SELVA VIVA

La selva como activo: la empresa que consiguió US$7 millones para restaurar bosques en Misiones

Compartí esta noticia !

En una provincia donde históricamente la riqueza se midió por lo que se extraía del monte -madera, yerba, té, tabaco o biodiversidad convertida en recurso-, está sucediendo una transformación silenciosa. Tardará años en verse, pero que comienza a transformarse en un legado a perpetuidad. En lugar de cortar monte, de expandir la frontera agraria, hay quienes vieron el negocio en reforestar, en cuidar, en replantar monte caído. Y el negocio está funcionando: consiguió inversiones por siete millones de dólares. 

La firma detrás de esta transformación es Nideport, que encontró en Misiones el laboratorio perfecto para desarrollar créditos de carbono de alta integridad. Hace seis meses, el proyecto Selva Paranaense Vida Nativa – GS1, desarrollado por la empresa Nideport, obtuvo la certificación internacional de Verra bajo los estándares VCS (Verified Carbon Standard) y CCB Gold Label (Climate, Community & Biodiversity – Nivel Oro), el máximo nivel de reconocimiento global por su impacto en clima, comunidad y biodiversidad.

La certificación de 138.000 créditos de carbono (VCUs) posiciona a Vida Nativa como uno de los proyectos de restauración de selvas tropicales más grandes del mundo y el primero de bosque nativo en Argentina en alcanzar este nivel de validación. La certificación abarca dos años, 2021 y 2022, sobre la retención de emisiones en la selva misionera.

Verra -la misma entidad que certifica los bonos de carbono del programa jurisdiccional de Misiones– garantiza que estos créditos poseen trazabilidad, adicionalidad y permanencia verificable, lo que les otorga credibilidad y competitividad en los mercados internacionales.

Juan Núñez -junto a su socio Tomás Gutiérrez– es uno de los empresarios detrás de uno de los proyectos más singulares de la nueva economía verde argentina: transformar la recuperación de bosque nativo degradado en un activo rentable, escalable y financieramente sostenible.

No podíamos depender de la filantropía. Salvar la selva tenía que ser rentable, porque si no, nunca iba a escalar”, resume, con una frase que funciona como manifiesto de época. “Entendíamos que la filantropía para nosotros no era el camino y que también para que eso sea escalable necesitamos que tuviera rentabilidad. Como cualquier negocio”.

No habla desde el ambientalismo tradicional. Es abogado, viene del mundo de la tecnología y la seguridad, con formación en Israel y trayectoria lejos del universo forestal. Pero encontró en la crisis climática una certeza brutal: el sistema natural del planeta ya no logra regenerarse solo.

“Los umbrales biológicos ya están prácticamente cruzados. El mundo ya no se regenera naturalmente”, dice. “La economía global depende mucho de lo que sucede con los bosques, con la producción incluso hídrica de los ríos y demás, tienen origen en los bosques”.

Juan Núñez y Tomás Gutierrez son los socios fundadores de Nideport, que certificó bonos de carbono en Misiones.

Y allí nació la pregunta fundacional: si toda la economía global depende de los bosques -del agua, del clima, de los suelos, de la biodiversidad-, ¿por qué restaurarlos no podía ser también un gran negocio?

La respuesta apareció en el mercado de créditos de carbono.

Ese sistema, consolidado tras el Protocolo de Kioto y luego reforzado por el Acuerdo de París, permite que empresas que emiten dióxido de carbono compensen su huella comprando créditos generados por proyectos que capturan o evitan emisiones.

Pero no todos los créditos son iguales.

Nideport eligió trabajar en el segmento más exigente y más valorizado: créditos asociados a restauración real de naturaleza, con impacto medible en biodiversidad, trazabilidad tecnológica y licencia social validada con comunidades locales.

“Hoy el mercado está orientado a créditos que restauran la naturaleza. Eso es lo que hacemos nosotros”, explica. “Es un tipo de producto barra servicio ideado para hacer un negocio detrás de restaurar el planeta”.

La compañía emite créditos certificados bajo estándares internacionales de máxima exigencia, entre ellos Verra, principal referencia global del mercado voluntario de carbono, además de la distinción CCB Gold -la máxima calificación por impacto positivo en clima, biodiversidad y comunidades- y una calificación A de Sylvera, que la ubica entre los proyectos IFM de mayor integridad y desempeño del mercado .

La sustentabilidad en Nideport, se construye con datos. La empresa desarrolló una plataforma tecnológica propia basada en inteligencia artificial, drones autónomos y monitoreo forestal en tiempo real que permite supervisar grandes extensiones de bosque y detectar amenazas ambientales antes de que se conviertan en daño irreversible.

Cada árbol plantado está georreferenciado. Cada avance del bosque puede medirse y cada riesgo puede anticiparse.

La estructura incluye tecnología LiDAR, fotogrametría, sensores IoT para detección temprana de incendios e intrusiones, cámaras trampa, cámaras en vivo, imágenes satelitales y protocolos de seguridad orientados a prevenir incendios, monitorear deforestación y detectar incluso caza furtiva en zonas críticas .

Además, incorporan blockchain para garantizar transparencia y trazabilidad total de los créditos emitidos, una condición central en un mercado donde la credibilidad define el valor.

Misiones no es el único territorio en el que invierten. En Uruguay están en la etapa de planificación, gestión y análisis de nuevos ecosistemas y proyectan una expansión global con más de 2 millones de hectáreas evaluadas en múltiples países. 

El desembarco en Misiones no fue casual. Uno de los founders tenía tierras en la provincia y fue el anzuelo. Luego, ante complicaciones sucesorias, iniciaron la búsqueda de nuevos campos y encontraron una oportunidad única en el norte misionero: superficies de bosque nativo degradado por décadas de tala selectiva.

“Entendiendo que había una gran oportunidad en Misiones por toda la actividad forestal de bosques nativos”, relata.

No se trata de selva virgen, pero tampoco tierra perdida. Territorios donde todavía sobrevive entre el 20% y el 30% de la biomasa original de un bosque prístino.

“Buscamos tierras que compatibilicen con la emisión de crédito de carbono y que impliquen la necesidad de restaurarlas. Ese es el punto”, explica. “En nuestro caso, en el primer campo que estamos desarrollando, la biomasa está más o menos en un 20% de un bosque prístino”.

Su proyecto insignia es Vida Nativa, en San Pedro, frontera con Brasil: una intervención de 22.878,5 hectáreas sobre el Bosque Atlántico misionero, uno de los ecosistemas más biodiversos y amenazados del continente .

Se trata de una ex forestal belga atravesada por cuatro sierras, con una geografía compleja y una biodiversidad que aún resiste: más de 50 especies endémicas y al menos diez especies en peligro de extinción, incluido el yaguareté .

El modelo fue de arrendamiento con opción a compra. “El arrendamiento genera la rentabilidad que tenía por la extracción de madera, pero con muchos menos conflictos y riesgos”, explica Núñez. “Después adquirimos la tierra y ya la preservamos a perpetuidad”.

Plantar no alcanza: restaurar lleva décadas

Hablar de árboles puede sonar simple. No lo es. La restauración ecológica seria no consiste en plantar especies en línea para una foto institucional.

Implica entender el suelo, los doseles, la dinámica, los corredores biológicos y la recuperación funcional del ecosistema.

En Nideport comenzaron con ensayos en 2021. En 2022 iniciaron plantaciones.

Entre 2023 y 2024 ya superaron los 40.000 árboles nativos plantados y mantienen una proyección de 100.000 árboles para 2026.

“Queremos alcanzar los 100 mil árboles por año, pero con rigor científico. Primero hay que entender el suelo y cómo responde el bosque”, explica. “Hoy ya estamos en 30 mil árboles por año”.

La intervención cubre entre 200 y 300 hectáreas por año, dependiendo del nivel de degradación y de la presencia de “bambucias”, esas etapas de transición natural del monte.

Restaurar completamente un bosque puede llevar entre 20 y 60 años. En algunos casos, incluso siglos.

“La selva puede tardar entre 500 y 1000 años en restaurarse sola. Nosotros aceleramos ese proceso”, dice.

Además, el proyecto ya incorporó una estrategia de conservación a 100 años, una definición poco habitual incluso dentro del mercado internacional de carbono .

Lo que empezó como una idea entre amigos durante la pandemia terminó atrayendo a uno de los fondos más relevantes de América Latina.

“Surge de un grupo de amigos. A mí particularmente se me ocurre que no podíamos ir por la filantropía. Ya conocía el mercado de créditos de carbono por otro inicio de negocio y empezamos a plantear esa idea. Nos agarra la pandemia y en lugar de dedicarle tiempo a Netflix decidimos empezar a desarrollar el modelo”, recuerda.

Draper Cygnus -ligado a Tim Draper, histórico inversor de Tesla y SpaceX- tomó participación en la compañía. Hoy posee el 10%.

En total, entre equity y deuda de impacto, Nideport levantó cerca de siete millones de dólares.

Entre los inversores figuran además Koi Ventures, Antom.la, Alma Vest y Embarca, fondos vinculados a innovación climática y capital de impacto .

Ese capital permitió desarrollar tecnología propia, certificar créditos de carbono -una barrera que muchos proyectos nunca logran superar- y comenzar la fase de retorno. Hoy el negocio ya es rentable.

“Sí, es un negocio rentable. Supera el 40% de retorno”, afirma. “Ya somos un proyecto que logró certificar créditos de carbono, algo que muchos desarrolladores nunca llegan a conseguir”.

Pero advierte: no es un negocio rápido. Requiere paciencia, certificación, tiempo y credibilidad.

No hay greenwashing posible cuando se trabaja con estándares internacionales serios.

En tiempos donde la sustentabilidad suele reducirse a discursos corporativos, Núñez insiste en una premisa poco habitual en el mundo financiero: antes que cualquier aprobación política, importa la licencia social.

Antes que cualquier oficina pública. Primero, la comunidad Mbya.

“Lo importante para nosotros es que el cacique y la comunidad nos den su consentimiento con la comunidad. Eso está antes que cualquier político o estructura de gobierno, los dueños ancestrales de la tierra”, afirma.

Y profundiza: “Eso es el modelo principal. Una vez que tenemos la licencia social, que fue lo primero que hicimos antes de tocar cualquier planta o poner un pie en la tierra, logramos esa aprobación”.

La comunidad Tekoa Alecrín fue el primer actor consultado y hoy forma parte estructural del proyecto, junto al trabajo con cooperativas locales, fortalecimiento comunitario, acceso al agua potable, mejoras habitacionales tradicionales, apoyo educativo y empleo local.

“Nos juntamos con la comunidad, con las cooperativas locales, con el intendente de San Pedro que tiene una apertura muy interesante, y con esa base de licencia social ya estamos conformes”, explica.

Después llegaron las cooperativas, el municipio y recién luego el resto del sistema institucional. En el negocio del carbono, sin legitimidad territorial, no hay proyecto posible.

La burocracia argentina y la urgencia del planeta

Misiones avanza en una estructura provincial para créditos de carbono. La Nación también tiene registros y marcos regulatorios.

Pero para Núñez, el problema sigue siendo la velocidad. “Misiones está recién teniendo una estructura bastante sólida”, señala. “La Nación tiene un tratamiento sobre los créditos de carbono y un registro, pero son realmente estructuras muy burocráticas. Llevamos años en conversación”.

Y ahí aparece una tensión profunda entre la urgencia climática y la lentitud estatal.

Mientras el planeta pierde entre 10 y 20 millones de hectáreas de bosque por año, la regulación suele caminar a velocidad de expediente.

“Si tuviésemos un mercado de créditos de carbono regulado como existe en Japón, en Paraguay o en México, estaríamos en la panacea, pero bueno, es la Argentina”, ironiza Núñez.

“La humanidad necesita restaurar 2.500 millones de hectáreas de bosques desaparecidos”, advierte.

La visión corporativa ya está planteada con una meta concreta: restaurar 45 millones de hectáreas hacia 2035 y consolidarse como referente regional en soluciones climáticas basadas en la naturaleza .

Núñez no evita hablar del contexto político ni de la mirada ambiental del Gobierno nacional.

Sabe que el presidente Javier Milei tiene una visión distante respecto del cambio climático y la agenda ambiental, pero asegura que eso no modifica la convicción de la empresa.

“El Presidente tiene su visión sobre el planeta y sobre lo que es el cambio climático, la restauración ambiental; nosotros tenemos la nuestra”, afirma.

Y remata con una definición que resume su postura: “Así como él no lo frena a nadie, nosotros tampoco, y veremos el impacto que tiene cada uno en el tiempo”.

El legado: devolverle algo a la tierra

Hay una frase que atraviesa toda la conversación y que define más que un modelo de negocios.

“Nosotros generamos recursos naturales donde la mayoría de los modelos se basan en extraer recursos naturales”, dice.

Núñez sabe que el capitalismo define las reglas actuales del juego. Y si la única forma de salvar bosques es que salvarlos sea rentable, entonces prefiere jugar ahí.

“Ojalá que los árboles no tuviesen que pagar por ser salvados. Esto lo hablamos mucho internamente. Nosotros no creamos eso ni pusimos eso ahí”, admite.

“De alguna manera nuestro trabajo y nuestro fundamento es devolver a la tierra lo que está quitando la humanidad”, sostiene. “No sé si es una mochila que nos corresponde, pero sí que asumimos”.

Y concluye con una mirada de largo plazo: “Yo creo que las generaciones futuras particularmente no nos lo van a agradecer. Hoy no sé si se siente tanto, pero estamos muy convencidos de lo que hacemos”.

Compartí esta noticia !

Misiones ratificó multa millonaria por transporte ilegal de madera nativa y rechazó apelación de una empresa forestal

Compartí esta noticia !

El gobernador Hugo Passalacqua, ratificó mediante decreto una fuerte sanción económica contra el Establecimiento Don Guillermo S.R.L. por una infracción forestal vinculada al transporte ilegal de madera nativa en Eldorado. A través del Decreto firmado el 1 de abril de 2026, el Ejecutivo provincial rechazó el recurso jerárquico interpuesto por la empresa y confirmó la multa equivalente a 500 salarios mínimos vitales y móviles -178.900.000 pesos-, además del decomiso correspondiente, por haber trasladado especies arbóreas nativas sin autorización del Ministerio de Ecología, sin guía forestal y sin marca de martillo, exigencias obligatorias bajo la normativa vigente.

El caso se originó el 15 de marzo de 2022, cuando personal policial del Centro Integral de Operaciones secuestró un camión marca Iveco, dominio NPL-886, conducido por Germán Alfredo Ferreira, que transportaba material forestal nativo sin la documentación respaldatoria requerida. El procedimiento fue elevado a la Unidad Regional III de Eldorado y posteriormente intervino el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.

Durante el sumario administrativo, el socio gerente de Don Guillermo S.R.L., Gerardo Guillermo Gruber, reconoció que el vehículo pertenecía a la firma y explicó que la madera provenía de un lote de pino resinoso implantado. Según su descargo, durante las tareas de volteo detectaron especies nativas que habían crecido junto a los pinos y decidieron talarlas por razones de seguridad y trasladarlas al aserradero para no entorpecer la preparación del suelo para una nueva plantación.

Sin embargo, la Dirección General de Bosques Nativos concluyó que esa explicación no desvirtuaba la infracción. El organismo sostuvo que la presencia de especies nativas en el predio debía considerarse dentro del régimen de protección de bosques nativos, incluso si se trataba de rebrote espontáneo posterior a desmontes previos. En consecuencia, determinó que se habían talado ejemplares de especies nativas clase B y C sin autorización, configurando una infracción al artículo 25 inciso b de la Ley XVI N° 105.

La empresa intentó encuadrar la sanción bajo la Ley XVI N° 7, que regula de manera general productos forestales y establece multas considerablemente menores. Argumentó que no se trataba de un bosque nativo y que la sanción aplicada era excesiva, arbitraria y violatoria del debido proceso.

Pero tanto el Ministerio de Ecología como la Fiscalía de Estado y la Subsecretaría Legal y Técnica coincidieron en rechazar esa interpretación. Señalaron que la Ley XVI N° 105 constituye un régimen específico para especies arbóreas nativas y se articula con la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, por lo que prevalece sobre la normativa general por especialidad y por ser posterior.

Además, el dictamen oficial subrayó que la propia firma reconoció haber talado y transportado madera nativa sin autorización, sin guía forestal y sin la marca oficial de martillo forestal, lo que encuadra directamente en el régimen sancionatorio específico previsto para bosques nativos.

La Fiscalía de Estado sostuvo que la multa aplicada constituye una consecuencia “directa y proporcional” a la gravedad objetiva de la infracción y defendió la necesidad de sancionar este tipo de conductas para preservar el patrimonio forestal provincial. También remarcó que el recurso jerárquico no aportó nuevos elementos jurídicos ni probatorios que permitieran cuestionar la legalidad o razonabilidad del monto.

Por eso, el decreto firmado por Passalacqua resolvió no hacer lugar al recurso presentado por Don Guillermo S.R.L., ratificar íntegramente la Resolución 146/24 del Ministerio de Ecología y mantener la multa de 500 salarios mínimos vitales y móviles.

La decisión vuelve a poner en primer plano el endurecimiento del control ambiental en Misiones sobre el aprovechamiento forestal, especialmente en materia de especies nativas protegidas, donde la provincia sostiene una política de fuerte aplicación normativa en línea con la legislación nacional de presupuestos mínimos ambientales.

Compartí esta noticia !

Parques Nacionales abre concurso para 40 guardaparques

Compartí esta noticia !

La Administración de Parques Nacionales formalizó el 29 de abril la convocatoria para cubrir 40 cargos vacantes de guardaparques en la planta permanente, con un cronograma de inscripción que se extenderá del 12 de mayo al 2 de junio de 2026. La decisión, oficializada mediante la Resolución 16/2026, no solo busca reforzar la dotación técnica del organismo, sino que reabre una discusión más amplia: ¿se trata de un movimiento administrativo puntual o de una señal de reorganización institucional en el esquema ambiental del Gobierno?

Un proceso encuadrado en la reforma laboral del sector

La medida se inscribe en un entramado normativo que combina la Ley 22.351, el Presupuesto 2026 y el régimen de carrera establecido por el Decreto 647/2022. Este último redefinió las condiciones laborales y de ingreso del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, introduciendo un esquema más formalizado de selección y progresión.

El llamado aprobado ahora activa ese andamiaje: valida las bases diseñadas por el Comité de Selección y pone en marcha un proceso competitivo para el ingreso al Agrupamiento Técnico, categoría Guardaparque GT-2. La inscripción será electrónica, aunque exigirá también la presentación física de documentación en la sede central del organismo.

En términos operativos, la resolución traduce un paso concreto: transformar cargos vacantes —ya financiados— en posiciones efectivamente ocupadas. Pero también refleja una decisión política más amplia: sostener la estructura estatal en áreas estratégicas, en este caso vinculadas a la conservación territorial.

Cobertura de vacantes y fortalecimiento técnico

El concurso se apoya en un régimen de selección aprobado en 2023, que define perfiles, etapas de evaluación y criterios de ingreso. Esto implica que los nuevos guardaparques no solo cubrirán puestos disponibles, sino que ingresarán bajo parámetros actualizados de capacitación y desempeño.

La resolución fija además un cronograma tentativo y habilita a la coordinación concursal a introducir modificaciones, salvo en las fechas de inscripción. Este detalle no es menor: deja margen de maniobra administrativa en un proceso que suele extenderse en el tiempo y que requiere validaciones técnicas y legales.

Desde el punto de vista institucional, el movimiento responde a una necesidad concreta de gestión: dotar de recursos humanos a un organismo que tiene bajo su órbita la administración de áreas protegidas en todo el país.

Aunque se trata de una medida administrativa, la convocatoria tiene implicancias en la dinámica interna del Estado. Por un lado, refuerza la estructura de un organismo descentralizado que depende de la órbita de Turismo y Ambiente dentro de la Jefatura de Gabinete. Por otro, activa un mecanismo de ingreso a planta permanente en un contexto donde la política de empleo público suele estar bajo revisión.

El hecho de que los cargos estén previamente financiados reduce el margen de conflicto presupuestario, pero no elimina la lectura política: ampliar o completar dotaciones en áreas específicas puede interpretarse como una priorización sectorial dentro del Gobierno.

Al mismo tiempo, el proceso involucra a actores técnicos y jurídicos —desde el Comité de Selección hasta las direcciones de Recursos Humanos y Asuntos Jurídicos—, consolidando un esquema institucional que combina decisiones políticas con validaciones administrativas.

Un proceso abierto

El llamado ya tiene fechas definidas, pero su desarrollo efectivo dependerá de múltiples factores: la cantidad de postulantes, los tiempos de evaluación y la eventual necesidad de ajustes en el cronograma.

Más allá de la cobertura de los 40 cargos, el movimiento deja una señal: el Estado mantiene activa su capacidad de incorporación en áreas específicas, incluso en un contexto de revisión general del gasto público.

Compartí esta noticia !

¿Qué tipo de proyectos sostenibles de Argentina busca Premios Verde en su convocatoria 2026?

Compartí esta noticia !

En Argentina, el desarrollo sostenible ya no se limita a conceptos, sino a proyectos en marcha que están generando resultados concretos. Desde iniciativas que restauran ecosistemas hasta modelos que optimizan el uso del agua, desarrollan tecnología climática o transforman procesos productivos, el país forma parte de una agenda regional que prioriza soluciones aplicadas.

En ese contexto, Premios Verdes entra en su fase final de inscripciones, con convocatoria abierta hasta el 30 de abril en su página web: www.premiosverdes.org, dirigida a proyectos que ya se encuentren en ejecución y que puedan demostrar impacto medible y sostenibilidad en el tiempo.

La plataforma que ha evolucionado hacia un programa de educación continua, no busca proyectos que estén operando y que respondan a desafíos como la pérdida de biodiversidad, la transición energética, la gestión de residuos o el desarrollo humano con enfoque ambiental.

Las diez categorías de la convocatoria reflejan ese alcance: Agricultura y Producción de Alimentos, Agua Dulce, Ciudades y Comunidades Resilientes, Desarrollo Humano, Economía Circular, Ecosistemas Terrestres, Ecosistemas Marinos, Energía, Finanzas y Green Tech, alineadas a una agenda que exige soluciones aplicables, replicables y sostenibles.

“Hoy la región necesita identificar y potenciar proyectos que ya estén resolviendo problemas reales, con impacto comprobado”, señala Gustavo Manrique, cofundador de Premios Verdes. “El valor está en conectar esas soluciones con conocimiento, redes y oportunidades que les permitan crecer”.

Los resultados del programa evidencian impactos medibles en los proyectos que han pasado por la plataforma: el 71% continúa operando después de dos años, el 74% incrementa sus ventas y el 36% accede a financiamiento. Estos datos reflejan el efecto del acompañamiento técnico, la visibilidad y la conexión estratégica en la sostenibilidad de las iniciativas.

El proceso combina acompañamiento durante la postulación, evaluación por expertos internacionales. Más de 750 especialistas forman parte del sistema y un programa de fortalecimiento que incluye mentoría, formación,  visibilidad y conexión.

La edición 2026 culminará en octubre en Cuenca, Ecuador, donde se desarrollará el encuentro global que reunirá a proyectos, líderes y organizaciones de distintos países, consolidando un espacio de intercambio y proyección internacional.

En sus 10 ediciones, Premios Verdes ha conectado con más de 20.000 proyectos provenientes de 53 países alrededor del mundo, la plataforma se posiciona como un punto de convergencia para soluciones sostenibles en la región, en un contexto donde América Latina enfrenta desafíos crecientes en materia ambiental, social y económica.

Las inscripciones son gratuitas y permanecen abiertas hasta el 30 de abril en www.premiosverdes.org.

Compartí esta noticia !

Operativos simultáneos en áreas protegidas: guardaparques detienen a cazadores, secuestran vehículos, armas y desarman campamentos

Compartí esta noticia !

Con trabajo coordinado y presencia activa en zonas clave, el Cuerpo de Guardaparques del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables llevó adelante una serie de operativos simultáneos en distintas áreas protegidas. Las acciones incluyeron patrullajes terrestres y fluviales, recorridas preventivas, desarticulación de campamentos ilegales y procedimientos ante infracciones vinculadas a la caza furtiva y el uso indebido de recursos naturales.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en la Reserva de Biosfera Yabotí, donde durante tres días el Grupo de Operaciones en Selva (GOS) patrulló sectores sensibles en el límite con Brasil. Allí se logró el secuestro de cinco motovehículos y tres armas de fuego, además de la destrucción de siete cebas para caza ilegal, una trampa con puesto de espera para aves y sistemas clandestinos de captación de agua que derivaban el recurso hacia el país vecino. Este operativo implicó la participación de 15 guardaparques y tres vehículos oficiales, en un despliegue estratégico en plena selva.

A su vez, en la Reserva de Usos Múltiples Cabure-í, guardaparques de la zona norte junto a la Dirección de Defensa de Medio Ambiente y Delitos Rurales realizaron patrullajes fluviales en kayak sobre el río Iguazú, en el sector del Parque Provincial Complejo de Islas Grandes. Durante la recorrida se identificaron indicios de actividades no autorizadas, como fogones recientes, restos de campamentos y una embarcación precaria en una propiedad lindante.

Finalmente durante patrullajes realizados este fin de semana, guardaparques del GOS sorprendieron a dos personas cazando ilegalmente en la zona de amortiguación del Parque Provincial Urugua-í, quienes fueron demoradas y puestas a disposición de la Justicia. El operativo implicó más de 200 km en vehículo, 10 km a pie y 30 horas de patrullaje.

Estos resultados son el reflejo de un trabajo constante, donde los guardaparques no solo protegen la biodiversidad, sino que también cumplen un rol clave en el control del territorio. Su labor diaria, en distintos frentes y de manera articulada, es fundamental para garantizar la conservación de las áreas naturales protegidas de Misiones.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin