La ONU respaldó fallo de la Corte Internacional sobre cambio climático
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución que respalda el histórico dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático. La votación terminó con 141 países a favor, ocho en contra y 28 abstenciones.
La iniciativa fue impulsada por Vanuatu, uno de los pequeños Estados insulares más afectados por el aumento del nivel del mar y los fenómenos climáticos extremos. El texto reafirma el dictamen emitido por la CIJ en julio de 2025, que sostuvo que los países tienen la obligación jurídica de prevenir daños ambientales significativos y reducir el uso de combustibles fósiles.
Aunque el pronunciamiento de la Corte no es jurídicamente vinculante, especialistas y organismos internacionales consideran que puede tener un fuerte impacto en litigios climáticos, políticas públicas y futuras negociaciones diplomáticas.
Entre otros puntos, la CIJ afirmó que los países deben actuar para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, cooperar de buena fe y evitar daños irreversibles al sistema climático. También dejó abierta la posibilidad de reparaciones o compensaciones en casos donde pueda demostrarse responsabilidad por daños climáticos.
El nuevo respaldo de la Asamblea General busca darle mayor peso político a esa opinión consultiva y consolidarla como referencia para futuras acciones legales y negociaciones multilaterales.
El cambio climático ya no puede entenderse solo como una crisis ambiental. Es también una crisis de derechos humanos que amenaza la vida, la salud, la vivienda, la alimentación, el acceso al agua, la cultura y el futuro de millones de personas en todo el mundo.
Así lo ha dejado claro la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas, en una opinión consultiva histórica sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático. La decisión supone un avance clave para la justicia climática, porque vincula de forma directa la crisis climática con la protección de los derechos humanos y refuerza la responsabilidad legal de los gobiernos.
La opinión consultiva llega tras años de movilización impulsada por jóvenes de las islas del Pacífico, especialmente desde Vanuatu, una de las regiones más expuestas a los impactos de la crisis climática. Su mensaje es claro: los Estados no pueden seguir retrasando la acción climática ni incumpliendo sus compromisos internacionales sin consecuencias.
¿Qué es la Corte Internacional de Justicia?
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos, y su función es interpretar el derecho internacional y resolver disputas legales entre Estados. Creada en 1945 junto con la ONU, la CIJ está formada por 15 jueces y juezas de distintas regiones del mundo, elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU.
Aunque la Corte no puede juzgar a personas ni imponer sanciones penales, sus decisiones y opiniones tienen un enorme peso jurídico y político. Sus interpretaciones ayudan a aclarar qué obligaciones tienen los Estados en materias como los derechos humanos, el uso de la fuerza, la autodeterminación de los pueblos o, como en este caso, el cambio climático.
Que la Corte Internacional de Justicia se haya pronunciado sobre la crisis climática es especialmente relevante porque sitúa el debate en el terreno de las obligaciones legales de los Estados, y no solo en el de los compromisos políticos voluntarios.
¿Qué es una opinión consultiva?
Una opinión consultiva es una interpretación jurídica que la Corte Internacional de Justicia emite a petición de órganos de las Naciones Unidas, como la Asamblea General. Aunque no tiene carácter jurídicamente vinculante, posee una enorme autoridad porque aclara cómo debe interpretarse y aplicarse el derecho internacional.
No es una sentencia que obligue directamente a los Estados a actuar de una determinada manera, pero sí establece con claridad cuáles son sus responsabilidades legales y puede influir en decisiones judiciales, negociaciones internacionales y políticas públicas.
En el caso del cambio climático, la Asamblea General de la ONU pidió a la CIJ que respondiera a dos preguntas fundamentales: cuáles son las obligaciones de los Estados para proteger el clima y el medioambiente frente a las emisiones de gases de efecto invernadero, y cuáles son las consecuencias legales cuando sus acciones, o su inacción, causan daños significativos.
La respuesta de la Corte ha sido contundente: proteger el sistema climático mundial es una obligación legal, no una opción política. Y, cuando los Estados incumplen esa obligación, pueden tener que rendir cuentas por las pérdidas y daños causados.
Por eso, aunque la opinión consultiva no sea formalmente vinculante, supone un hito jurídico que puede reforzar las demandas de las comunidades afectadas y servir de referencia para futuras decisiones judiciales y acuerdos internacionales.
La Corte Internacional de Justicia ha afirmado con claridad que los Estados tienen la obligación legal de proteger el sistema climático y el medioambiente frente a las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la actividad humana. No se trata de una recomendación política, sino de una exigencia derivada del derecho internacional.
En su opinión consultiva sobre el cambio climático, la Corte señala que estas obligaciones se fundamentan en distintas fuentes jurídicas, entre ellas la Carta de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París, los tratados internacionales de derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario.
Uno de los mensajes más importantes de la decisión es que el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible es una condición previa para el disfrute efectivo de otros derechos humanos, como el derecho a la vida, la salud, la alimentación, el agua o la vivienda.
¿Qué obligaciones tienen los Estados frente al cambio climático?
La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia deja claro que todos los Estados tienen la obligación de actuar frente al cambio climático para proteger los derechos humanos y evitar daños al sistema climático mundial. Aunque sus responsabilidades pueden variar según sus capacidades y su contribución histórica a la crisis, ningún país puede permanecer al margen.
Entre las principales obligaciones señaladas por la Corte se encuentran:
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
Los Estados deben adoptar medidas eficaces para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, en línea con el Acuerdo de París. Esto implica presentar e implementar planes climáticos ambiciosos y revisar periódicamente sus compromisos.
Abandonar progresivamente los combustibles fósiles
La Corte subraya que no eliminar de forma gradual y equitativa el carbón, el petróleo y el gas puede constituir un incumplimiento del derecho internacional. Esto incluye seguir autorizando nuevos proyectos de exploración o manteniendo subvenciones a la industria fósil.
Proteger los derechos humanos
Los gobiernos deben garantizar que sus políticas climáticas protejan derechos como la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y un medioambiente limpio, saludable y sostenible.
Cooperar internacionalmente
La crisis climática requiere una respuesta global. Los Estados deben colaborar entre sí y, en particular, los países con más recursos deben proporcionar financiación, tecnología y apoyo técnico a los países más afectados y con menos responsabilidad histórica en la crisis.
Reparar pérdidas y daños
Cuando un Estado incumple sus obligaciones y causa daños significativos, puede estar obligado a ofrecer reparación, incluida una indemnización por las pérdidas y daños sufridos.
Proteger a las personas desplazadas por el clima
La Corte reconoce que las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares por los impactos del cambio climático deben recibir protección, también cuando cruzan fronteras internacionales.
¿Por qué esta decisión de la Corte Internacional de Justicia es histórica?
La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el cambio climático marca un antes y un después porque, por primera vez, el principal tribunal de las Naciones Unidas ha dejado claro que proteger el clima es una obligación legal de los Estados.
Reconoce que la crisis climática es también una crisis de derechos humanos
La Corte afirma que el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible es una condición previa para el disfrute de otros derechos humanos, como la vida, la salud, la alimentación, el agua y la vivienda.
Refuerza la posibilidad de exigir responsabilidades a los Estados
La opinión consultiva aclara que los países pueden tener que reparar las pérdidas y daños causados por su inacción climática. Esto puede fortalecer litigios ante tribunales nacionales, cortes regionales de derechos humanos y otros órganos internacionales.
Puede influir en leyes, políticas y decisiones judiciales en todo el mundo
Aunque no es jurídicamente vinculante, la opinión de la CIJ tiene una gran autoridad y puede servir de referencia para:
- Tribunales nacionales.
- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
- La Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- Nuevas leyes y políticas climáticas.
- Negociaciones internacionales en Naciones Unidas.
Da respaldo a las comunidades más afectadas
Para los pequeños Estados insulares y otras comunidades en primera línea de la crisis climática, la decisión confirma lo que llevan años denunciando: que el cambio climático amenaza su territorio, su cultura y sus derechos fundamentales.
El papel de Vanuatu y los estudiantes del Pacífico
Detrás de esta histórica opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia hay una historia de perseverancia, liderazgo juvenil y resistencia frente a la crisis climática.
Todo comenzó en 2019, cuando 27 estudiantes de Derecho de la Universidad del Sur del Pacífico, en Vanuatu, decidieron impulsar una iniciativa sin precedentes: llevar la cuestión del cambio climático ante el máximo tribunal del mundo. Su objetivo era lograr que la Corte aclarara qué obligaciones legales tienen los Estados para proteger el clima y los derechos humanos.
La campaña fue liderada por el movimiento Pacific Islands Students Fighting Climate Change (PISFCC), integrado por jóvenes de distintos países del Pacífico. Entre ellos se encontraba Vishal Prasad, nacido en Fiyi, quien ha explicado que la iniciativa surgió de un “optimismo radical y obstinado” frente a años de promesas incumplidas por parte de la comunidad internacional.
Para estos jóvenes, la crisis climática no es una amenaza lejana, sino una realidad cotidiana. El aumento del nivel del mar, los ciclones cada vez más intensos y la degradación de los ecosistemas ponen en riesgo hogares, medios de vida, culturas y formas de vida enteras.
Como resume Vishal Prasad: “Para nuestro pueblo, está en juego casi todo”.
La iniciativa estudiantil logró movilizar a organizaciones de la sociedad civil, comunidades afectadas y gobiernos de todo el mundo. Vanuatu asumió el liderazgo diplomático y promovió primero la resolución de la Asamblea General de la ONU que solicitó la opinión consultiva de la CIJ y, posteriormente, una nueva resolución para impulsar su aplicación práctica.
Este proceso demuestra que incluso los países más pequeños y las voces jóvenes pueden influir en el derecho internacional cuando se organizan y actúan con determinación.
¿Qué puede ocurrir ahora?
La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia no pone fin al proceso. Al contrario: puede convertirse en una herramienta muy poderosa para impulsar nuevas leyes, reforzar las políticas climáticas y exigir responsabilidades a los gobiernos que no actúen frente a la crisis climática.
La Asamblea General de la ONU votará el 20 de mayo de 2026 una resolución impulsada por Vanuatu para respaldar formalmente la opinión de la Corte y convertir sus conclusiones en una hoja de ruta para la acción climática y la rendición de cuentas.
Pero más allá de la ONU, la opinión consultiva de la CIJ puede servir de referencia para tribunales nacionales e internacionales, fortalecer los litigios climáticos y respaldar las demandas de las comunidades que reclaman justicia climática.
También puede aumentar la presión sobre los países con mayores emisiones históricas para que reduzcan más rápidamente su dependencia de los combustibles fósiles y aporten financiación y apoyo a los países y comunidades más afectados por la crisis climática.
En última instancia, lo que ocurra ahora dependerá de la voluntad de los gobiernos para traducir esta claridad jurídica en medidas concretas. La votación del 20 de mayo mostrará hasta qué punto la comunidad internacional está dispuesta a convertir este avance jurídico en compromisos reales para proteger a las personas y al planeta.
