Seguridad

Misiones profundiza la baja de la siniestralidad vial: los casos con víctimas fatales caen cerca de 50%

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Misiones atraviesa una marcada disminución de los siniestros viales, de acuerdo con los datos difundidos por el Observatorio Vial Provincial. La comparación disponible muestra que la cantidad de siniestros pasó de 680 casos en 2024 a 509 durante los primeros seis meses de 2026, una reducción del 25% aun cuando se trata de períodos de distinta extensión temporal.

El dato adquiere mayor relevancia cuando se observa la evolución de los hechos con víctimas fatales. Según los registros oficiales, se contabilizaron 3.089 casos en 2024, mientras que hasta el 19 de agosto de 2026 se habían registrado 2.052. La evolución representa una reducción cercana al 50% respecto del año anterior, de acuerdo con la comparación informada por el Consejo Provincial de Seguridad Vial.

Detrás de la estadística hay una cuestión de política pública: la seguridad vial no depende de una única medida, sino de la combinación entre fiscalización, prevención y cambio cultural. Desde el Consejo Provincial de Seguridad Vial atribuyen la tendencia favorable a los controles de velocidad mediante radares, la vigencia de la política de alcohol cero y las acciones permanentes de concientización y educación vial desplegadas en distintos puntos de la provincia.

El recorrido de los últimos años permite observar que la reducción no aparece como un fenómeno aislado. Antes de la instalación de los radares contemplados por la Ley XVIII N° 40, Misiones registraba 6.700 siniestros generales en 2015. La cifra bajó a 6.539 en 2016, 6.313 en 2017, 5.810 en 2018 y 5.549 en 2019, hasta llegar a 3.988 en 2020.

La secuencia estadística muestra, por lo tanto, una caída sostenida de la siniestralidad general. Pero también obliga a leer los números con cautela: los períodos comparados no siempre tienen igual extensión y la cantidad de siniestros no equivale necesariamente a la cantidad de personas afectadas. Por eso, el valor central de la tendencia está en su continuidad y en la posibilidad de identificar qué herramientas tienen mayor capacidad preventiva.

En ese punto aparece uno de los principales aprendizajes de la experiencia misionera: la fiscalización funciona como una herramienta de prevención cuando se combina con reglas claras y una política sostenida de información. Los radares introducen un mecanismo objetivo de control de velocidad, mientras que el alcohol cero establece un límite sencillo de comunicar y fiscalizar. La educación vial, a su vez, apunta a que el cumplimiento no dependa exclusivamente de la posibilidad de recibir una sanción.

El impacto social potencial excede la reducción de choques. Cada siniestro que se evita significa también una menor probabilidad de lesiones, internaciones, discapacidades permanentes y pérdida de ingresos familiares. Al mismo tiempo, disminuye la demanda sobre ambulancias, hospitales, fuerzas de seguridad y otros servicios públicos que intervienen después de un hecho vial.

La cuestión central para Misiones será ahora sostener la tendencia y mejorar la calidad de la información para medirla. Contar con series homogéneas, indicadores actualizados y datos diferenciados por tipo de siniestro, gravedad, ubicación y factores asociados permitiría determinar con mayor precisión qué políticas producen los mejores resultados y dónde persisten los puntos críticos.

En materia de seguridad vial, el resultado más importante no es el número de multas ni la cantidad de controles realizados, sino las vidas y lesiones que pueden evitarse. La reducción registrada en Misiones ofrece una señal positiva: cuando la fiscalización, la prevención y la educación se aplican como parte de una estrategia integral, la siniestralidad puede dejar de ser considerada un costo inevitable de la movilidad y convertirse en un problema sobre el que es posible intervenir.

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El Gobierno actualiza los haberes militares y fija una nueva escala salarial desde septiembre

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El Gobierno nacional dispuso una actualización de los haberes del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales, con una nueva escala que comienza a regir desde septiembre de 2026 y contempla incrementos sucesivos durante los últimos cuatro meses del año. La medida fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 44/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti.

La decisión se inscribe en la pauta de incrementos salariales acordada para la Administración Pública Nacional para septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Según los fundamentos de la resolución, el objetivo es actualizar las remuneraciones y preservar el poder adquisitivo del personal, contemplando además las diferencias asociadas a jerarquías, grados, responsabilidades y exigencias propias de la función militar.

La normativa establece que los nuevos haberes serán atendidos con los créditos correspondientes a las subjurisdicciones del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional asignadas al Ministerio de Defensa. De esta manera, la actualización salarial queda incorporada al esquema presupuestario vigente y no implica la creación de una partida específica por fuera de los créditos correspondientes.

La resolución alcanza al personal militar de las Fuerzas Armadas y, mediante una escala específica, al personal de la Policía de Establecimientos Navales. En este último caso, el anexo oficial establece los importes correspondientes a cada jerarquía para septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Para septiembre, el haber mensual de un Comisario Inspector de la Policía de Establecimientos Navales queda fijado en $1.110.911, mientras que el de un Comisario asciende a $1.066.299 y el de un Subcomisario a $991.810. En los grados inferiores, el haber alcanza $864.990 para un Oficial Principal, $786.896 para un Oficial Inspector y $658.123 para un Oficial Subinspector. La escala también fija $545.141 para un Oficial Ayudante y $479.448 para un Oficial Subayudante.

La actualización continúa en octubre y noviembre, con nuevos valores para cada jerarquía. Para diciembre, el haber mensual de un Comisario Inspector llegará a $1.166.237, mientras que el de un Comisario será de $1.119.403 y el de un Subcomisario de $1.041.204. Para un Oficial Principal se establece un haber de $908.068 y para un Oficial Inspector, $826.086.

En los grados inferiores, la escala de diciembre fija un haber de $690.900 para un Oficial Subinspector, $572.290 para un Oficial Ayudante y $503.325 para un Oficial Subayudante. Para el personal identificado como Subescribiente, el importe asciende a $821.837, mientras que para Sargento Primero se establece en $620.870 y para Sargento en $594.958.

El esquema también alcanza a los agentes de la Policía de Establecimientos Navales. En diciembre, el haber mensual queda establecido en $461.128 para un Agente de Primera y en $453.665 para un Agente de Segunda.

La resolución incorpora así una actualización escalonada en lugar de una modificación salarial concentrada en un único mes. El mecanismo permite trasladar a las escalas específicas del Ministerio de Defensa la pauta general acordada para el sector público nacional, aunque preservando las particularidades de un régimen que distingue remuneraciones según grado y función.

El componente presupuestario adquiere especial relevancia porque la medida se implementa en un contexto de administración del gasto público bajo criterios de equilibrio fiscal. La propia resolución establece que el financiamiento deberá realizarse con los créditos ya correspondientes a las respectivas subjurisdicciones del Ministerio de Defensa, por lo que el impacto fiscal deberá absorberse dentro de las asignaciones presupuestarias vigentes.

Desde una perspectiva institucional, la actualización busca sostener la relación entre remuneración, jerarquía y responsabilidad dentro de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales. La medida también refleja la utilización de la política salarial de la Administración Pública Nacional como referencia para actualizar regímenes específicos.

La nueva escala comenzará a regir desde septiembre y tendrá sucesivas modificaciones en octubre, noviembre y diciembre. El detalle completo de los importes por grado forma parte de los anexos de la Resolución Conjunta 44/2026 publicada en el Boletín Oficial.

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¿Cómo “desintoxicar” la cobertura periodística sobre drogas en América Latina?

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Hace cuatro años, la reportera Valentina Parada Lugo estaba realizando una cobertura en Nariño, la región con mayor producción de coca de Colombia, cuando comenzó a escuchar las historias de mujeres que cocinan y realizan labores domésticas para los trabajadores de los cultivos de coca.

Parada Lugo tenía experiencia cubriendo la erradicación de drogas en el departamento del Nariño, pero esta era la primera vez que enfocaba su atención en las mujeres que, aunque no participan directamente en la producción de drogas, podrían enfrentar los castigos plenos del gobierno contra narcotraficantes. Esto además de recibir bajos salarios y ser víctimas de frecuentes casos de acoso y violencia sexual.

Parada Lugo convirtió esas historias en dos reportajes para El País en 2024 que se alejaban de la habitual narrativa de villanos y víctimas del narcotráfico para examinar la vida de las mujeres que la industria emplea bajo condiciones precarias. Lo hizo como parte de su participación en una iniciativa del Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas, o FINND, que cuestiona cómo los periodistas pueden cubrir el narcotráfico.

En Colombia, la mitad de las mujeres judicializadas lo están por delitos asociados al narcotráfico. Pero, lejos de ser un país de “Griseldas”, la mayoría ejercen las labores más frágiles, como ser las trabajadoras domésticas de los cocales.

“La historia fue tomando otro tono porque intenté también ver la agencia política de las mujeres, el rol que ocupan en la cadena de las economías ilícitas, cómo se ven ellas a sí mismas”, dijo Parada Lugo a LatAm Journalism Review (LJR). “Ese ejercicio simplemente de cuestionar esos paradigmas sobre los que uno ya está parado es bien interesante y yo creo que es difícil de encontrar”.

El FINND, organizado por la Fundación Gabo y Open Society Foundations, ha permitido a decenas de periodistas de América Latina explorar nuevas formas de contar un fenómeno que atraviesa problemáticas de salud, educación, medioambiente y pobreza. Con casi 90 investigaciones publicadas, el programa ha contribuido a “desintoxicar” la narrativa de la cobertura sobre drogas, Guillermo Garat, coordinador editorial del FINND, dijo a LJR.

“En el periodismo lamentablemente tenemos esta debilidad de ir detrás de las incautaciones, de los discursos oficiales, de una narrativa clásica que nos ofrece una visión muy sesgada”, dijo Garat. “Hay que desandar lo que hemos aprendido y empezar a mirar a esas personas, esas comunidades afectadas, a la cara y poder entender otras formas de interpretar esta realidad”.

La séptima edición del programa estará dedicada a coberturas enfocadas en problemáticas de Colombia y México. La convocatoria para aquellos interesados en participar cierra el 9 de septiembre.

Otros enfoques, mismo rigor

Cambiar la narrativa no significa romantizar el fenómeno de las drogas, sino ampliar la mirada sobre el tema, según Miguel Montes, director de programas de la Fundación Gabo. 

“[Significa] Que esa cobertura alejada de estigma, de prejuicios, de la criminalización pueda ahondar en esas otras temáticas, en esas otras perspectivas”, dijo Montes a LJR. “Pero siempre basada en evidencia, en hechos verificados”.

Neldy San Martín, directora editorial del medio mexicano Causa Natura Media y participante de la más reciente edición del FINND, dijo que el programa le ayudó a reflexionar sobre cómo contar mejor las historias de las personas más vulnerables de la cadena de producción de drogas, quienes suelen ser equiparadas con grandes delincuentes pese a vivir situaciones de marginación y abandono.

San Martín y sus colegas Diego Legrand y Lenin Ocampo realizaron un video reportaje, “Paraquat, el veneno invisible de la guerra contra las drogas en México”, que fue publicado por la revista Proceso en junio de este año. Aborda los efectos del uso de ese herbicida en las comunidades campesinas del estado mexicano de Guerrero.

“Este trabajo ayuda a ponernos en los zapatos del otro, porque no sabemos qué haríamos en una situación similar de pobreza, de olvido, de abandono institucional”, dijo San Martín a LJR. “Es un reto como periodista plasmar eso en un video o en un texto, y el Fondo me ayudó a usar las palabras correctas [para] lograr con la narración que la gente pueda percibir y entender el contexto”.

Por su parte, Parada Lugo desarrolló los reportajes “Un oficio invisible y violentado: las cocineras del cocal” y “‘En la lógica del narco, las mujeres en el negocio son fácilmente reemplazables’”. El primer trabajo aborda cómo las mujeres que alimentan a los trabajadores de los plantíos sobreviven todo tipo de violencias, desde la económica hasta la sexual. El segundo habla de los castigos morales, sociales y penales que se les impone dentro del  negocio de las drogas ilegales.

Los reportajes tanto de San Martín como de Parada Lugo retoman el tema de las drogas desde aristas innovadoras y ponen en el centro de las historias a personas que normalmente quedan fuera de la discusión, dijo Garat.

“Es un reto ético no plantear a las víctimas sólo como víctimas sino también desde su lugar en la cadena, de su lugar político en su región y desde su agencia como madres cabeza de hogar”, dijo Parada Lugo. 

Desintoxicando la narrativa

A medida que el narcotráfico se ha sofisticado y diversificado, el fenómeno de las drogas exige una cobertura más amplia y profunda. El FINND surgió en el 2019 con el fin de promover un periodismo que también proponga nuevas aproximaciones al tema, con acento en lo humano. A lo largo de sus seis ediciones, han participado más de 250 profesionales de 12 países de América Latina.

¿Qué ideas sobre las drogas necesitamos desaprender?

La Fundación Gabo lanza ‘Todo lo que debes saber (y olvidar) de la narrativa sobre las drogas’, una guía que invita a cuestionar los estigmas y los discursos simplistas para abrirse a coberturas más amplias y profundas.… pic.twitter.com/OEj7W4dJm2

— Fundación Gabo (@FundacionGabo) July 21, 2026

“Les ha permitido desintoxicar la narrativa que muchas veces rodea la cobertura de temas de drogas y darse cuenta de los aspectos más humanos que lo rodean, y de que no todo tiene que ver con el enfoque punitivista y de criminalización”, dijo Montes.

El FINND consiste en becas de financiamiento de proyectos periodísticos en texto, audio, video, multimedia y documentales. Este financiamiento busca facilitar, sobre todo, que los participantes hagan trabajo en el terreno, agregó Montes.

Los periodistas seleccionados reciben además mentorías, formación y acompañamiento durante el desarrollo de sus proyectos por parte de una red de 19 periodistas expertos de la región. 

Este año se dará prioridad a proyectos transnacionales que cubran temáticas entre Colombia y México, dos de los países en donde existe mayor interés sobre el tema, agregó Montes. Además, por primera vez se permitirá la postulación de creadores de contenido periodístico que presenten proyectos para plataformas digitales.

Para el FINND también ha sido importante llevar a cabo una exhaustiva gestión de todo el conocimiento que ha generado, por lo que a lo largo de los años se han producido diferentes materiales y recursos para periodistas de América Latina que quieran abordar perspectivas poco exploradas sobre las drogas. 

El más reciente es la guía “Todo lo que debes saber (y olvidar) de la narrativa sobre las drogas”, lanzada en julio, que profundiza sobre los conceptos alrededor de lo que para el Fondo son las nuevas narrativas sobre drogas.

La guía, que puede ser descargada sin costo, también incluye una caja de herramientas para construir historias más rigurosas, complejas y libres de estereotipos sobre las drogas, dijo Montes.

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Choferes se capacitan en conducción segura y maniobras de emergencia 

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Más de 300 conductores de unidades convencionales y articuladas participan de un circuito técnico en el Acceso Sur de Posadas. El programa busca optimizar el servicio, reducir siniestros viales y garantizar la seguridad de los pasajeros

Con el foco puesto en la seguridad vial y la mejora continua del servicio, las empresas de transporte urbano Don Casimiro y Nuestra Señora del Rosario, llevan adelante intensas jornadas de capacitación para su personal.

Bajo el nombre de “Conducción económica eficiente y segura, con enfoque en emergencias, y atención al cliente 2”, los choferes son evaluados en un circuito urbano especialmente recreado en la zona del Acceso Sur de Posadas.

Esta iniciativa, que se extenderá hasta el próximo sábado, constituye la segunda etapa de un plan de formación integral que comenzó el año pasado y que proyecta alcanzar a la totalidad de la planta de conductores de las empresas.

“El programa está comprendido para alrededor de 300 choferes, casi toda la dotación que tenemos, y se realiza con sus distintas unidades, tanto convencionales como articuladas. Las pruebas consisten en recrear condiciones normales que los conductores afrontan todos los días en la calle, pero con mayor complejidad. El objetivo es practicar para ser más seguros y eficientes al momento de conducir”, explicó Pablo Arévalo, responsable de Seguridad Vial de Don Casimiro.

La capacitación combina una instancia teórica anual con una exigente certificación práctica en pista, diseñada para evaluar con precisión las habilidades y reflejos al volante.

Pruebas de frenado y simulación de riesgo

Entre los ejercicios más destacados se encuentran las pruebas de frenado en seco y sobre asfalto húmedo. Estas maniobras permiten que el personal experimente la reacción real de las unidades de gran porte ante diferentes condiciones climáticas, aprendiendo a calcular con exactitud los metros de distancia necesarios para detener el vehículo de forma segura.

“La capacitación me resultó muy útil. Nos enfrentamos a objetos reales y a frenadas muy exigidas donde los monitores nos evaluaban la velocidad y la prolijidad en el manejo”, detalló Víctor Blanco, chofer de la empresa Don Casimiro.

Respecto a los simulacros de incendio, Blanco destacó el realismo de la prueba: “Si bien uno tiene una noción teórica, llevarlo a la práctica bajo la presión y la exigencia que nos piden acá lo torna muy real. Tuvimos que evacuar a los pasajeros que simulaban estar arriba del colectivo, en una maniobra bastante exigente”.

El valor de la atención al usuario

El programa de formación también otorga un rol central al trato con los pasajeros. “La atención al cliente cumple un papel fundamental en nuestro trabajo diario porque somos la cara visible de la empresa. Todo el tiempo debemos demostrar profesionalismo, tanto en la conducción como al responder consultas o asistir a los usuarios”, reflexionó el conductor.

Durante todo el proceso, monitores especializados verifican de primera mano la correcta aplicación de los conocimientos adquiridos. Una vez finalizadas las jornadas, aquellos conductores que completen con éxito todas las instancias teóricas y prácticas reciben su correspondiente certificación, consolidando un esquema de profesionalización.

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Cambios en la conducción de la Unidad Regional de San Vicente: Katz asumió como nuevo jefe

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El comisario inspector José Hernán Katz asumió al frente de la Unidad Regional VIII, cuya jurisdicción comprende los municipios de San Vicente, Dos de Mayo y El Soberbio. Reemplaza al comisario general Hugo Omar González, quien actualmente se desempeña como director general de Seguridad de la Policía de Misiones. Como segundo jefe regional fue designado el comisario inspector Mario Alberto Silva.

El comisario inspector José Hernán Katz asumió como nuevo jefe de la Unidad Regional de San Vicente, en reemplazo del comisario general Hugo Omar González. El cambio forma parte de una reingeniería de la estructura de conducción de la Policía de Misiones, que continuará con nuevas adecuaciones en distintos niveles de mando.

La ceremonia reunió a autoridades policiales, representantes de la comunidad y familiares. Participaron el intendente de San Vicente, Fabián Rodríguez; el intendente de El Soberbio, Ricardo Leiva; el diácono Rubén Miranda; el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Lima; integrantes del Foro Vecinal, policías retirados, vecinos y medios periodísticos.

Durante el acto, González formalizó la entrega del mando a Katz, quien tendrá a su cargo la coordinación de las dependencias y unidades operativas distribuidas en los tres municipios que integran la jurisdicción, con la misión de fortalecer las tareas de prevención, seguridad e investigación.

La designación fue dispuesta por el jefe de la Policía de Misiones, comisario general Sandro Alberto Martínez, y constituye uno de los cambios previstos dentro del proceso de reorganización de los niveles de conducción de la fuerza. Esta reingeniería continuará con nuevas modificaciones en la estructura de mando, de acuerdo con las necesidades operativas y territoriales de cada jurisdicción.

El proceso apunta a fortalecer la gestión, optimizar los recursos y consolidar una conducción acorde con las actuales demandas de seguridad.

Por su parte, González ya se encuentra cumpliendo funciones como director general de Seguridad, cargo para el que fue designado el último viernes por el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, en el marco de los cambios en la conducción superior que también incluyeron la designación del comisario general Raúl David Maslowski como subjefe de la Policía de Misiones.

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