando sea que se publique) mostrará al agregado de las provincias en déficit financiero y, posiblemente, déficit primario.

Gráfico 2

Resultado primario como porcentaje de los ingresos totales (acumulado enero-septiembre, total provincias)

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía

En cualquier caso, la situación no es homogénea. Provincias como Formosa, Tucumán y Chubut tuvieron retrocesos marcados, que las llevaron a números rojos a la altura de Santa Cruz, Corrientes y Buenos Aires.

Gráfico 3

Balance primario como porcentaje de ingresos totales, 2024 vs 2025 (acumulado enero-septiembre)

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía.

Provincias y nación: ajustes distintos

¿Qué es lo que hay detrás del deterioro provincial? La laxitud fiscal evidente de 2025. Esto contrasta fuerte con el panorama que brinda la nación, donde si bien los números del último ejercicio son algo más austeros que en el primer año del gobierno actual, en líneas generales se continúa la tendencia. Al comparar la evolución del sector público nacional con el provincial, mirando el gasto primario (aquel que excluye el pago de intereses) acumulado entre enero y septiembre, se observa que entre 2023 y 2025 aparecen divergencias. Mientras el gobierno nacional contrajo el gasto en un 28% en términos reales, los estados subnacionales hicieron la mitad del esfuerzo, ubicándose sus recortes en 14%.

Por su parte, el gobierno federal implementó un fuerte recorte en el gasto de capital, reduciéndolo a una quinta parte de lo que era dos años antes. Mientras que las provincias bajaron estas erogaciones en un 40%.

En cualquier caso, es evidente que el ajuste es heterogéneo, incluso dentro de las provincias. Mientras que la mayoría ajustó una cuantía considerable de su presupuesto (se destaca San Luis, con un recorte que supera al implementado por Milei y Caputo), algunas como Río Negro, Santa Cruz, Chubut y CABA casi no mostraron cambios. Caso aparte el de la provincia de Neuquén, apoyada en un federalismo fiscal que ignora los beneficios de tener hidrocarburos a la hora de la redistribución, cuya política de gasto fue fuertemente expansiva en el período analizado. Resulta claro que las jurisdicciones más ricas y con menor dependencia del gobierno nacional tienen mayor margen para gastar.

Gráfico 4

Variación real del gasto primario, 2023 vs 2025 (acumulado enero-septiembre)

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía.

¿Qué se puede esperar?

Los déficits no se pueden sostener al infinito y algún grado de corrección es esperable. En el mientras tanto, la posibilidad de acceder a mercados internacionales otorga mayores grados de libertad para financiar una política fiscal más relajada (en los últimos meses Córdoba, Santa Fe y la CABA realizaron emisiones), aunque esto tiene límites obvios.

Siendo 2026 un año par, deberíamos esperar alguna contención mayor por el lado del gasto, y pocas noticias de reducciones en materia tributaria. La disciplina fiscal de este año es condición necesaria para poder dar buenas noticias el próximo, en el cual se ponen en juego las sillas ejecutivas en (casi) todo el país.

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Tiempo de reformas

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Por Juan Luis Bour – El empleo privado asalariado formal, es decir los puestos de trabajo asociados a actividades con mayor productividad relativa, se mantiene estancado en los últimos 24 meses, o si se prefiere en los últimos 30 meses, o en los últimos 15 años. El nivel desestacionalizado de una serie larga con base 100 a mediados de 2004 alcanzó el nivel 130 en agosto de 2010 y el último dato disponible (diciembre de 2025) vuelve a estar en 130. En el medio, pequeños movimientos para arriba y para abajo, que podrían ser signos de un gran crecimiento de tendencia de la productividad, si no fuera que las bajas y altas corresponden a ciclos cortos macroeconómicos de expansión y contracción del PBI. A mediano y largo plazo, el empleo formal privado asalariado no crece, aunque el PBI haya crecido.

El contexto macroeconómico explica en buena medida este fracaso estrepitoso del mercado laboral formal, que en estos últimos 15 años muestra estancamiento del empleo productivo y un salto de las formas no contractuales de empleo –asalariados informales, cuentapropistas formales e informales- y del empleo público. En el mejor de estos años (2017) en términos de empleo privado asalariado formal y de PBI, el empleo privado estuvo 3.7% arriba de su nivel en 2025. Las otras formas de empleo estuvieron mucho más arriba: los monotributistas (sociales y otros) crecieron 23% -a pesar de la caída de los “sociales” desde fines de 2024- y los empleados públicos son 8% más.

En los últimos dos años, sin embargo, hubo cambios relevantes en términos de un descenso del empleo público agregado –caída importante en el gobierno federal, movimientos dispares en provincias y municipios- y la baja de unos 400 mil inscriptos como monotributistas sociales desde diciembre de 2024, que redujo 3% en ese mes el total de ocupados considerados formales. Es un cambio copernicano respecto de lo ocurrido desde 2003 a 2023, pero no alcanza. El cambio en empleo público y la categoría de monotributistas sociales pone de relieve la informalización del empleo total durante las primeras dos décadas del siglo: el desempleo, en los hechos, se mantenía oculto en formas precarias de formalización y en el aumento del empleo público. Estos cambios, por lo tanto, son bienvenidos desde el punto de vista de reducir el desempleo oculto, pero no cambian la tendencia. Eventualmente, si la tasa de actividad no cae, podrían aumentar la oferta en un mercado que tiene de por sí poca demanda de trabajadores formales. Por lo tanto, hoy se necesita algo más para que el mercado laboral funcione y, de paso, para que la economía funcione.

Alguna recuperación de la demanda de empleos formales vendrá, sin duda, de la mano de una mejora de la macro: si la economía logra hilvanar varios años de crecimiento evitando caídas (desde 2008 no logramos sumar tres años seguidos de crecimiento), la diferencia será notable, pero no alcanzará para formalizar empleo. Eliminar desempleo oculto es importante, pero no es lo mismo que crear empleo de calidad. La otra condición para recuperar empleo formal es la de revisar y cambiar las normas regulatorias del mercado laboral, en línea con lo que propone la nueva ley y, en general, introducir flexibilidad normativa para adaptarse a cambios. La rigidez es un resabio medieval de mundos inmutables.

Asumido que para crear empleo de calidad se deben aplicar reformas que inciden sobre los contratos laborales que -de forma explícita o implícita- todos enfrentamos, surge inmediatamente la pregunta de cuáles son los costos que debemos asumir. Ello recuerda –para poner un ejemplo dramático- el dilema del tranvía en la filosofía y la psicología moral, recientemente reescrito en términos del automóvil autónomo (para acercarnos a la era de Elon Musk). En el dilema original, un tranvía corre fuera de control por una vía en la que más adelante hay cinco personas atadas. Es posible accionar un mecanismo que desvíe el tranvía a otra vía en la que más adelante hay (solo) una persona atada. ¿Deberíamos accionar el mecanismo o no hacer nada?

En los hechos, tras escribir las leyes laborales hace 80 años no hicimos más que observar cómo empezamos a crear grandes bolsones de informalidad, para extender esos bolsones a todo el mercado laboral –privado y público-, y con ello destruir la correspondencia entre trabajo y previsión que derivó en la crisis laboral y previsional en que estamos sumidos. El dilema del tranvía existe en la vida real y en política económica, porque no existe tal cosa como un free lunch: toda decisión entraña costos, ya sea hacer algo o no hacer nada. Si no hacemos nada, la informalidad seguirá su marcha y con ello seremos una sociedad que aumentará su carácter dual, con sectores muy pequeños de muy alta productividad capital intensivos que podrán soportar cualquier regulación laboral y emplearán muy pocos trabajadores, y un resto de la economía cada vez más grande de bajísima productividad e ingresos muy inferiores.

Si preguntamos qué hacer a los empresarios y sindicalistas que pueden soportar las cargas actuales que impone la regulación laboral, dirán que no hay que tocar nada. Y si se puede mantener la economía cerrada y la protección tanto mejor. Dirán que hay que dejar que todo siga igual, aunque aplastemos con el tranvía a los cinco que están adelante, es decir, aunque la economía siga su rumbo de informalización. La alternativa es hacer algo, sabiendo que habrá necesariamente costos para quienes hoy tienen privilegios o un mejor pasar a costa del resto. El gobierno ha logrado pasar la ley que busca cambiar de vía. Tiene sus riesgos y sus costos, pero lo relevante es: ¿Qué preferiría Usted, sabiendo que en ningún caso estará libre de culpa?

Juan Luis Bour, director de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL)

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Diez gobernadores viajan a Nueva York para captar inversiones y refuerzan la alianza territorial del Gobierno

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En vísperas de un nuevo viaje internacional del presidente Javier Milei, el Gobierno nacional activó una jugada de diplomacia económica que también funciona como señal política hacia adentro del sistema federal. Diez gobernadores provinciales participarán del Argentina Week, un evento que se desarrollará entre el 9 y el 12 de marzo en Nueva York, con el objetivo de atraer inversiones internacionales hacia sectores estratégicos como la energía, la minería y las economías regionales.

La convocatoria fue impulsada desde la Cancillería a través de Pablo Quirno, y reúne a mandatarios provinciales con peso en la producción energética y minera del país. El encuentro busca mostrar a los inversores internacionales una narrativa coordinada entre Nación y provincias sobre oportunidades de desarrollo vinculadas a Vaca Muerta, el litio, el cobre y la infraestructura energética.

El dato político no es menor. En un escenario donde la Casa Rosada necesita sostener apoyos territoriales para avanzar con su agenda económica y legislativa, el viaje también funciona como una fotografía de alianzas y equilibrios con los gobiernos provinciales.

Los gobernadores convocados y el mapa productivo

Los mandatarios que participarán del encuentro son: Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

El diseño de la agenda no es casual. Según fuentes oficiales, el Ministerio de Relaciones Exteriores buscó representar provincias mineras, energéticas y agroforestales, con el objetivo de exhibir ante los inversores una radiografía productiva diversa del país.

El evento está organizado por la Embajada de Argentina en Estados Unidos, encabezada por Alejandro Oxenford, con apoyo de instituciones financieras y empresariales como JPMorgan Chase, Bank of America, Kaszek, Citigroup, AmCham Argentina, Americas Society/Council of the Americas y el US-Argentina Business Council.

El cierre de la Argentina Week será el 12 de marzo, jornada en la que los gobernadores expondrán en dos paneles sectoriales luego de la intervención del jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Energía y minería: los ejes de la estrategia económica

El primer panel estará dedicado al sector energético. Comenzará a las 10.45 con un discurso introductorio del CEO de YPF, Horacio Marín.

La conversación girará en torno a: desarrollo de Vaca Muerta. Proyectos de GNL (gas natural licuado). Infraestructura de exportación energética. Y expansión de energías renovables

Participarán en formato de mesa redonda Figueroa, Weretilneck, Cornejo, Torres y Valdés, gobernadores de provincias con fuerte protagonismo en la matriz energética.

Más tarde, el segundo panel abordará la minería estratégica y minerales críticos, con foco en litio, cobre, oro y plata. La discusión también incluirá el impacto del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, uno de los pilares del programa económico del Gobierno nacional.

El panel será moderado por Paula Uribe, ejecutiva de Rio Tinto, y contará con la participación de Orrego, Jalil, Sadir, Sáenz y Vidal.

Una foto política de aliados y socios legislativos

Detrás del perfil económico del evento aparece otra dimensión: la política.

Entre los diez gobernadores convocados, Cornejo es el único que formalizó un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. Sin embargo, varios de los presentes funcionan como socios legislativos clave para el Gobierno en el Congreso.

Entre ellos se encuentran Jalil, Figueroa, Orrego, Weretilneck, Vidal y Sáenz, mandatarios que han contribuido con votos o quórum para la aprobación de iniciativas oficiales, entre ellas el paquete de reformas económicas impulsado por la Casa Rosada.

El vínculo con otros gobernadores mantiene un carácter más fluctuante. Sadir y Torres integran el espacio Provincias Unidas, una fuerza que compitió en las elecciones legislativas de 2025 y que sostiene una relación oscilante con el Gobierno nacional: acompaña algunas iniciativas, pero mantiene autonomía política.

En el caso de Valdés, la relación también está atravesada por tensiones electorales previas vinculadas a negociaciones fallidas con el oficialismo libertario antes del cierre de listas del año pasado.

Delegación presidencial y logística política

La delegación oficial que acompañará la agenda internacional estará integrada por: Manuel Adorni, jefe de Gabinete. Karina Milei. Luis Caputo. Federico Sturzenegger. Mario Lugones. Pablo Quirno. Santiago Bausili.

No obstante, desde el Gobierno aclararon que los gobernadores costearán sus propios viajes y participarán del evento por fuera de la delegación presidencial, una señal destinada a evitar cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.

Algunos mandatarios llegarán a Nueva York directamente desde Canadá. Es el caso de Orrego y Vidal, quienes participan por estos días en una de las cumbres mineras más importantes del mundo.

La estrategia detrás de la Argentina Week

La Argentina Week intenta construir una narrativa que el Gobierno considera clave para el nuevo ciclo económico: Argentina como proveedor global de energía y minerales críticos.

La presencia simultánea de gobernadores y funcionarios nacionales busca transmitir estabilidad institucional ante los inversores. En otras palabras, mostrar que los proyectos estratégicos cuentan con respaldo tanto del Gobierno nacional como de las provincias que controlan los recursos naturales.

Ese mensaje resulta particularmente relevante en sectores como el litio o el gas, donde la coordinación federal es imprescindible para habilitar inversiones de gran escala.

Lo que se juega en el tablero político

Más allá de la agenda económica, la convocatoria funciona como un termómetro de la relación entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales.

El Gobierno necesita consolidar apoyos territoriales para sostener su agenda de reformas, mientras que las provincias buscan garantizar inversiones, infraestructura y acceso a financiamiento internacional.

El encuentro en Nueva York puede servir para reforzar esa convergencia. Pero también deja abierta una incógnita política: hasta qué punto esta coalición de intereses económicos puede traducirse en alineamientos políticos duraderos, especialmente de cara al ciclo electoral que se encamina hacia 2027.

Por ahora, la foto que se prepara en Estados Unidos busca mostrar un frente común para atraer capitales. El verdadero impacto —en inversiones, en gobernabilidad y en alianzas políticas— recién empezará a medirse después.

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Modernización laboral: el Banco Central fija la tasa pasiva para juicios laborales

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La decisión del Directorio del Banco Central (BCRA) aplica el artículo 55 de la Ley 27.802 y busca unificar criterios en las liquidaciones judiciales de causas laborales pendientes.

El Banco Central entra en escena en la reforma laboral

El proceso de implementación de la reforma laboral sumó un nuevo capítulo institucional. El Directorio del Banco Central de la República Argentina resolvió establecer la tasa de interés pasiva que deberá aplicarse en los juicios laborales pendientes, en cumplimiento del artículo 55 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, y habilitó además una herramienta digital para calcular los intereses correspondientes en cada expediente.

La decisión introduce un elemento técnico con implicancias judiciales y económicas relevantes. Al fijar una referencia uniforme para las liquidaciones, el organismo monetario busca ordenar un terreno históricamente marcado por criterios dispares entre tribunales laborales. La pregunta que emerge ahora es cómo impactará esta definición en miles de causas aún abiertas en la Justicia del Trabajo y en la estrategia de empresas y trabajadores en litigio.

El movimiento del Banco Central no es menor. Se inscribe en la arquitectura institucional de la reforma laboral impulsada por el Gobierno y apunta a dotar de previsibilidad a un componente clave de los juicios: el cálculo de intereses sobre las indemnizaciones.

El marco legal: cómo opera el artículo 55 de la Ley 27.802

La intervención del Banco Central responde directamente a lo establecido en el artículo 55 de la Ley 27.802, conocida como Ley de Modernización Laboral. Esa norma dispuso que el organismo monetario determine la tasa pasiva aplicable a los juicios laborales pendientes, estableciendo así un parámetro técnico para las liquidaciones judiciales.

En concreto, el Banco Central definió una serie estadística que refleja el promedio ponderado de la tasa efectiva diaria que pagan las entidades financieras por depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días. Esa serie tiene como punto de partida el 3 de junio de 1993 y se actualiza diariamente.

La lógica del esquema apunta a evitar interpretaciones divergentes entre tribunales o peritos contables al momento de calcular intereses. En el pasado, distintos juzgados laborales aplicaban tasas disímiles, lo que podía generar diferencias significativas en los montos finales de las indemnizaciones.

Para facilitar la aplicación práctica de la norma, el Banco Central habilitó además una calculadora digital de intereses destinada específicamente a juicios laborales. El sistema permite ingresar el monto inicial de una deuda y el período correspondiente para obtener la actualización resultante a partir de la tasa pasiva publicada.

Piso y techo en la actualización de créditos laborales

La herramienta no sólo aplica la tasa pasiva definida por el Banco Central. También incorpora otros parámetros previstos por la legislación.

En particular, el sistema informa el cálculo del ajuste denominado CER+3, que surge de aplicar el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más una tasa efectiva anual del 3%. Además muestra el equivalente al 67% de ese indicador.

Estos valores funcionan como referencias dentro del esquema previsto por la ley. Los incisos b y c del artículo 55 establecen precisamente un rango dentro del cual deben ubicarse los intereses aplicables en los juicios laborales.

El resultado es un sistema que fija tanto un piso como un techo para la actualización de las deudas laborales, buscando equilibrar dos objetivos: preservar el valor del crédito del trabajador y, al mismo tiempo, evitar que la acumulación de intereses genere montos considerados excesivos o imprevisibles para los empleadores.

La serie completa de la tasa pasiva, junto con la resolución del Directorio y su anexo metodológico, quedó publicada en los canales institucionales del Banco Central para consulta pública.

Impacto institucional y judicial

La decisión del Banco Central tiene efectos que exceden el plano técnico. En la práctica, introduce un nuevo parámetro en el funcionamiento del sistema judicial laboral.

Los jueces, peritos contables y abogados que intervienen en litigios deberán utilizar ahora la referencia publicada por el organismo monetario para calcular los intereses en causas pendientes. Esto puede modificar el resultado económico de numerosos expedientes que todavía no cuentan con liquidación definitiva.

Al mismo tiempo, la existencia de una calculadora oficial introduce un mecanismo de estandarización que podría reducir controversias procesales vinculadas al cálculo de intereses, una de las etapas que suele generar mayores disputas entre las partes.

Desde el punto de vista institucional, la medida refuerza el rol del Banco Central dentro del esquema regulatorio de la reforma laboral. Aunque se trata de una decisión técnica, su impacto se proyecta directamente sobre el sistema judicial y sobre la dinámica de negociación en litigios laborales.

Un componente clave en la implementación de la reforma

La definición de la tasa pasiva llega en un momento en el que la implementación de la Ley de Modernización Laboral continúa desplegando sus instrumentos operativos.

El artículo 55 había dejado en manos del Banco Central la tarea de definir el indicador que serviría como referencia para la actualización de créditos laborales. Con esta resolución, el organismo monetario completa ese mandato legal.

En términos prácticos, el nuevo esquema introduce mayor previsibilidad para las partes involucradas en juicios laborales. Empresas, trabajadores y estudios jurídicos podrán anticipar con mayor precisión el impacto de los intereses en cada caso.

Sin embargo, también abre interrogantes sobre cómo reaccionarán los distintos actores del sistema laboral frente a este nuevo marco de cálculo.

Lo que sigue en el frente judicial

La publicación de la tasa pasiva y la puesta en funcionamiento de la calculadora oficial marcan un paso operativo dentro de la reforma laboral, pero no cierran el debate.

En los tribunales laborales todavía resta observar cómo se aplicará este esquema en expedientes concretos y si surgirán interpretaciones judiciales que completen o tensionen el nuevo marco.

La implementación efectiva de la norma dependerá ahora de la interacción entre jueces, peritos y abogados, en un escenario donde cada liquidación puede convertirse en un caso testigo.

La reforma laboral avanza así en un terreno donde la técnica financiera y la práctica judicial se cruzan. Y, como suele ocurrir en el sistema laboral argentino, el verdadero alcance de la norma probablemente se termine definiendo en los tribunales.

La decisión del Directorio del BCRA aplica el artículo 55 de la Ley 27.802 y busca unificar criterios en las liquidaciones judiciales de causas laborales pendientes.

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Buscan ampliar el horario de la balsa entre Alba Posse y Porto Mauá

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El Gobierno provincial gestiona extender el servicio entre Alba Posse y Porto Mauá, incluso con funcionamiento nocturno, para facilitar el comercio y los grandes eventos regionales.

Una gestión fronteriza que apunta al comercio y al turismo regional

El Gobierno de Misiones comenzó a mover piezas en la agenda de integración fronteriza con Brasil. Durante una reunión en la ciudad brasileña de Santa Rosa, el ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, planteó la posibilidad de ampliar el horario del servicio de balsa que conecta Alba Posse con Porto Mauá, una medida que incluso podría habilitar el funcionamiento nocturno del cruce fluvial.

La iniciativa se discutió con autoridades locales brasileñas y referentes institucionales vinculados a la actividad productiva. El objetivo es claro: mejorar la conectividad en uno de los pasos internacionales utilizados por productores, comerciantes y visitantes que circulan entre Misiones y el estado de Rio Grande do Sul.

La propuesta no se limita a una cuestión logística. En el actual contexto de integración regional y movilidad económica en la frontera, ampliar el horario del cruce podría facilitar la circulación durante grandes eventos productivos y culturales que movilizan a miles de personas en ambos países.

La pregunta que sobrevuela la agenda es si este movimiento puede convertirse en un paso concreto hacia una mayor integración económica en la región o si quedará condicionado por los tiempos administrativos que implica coordinar organismos de dos Estados.

La agenda bilateral: producción, eventos y conectividad

El encuentro se realizó en la prefeitura de Santa Rosa y reunió a autoridades políticas y representantes institucionales de ambos lados de la frontera. Participaron el prefeito Anderson Mantei, el viceprefeito Aldemir Ulrich y el presidente de la Fenasoja, Marcos Servat, además de la delegación misionera encabezada por Sartori.

Durante la reunión se discutieron distintos ejes de cooperación vinculados a la industria, el agro y la integración regional. La ampliación del horario de la balsa surgió como una herramienta concreta para acompañar el movimiento económico que generan grandes eventos regionales.

Entre ellos figuran encuentros productivos y culturales que atraen visitantes de ambos países, como la Fenasoja y la Fiesta del Inmigrante. Según la propuesta analizada, extender el horario permitiría ordenar el flujo de personas y mercancías en momentos de alta demanda.

El ministro coordinador explicó que la ampliación del servicio no se limita a una extensión horaria convencional. La propuesta también contempla la posibilidad de que el cruce funcione durante la noche, siempre que se logren los acuerdos institucionales necesarios.

Un entramado institucional que involucra a ambos países

La implementación de la medida depende de una coordinación compleja entre organismos argentinos y brasileños.

Del lado argentino deberán intervenir Cancillería, Aduana, Migraciones y Prefectura Naval Argentina. En Brasil, el esquema institucional incluye a la Marina, la Receita Federal y las autoridades migratorias.

La articulación de estos organismos será clave para habilitar cualquier modificación en el funcionamiento del paso internacional. En ese sentido, la discusión no sólo involucra cuestiones operativas del servicio de balsa, sino también controles migratorios y aduaneros que deben adaptarse a un eventual esquema de mayor actividad.

El aspecto técnico del transporte no aparece como un obstáculo inmediato. Según se explicó en la reunión, las embarcaciones cuentan con equipamiento que permitiría operar durante la noche. Sin embargo, las operaciones dependerán de factores climáticos, especialmente durante el invierno, cuando la niebla suele afectar la visibilidad en el río.

La estrategia provincial: más conectividad con Brasil

La ampliación del horario de la balsa forma parte de una agenda más amplia impulsada por el Gobierno de Misiones para fortalecer la conectividad con Brasil.

Durante el encuentro también se discutió la posibilidad de avanzar en nuevos proyectos de infraestructura vinculados a pasos internacionales. En ese marco, la delegación misionera y las autoridades brasileñas abordaron la idea de impulsar la construcción de puentes que consoliden los vínculos logísticos entre ambas regiones.

Según lo planteado en la reunión, el interés por ampliar la infraestructura fronteriza es compartido. Las autoridades brasileñas manifestaron una actitud proactiva en la discusión de estos proyectos.

Desde la provincia remarcaron que el gobernador Hugo Passalacqua acompaña las gestiones vinculadas a nuevos puentes internacionales en distintos puntos de la frontera, entre ellos San Javier, Alba Posse y El Soberbio.

Estos proyectos aparecen en la agenda regional desde hace años y suelen depender de acuerdos binacionales de largo plazo, lo que convierte cada avance institucional en una señal relevante dentro de la diplomacia subnacional entre provincias y estados brasileños.

Delegación política y construcción de agenda regional

La reunión en Santa Rosa también reflejó el carácter político de la agenda de integración.

La delegación misionera estuvo integrada por el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías; el intendente de Oberá, Pablo Hassan; la presidenta de la Federación de Colectividades, Marta Cristina Wieremiey; y otros funcionarios provinciales y municipales.

La presencia de autoridades legislativas, municipales y representantes institucionales vinculados a la cultura y la producción evidencia que la agenda fronteriza excede el plano estrictamente diplomático. Se trata de un entramado donde conviven intereses económicos, turísticos y sociales.

En ese marco, la promoción de la primera Expo Agroindustrial que se realizará en Misiones durante marzo también apareció como uno de los temas abordados en la reunión, con la intención de fortalecer los vínculos comerciales con el estado de Rio Grande do Sul.

Un paso operativo con impacto regional

La eventual ampliación del horario de la balsa entre Alba Posse y Porto Mauá podría tener efectos inmediatos en la dinámica económica de la frontera.

El transporte fluvial es uno de los canales de circulación más utilizados en la zona para el intercambio comercial, la movilidad laboral y el turismo regional. Mejorar su disponibilidad horaria podría facilitar la circulación en períodos de alta actividad económica.

Al mismo tiempo, el debate sobre nuevos puentes internacionales introduce una discusión más estructural: cómo fortalecer la conectividad física entre Misiones y el sur de Brasil en una región donde el comercio fronterizo tiene un peso creciente.

Lo que viene en la agenda binacional

La propuesta de ampliar el horario de la balsa abre ahora una etapa de gestiones institucionales entre organismos nacionales de ambos países.

Las próximas semanas serán claves para determinar si el planteo avanza hacia un acuerdo formal o si quedará sujeto a evaluaciones técnicas y administrativas.

Mientras tanto, el tema vuelve a colocar a la infraestructura fronteriza en el centro de la agenda regional. En una provincia donde la economía y la vida cotidiana conviven con la frontera, cada mejora en la conectividad no sólo modifica los tiempos del transporte: también redefine la relación económica entre comunidades que comparten territorio, historia y comercio.

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