Seguridad

La Policía conformó una mesa estratégica de seguridad y consolidó criterios de actuación con la Justicia

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La fuerza reunió este martes en la Jefatura de Policía a sus áreas operativas para profundizar el esquema de seguridad que ya aplica en Posadas, con más efectivos destinados a la prevención en los barrios a partir de la reducción de áreas administrativas y el traslado de personal a funciones operativas. El dispositivo se complementa con patrullajes planificados y el respaldo del CIO-911, la videovigilancia y las alarmas comunitarias. Además, se acordaron criterios de intervención con la Justicia y otros organismos para agilizar procedimientos y mejorar la respuesta ante los requerimientos de los vecinos.

La Policía de Misiones conformó este martes una mesa estratégica de seguridad para fortalecer el despliegue preventivo en Posadas y coordinar criterios de actuación con la Justicia y otros organismos. El encuentro se realizó en la Jefatura de Policía y se integra a la política institucional que la fuerza viene aplicando mediante la reorganización de áreas administrativas y el traslado de personal a funciones operativas, con el objetivo de incrementar la cantidad de efectivos en las calles.

Sobre esa estructura, se analizaron la distribución de patrullas, las zonas de cobertura y los recursos disponibles para reforzar la presencia policial en los barrios. A la vez, se establecieron mecanismos para que el personal desplegado cuente con información y asistencia desde el Centro Integral de Operaciones 911 durante las intervenciones.

En ese circuito, los requerimientos de los vecinos ingresan al 911 y, cuando la situación lo requiere, los operadores utilizan las cámaras de videovigilancia para verificar movimientos, aportar datos y orientar a los móviles. Las alarmas comunitarias constituyen otro canal de alerta que conecta a los barrios con el sistema de respuesta policial.

La planificación también incluyó la coordinación con el Poder Judicial, previo al turno del Juzgado de Instrucción Penal N.º 2 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. Juan Manuel Montes. Allí se acordaron criterios para facilitar el intercambio de información y agilizar las actuaciones que necesiten medidas judiciales, evitando demoras entre la intervención policial y las disposiciones que correspondan en cada caso.

La mesa contó con la participación del jefe de la Policía de Misiones, comisario general Sandro Martínez; el subjefe, comisario general Raúl David Maslowski; y el director general de Seguridad, comisario general Hugo González. También asistieron directores de la Plana Mayor, jefes de Unidades Regionales y responsables de comisarías, divisiones operativas y grupos especiales de Posadas y otras jurisdicciones.

Asimismo, participaron representantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Subsecretaría de la Niñez y la Asociación de Libre Relincho, cuyas áreas intervienen ante situaciones específicas que requieren un abordaje conjunto.

De esta manera, la mesa suma una instancia de coordinación al esquema que ya se aplica en la capital provincial: más personal destinado a tareas preventivas a partir de la reducción de funciones administrativas, patrullajes planificados, apoyo tecnológico para los efectivos en la calle y criterios de actuación previamente establecidos con la Justicia y los demás organismos intervinientes.

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El Gobierno flexibilizó la homologación de vehículos importados y reconocerá certificaciones de seguridad de EE.UU.

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El Gobierno nacional modificó la reglamentación de la Ley de Tránsito y abrió una nueva vía para homologar vehículos fabricados bajo los estándares de seguridad de Estados Unidos. El Decreto 796/2026 reconoce la “Blue Ribbon Letter” de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) como documentación suficiente para acreditar los requisitos de seguridad activa y pasiva, sin exigir controles adicionales a los previstos por el organismo estadounidense.

La medida, firmada por el presidente Javier Milei y los ministros Diego Santilli y Luis Caputo, modifica íntegramente el artículo 28 de la Reglamentación General de la Ley 24.449, aprobada por el Decreto 779/95. El nuevo esquema entrará en vigencia el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, prevista para el 26 de agosto de 2026.

El cambio apunta directamente a uno de los principales cuellos de botella regulatorios para el ingreso de nuevos modelos al mercado argentino: el proceso de homologación. Hasta ahora, los vehículos cero kilómetro fabricados en el país o importados debían contar con una Licencia de Configuración de Modelo (LCM), destinada a acreditar el cumplimiento de los requisitos de seguridad activa y pasiva, además de la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) para los requerimientos vinculados con emisiones, ruidos y radiaciones.

Con la modificación, la Argentina reconoce expresamente el mecanismo de autocertificación vigente en Estados Unidos bajo las Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS). Ese sistema deposita en el fabricante la responsabilidad de declarar que sus vehículos cumplen con los estándares federales, mientras que la NHTSA conserva facultades de fiscalización, investigación y retiro obligatorio de unidades cuando detecta incumplimientos.

La denominada “Blue Ribbon Letter” pasa a ocupar un lugar central en el nuevo procedimiento argentino. Para que un vehículo pueda ser homologado mediante este mecanismo deberá contar con el aval de ese documento emitido por la NHTSA, en el que consten la marca, el modelo y determinados segmentos del Número de Identificación Vehicular (VIN), específicamente el World Manufacturer Identifier (WMI) y el Vehicle Description Section (VDS).

El Gobierno fundamentó la modificación en la necesidad de simplificar los procedimientos y reconocer estándares técnicos internacionales. El decreto considera que el sistema estadounidense de autocertificación constituye un mecanismo funcionalmente equivalente al esquema de homologación argentino y que las FMVSS cuentan con reconocimiento internacional en materia de seguridad vehicular.

El aspecto económico de la reforma es relevante porque la reducción de barreras regulatorias puede acelerar la llegada de modelos que ya cumplen estándares internacionales, evitando duplicaciones de procesos de certificación. En términos de mercado, el nuevo mecanismo puede reducir tiempos administrativos para fabricantes e importadores y ampliar la posibilidad de incorporar vehículos homologados bajo las normas estadounidenses.

Pero la flexibilización no implica ausencia de controles. El decreto mantiene las facultades de fiscalización posteriores de las autoridades argentinas y establece obligaciones específicas para fabricantes e importadores que utilicen el mecanismo de la Blue Ribbon Letter. Entre ellas, deberán informar inmediatamente cualquier sanción, investigación, determinación de incumplimiento o campaña de retiro comunicada por las autoridades estadounidenses respecto de los vehículos alcanzados.

Además, cuando en Estados Unidos se dispongan acciones correctivas sobre esos vehículos, sus sistemas, componentes o equipamiento, los fabricantes e importadores deberán replicarlas en la Argentina. El incumplimiento podrá derivar en la suspensión o revocación de la homologación otorgada.

Este punto introduce un mecanismo de trazabilidad que el Gobierno considera central para equilibrar simplificación y seguridad. La identificación mediante VIN permitirá vincular las unidades efectivamente importadas con las configuraciones técnicas comprendidas en las certificaciones estadounidenses, facilitando el seguimiento posterior de los vehículos.

La reforma también conserva una herramienta de control particularmente severa frente a la falsedad documental. El ocultamiento, la omisión o la falsedad en declaraciones juradas, certificaciones, homologaciones, informes u otros documentos presentados durante el procedimiento será considerado falta grave, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades civiles o penales.

En paralelo, el nuevo artículo 28 mantiene la obligación de contar con LCM y LCA para los vehículos que ingresen al tránsito público y ratifica que fabricantes e importadores deben acreditar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y ambientales. La diferencia sustancial estará en el camino utilizado para acreditar esos requisitos cuando se trate de vehículos alcanzados por las normas FMVSS.

La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa queda como autoridad competente en materia de LCM, mientras que la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes tendrá competencia sobre la LCA. A su vez, la Secretaría de Transporte, junto con esas dependencias, tendrá facultades de fiscalización sobre las disposiciones reglamentarias vinculadas con los artículos 28 al 33 de la Ley 24.449.

La apuesta regulatoria es, en definitiva, cambiar el foco desde una homologación previa más rígida hacia un esquema que combina reconocimiento de certificaciones extranjeras, responsabilidad del fabricante e importador y fiscalización posterior. El Gobierno busca así reducir cargas administrativas sin resignar la capacidad de intervenir cuando aparezcan incumplimientos.

Para los consumidores, el efecto potencial dependerá de cómo se implemente el régimen. Una homologación más rápida puede favorecer una mayor disponibilidad de modelos y tecnologías, pero la clave estará en que la trazabilidad por VIN, las obligaciones de información y la capacidad de fiscalización funcionen efectivamente cuando surjan problemas de seguridad.

La medida se inscribe en la estrategia oficial de simplificación y reconocimiento de estándares internacionales y modifica una pieza central de la regulación automotriz argentina. Desde ahora, los vehículos fabricados bajo las normas de seguridad estadounidenses podrán acceder a un procedimiento de homologación específico basado en la documentación de la NHTSA, con controles posteriores y responsabilidad directa de quienes los fabriquen o importen.

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Una ciudad más conectada y una Policía más cercana: la red de seguridad que crece en Posadas

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Desde una parada de colectivos hasta una zona universitaria, un paseo turístico o un barrio, Posadas amplía una red de seguridad que combina tecnología, monitoreo y policías en las calles. Una inversión sostenida del Estado provincial llevó el sistema de videovigilancia a más de 5.000 cámaras en Misiones, a las que se suman tótems de seguridad, domos, lectoras de patentes y alarmas comunitarias. El objetivo es concreto: detectar antes, centralizar la información y responder más rápido.

En la capital provincial, ese esquema tiene su núcleo en el CIO-911 y se complementa con patrullas distribuidas estratégicamente. Mientras la tecnología aporta información en tiempo real, los operadores coordinan los recursos y los efectivos llevan la respuesta al territorio.

La magnitud del trabajo también se refleja en los números. Solo en Posadas ingresan cerca de 500 requerimientos diarios, una demanda que prácticamente se duplica los fines de semana, cuando aumenta el movimiento de personas, vehículos y la actividad nocturna.

Sin embargo, no todo llamado está relacionado con un delito. El 911 también recibe alertas por siniestros viales, emergencias médicas, personas descompensadas o en situación de riesgo, pedidos de ambulancias y bomberos, además de consultas y situaciones preventivas. En muchos de esos casos, la Policía funciona como primer respondedor: localiza la emergencia, desplaza el recurso más cercano y articula, cuando corresponde, con Salud, Bomberos u otros organismos.

A su vez, la asistencia ya no depende únicamente de una llamada telefónica. Los corredores seguros incorporan tótems en zonas universitarias, sectores turísticos y paradas de colectivos de alta concurrencia. También avanzan las alarmas comunitarias vinculadas mediante una aplicación, mientras cámaras, domos y lectoras automáticas de dominios amplían la capacidad de detección en distintos sectores.

Toda esa información converge en el sistema de monitoreo. Así, mientras una patrulla se dirige a una emergencia, los operadores pueden observar las cámaras cercanas y transmitir datos sobre lo que sucede. Del mismo modo, una lectora identifica vehículos y un tótem establece un canal directo de comunicación. La tecnología no reemplaza al policía, le permite llegar con más información.

En paralelo, móviles y patrullas motorizadas se distribuyen mediante nodos operativos en diferentes cuadrantes de Posadas. Los patrulleros cuentan con cámaras y los efectivos utilizan dispositivos que mantienen intercomunicadas a las unidades, fortaleciendo la coordinación durante los procedimientos.

De esa manera, una alerta en cualquier punto de la ciudad activa distintos eslabones de una misma cadena: se recibe el aviso, se verifica la situación, se localiza el recurso más próximo y se despliega la respuesta. Lo que el vecino finalmente observa, la llegada de una patrulla, es el último paso de un trabajo que comenzó segundos antes detrás de una pantalla o una comunicación.

El modelo, además, trasciende la capital. En el interior de Misiones, los centros de operaciones de las Unidades Regionales integran progresivamente videovigilancia, comunicaciones y patrullamiento, centralizando información para coordinar los recursos disponibles en cada jurisdicción.

La inversión tecnológica modificó así la lógica de la prevención. Más de 5.000 cámaras, nuevos sistemas de alerta, comunicaciones y policías desplegados forman parte de una estructura que trabaja todos los días sobre una misma premisa: convertir información en prevención y una alerta en una respuesta.

Porque detrás de cada llamado, cada imagen y cada intervención hay operadores y policías trabajando al mismo tiempo con tecnología y presencia en la calle.

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“Nos enfrentamos”: Lamelas puso a Misiones en el centro de la lucha regional contra el narcotráfico

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El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, volvió a poner a la Triple Frontera en el centro de su agenda durante su visita a Misiones. A través de sus redes sociales, el diplomático señaló que la seguridad de esta región constituye un asunto de alcance hemisférico y destacó el rol de Argentina como socio de Washington frente al narcotráfico y el crimen transnacional. “La seguridad en la Triple Frontera es seguridad para todo nuestro hemisferio. Recorrí la zona junto a autoridades argentinas para conocer de primera mano los desafíos que enfrentamos”, afirmó el diplomático luego de recorrer la zona junto a autoridades argentinas. El mensaje refuerza uno de los principales ejes de su visita a Misiones, marcada por la cooperación en materia de seguridad fronteriza y la búsqueda de mecanismos de articulación bilateral.

El uso de la primera persona del plural condensó el mensaje político de la visita: para Washington, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional no constituyen problemas exclusivamente argentinos, sino amenazas compartidas que requieren cooperación, intercambio de información y operaciones coordinadas.

“Argentina es un socio clave de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Juntos, trabajamos por una Argentina y una región más fuertes, más seguras y más prósperas”, completó Lamelas.

Después de cumplir actividades en Puerto Iguazú, el embajador viajó a Posadas, donde pasó la noche. Este martes participará de una reunión del Grupo Operativo Conjunto de Lucha contra el Narcotráfico del Noreste Argentino y posteriormente mantendrá un almuerzo en la Residencia oficial con el gobernador de Misiones.

La agenda refuerza el componente político y operativo de la visita. El paso por la provincia no quedó limitado a una recorrida institucional o turística: incluyó contactos vinculados directamente con la seguridad fronteriza, el combate al narcotráfico y la coordinación entre organismos.

Para Misiones, ese eje tiene una dimensión particular. La provincia comparte más de 1.300 kilómetros de frontera internacional con Paraguay y Brasil y constituye un corredor permanente de personas, mercaderías y actividad económica. Esa integración representa una ventaja comercial y logística, pero también plantea desafíos frente a las organizaciones criminales que operan a través de las fronteras.

El embajador sostuvo que el recorrido tuvo como objetivo conocer “de primera mano los desafíos” que enfrenta la región. La definición adquiere particular relevancia en una zona estratégica por su ubicación entre Argentina, Brasil y Paraguay y por el intenso movimiento comercial, turístico y fronterizo que concentra.

Lamelas también ubicó a Argentina dentro de una estrategia regional más amplia. “Argentina es un socio clave de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional”, afirmó, al tiempo que planteó la necesidad de profundizar el trabajo conjunto para fortalecer las capacidades de ambos países.

La agenda de seguridad se integra así con la dimensión económica que acompaña la visita del diplomático a Misiones. El recorrido provincial contempla contactos con autoridades y el análisis de oportunidades de cooperación, comercio e inversión, en una provincia que ocupa una posición estratégica dentro del corredor internacional del Mercosur.

La Triple Frontera aparece, en ese esquema, como un punto donde convergen desafíos de seguridad, circulación internacional, comercio y turismo. Para Misiones, la cooperación en materia fronteriza adquiere además una dimensión concreta por el volumen de tránsito que atraviesa diariamente los pasos internacionales y por la necesidad de compatibilizar controles eficientes con la actividad económica regional.

El mensaje de Lamelas introduce, por lo tanto, una señal política que trasciende la visita protocolar. Washington busca fortalecer la cooperación con Argentina en una agenda que incluye narcotráfico y crimen organizado, mientras Misiones procura que su condición fronteriza también sea interpretada como una plataforma para ampliar vínculos comerciales y oportunidades de inversión.

“Juntos, trabajamos por una Argentina y una región más fuertes, más seguras y más prósperas”, concluyó el embajador en su publicación. La frase sintetiza el doble eje de la gira: seguridad y desarrollo, dos dimensiones que en la Triple Frontera están estrechamente vinculadas.

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El grupo de intervención de alto riesgo de la Policía de Misiones sumó un nuevo instructor formado a nivel nacional

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La Dirección Guardia de Infantería de la Policía de Misiones incorporó un nuevo instructor a su estructura especializada. El agente Julián Andrés De Olivera completó en Córdoba una formación de alcance nacional y se certificó como Instructor de Infantería, luego de atravesar meses de preparación y distintas instancias de capacitación necesarias para desempeñarse dentro de una unidad destinada a intervenir en procedimientos de alto riesgo.

De Olivera aprobó el curso dictado por el Departamento Guardia de Infantería de la Policía de Córdoba, desarrollado entre el 27 de julio y el 21 de agosto. Fue uno de los diez cursantes provenientes de distintos puntos del país que lograron completar satisfactoriamente la capacitación.

La certificación no representa el inicio de su preparación, sino un nuevo escalón. Los integrantes de la Guardia de Infantería de Misiones atraviesan cursos y certificaciones habilitantes, debido a la complejidad de las intervenciones para las que son preparados. A partir de esa base continúan especializándose durante su permanencia en la unidad.

Precisamente, el curso de instructor busca dar un paso más: no solamente saber ejecutar una técnica, sino estar preparado para enseñarla. La formación aporta herramientas pedagógicas para planificar y conducir capacitaciones, transmitir procedimientos, desarrollar ejercicios y evaluar cursantes, además de profundizar conocimientos técnicos y prácticos propios de Infantería. La finalidad es formar multiplicadores capaces de preparar nuevos operadores bajo criterios comunes de seguridad y actuación profesional.

La exigencia responde al perfil operativo de la Dirección. Sus integrantes reciben entrenamiento en manejo y tiro con armas de fuego, defensa policial, operaciones en espacios reducidos, técnicas de brecheo, tiro de precisión, rescate, primeros auxilios y medicina táctica, además de preparación física y psicológica para desenvolverse en escenarios críticos.

Ese modelo de formación comienza desde la propia conducción. El director de la Guardia de Infantería, comisario general Ángel Atilio Suárez, es uno de los pocos policías argentinos que completó formación de Operaciones Especiales en el BOPE de Brasil. Suárez egresó en 2009 del 8.º Curso de Operaciones Especiales de la Brigada Militar de Rio Grande do Sul, una de las exigentes formaciones vinculadas a los denominados “Caveiras do Gelo”. Además, cuenta con capacitación en procedimientos especiales y tiro táctico junto a instructores SWAT de Estados Unidos.

La Policía de Misiones ocupa, además, un lugar destacado como formadora. Su Guardia de Infantería desarrolla cursos de Operador Brechero, Supervivencia Policial Urbana, Operador de Escopeta e Instructor de Infantería, entre otras especialidades, y recibe en sus capacitaciones a integrantes de fuerzas provinciales, federales y de países vecinos.

Dentro de ese esquema, Misiones es una de las tres instituciones del país que dicta la formación de Instructor de Infantería, junto con la Policía de Córdoba y la Policía Federal Argentina. Mientras en otras jurisdicciones la instancia específica se concentra en aproximadamente 25 a 30 días, en la fuerza misionera el proceso se desarrolla durante cerca de diez meses, profundizando la preparación psicofísica, intelectual, técnica y pedagógica de quienes posteriormente tendrán la responsabilidad de enseñar.

Así, De Olivera regresa a Misiones no solamente con una nueva certificación, sino preparado para asumir una responsabilidad mayor dentro de la unidad: multiplicar lo aprendido y formar a los policías que deberán responder cuando una intervención exige un nivel superior de preparación, coordinación y capacidad operativa.

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