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Massa viaja a Washington para reunirse con funcionarios de Estados Unidos, FMI y Banco Mundial

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El ministro de Economía, Sergio Massa, viajará hoy a a la ciudad de Washington para participar de las reuniones de la primavera boreal del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, donde volverá a encontrarse con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y mantendrá reuniones con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y sus pares del G20.

Massa viajará acompañado por el jefe de asesores del Ministerio, Leonardo Madcur, y el asesor en Relaciones Internacionales, Gustavo Martínez Pandiani.

En Washington, Massa mantendrá una reunión con la primera subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, tras la aprobación de la cuarta revisión del programa de la Argentina con el organismo, que permitió el desembolso de US$ 5.400 millones, y de cara al inicio de la nueva revisión que tendrá como eje los números de primer trimestre de 2023.

Con Georgieva se verá cara a cara en el marco de una reunión de ministros de la región y del resto del hemisferio (Canadá y Estados Unidos) con la cúpula del organismo.

La agenda de Massa con el FMI continuará con un encuentro -en el que también estarán otros ministros de la región- con el nuevo director del Departamento Hemisferio Occidental, el chileno Rodrigo Valdez, quien asumirá formalmente el cargo a partir de mayo próximo.

Asimismo, se reunirá con la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman; el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Ricardo Zúñiga; el director adjunto del Consejo Nacional de Seguridad, Michel Pyle, y con el asesor especial para la región del presidente Josep Biden, Juan González.

También mantendrá un encuentro de gobernadores del FMI, en el marco de una sesión de Evaluación Alerta Temprana que, junto con el Consejo de Estabilidad Financiera del organismo, monitorea semestralmente los riesgos existentes para la economía mundial

Asimismo, tiene previsto reunirse en una bilateral con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

Por último, entre otras bilaterales, tiene previsto un encuentro con la vicepresidenta del Banco Mundial, Anna Berdje, y con el ministro de Economía de Colombia, José Ocampo.

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Enacom realizó el primer panel de ciberseguridad para debatir sobre el rol del Estado y su impacto

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El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) realizó el primer “Conversatorio multisectorial sobre seguridad y antifraude en la era digital”, donde se abordó el rol del Estado en materia de regulación tecnológica, y su uso seguro a través de políticas públicas que protejan tanto a los actores del sector como a sus usuarios.

“Es fundamental crear espacios interdisciplinarios para pensar, analizar y dialogar sobre estos temas, ya que principalmente afectan a la población más vulnerable”, sostuvo el presidente del Enacom, Claudio Ambrosini, durante la apertura del panel en el Centro Cultural Néstor Kirchner.

Además, afirmó que estas instancias resultan “fundamentales” para comprender los delitos vinculados con la tecnología y diseñar políticas públicas que “tiendan a prevenirlos para mejorar la vida de las personas”.

Acompañaron al director la secretaria de Innovación Pública de la Nación a cargo de Micaela Sánchez Malcolm; Santiago Rodríguez, director Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper); y Diego Leiva, Coordinador General de Asuntos Técnicos de Enacom.

Por su parte, Sánchez Malcolm precisó que desde el ámbito público “Estamos en constante vinculación, trabajo y articulación con empresas del mundo privado, con organizaciones, y obviamente con la ciudadanía en general para abordar estos temas.”

Luego, Leiva explicó que, en línea con la temática de este conversatorio desde el Ente, han modificado el reglamento de usuarios, incorporando la validación de identidad de los usuarios de telefonía móvil a través de datos biométricos.

De esta manera, los temas tratados en el encuentro fueron: Introducción a la temática y desafíos: Visión del Estado; La óptica de la justicia; Fuerzas de seguridad; y SIM Swapping, estafas digitales e ingeniería social.

Asimismo, este primer conversatorio conto con la presencia de representantes de distintos organismos públicos como el director de Planificación y Convergencia, Guillermo Montenegro y su equipo, así como también de WhatsApp en América Latina, Mercado Libre, Personal Telecom, Grupo Telefónica, Claro, Prisma, Red Link y Fortinet.

Finalmente, desde Enacom insisten en la importancia de crear un espacio interdisciplinario con representación de los distintos poderes del Estado, “contando con la participación del sector privado para analizar y debatir sobre cómo abordar estas problemáticas”.

Del encuentro participaron también Verónica Pagola, directora de Control y Fiscalización de Enacom; Diego Basanelli, especialista en ciberseguridad y antifraude de organismo, y otros trabajadores de la dirección de Control y Fiscalización.

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El Gobierno decidió suspender la ley de alquileres

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El Gobierno decidió suspender la aplicación de la Ley 27.551 de alquileres, dijeron hoy a Télam fuentes del Palacio de Hacienda.

La norma fue votada por la Cámara baja en noviembre de 2019, convertida en ley por el Senado en junio de 2020 y entró en vigencia en julio de 2020.

La cuestión habría sido uno de los temas de análisis durante el almuerzo que compartieron en la víspera el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa.

Frente a esta posibilidad, Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi), dijo que para tomar una medida de este tipo también se debería detallar “el procedimiento a seguir en los contratos vigentes con la nueva ley y los que se firmen de aquí en adelante con la ley ya suspendida”.

“Desde el Ministerio de Economía analizan este plan: contratos vigentes se sigue aplicando la ley actual recientemente suspendida, ya que las cláusulas del contrato de locación fueron negociadas y consensuadas con dicha ley”, sostuvo García Malbrán.

El titular de Camesi consideró necesario que “los contratos que se firmen de aquí en adelante, mientras no se dicte una nueva norma, se rijan por la antigua ley de alquileres; en este supuesto se podrá fijar un mínimo plazo contractual de dos años y la actualización podrá ser negociada libremente por las partes”.

Otro de los actores del sector, el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), entidad que agrupa a los corredores de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que la ley de alquileres “debe cambiar, pero no de cualquier manera”.

“Celebramos que la necesidad de poner un punto final a la aplicación de la norma (que tanto daño hizo a la sociedad y nuestro sector) se encuentre entre las prioridades del Gobierno, pero sostenemos que el cambio debe darse siguiendo todas las formalidades”, señaló el CPI.

La entidad consideró que suspender por DNU la aplicación de una Ley del Congreso “necesariamente tendría visos de inconstitucionalidad”, ya que implicaría que el Poder Ejecutivo se arrogaría la capacidad de legislar salteándose al Legislativo.

“Esto generaría una sensación de inseguridad jurídica e incertidumbre aún mayor a la que ya sufrimos, lo cual afecta a toda la actividad económica, pero especialmente a las inversiones inmobiliarias y de la construcción”, explicaron desde la entidad inmobiliario,

Por eso, solicitó que se traduzca “no en un acto intempestivo por parte del Poder Ejecutivo, sino en la búsqueda de consensos” en el Congreso, que permita que el Proyecto de Modificación tenga un rápido tratamiento en ambas cámaras.

“La intervención estatal en el mercado de alquileres ha sido y es un error que la sociedad viene sufriendo desde hace casi tres años; pero no se puede solucionar una equivocación con otra; el Estado cuenta con las herramientas correctas para saldar la injusticia que ha generado, y debe recurrir a ella en lugar de embarcarse en aventuras de dudosa legalidad”, completó.

Desde el otro lado del mostrador, la Federación de Inquilinos Nacional planteó que “la ley de alquileres – sancionada por el Congreso-, sigue vigente, modificarla por decreto sería inconstitucional”.

Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, denunció, por último, que “los alquileres se están dolarizando, no hay contratos registrados”.

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Cuáles son las medidas que acordaron el FMI y la Argentina en la cuarta revisión del programa

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Tras al aprobación de la cuarta revisión del programa, la Argentina y el FMI acordaron avanzar con algunas modificaciones respecto al entendimiento original, entre las que se destacan la meta de acumulación de reservas, con una reducción de 3.600 millones de dólares al final del primer trimestre y de 2.000 millones de dólares en el total anual, a raíz de la sequía sin precedentes que afectó al país.

También se acordaron determinadas pautas para poder alcanzar los objetivos propuestos, entre los que se encuentran la decisión de avanzar con el recorte de los subsidios energéticos para los hogares de altos ingresos a partir de mayo 2023 y el cierre del procesos de inscripción para poder acceder a los mismos, precisaron fuentes del Palacio de Hacienda.

Aunque la letra chica del acuerdo con dichas modificaciones se conocería recién hoy con la publicación del staff report de la cuarta revisión, en lo que respecta al canje de deuda en pesos, desde el organismo se valoró el resultado de las distintas operaciones de conversión, en especial la última que permitió extender a 2024 y 2025 los vencimientos previstos originalmente para abril-junio de 2023.

Asimismo, se pactó la posibilidad de aplicar tipos de cambios diferenciados, como medida de emergencia y de corto plazo.

Esto es “continuar promoviendo las exportaciones y fortaleciendo la balanza comercial mediante la aplicación de un tipo de cambio diferencial por un período limitado para un conjunto de exportaciones primarias, incluida la soja y otros productos agrícolas (de regiones seleccionadas) que tienen un impacto muy limitado en el mercado interno”, señalaron las fuentes consultadas.

Se indicó que este tipo de cambio también se aplicará a una parte de las importaciones, incluidos los servicios de turismo y transporte.

Además, se acordó que se comenzará a simplificar el régimen cambiario actual, mediante la racionalización de los diversos impuestos que actualmente se cobran sobre las importaciones de bienes y servicios.

Asimismo, se dio el visto bueno a mantener inversiones clave en infraestructura, como la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, y la ayuda destinada vía planes sociales.

En este contexto, se espera que sigan subiendo las tasas de interés del sistema financiero en las medida de lo necesario para continuar con el esquema de “tasas positivas”, a fin de seguir ordenando el frente monetario.

En cuanto a la moratoria previsional, ante la sanción de la nueva norma se acordó enfocar la misma a los sectores de población adulta mayor que más requieran de esa herramienta excepcional.

El FMI ponderó, por otro lado, “avances estructurales”, como “una recaudación más efectiva, mejorando la información que se recaba de los distintos entes del sector público nacional y la mejora de la base de datos para bienes personales a través de la vinculación de CUIT con titulares de inmuebles en el AMBA”, detallaron las fuentes.

Asimismo, indicaron que se seguirá avanzando con la promoción del proyecto que refuerza la aplicación de la Ley Penal Cambiaria y el marco normativo anti-lavado.

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Aseguran que la certificación de madera estructural impulsará el desarrollo de la construcción

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El sector maderero está avanzando en un consenso para concretar “en los próximos meses” un sistema voluntario de certificación de madera, un paso necesario para impulsar la construcción con ese producto, en un proceso que ya cuenta con un importante desarrollo en varios países.

Así lo señaló Daniel Vier Zanelli, presidente de la Cámara Argentina de Aserraderos de Madera (Cadamda) y vicepresidente primero de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima), días después del encuentro de empresarios, profesionales y funcionarios del área en la reunión técnica llevada a cabo en la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial.

Vier consideró que la certificación significará “con total seguridad” un impulso a la actividad de la construcción con madera y enfatizó que “es un cambio de paradigma inexorable, va a llegar sí o sí”.

“En el mundo se está construyendo cada vez más y mejor con madera, con una arquitectura de calidad y características técnicas infinitamente superiores a otras tradicionales”, agregó.

“Cuándo va a ocurrir, eso va a depender de nosotros”, puntualizó, en referencia a la necesidad de no desaprovechar las ventajas ambientales y de eficiencia energética que la actividad muestra en relación con la construcción húmeda tradicional.

Uno de los principales obstáculos que la construcción con madera tiene para impulsar su desarrollo en el país pasa por la falta de una normativa uniforme sobre certificación o rotulado.

“Hace mucho tiempo, unos 30 años, que en el sector maderero tratamos de desarrollar algún sistema para que el comprador sepa qué tiene que buscar y adquirir, para que el producto le de las prestaciones que pretende por diseño, estructura o cálculo”, expresó Vier, quien planteó las dificultades “que van desde lo cultural”.

En ese sentido, sostuvo que “por la cercanía que todos tenemos con la madera, nadie se pregunta cuáles tienen que ser sus características técnicas; a nadie se le ocurre hacer una viga de hormigón sin hacer los cálculos, pero con la madera se cree que una viga tiene que aguantar, y eso no es lo correcto, porque así como hay un cálculo exacto para una viga de hierro u hormigón, también tiene que haberlo para la madera”, remarcó.

“Hay una clasificación muy cercana a lo subjetivo, algo que no pasa con el cemento u otro insumo para la construcción tradicional”, insistió, para completar señalando que el proceso que en algún momento derivará en una normativa uniforme y obligatoria “no es un camino fácil, pero ya hay bastante recorrido transitado”.

La falta de una normativa uniforme “es un problema, sin lugar a dudas -reconoció-, sobre todo para los que pertenecen al ámbito de la construcción (arquitectos, maestros mayores de obras, etc), aunque para los que venimos del mundo de la madera es más simple”, debido a la acumulación de “años de prácticas individuales”.

Esas prácticas, indicó, “tratamos de congeniarlas en una normativa” en especial para ayudar al comprador, que cuando llegar al mostrador de un corralón “no sabe qué producto es el adecuado para lo que necesita y comienza a haber una puja por los precios antes que por la calidad”.

“Eso va en desmedro del producto y quizás la construcción no queda en buenas condiciones, pero porque no se usó el material adecuado”, explicó.

Vier indicó que “existe mucha nomenclatura, literatura y normativa internacional que pueden ser una base para el desarrollo de una normativa nacional”, si bien advirtió que no puede tratarse de una traslación automática “porque las maderas en la Argentina tienen características diferentes a las de otros países” e incluso diferencias entre las distintas cuencas forestales dentro del país.

Una normativa uniforme, aclaró, “no depende sólo del acuerdo entre los participantes de una determinada cadena productiva sino de las instituciones que se dedican a esa tarea”, que en nuestro país es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).

Las normas del IRAM, sostuvo Vier, “llevan mucho tiempo, porque son muchos los actores que tienen que trabajar en ellas” y en el caso de la madera estructural se choca con una dificultad adicional, que es la clasificación por especie.

Por tal razón -y mientras se aguarda que llegue el momento de la certificación uniforme y obligatoria- la normativa voluntaria acordada entre profesionales y empresarios del sector podría ser un paso intermedio para no detener el avance de la construcción con madera y permitir que la Argentina desarrolle esa actividad a la par de muchos otros países, aprovechando los recursos naturales que posee.

“Estamos abocados a tratar de sacar algún tipo de sello o rotulado que avale que la calidad y dimensiones del producto, tanto para el arquitecto como el constructor o el consumidor. Es algo que se va a resolver en los próximos meses, sólo hay que consensuarlo”, anticipó.

Vier destacó el rol de Sabina Vetter desde marzo del año pasado al frente de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, en un área históricamente caracterizada “por las dificultades para programar una mesa de trabajo, cuando los interlocutores cambian permanentemente”.

Ponderó que Vetter “es una persona que viene de la industria maderera (fue gerente de Bioenergía de la maderera Lipsia durante doce años) y conoce las complejidades particulares del sector, algo que nos ha dado muchísimo aliento para impulsar una agenda activa”.

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