VISUAR, empresa de capitales argentinos dedicada a la fabricación, importación y distribución de electrodomésticos y productos de electrónica de consumo, fue distinguida con el Sello Verde Nivel Bronce, otorgado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este reconocimiento constituye una certificación oficial que acredita a organizaciones que gestionan de manera integral el impacto de sus operaciones sobre el entorno.
El Sello Verde es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad que reconoce a establecimientos públicos y privados que demuestran un compromiso concreto con la sostenibilidad ambiental. En 2024, Visuar obtuvo por primera vez esta distinción marcando así su camino hacia una gestión cada vez más integral, sostenida y exigente.
Nuevamente, Visuar se sometió a una evaluación que contempla distintos ejes clave: reducción del consumo tanto de agua como energía; promoción del reciclaje, compostaje y reutilización; reducción y optimización del consumo de insumos y materias primas; implementación de un sistema de control, monitoreo y reporte de sostenibilidad.
“Este reconocimiento nos motiva a seguir profundizando nuestras políticas de sostenibilidad. En Visuar creemos que el cuidado del entorno no es una opción, sino una responsabilidad que forma parte de nuestra identidad como empresa. Esta distinción valida el cumplimiento de nuestros exigentes estándares y reafirma nuestro compromiso con una gestión responsable y sostenible”, destacó Diego Pérez, Jefe de residuos industriales de Visuar.
El proceso de certificación incluyó un autodiagnóstico, auditoría técnica en planta, calificación y ahora entrega oficial del Sello Verde. La empresa continuará fortaleciendo sus prácticas y sistemas, reafirmando su rol activo en la construcción de una industria más responsable, eficiente y respetuosa del entorno.
La restauración de la selva misionera avanza como una estrategia clave para recuperar la biodiversidad y mejorar la calidad de vida de las comunidades locales. En ese camino, la Fundación Vida Silvestre Argentina, en el marco del proyecto “Restaurando la selva misionera por las personas y la naturaleza”, continúa impulsando acciones para fortalecer corredores biológicos esenciales para la conservación de especies como el yaguareté y para preservar servicios ambientales fundamentales, como el acceso al agua.
Entre 2008 y 2025, junto a familias de pequeños y medianos productores rurales, Vida Silvestre logró iniciar el proceso de restauración de más de 820 hectáreas de selva, mediante la plantación de más de 270.000 árboles nativos y gracias al compromiso de 260 familias rurales de la provincia de Misiones.
“Durante todos estos años el trabajo en restauración estuvo marcado por un proceso continuo de aprendizajes, tanto para nosotros como organización como para las familias que se fueron sumando. Hoy, con 18 años de experiencia, logramos abordar la restauración de manera integral: desde la recolección de semillas y la producción de plantines en nuestro vivero ‘Andrés Johnson’ de la Reserva de Vida Silvestre Urugua-í, pasando por la evaluación de áreas prioritarias para la restauración, hasta el acompañamiento a las familias y la plantación en terreno”, explicó Lucía Lazzari, coordinadora de biodiversidad de Fundación Vida Silvestre Argentina.
Además de recuperar áreas degradadas, el trabajo incluye el fortalecimiento de las actividades productivas de las familias. En conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Municipalidad de San Pedro, el proyecto impulsa la implementación de sistemas agroforestales, que combinan especies nativas con cultivos, especialmente en plantaciones de yerba mate. Este enfoque permite generar paisajes más diversos y sostenibles, mejorando al mismo tiempo la productividad de las chacras.
Las acciones también contemplan mejoras en el acceso al agua para consumo familiar y productivo. A través de intervenciones simples en vertientes naturales, se protege la fuente de agua y se instalan sistemas de captación, canalización y bombeo que garantizan un abastecimiento seguro y sustentable.
Para fortalecer capacidades locales, se realizaron más de 30 capacitaciones técnicas vinculadas a la producción de yerba mate, ganadería, horticultura, apicultura y restauración forestal. Estos espacios buscan promover prácticas productivas más amigables con el ambiente, conservar el bosque nativo existente y recuperar áreas clave del paisaje, contribuyendo a que las chacras sean más resilientes frente al cambio climático.
Trabajo sostenido para recuperar corredores de biodiversidad
La Fundación Vida Silvestre Argentina trabaja desde hace 18 años en iniciativas de restauración en Misiones, basadas en investigaciones científicas que destacan la necesidad de recuperar corredores biológicos fundamentales para la conservación de la biodiversidad, como el yaguareté, en la selva misionera.
Los primeros esfuerzos se concentraron en el municipio de Comandante Andresito, fortaleciendo el corredor que conecta los Parques Provinciales Urugua-í y Guardaparque Horacio Foerster. Desde 2020, las acciones se expandieron al municipio de San Pedro, con el objetivo de mejorar la conectividad ecológica entre el Parque Provincial Cruce Caballero, el Parque Provincial Piñalito y la Reserva de Biósfera Yabotí.
La recuperación y fortalecimiento de estos corredores es clave para que las especies puedan desplazarse, alimentarse y reproducirse. Al mismo tiempo, conservar y restaurar la selva contribuye a proteger servicios ecosistémicos esenciales para las comunidades de la región, como la provisión de agua y la regulación del clima.
En paralelo, Vida Silvestre viene realizando aportes concretos al sistema de áreas protegidas de la provincia con el objetivo de fortalecer la conectividad de remanentes de selva y corredores biológicos en Misiones. Mediante la compra y donación de tierras, en los últimos años alcanzaron un total de 543 hectáreas adquiridas para conservación: 465 hectáreas donadas a la provincia de Misiones, que fueron anexadas a parques provinciales, y 78 hectáreas a la Administración de Parques Nacionales.
“La pérdida de los bosques no sólo afecta a la biodiversidad, también impacta directamente en la vida de las personas. Los bosques brindan servicios ecosistémicos esenciales: ayudan a mitigar el cambio climático, sostienen la seguridad alimentaria y aportan al desarrollo económico de las comunidades. Restaurarlos significa recuperar su funcionalidad ecológica y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de vida de quienes habitan estos paisajes”, destacó Lucía Lazzari.
Declarada Capital Nacional de la Biodiversidad por Ley Nacional 27.495 de 2019, la provincia de Misiones ostenta una riqueza en materia de recursos naturales que en términos ambientales resultan tan estratégicos como los glaciares.
Con más de 1,6 millones de hectáreas protegidas (incluyendo remanentes de selva paranaense), rodeada por ríos y atravesada por 900 arroyos internos, la biodiversidad misionera representa en sí misma una reserva de servicios ecosistémicos que el mundo entero mira con atención. En términos porcentuales, Misiones explica un 52% de la biodiversidad de la Argentina, aun cuando su extensión acapara apenas el 1% de la superficie total del país.
Ante este panorama, resulta una paradoja verdaderamente inentendible que los diputados y senadores nacionales por Misiones acompañen la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el oficialismo nacional.
El proyecto de ley en cuestión limita la protección a los glaciares ya inventariados, excluyendo a los ambientes periglaciares y habilitando lo que hasta ahora estaba prohibido: las explotaciones mineras e hidrocarburíferas en zonas protegidas.
Bajo el argumento de que las provincias deben tener la potestad de decidir sobre sus recursos, se intenta romper un piso mínimo de protección ambiental que la Nación debe garantizar a todos los argentinos por igual. Es decir, no se discuten competencias jurisdiccionales, se exigen políticas ambientalmente estratégicas.
Mientras el gobierno de Javier Milei debilita instituciones y flexibiliza normas bajo la promesa de inversiones que nunca llegan a las economías regionales, los legisladores misioneros parecen dispuestos a acompañar sin reparos medidas y proyectos que lesionan directamente a sus representados. Productores yerbateros, forestales y otros numerosos sectores productivos y laborales de Misiones vienen siendo afectados severamente por las políticas nacionales.
Esta actitud contradice incluso, el marco legal e institucional misionero.
En 2022, la provincia sancionó la primera Ley de Humedales del país, creando un registro provincial, estableciendo categorías de protección y reconociendo el valor estratégico de estos ecosistemas para la regulación del clima, la provisión de agua y la mitigación de desastres. También creó el Área integral de conservación y desarrollo sustentable “Corredor verde de la provincia de Misiones” (LEY XVI -No 60) y un Sistema de gestión integrada de cuencas hidrográficas (LEY XVI – No 150).
Hablamos de la única provincia del país que cuenta con un Ministerio de Ecología y Recursos Naturales y un Ministerio de Cambio Climático, sin dejar de mencionar al Instituto Misionero de la Biodiversidad, un organismo de características únicas en el país. Se trata del ente que llevó a cabo el Primer Inventario de la Biodiversidad Misionera, que relevó 21.941 especies, triplicando los registros previos y reafirmando a Misiones como un hotspot mundial de biodiversidad.
Hablamos de una provincia que entiende que la conservación y el cuidado de sus recursos naturales también pueden constituirse en posibilidades de desarrollo económico. Dan cuenta de ello, las distintas iniciativas de uso sostenible de la biodiversidad, el pago de servicios ecosistémicos y herramientas de finanzas sostenibles que ponen a la jurisdicción a la vanguardia de cuestiones ambientales.
Este estatus se pone en riesgo cuando advertimos que los diputados misioneros – en sintonía con sus pares en el Senado – podrían votar a favor de una reforma que desprotege a nuestros glaciares. Porque si mañana alguien argumenta que los bosques nativos o los humedales son un freno para el agronegocio o que las cuencas hídricas pueden flexibilizarse en nombre de la inversión, ¿con qué autoridad moral podrá Misiones oponerse?
Al votar la reforma a la Ley de Glaciares, los representantes misioneros legitiman un mecanismo que tarde o temprano puede usarse contra su propia provincia.
Porque la misma lógica que hoy desprotege glaciares para habilitar la minería en la cordillera es la que mañana puede desproteger la selva y los cauces hídricos misioneros para dar lugar a cualquier proyecto extractivista.
La coherencia en juego
La Cámara de Diputados definirá en los próximos días el futuro de esta reforma. El oficialismo, en un gesto que debería alarmarnos, ha restringido las audiencias públicas: de los aproximadamente 60 mil inscriptos, apenas 200 podrán exponer de manera presencial o virtual. El resto deberá conformarse con enviar un video de cinco minutos o un texto por escrito.
En estas condiciones se debate una ley que cuida las reservas de agua estratégicas para millones de argentinos.
Misiones puede ser coherente y sostener en el Congreso Nacional el modelo misionero que implica una trayectoria innegable en defensa de la biodiversidad. Es también una oportunidad para recordar la vigencia del Acuerdo de Escazú, exige participación pública, acceso a la información y a la justicia ambiental.
Caso contrario, los legisladores misioneros demostrarán que están dispuestos a seguir siendo parte de un proyecto que, bajo la bandera de la desregulación, desmantela décadas de construcción institucional, con reformas que benefician a unos pocos a costa de todos.
Los diputados misioneros tienen la palabra. Y los ciudadanos, la memoria.
Porque si hoy son los glaciares, mañana puede ser la selva. Y pasado, todo lo que todavía creemos que está a salvo.
Florencia Gómez es abogada, ex secretaria de Política Ambiental de la Nación.
El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones puso en marcha la Primera Mesa de Gestión Forestal, un nuevo ámbito institucional destinado a ordenar y agilizar la tramitación de planes vinculados al manejo de bosques nativos y al cambio de uso del suelo. La iniciativa introduce un mecanismo de diálogo técnico permanente entre el organismo provincial y los profesionales que elaboran proyectos forestales, con un objetivo político y administrativo claro: mejorar la previsibilidad del sistema y reducir fricciones en los procesos de aprobación.
La decisión abre un espacio formal de intercambio en un área donde los tiempos administrativos y los criterios técnicos suelen incidir directamente sobre la actividad productiva y la conservación ambiental. El movimiento del Gobierno provincial busca, en ese marco, fortalecer la coordinación interna del Estado y al mismo tiempo mejorar la articulación con los técnicos del sector privado.
La pregunta que subyace es operativa pero también institucional: si el nuevo esquema permitirá reducir los tiempos de evaluación de expedientes sin afectar los estándares técnicos que rigen la gestión de los bosques nativos.
Un espacio técnico para ordenar el sistema de tramitación forestal
La Mesa de Gestión Forestal se plantea como un ámbito de trabajo técnico e institucional orientado a revisar los procedimientos que atraviesan los expedientes forestales en la provincia.
El foco está puesto en tres ejes centrales: mejorar la calidad de los planes presentados, unificar criterios técnicos de evaluación, y optimizar los tiempos administrativos dentro del Ministerio.
En la práctica, el espacio apunta a ordenar el circuito que siguen los Planes de Manejo Sostenible, los Planes de Cambio de Uso del Suelo y otras presentaciones técnicas vinculadas con la gestión de bosques nativos.
Desde el organismo provincial sostienen que el objetivo es consolidar un esquema de trabajo basado en transparencia, trazabilidad de los procesos y profesionalismo técnico, tres variables que inciden directamente en la previsibilidad del sistema administrativo.
El funcionamiento de estos procesos resulta clave en una provincia donde la regulación de los bosques nativos combina criterios ambientales, productivos y territoriales.
El rol de los técnicos y el diálogo con el sector privado
El director de Bosques Nativos, Milton Morán, explicó que la creación de la mesa responde a la necesidad de abrir un canal directo con los profesionales que tramitan expedientes ante el Ministerio.
“El objetivo es fortalecer el diálogo para acercar las inquietudes que tienen los profesionales en la tramitación de expedientes dentro del Ministerio”, señaló.
Según detalló el funcionario, durante el encuentro se tomaron distintos planteos vinculados con la gestión administrativa y la evaluación técnica de los proyectos. La intención, explicó, es avanzar en una optimización del sistema de gestión que beneficie tanto a los técnicos como al propio organismo estatal.
El ingeniero forestal José Ruiz, representante del sector privado, valoró la apertura del espacio y destacó que el intercambio permitió identificar áreas de mejora dentro del circuito administrativo.
Entre los puntos analizados mencionó el aprovechamiento forestal, los procesos de cambio de uso del suelo y la articulación interna entre distintas áreas del Ministerio.
Para el técnico, una mejor coordinación institucional podría facilitar la actividad privada y reducir los costos asociados a la tramitación de expedientes.
Actores institucionales y construcción de consensos técnicos
La primera jornada reunió a actores clave del sistema forestal provincial.
Participaron el ministro de Ecología Martín Recamán, el subsecretario de Ordenamiento Territorial Lucas Russo y el director de Bosques Nativos Milton Morán, junto a equipos técnicos del organismo.
También estuvieron presentes representantes de instituciones profesionales vinculadas al sector, entre ellos el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Mario Alcina, y la vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Forestales, Graciela Flores.
La presencia de estas entidades refleja un intento de construir consensos técnicos en torno a la gestión de los bosques nativos, un campo donde confluyen intereses productivos, ambientales y regulatorios.
Gestión forestal y previsibilidad administrativa
El trasfondo del encuentro tiene una dimensión administrativa que impacta directamente sobre la actividad forestal.
Los procesos de aprobación de planes de manejo o de cambio de uso del suelo determinan el ritmo con el que se desarrollan distintos proyectos vinculados al aprovechamiento de recursos forestales y al ordenamiento territorial.
En ese contexto, la Mesa de Gestión Forestal busca instalar un mecanismo permanente de diálogo que permita detectar cuellos de botella en el sistema y ajustar los procedimientos técnicos.
El desafío será sostener ese espacio en el tiempo y traducir los intercambios en cambios concretos dentro del circuito administrativo.
Un instrumento de gestión que recién empieza a tomar forma
La creación de la Mesa de Gestión Forestal abre un nuevo canal de articulación entre el Estado provincial y los profesionales que operan dentro del sistema forestal.
En términos institucionales, el espacio aparece como una herramienta de gestión destinada a mejorar la calidad técnica de los expedientes y reducir fricciones administrativas.
El impacto real dependerá de cómo evolucione el funcionamiento del mecanismo y de si logra transformar las observaciones técnicas en ajustes operativos dentro del Ministerio.
Por ahora, la iniciativa marca un primer paso en la búsqueda de mayor previsibilidad en la tramitación de planes forestales, un terreno donde las decisiones administrativas suelen tener consecuencias directas sobre la gestión de los bosques y la actividad productiva vinculada al sector.
(Agencia CyTA-Leloir).- El Chaco Seco, un bosque seco subtropical que abarca porciones de Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil, es una de las regiones del mundo con mayor tasa de deforestación en las últimas décadas. Esto genera impactos negativos sobre la conservación de la biodiversidad y el balance de carbono, entre otros aspectos. Ahora, un equipo de investigación de Argentina y Alemania advierte que existe un factor subestimado o inadvertido que también produce una degradación forestal “muy relevante”: el llamado “efecto borde”, que define los cambios en la estructura y funcionamiento de los bosques en las áreas lindantes al desmonte. Una especie de daño a distancia.
El efecto borde “puede tener una profundidad de hasta 700 metros y una magnitud cercana al 40% en términos de la caída de la cobertura de árboles y arbustos y de la cantidad de biomasa, lo que implica una degradación de casi el 20% de los bosques remanentes”, explicó a la Agencia CyTA-Leloir el doctor en Biología y autor principal del estudio, Sebastián Torrella, docente investigador del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y del Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA), que depende del CONICET.
“Si como impacto del avance agropecuario contamos sólo el bosque perdido por deforestación (que es un montón) estamos subestimando el verdadero impacto. Los bosques que no son desmontados también son afectados de manera muy relevante a través del efecto borde”, remarcó Torrella.
Para el trabajo, publicado en la revista Global Change Biology, Torrella y colegas analizaron imágenes satelitales y diseñaron mapas de la región del Chaco Seco desde 1976, incluyendo un relevamiento de la cobertura vegetal del bosque, los lotes desmontados y la actividad desarrollada en cada uno de ellos, como agricultura o pastura.
Los resultados fueron alarmantes. Por distintos factores, como mayor exposición a la radiación solar o el viento, la deriva de agroquímicos o la incursión de ganado, el bosque sufre el impacto de los lotes contiguos. Y no es un perjuicio menor: el equipo de investigación calculó que el efecto borde en el Chaco Seco habría implicado la pérdida de 92,3 millones de toneladas de biomasa aérea, lo que equivale a llenar 1.000 estadios grandes de fútbol con madera y vegetación compactada. El efecto probó ser mayor cuando las áreas desmontadas se destinaron a cultivos.
“Esa degradación no se expresa en el momento, sino a lo largo de los años o décadas. Por eso decimos en el artículo que queda una ‘deuda de degradación’ pendiente”, sostuvo Torrella.
“En virtud del hallazgo ¿se deberían incluir ‘áreas de amortiguamiento’ o distancias mínimas obligatorias entre los cultivos y el bosque?”, preguntó la Agencia CyTA-Leloir. “Para un desmonte nuevo no recomendaría utilizar parte del área habilitada como zona de amortiguamiento. Me parece más razonable que en esa área se mantenga bosque, porque es importante mantener la mayor superficie de bosque posible”, respondió Torrella. Y añadió que sería necesario planificar la forma y el tamaño de los lotes y bosques remanentes, evitando la fragmentación para minimizar la cantidad de estos últimos que queden expuestos al impacto del efecto borde.
“Nuestro trabajo apoya la visión de que la planificación de la conservación debe priorizar áreas forestales grandes y contiguas para ayudar a mantener bosques ecológicamente funcionales”, concluyó el equipo autoral.
Del estudio también participaron Rubén Ginzburg y Sebastián Aguiar, del IEGEBA; María Piquer Rodríguez, de la Universidad Libre de Berlín, Alemania; Matthias Baumann, Marie Pratzer y Tobias Kuemmerie, del Departamento de Geografía de la Universidad de Humboldt de Berlín, Alemania; y Gregorio Gavier Pizarro, del Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales (IFRGV) del INTA, en Córdoba.
