El Gobierno nacional decidió avanzar por Decreto de Necesidad y Urgencia en un terreno que formalmente requiere aval parlamentario. A través del DNU 149/2026, firmado el 11 de marzo, el presidente Javier Milei autorizó la salida del país de medios y personal de las Fuerzas Armadas para participar en el ejercicio internacional “Cooperación XI”, que se realizará en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, entre el 16 y el 27 de marzo.
La decisión se produce luego de que el Proyecto de Ley para autorizar el ingreso y egreso de tropas en ejercicios combinados —que abarca el período del 1° de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026— no fuera tratado aún por la Cámara de Diputados. Ante esa demora, el Poder Ejecutivo optó por activar el mecanismo excepcional del artículo 99 inciso 3 de la Constitución, lo que habilita la medida inmediata pero abre una nueva instancia de revisión política: el decreto deberá pasar ahora por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.
La jugada expone una tensión institucional conocida pero sensible: el Gobierno busca sostener la agenda de cooperación militar internacional sin esperar el ritmo legislativo. La pregunta que queda flotando es si el uso del DNU se mantendrá como un recurso excepcional o si anticipa un patrón más frecuente para resolver demoras parlamentarias en temas estratégicos.
Un ejercicio multinacional con foco en ayuda humanitaria
El operativo “Cooperación XI” forma parte del sistema de ejercicios del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA) y se desarrolla bajo coordinación de la Fuerza Aérea Brasileña.
El ejercicio se orienta a operaciones de asistencia humanitaria, respuesta ante catástrofes y emergencias, ámbitos donde las fuerzas aéreas de distintos países coordinan procedimientos operativos, sistemas de comunicación y estructuras de comando conjuntas.
Según el decreto, la Argentina se integrará a una dinámica multinacional que involucra nueve países, lo que implica un entrenamiento enfocado en la interoperabilidad de los medios aeroespaciales y en la coordinación regional ante escenarios de desastre.
El cronograma aprobado establece que los medios y el personal argentinos saldrán del país el 15 de marzo, participarán de las operaciones entre el 16 y el 27 de marzo, y regresarán el 28 de marzo.
La norma también define que los costos del operativo serán cubiertos por partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa, específicamente dentro de la jurisdicción asignada a las Fuerzas Armadas.
El trasfondo institucional: una ley pendiente en Diputados
El punto más relevante del decreto no es solo el ejercicio en sí, sino el mecanismo elegido para habilitarlo.
La legislación argentina —en particular la Ley 25.880— establece que la entrada de tropas extranjeras al país y la salida de fuerzas nacionales para ejercicios combinados requiere autorización del Congreso. Por esa razón, el Poder Ejecutivo había enviado previamente un proyecto de ley con el programa anual de ejercicios militares combinados.
Ese proyecto, sin embargo, no fue tratado todavía en la Cámara de Diputados.
Ante la cercanía de la fecha del ejercicio internacional y la invitación formal de Brasil, el Gobierno sostuvo que no resultaba posible seguir el trámite legislativo ordinario. Con ese argumento se justificó la vía del DNU.
La decisión coloca ahora el expediente en la órbita de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre la validez o invalidez del decreto y elevar un dictamen para su tratamiento en ambas cámaras.
En términos institucionales, el procedimiento es habitual en el uso de decretos de necesidad y urgencia, pero siempre implica un delicado equilibrio entre las facultades del Ejecutivo y el control parlamentario.
Cooperación militar y posicionamiento regional
El decreto también subraya un objetivo estratégico: fortalecer la interoperabilidad entre fuerzas aéreas de la región.
La participación argentina en el ejercicio busca integrar operaciones aéreas con otras naciones, adoptar protocolos comunes de comunicación y comando y estandarizar procedimientos para misiones multinacionales.
Desde el punto de vista de la política de defensa, estos ejercicios funcionan como un mecanismo de coordinación regional y construcción de confianza entre fuerzas militares, además de mejorar la preparación para emergencias humanitarias.
El texto oficial también menciona un elemento simbólico: la participación argentina contribuiría a reforzar su reputación internacional como socio confiable y mostrar capacidades operativas que actúan como elemento disuasivo frente a eventuales adversarios.
En ese plano, el ejercicio no solo se presenta como entrenamiento técnico, sino como un movimiento dentro de la arquitectura de cooperación militar del continente.
Un DNU que vuelve al Congreso
El decreto entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y habilita inmediatamente la participación argentina en el ejercicio.
Sin embargo, la decisión no queda cerrada en el plano ejecutivo. Como todo DNU, deberá ser revisado por el Congreso. La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles para emitir un dictamen y elevarlo a ambas cámaras.
Ese proceso determinará si el decreto se mantiene o si enfrenta cuestionamientos parlamentarios.
Por ahora, el Gobierno priorizó evitar la ausencia argentina en un ejercicio internacional que considera estratégico. El episodio, sin embargo, deja planteada una cuestión más amplia: cómo se resolverá hacia adelante la coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso en una agenda donde los tiempos militares y diplomáticos rara vez coinciden con los del calendario legislativo.
