El Ministerio de Seguridad Nacional creó la mesa de coordinación para la seguridad de inversiones estratégicas en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI) con el objetivo “de fortalecer la prevención y mitigación de riesgos asociados al narcotráfico y la criminalidad organizada que puedan afectar proyectos de inversión estratégica, sus áreas de influencia y las infraestructuras críticas vinculadas”.
Según se indicó este miércoles en un la resolución 461/2026 publicada en Boletín Oficial y a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, ”las acciones de la presente Mesa se orientarán a la identificación temprana de riesgos criminales, la protección de infraestructura crítica, la prevención de la infiltración de economías ilícitas en entornos productivos estratégicos y la coordinación interinstitucional en el marco de las competencias vigentes”.
Además, en el escrito se señaló que “la Mesa podrá promover la implementación de acciones coordinadas, formular recomendaciones estratégicas, proponer líneas de acción preventiva y elaborar diagnósticos integrales de riesgo vinculados a proyectos comprendidos en el RIGI” y que la misma “se constituye como ámbito permanente de articulación interinstitucional de carácter federal, con participación de las jurisdicciones y organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires que resulten competentes en materia de seguridad, prevención social y coordinación del RIGI”.
“Podrá, asimismo, articular acciones con empresas titulares de proyectos comprendidos en el RIGI, cámaras empresarias, concesionarios de infraestructura, contratistas principales y operadores logísticos y de transporte vinculados a dichos proyectos, a los efectos de fortalecer la prevención de riesgos criminales, promover la adopción de buenas prácticas y facilitar el intercambio de información relevante para la protección de dichas inversiones”, se añadió.
En tanto, se informó que la Mesa estará integrada por “la Secretaría de Seguridad Nacional, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad organizada, la Unidad Antimafia del Ministerio de Seguridad, el Centro Regional y las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales” y agregó: “Asimismo, podrán ser convocados las autoridades y cuerpos policiales provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) y demás organismos nacionales o jurisdiccionales cuya intervención resulte pertinente”.
Luego, se indicó que la convocatoria a las reuniones de la Mesa y la coordinación de su funcionamiento estarán a cargo de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad organizada, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Nacional del Ministerio y se estableció que el Centro Regional y la Unidad Antimafia del Ministerio de Seguridad ”actuarán como instancias técnicas de sistematización y análisis de información vinculada a amenazas criminales asociadas a inversiones estratégicas comprendidas en el RIGI, produciendo insumos para la labor de la Mesa”.
“Dispónese que la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada deberá realizar el análisis estratégico de fenómenos criminales emergentes vinculados a inversiones estratégicas, incluyendo riesgos de infiltración criminal y modalidades delictivas complejas”, se señaló en el escrito, mientras que la Secretaría de Seguridad Nacional del Ministerio “tendrá a su cargo el análisis del despliegue de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en relación con proyectos comprendidos en el RIGI, así como la articulación con las autoridades federales, provinciales y municipales con competencia en seguridad, sobre la base de la información estratégica producida en el marco de la presente Mesa y conforme las competencias vigentes”.
Finalmente, se informó: “Promuévase la cooperación voluntaria con empresas titulares de proyectos comprendidos en el RIGI, cámaras empresarias, concesionarios de infraestructura, contratistas principales, operadores logísticos y de transporte y demás actores privados directamente vinculados a dichos proyectos, mediante el desarrollo de protocolos sectoriales de prevención, instancias de capacitación, canales formales de reporte de riesgos y mecanismos de coordinación permanente con los organismos competentes del Estado Nacional, sin generar obligaciones adicionales a las previstas en la legislación vigente”.
