Un nuevo análisis realizado por la Fundación Vida Silvestre Argentina muestra que entre 1985 y 2023 el Bosque Atlántico, uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta compartido entre Argentina, Brasil y Paraguay, perdió 6,6 millones de hectáreas, equivalente al 13,9% de su superficie original. La superficie perdida es comparable a poco más de 320 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La porción argentina del Bosque Atlántico se encuentra en la provincia de Misiones, también conocida como selva misionera. Allí se registró una reducción del 14,9%, con 318 mil hectáreas menos que hace cuatro décadas. Aun así, Misiones conserva hoy el 52% del Bosque Atlántico que se mantiene en el país, y continúa siendo un sitio clave para la conservación de esta ecorregión trasfronteriza.
El estudio, basado en datos de MapBiomas, una red internacional multiinstitucional integrada por universidades, ONG y empresas tecnológicas que utiliza imágenes satelitales para monitorear los cambios en el uso del suelo, confirma la magnitud de la transformación sufrida por el Bosque Atlántico. Sin embargo, también pone en valor los esfuerzos sostenidos que se realizan en la región para revertir la pérdida de bosque nativo.
“Si bien alguna vez cubrió casi una décima parte de Sudamérica, hoy el Bosque Atlántico es un frágil tesoro reducido a fragmentos dispersos. Aun así, sigue siendo uno de los bosques más diversos y fascinantes del planeta, y requiere un enorme esfuerzo colectivo para asegurar su existencia para las generaciones futuras”, señaló Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina. “El Bosque Atlántico siempre fue una prioridad para Vida Silvestre y por ello, además de una oficina y equipo técnico permanente, desarrollamos proyectos de restauración del paisaje forestal de manera sostenida”.
Con más de 7% de las especies de plantas del planeta y 5% de los vertebrados conocidos, el Bosque Atlántico es una fuente invaluable de vida y conocimiento científico. En una sola hectárea pueden encontrarse hasta 443 especies de árboles, una cifra que ilustra su extraordinaria complejidad biológica.
“Argentina, y en particular Misiones, están haciendo un esfuerzo significativo para conservar lo que queda del Bosque Atlántico. Pero es momento de redoblar el compromiso y sumar a todos los sectores: productivos, públicos y comunitarios para mantener vivo este legado natural del que dependemos y somos parte”, agregó Jaramillo.
Estos nuevos datos reafirman la urgencia de fortalecer las políticas de conservación, restauración y manejo sostenible del bosque, así como de promover una mayor conciencia sobre el valor ambiental, cultural y social de esta ecorregión única en el mundo.
Escribe Alonso Martínez Sequeira / Inter Press Service – Las presidencias de las COP29 y COP30 (Azerbaiyán y Brasil) lanzaron conjuntamente el miércoles 5 la Hoja de Ruta de Bakú a Belém, que debería señalar caminos para ampliar el financiamiento climático, en la antesala de la Cumbre de Líderes sobre el clima, que acoge la ciudad amazónica de Belém desde este jueves 6.
Entre recomendaciones, un marco de acción y un impuesto a los “superricos”, la propuesta carece de obligaciones legales y no entrega la tan solicitada definición de financiamiento climático, que sería importante para garantizar transferencias directas y no generadoras de deudas.
La Cumbre de Líderes, de dos días y en la que deben participar unos 57 jefes de Estado y de gobierno, de las 196 Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cmnucc), antecede a la COP30 (30 Conferencia de las Partes), que acogerá la ciudad amazónica de Belém, entre el 10 y el 21 de noviembre.
La crisis del clima la expresa Costa Rica, por ejemplo, donde el aumento del nivel del mar, una de las principales consecuencias del cambio climático, afecta a ciudades costeras del Pacífico y Caribe. Para 2100 se estima que este fenómeno alcance a, por lo menos, 27 000 personas en el país.
En la actualidad, cerca de 1000 millones de personas a nivel mundial ven cómo el mar le va ganando terreno a la costa y provoca una serie de problemas para las comunidades. La reubicación u otros tipos de soluciones significan grandes montos de dinero para los países con menor capacidad de adaptación debido a la falta de recursos.
Con el objetivo de que los países más vulnerables y menos contribuyentes al cambio climático puedan contrarrestar sus problemáticas, y también avanzar en la transición energética, la Cmnucc busca impulsar metas de financiamiento desde hace diez años a través del Acuerdo de París, bajo el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”.
Este concepto se refiere a que todos los países deben actuar, pero los países desarrollados del Norte global, responsables históricos de la mayor parte de las emisiones y que poseen, además, más recursos, deben liderar la acción climática y apoyar financieramente a los países del Sur en desarrollo.
El documento fija como meta que los países desarrollados “lideren” la entrega de 300 000 millones de dólares anuales hasta 2035 para las naciones en desarrollo. Además, se llama a todos los actores a escalar el financiamiento climático hacia los países en desarrollo hasta al menos 1,3 billones (millones de millones) de dólares.
Sin embargo, la cifra de 300 000 millones quedó muy por debajo de las expectativas iniciales. La sociedad civil organizada, los países en desarrollo y diversos actores habían solicitado que el NCQG estableciera precisamente los 1,3 billones de dólares anuales como meta vinculante.
La brecha entre esa demanda y el monto finalmente acordado provocó varios días de estancamiento en las negociaciones. Como salida a esa discusión, se adoptó la llamada “Hoja de ruta de Bakú a Belém”. Una acción con el objetivo de señalar caminos para ampliar el financiamiento hasta alcanzar los mencionados 1,3 billones de dólares.
En la última Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) realizada en 2024 en Bakú, Azerbaiyán, se acordó un nuevo objetivo de financiamiento climático. Imagen: Cmnucc
La hoja de ruta Bakú-Belém aún con dudas
Este miércoles 5 se publicó la Hoja de Ruta presentada por Azerbaiyán y Brasil como presidencias de la COP29 y COP30, respectivamente. El informe de 75 páginas ofrece recomendaciones amplias y un marco de acción en cinco ejes: reabastecimiento, reequilibrio fiscal, redirección, reestructuración y reconfiguración.
El roadmap centra gran parte de su atención en bancos multilaterales y el FMI. Dejando en segundo plano la responsabilidad directa de los países desarrollados, establecida en el artículo 9 del Acuerdo de París. Además, sugiere vías de acción externas a la Convención, como canjes de deuda y mercados de carbono.
El plan incluye solo dos compromisos formales: promover diálogos con países y actores financieros para continuar el proceso. Y crear un grupo de expertos para refinar los datos sobre los flujos de dinero.
Una de las recomendaciones llamativas del documento es el llamado impuesto a los “superricos”. Que cifran en un rango de recaudación desde los 200 000 millones de dólares hasta los 1,364 billones. Dependiendo de la tasa aplicada a los umbrales de ingresos y la participación geográfica.
Otro texto anexo al Roadmap, que resume las recomendaciones realizadas por expertos, aborda una “tributación mínima a multimillonarios” que podría recaudar hasta USD 550 mil millones anuales y que podría asignarse al fondo de pérdidas y daños producto del cambio climático a países pobres.
La Hoja de Ruta presentada utiliza un lenguaje “voluntario”, en el sentido de que no es un mandato explícito para los países. Si bien se lanzará oficialmente durante la COP30 con un evento especial, no es un espacio formal de las negociaciones.
Críticas
La coordinadora del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), Sandra Guzmán, advirtió que faltó transparencia al proceso liderado por Brasil para presentar la ruta, que además carece de respaldo político para avanzar durante la COP.
“A pocos días de la cumbre, no existía un documento público ni un borrador formal que permita a los países discutir su contenido”, explicó Guzman.
Según la especialista, la decisión de la COP no obliga a los países a aprobar o adoptar formalmente la ruta. Pero sí abre la posibilidad de que la comunidad internacional “la reciba” y establezca un mecanismo de seguimiento.
La experta explicó que, con la presentación, los países podrían decidir si aceptan el documento y abren un proceso formal para su implementación o si simplemente lo reciben sin adoptarlo.
“Si los países no logran un consenso, la ruta podría quedar varada, en letra muerta. Su avance depende completamente del acuerdo político entre las partes”, alertó Guzmán.
También la discusión podría ser incluida en el documento final integrador, pero no parece que sea un objetivo de la presidencia de la COP30.
“No hay un plan concreto. Tenemos muchos asuntos que debemos negociar y aprobar en la COP. Estamos muy satisfechos de haber cumplido con lo solicitado en la decisión (de la NCQG). Y no hay ninguna prioridad en que la COP lo apruebe, reconozca o lo que sea”, dijo André Corrêa do Lago, presidente de la COP30 durante el lanzamiento del informe.
Por su parte, el activista y abogado costarricense Adrián Martínez, director de La Ruta del Clima, cuestiona la hoja de ruta. Según explica, el documento presenta graves deficiencias estructurales, carece de obligaciones legales y excluye las verdaderas necesidades de los países más vulnerables.
Uno de los principales errores es que sus metas, ya sean los 1,3 billones o los 300 000 millones de dólares, no son jurídicamente vinculantes.
Otro de los problemas es que aún no existe una definición de qué es financiamiento climático y este nuevo objetivo tampoco lo establece.
“No hay una definición clara de qué es financiamiento climático, y al incluir fuentes privadas sin regulación ni objetivos claros, se corre el riesgo de que los recursos no lleguen donde más se necesitan: las comunidades afectadas por el cambio climático”, comenta.
Martínez recuerda que el nuevo esquema deja por fuera el tercer pilar de la acción climática: pérdidas y daños, un tema urgente para los países más expuestos a desastres climáticos. Solo para ese rubro se necesitarían 300 mil millones de dólares, pero el Roadmap no lo contempla, afirma.
El experto considera que la hoja de ruta responde más a intereses geopolíticos que a un esfuerzo genuino de cooperación internacional. “Este es un ejercicio de poder. No se basa en las obligaciones legales ni en las necesidades reales de adaptación o mitigación. Los países desarrollados imponen las cifras y las condiciones”, dijo.
También alerta sobre el riesgo de que el tema se desplace de la CMNUCC hacia instituciones financieras. Como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde los países en desarrollo “no tienen voz ni voto”.
“Eso sería desastroso: las comunidades que viven los impactos directos del cambio climático quedarían sin representación política. Sin poder decidir sobre los recursos que les corresponden por justicia”, advierte.
La posición de Ailac
En las COP, los países se agrupan en bloques con los que negocian en ciertos temas. Por ejemplo, la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (Ailac), que conforman Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú.
Entre sus aspiraciones a corto plazo, a 2028, el grupo plantea como prioridad inmediata diferenciar las responsabilidades entre los países desarrollados. Y otros actores como bancos multilaterales, el sector privado y fundaciones, cuyas contribuciones serían voluntarias pero rastreables.
El bloque también propuso establecer hitos claros y cuantificables que definan cómo se alcanzará la meta anual de 1,3 billones de dólares. Incluyendo cronogramas, distribución por instrumentos financieros (donaciones, préstamos concesionales, garantías). Y el compromiso de triplicar las salidas anuales de fondos como el Fondo Verde para el Clima y el Fondo de Adaptación para 2030.
Además, Ailac urge a los países a adoptar una definición oficial de “financiamiento climático”, lo que no ocurrió. Esta definición debería excluir los préstamos a tasas de mercado, los flujos norte-norte y la cooperación tradicional. Asegurando que los fondos sean nuevos, adicionales y asequibles.
Para 2030 el grupo enfatiza la necesidad de reformar los bancos multilaterales de desarrollo para ampliar su capacidad crediticia sin generar más deuda. Propone ajustar sus criterios de riesgo, utilizar más capital exigible y establecer metas explícitas de concesionalidad, priorizando préstamos blandos, donaciones y herramientas sin deuda.
También pide garantizar mayor participación de los países en desarrollo en las decisiones de gobernanza de estas instituciones.
Además, AILAC solicita facilitar el acceso directo a los fondos climáticos para comunidades locales, pueblos indígenas, mujeres y afrodescendientes, mediante la simplificación de requisitos y la creación de ventanillas específicas.
En el largo plazo, el bloque identifica como desafío central movilizar capital privado mediante modelos de riesgo compartido y financiamiento combinado. Propone incentivos como bonos verdes, seguros climáticos y asociaciones público-privadas equilibradas, que no generen cargas fiscales excesivas.
El grupo negociador subraya, además, la importancia de crear plataformas nacionales de financiamiento climático, lideradas por los propios países. Que vinculen los planes climáticos nacionales con fuentes de inversión. Que permitirían aprobar programas integrales, acelerar desembolsos y garantizar que el financiamiento responda a las prioridades nacionales.
Este reportaje se elaboró con el apoyo de Climate Tracker América Latina, con el respaldo especial de la Oxfam.
El Ministerio de Ecología de Misiones realizó un operativo de fiscalización en la reserva privada Santa María del Aguaray Miní en Colonia Delicia con el objetivo de fortalecer la protección de las Áreas Naturales Protegidas y avanzar en la georreferenciación de caminos y accesos estratégicos.
Control y fiscalización en territorio: una política de Estado ambiental
El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones encabezó un operativo de fiscalización ambiental en la Reserva Privada Santa María del Aguaray Miní, una de las áreas de conservación más relevantes del norte provincial. La actividad forma parte del plan permanente de control, monitoreo y protección de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), en el marco de las competencias establecidas por la Ley XVI – N° 29 de Áreas Naturales Protegidas y sus decretos reglamentarios.
El recorrido fue liderado por el ministro de Ecología, Arq. Martín Recamán, junto al director de Control Forestal, Ing. Mateo Sosa, el comisario inspector Maximiliano Jaques, responsable de la Dirección de Medio Ambiente y Delitos Rurales de la Policía de Misiones, y el titular de la reserva, Ricardo Ranger.
Durante la jornada, los equipos técnicos realizaron la georreferenciación de caminos, accesos y puntos estratégicos dentro y en los alrededores del predio, con el objetivo de obtener información precisa para fortalecer la fiscalización ambiental y prevenir intervenciones no autorizadas.
“Estas acciones son esenciales para garantizar la integridad ecológica de las reservas y para que la provincia mantenga una política activa de conservación, articulada con los propietarios privados y las fuerzas de seguridad”, destacaron desde el Ministerio.
Coordinación institucional y trazabilidad ambiental
El operativo no solo se limitó al relevamiento en campo, sino que también implicó una instancia de articulación con autoridades municipales y provinciales. El Ministerio de Ecología notificó a la Municipalidad de Colonia Delicia sobre las tareas realizadas y recopiló información sobre caminos rurales y trazados viales en zonas de amortiguamiento.
Esta información será comparada con los registros catastrales y los planos de la Dirección Provincial de Vialidad, con el objetivo de verificar la legalidad de los accesos y caminos existentes, así como definir eventuales intervenciones de protección o restauración ambiental.
El cruce de datos georreferenciados permitirá mejorar la gestión territorial y reducir los riesgos de actividades irregulares como el avance de la frontera agrícola, el desmonte no autorizado o el ingreso indebido de maquinaria pesada en zonas de conservación.
De acuerdo con lo informado por la cartera ambiental, los resultados del relevamiento serán incorporados al Sistema Provincial de Monitoreo Ambiental (SIPMA), herramienta que centraliza la información satelital, cartográfica y geoespacial de las reservas naturales de Misiones.
Protección del patrimonio natural y fortalecimiento institucional
La Reserva Santa María del Aguaray Miní forma parte del Sistema de Reservas Privadas de la provincia. Un modelo de cogestión que combina la conservación del bosque nativo con el desarrollo sustentable. En ella se conservan especies de flora y fauna características del Corredor Verde Misionero, uno de los territorios de mayor biodiversidad del país.
El Ministerio de Ecología mantiene un esquema de fiscalización continua sobre estas áreas, que incluye operativos de control forestal, patrullas mixtas con la Policía de Misiones y cooperación con los municipios y propietarios.
La política ambiental provincial busca reforzar la capacidad de control y prevención de delitos ambientales, fortalecer la trazabilidad de los recursos forestales y consolidar un modelo de desarrollo que equilibre la producción con la conservación.
“El compromiso de Misiones con su patrimonio natural se expresa en acciones concretas: controles, monitoreo y una fuerte articulación interinstitucional. La protección de los bosques y la biodiversidad no es solo una política ambiental, sino también una política de Estado”, subrayaron fuentes del Ministerio.
Impacto regional y proyección
El fortalecimiento del sistema de control ambiental en las reservas privadas —que representan un componente clave del modelo misionero de conservación— también tiene impacto en el ordenamiento territorial y en la planificación de políticas climáticas.
Misiones cuenta con más de 1,2 millones de hectáreas de bosques nativos protegidos, entre parques provinciales, reservas naturales y áreas privadas de conservación. Los controles, como el realizado en Santa María del Aguaray Miní, apuntan a preservar ese capital natural que aporta servicios ecosistémicos estratégicos. Como la regulación hídrica, la captura de carbono y la conservación de la biodiversidad.
Con la implementación de relevamientos digitales y herramientas geoespaciales, la provincia avanza en la construcción de una base de datos ambiental moderna y auditable. Que permitirá responder con mayor eficiencia a las exigencias nacionales e internacionales en materia de gestión forestal sostenible y cambio climático.
Los Parques Nacionales protegen una gran variedad de ecosistemas, selvas, bosques, montañas, glaciares, desiertos, lagos, esteros y turbales. Estos hábitats albergan una abundante diversidad de flora y fauna. Estas áreas contribuyen a la lucha contra el cambio climático.
Cuenta la historia que un 6 de noviembre de 1903 el Perito Francisco Pascasio Moreno cedió a la Argentina tres leguas cuadradas de su propiedad, equivalente a unas 7500 hectáreas. Ubicadas en las cercanías de la Laguna Frías y Puerto Blest, al oeste del lago Nahuel Huapi con el fin de que fueran “consagradas como parque público natural”.
La donación fue aceptada el 11 de febrero del año siguiente estableciendo el núcleo primitivo de las áreas protegidas nacionales a través de lo que fuera conocido como el «Parque Nacional del Sur», el primer parque nacional de América Latina y el 9 de octubre de 1934, treinta y un años más tarde, se crearía en las tierras donadas por Moreno el que hoy conocemos como Parque Nacional Nahuel Huapi.
Áreas protegidas y las necesidades de la sociedad
En 1872, cuando la revolución industrial comenzaba a difundirse por el mundo, se estableció el primer Parque Nacional moderno: Yellowstone en los EE.UU.
En el transcurso de todos estos años, la expansión de las áreas agrícolas, industriales y urbanas ha superado la expansión de las áreas protegidas. Pero las áreas protegidas (Parques y Reservas Naturales), son parte esencial del desarrollo integral de un país, pues le brindan a las sociedades un gran número de beneficios económicos, culturales, educativos, espirituales y turísticos.
A pesar de estos múltiples beneficios, son pocas las áreas protegidas que reciben el apoyo necesario para que puedan ofrecer una gama óptima de beneficios en forma eficiente. Más bien, las áreas protegidas de diferentes categorías han sido víctima de la falta de presupuesto y de personal apropiado, de infraestructura, muchas veces, en mal estado y de relaciones deficientes con aquellos que viven en las tierras vecinas.
A pesar de que las áreas protegidas satisfacen muchas necesidades de la sociedad, no se reconoce esta importancia brindando el apoyo necesario para mantenerlas y para que sigan existiendo.
Apoyo político
Las decisiones acerca de cómo y dónde creas áreas protegidas, o de qué porcentaje del presupuesto nacional debe dedicárseles, pertenecen al dominio de los políticos. Algunos de estos políticos se han ido uniendo a las filas de los que tienen conciencia ambiental, pero su vida política depende del apoyo público, lo que afecta sus decisiones, particularmente cuando se trata de adoptar una posición poco popular sobre un asunto crucial relacionado con las áreas protegidas.
Se necesita un público bien informado y elocuente para abogar por la conservación y engendrar así el apoyo necesario para crear y mantener las áreas protegidas.
El apoyo público a las áreas protegidas puede darse por presión directa o indirecta sobre los políticos locales o nacionales.
La opinión pública es a menudo una forma de presión indirecta que influencia las decisiones políticas. Por ejemplo las organizaciones no- gubernamentales (ONGs) pueden desempeñar un papel primordial, puesto que la mayoría de ellas tienden a ser independientes de los intereses políticos y económicos del gobierno y usualmente representan a un sector interesado en la conservación y protección de la biodiversidad.
Para tratar de resolver la oposición política al establecimiento o mantenimiento de áreas protegidas, es importante proporcionar información precisa y oportuna a decisores, así como estimular a las ONGs y a las comunidades locales a que den a conocer su opinión sobre el asunto.
Conclusión
A pesar de los enormes avances en materia de protección de áreas naturales, estos territorios y sus habitantes están todavía amenazados. La mitad de la vida silvestre del mundo desapareció en los últimos 40 años, mayormente debido a la pérdida de hábitats, el tráfico ilícito y la sobreexplotación, es decir, por culpa de nosotros, los humanos.
Escribe Martín de Ambrosio / Inter Press Service – París era una fiesta. Al menos, el júbilo estalló en la sala de periodistas cuando el ex ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent Fabius, bajó el martillo y dio por cerrada la 21 Conferencia de las Partes (COP30) de las Naciones Unidas, en ese diciembre de 2015, y abrochado así el Acuerdo de París como tratado que orienta la acción mundial contra el cambio climático.
La alegría parecía algo exagerada porque apenas era un papel, que mostraba voluntades, desde ya, pero no era el final de nada.
Una década después, y con el cambio climático acechando de manera cotidiana en todo tipo de eventos extremos, llega la hora inevitable de los balances y de pensar cómo serán, por ejemplo, los próximos 10 años, lo que tendrá una oportunidad durante la COP30, que acogerá la ciudad brasileña de Belém do Pará, desde el lunes 10 y hasta el 21, que estará precedida por una Cumbre de Líderes desde este jueves 6.
Lo que fue París y lo que es
Para América Latina, en particular, existe un consenso entre los expertos en que “París” no fue todo lo que pudo haber sido; apenas si es una pieza en el tortuoso sendero de poner a 196 países en sintonía a la hora de tomar medidas para proteger sociedades y naturalezas (porque no hay lo primero sin lo segundo).
Su fragilidad y su fortaleza provienen de ese mismo origen, de la voluntad de los países de detener las peores consecuencias de los cambios que tiene la atmósfera como consecuencia de las emisiones de gases contaminantes que comenzaron con la era industrial (en el lejano siglo XVIII) y el uso intensivo de energía de base fósil (carbón, petróleo y gas).
Pero la voluntad, como la donna de la ópera de Guisseppe Verdi, è mobile. Y el contexto internacional no parece muy apto para las conversaciones multilaterales, sino más bien para las acciones de hecho, en guerras comerciales o tradicionales. No es precisamente el camino que propone “París”.
De todos modos, los protagonistas tienen claro que el fantasma que se debe evitar es el fantasma del Protocolo de Kioto, aquel tratado climático pionero de 1997, cuya arquitectura era quizá más justa para los países no desarrollados, a los cuales no se les obligaba reducir sus emisiones, pero que tenía vicios políticos que lo terminaron deshilachando.
“En general, el Acuerdo de París sigue siendo una frontera y un horizonte. Una frontera para no ir para atrás y un horizonte, un instrumento global para defender el ambiente. El gran problema del Acuerdo son las señales políticas. El límite es la motivación política, que se ve agravado por los gobiernos negacionistas, que ponen interrogantes fuertes”, sintetiza Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina.
De todas maneras, Nápoli cree que para la región latinoamericana “es un buen instrumento” porque la existencia de los compromisos nacionales de reducción de emisiones permite, por ejemplo, reclamar políticas.
“El Acuerdo es una herramienta desde la cual nuestros países pueden exigir compromisos y justicia, pero –en la práctica– el apoyo ha sido limitado. Las promesas no se han traducido en suficiente acción ni recursos. Pero es algo; pienso que sin este marco común estaríamos aún peor”, coincide Florencia Ortúzar Greene, directora del programa Clima de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida).
El tratado en la región
En esta ardua década de negociaciones, que respetaron frecuencia anual salvo durante el año de la pandemia, se avanzó en la forzosa implementación del Acuerdo de París, en cómo conseguir los objetivos de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y hacer esfuerzos para que no supere los 1,5 °C.
En ese transcurrir, la adaptación a las consecuencias del cambio climático ganó espacio: no sólo había que dejar de emitir gases contaminantes sino también adaptarse a las consecuencias que esa inédita atmósfera generaría en los eventos meteorológicos.
También fueron muy discutidos los números de la financiación, es decir, cuánto dinero deben aportar los países industrializados -que lograron serlo a costa del cambio climático- a los países todavía en vías de desarrollo (los latinoamericanos, desde ya). Y eso ha sido un problema en los últimos diez años (y antes también).
“Si no fluye el financiamiento, se avanza mucho más lento de lo esperable”, se lamenta Walter Oyhantçábal, ingeniero agrónomo integrante del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), grupo que asesora científicamente a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Oyhantçábal agrega que la reglamentación del Acuerdo de París demoró mucho en operacionalizarse. Y todavía están en discusión los números y los plazos de esa transferencia de dinero.
Aun así, el ingeniero agrónomo, que trabajó en el ministerio de ganadería de Uruguay, destaca que “la adaptación se puso en un mismo plano y eso para América Latina es muy positivo. Porque nuestras emisiones son de agricultura, difíciles de reducir».
«Se puede dejar de usar petróleo, porque hay energía renovable, hay tecnología. No hay dudas. Pero para la agricultura no hay reemplazo. Salvo que se puedan implementar cambios en las dietas. Pero hay consideraciones acerca de si es posible y qué pasa con los rumiantes en nuestros pastizales en cuanto a la pérdida de diversidad”, agrega.
Dado que América Latina, salvo núcleos concentrados sobre todo en Brasil, México y, cada vez menos, en Argentina, es ante todo una región agropecuaria, un foco son precisamente las emisiones del sector. “Estamos emitiendo un poco más, por más stock y más producción”, admite Oyhantçábal.
A la vez, Oyhantçábal destacó el caso de Uruguay, que logró producir más con la misma cantidad de metano emitido.
“Se hace por las vías de buenas prácticas. De mejores dietas, controles en la fertilidad del rodeo, con menos animales que no queden preñados y emiten igual. Además se mejoran los ingresos económicos del campo”, agregó, en un ejemplo que podrían extenderse a otra zona agraria de la región.
Un último punto de análisis es la transición energética. La necesidad de un abandono del tipo de explotación energética que llevó a la humanidad a este escenario. Aquí parece cundir la idea de que los recursos que aún existen bajo suelo latino deben explotarse. Sobre todo ante la ausencia de estímulos económicos externos, es decir, de esa transferencia de dinero del Primer Mundo cuya ausencia es brillante.
Así lo dice Nápoli: “Es cierto que la región está lejos en transición energética. Que hay una apuesta a los combustibles fósiles, a nuevas cuencas offshore en el Caribe, en el mar argentino… Faltan decisiones políticas para la región, y establecer políticas de direccionamiento conjunto. La región tiene problemas comunes, en cuanto a biodiversidad, desertificación, con las olas de calor intensas, pero todavía carece de respuestas conjuntas”.
París, Belém y el fantasmal Kioto
En este contexto, a nivel global, no es que “París” está teniendo un suceso que no se acompaña en la región latinoamericana, más bien lo contrario.
Taryn Fransen, directora de Ciencia, Investigación y Datos del Programa de Clima Global del World Resources Institute, resumió la situación. “Cuando fue adoptado el Acuerdo de París, en 2015. El mundo iba hacia un desastre de un calentamiento de 4°C (promedio respecto de la era preindustrial)”.
“Gracias a las energías limpias y a las políticas climáticas que algunas de las grandes economías hicieron al amparo del Acuerdo de París. La curva comenzó a doblarse”, manifestó. Pese a reconocer que uno de los objetivos del acuerdo, mantenerse a menos de 1,5°C se desdibuja.
En ese sentido, Fransen reconoce que “las tensiones geopolíticas y la falta de confianza representan desafíos serios. Ahí es donde el proceso de la COP se vuelve crucial. Es el único foro global donde todos los países, especialmente los más vulnerables, tienen un lugar en la mesa.
La COP no se trata solo de negociar objetivos. Es un espacio vital para alzar la voz de los menos responsables del cambio climático y los más afectados por él”.
Ese proceso mencionado tendrá en noviembre de 2025 una continuidad cuando se realice la COP30, en Belém, en plena Amazonía brasileña.
Allí se discutirá cómo sigue la agenda, cómo se incentivan más las energías renovables y cómo se logra en un mundo con tambores de guerra, que se dedique cada vez más dinero para que países y pueblos puedan también adaptarse a las nuevas condiciones del cambio climático. Todo esto para que “París” no se convierta en otro “Kioto”.
