La presión social y la posibilidad de fracasar nuevamente en la aprobación de la ley, obligó al Gobierno a dar de baja el capítulo 3 de la ley ds Inviolabilidad de la Propiedad Privada, referido a la extranjerización de la tierra.
El gobernador Hugo Passalacqua se había expresado en contra y los senadores Sonia Roja Decut y Carlos Arce iban a votar en contra.
Sin los votos necesarios, La Libertad Avanza decidió retirar el capítulo de la reforma de la Ley de Tierras del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Así se confirmó en la tarde este miércoles, luego de una reunión que la jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, mantuvo con aliados en las oficinas del radicalismo.
Además de la titular del bloque libertario, estuvo el presidente provisional de la Cámara alta Bartolomé Abdala; el jefe de bancada radical, Eduardo Vischi; el cordobés Luis Juez; la santacruceña Natalia Gadano; la tucumana Beatriz Ávila; los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; la salteña Flavia Royón; la chubutense Edith Terenzi; el correntino Carlos “Camau” Espínola; y los tres integrantes del Pro, Martín Goërling Lara, Victoria Huala y Andrea Cristina.
Después de que varios legisladores aliados se pronunciaron en contra de la extranjerización de tierras rurales, el oficialismo convocó a este encuentro de urgencia en el que resolvieron eliminar por completo el capítulo III del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el cual modifica a la Ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales).
Mientras la sociedad civil se convocaba para la marcha de este jueves en las afueras del Congreso, a la que llamaron también varios artistas populares, los votos que ya eran ajustados para LLA, este miércoles comenzaron a inclinarse por la negativa. Sin embargo, Bullrich y los dialoguistas acordaron ir al recinto con todo el resto de la iniciativa.
Horas después de la conferencia de prensa de Patricia Bullrich en el Salón de las Provincias, los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones) se pronunciaron en contra de la modificación al tope de extranjerización de tierras.
Entre estos tres mandatarios, se sumaban cuatro votos negativos más a los 30 que conformaban el interbloque Popular, Convicción Federal y Moveré por Santa Cruz: Beatriz Ávila, Julieta Corroza, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
Poco minutos después, también anunciaron su voto negativo los senadores radicales Flavio Fama y Daniel Kroneberger que se sumaron al del bonaerense Maximiliano Abad. Otra que también no había confirmado su acompañamiento fue la pampeana Victoria Huala.
Con más de 37 expresiones en contra de la extranjerización de tierras rurales, La Libertad Avanza resolvió eliminar el capítuo III en consenso con los bloques aliados.
La visita apostólica del papa León XIV a Uruguay, la Argentina y el Perú se extenderá por 12 días, entre el 6 y el 17 de noviembre.
El Santo Padre permanecerá en el país cuatro días con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
El programa oficial del viaje, con el detalle de las actividades y celebraciones del Santo Padre, serán dadas a conocer oportunamente por el Vaticano.
Comunicado de la Nunciatura Apostólica en la Argentina “El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los respectivos Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos países. Su Santidad visitará Montevideo, Paisandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”.+
En el primer trimestre de 2026, el aglomerado de Posadas presentó una tasa de empleo del 44,3%, con 176 mil ocupados y un incremento de la población ocupada de casi diez mil personas. Sin embargo, esa mejora en la cantidad de trabajadores se contrapone con las características: la suba se explica por trabajos informales y por cuenta propia.
Sobre 176 mil ocupados en el aglomerado misionero, el 66% son asalariados, el 29% cuentapropistas y el 5% patrones. Respecto a estos niveles de participación, se destaca que el trabajo asalariado cayó en un punto porcentual respecto a igual período de 2025 cuando era del 67% y queda cada vez más lejos del pico para un primer trimestre que se observó en 2023 con el 73%. Es decir, el empleo asalariado continúa perdiendo peso relativo sobre la estructura laboral de Posadas.
Por el contrario, el cuentapropismo pasó del 24% en 2023 al 28% en 2025 y 29% en 2026, con un incremento en la participación relativa que cambia la estructura laboral histórica de Posadas.
Si se compara la cantidad de trabajadores por modalidad ocupacional, la situación muestra con más fuerza estas dinámicas. Por caso, en el primer trimestre de 2026 el empleo cuentapropista creció 8,2% interanual y el asalariado lo hizo en 4,2%; sin embargo, estos crecimientos se dieron de la mano de la informalidad. Los trabajadores cuentapropistas totales se incrementaron en 3.847 personas pero, en ese marco, los formales (registrados, como puede ser un monotributista) cayeron 18,2% (-2.541 trabajadores) mientras que los informales crecieron 19,4% (+6.388 personas). Es decir, el cuentapropismo creció de la mano del trabajo sin registración.
Similar caso se ve para los asalariados: el total se incrementó en 4.696 personas pero, dentro de esas, los asalariados formales (es decir, trabajadores en relación de dependencia) cayeron 9,7% (-7.146 personas) mientras que los informales crecieron en 31,4% (+11.842 trabajadores).
A esto, debe incorporarse también la situación de la otra modalidad ocupacional restante: los Patrones. Estos crecieron 9,6% equivalente a 727 personas, pero hacia dentro del grupo, los que trabajan de modo formal cayeron en 39,1% (-2.417) y los que lo hacen de modo informal crecieron en 223,8% (+3.144 personas).
De este modo, los datos muestran que el incremento del empleo observado en Posadas durante el último año no respondió a una expansión del trabajo registrado, sino a un avance de las modalidades más precarias de inserción laboral. Mientras el empleo formal destruyó 12.104 puestos de trabajo (-12,9%), el empleo informal incorporó 21.603 ocupados (+30,0%), compensando ampliamente esa pérdida y explicando la totalidad del crecimiento neto de la ocupación.
Este proceso configura un deterioro en la calidad del empleo más que una mejora del mercado laboral. Si bien más personas lograron incorporarse a una actividad económica, lo hicieron mayoritariamente en ocupaciones sin registración, con menores niveles de estabilidad, protección social y acceso a derechos laborales. Al mismo tiempo, la reducción del empleo asalariado formal y del cuentapropismo registrado evidencia que los segmentos de mayor calidad continúan perdiendo terreno frente a formas de inserción más vulnerables.
¿Cómo se comportó Posadas respecto al NEA?
La región mostró la misma dinámica que la capital misionera, aunque a un ritmo algo menor. El empleo formal cayó 3,7% (-11.466 personas) mientras que el informal creció en 16,6% (+47.034). Viendo por modalidad de ocupación, el cuentapropismo creció 12,7% con más fuerza en los informales de ese segmento (+16,2% vs. +0,5% de formales); y el empleo asalariado creció 2,4% (con el formal cayendo 4,7% y el informal creciendo 16,2%).
El mercado aerocomercial sumará un nuevo jugador en Misiones. A partir del 1 de noviembre, JetSMART volverá a operar la ruta Posadas-Buenos Aires con una frecuencia diaria, una decisión que marca el regreso de la compañía a una plaza que considera estratégica dentro de su plan de expansión federal.
El anuncio fue realizado por el CEO de JetSMART para Argentina, Gonzalo Pérez Corral, durante una visita a Posadas, donde mantuvo reuniones con el gobernador Hugo Passalacqua y el ministro de Turismo, José María Arrúa. El ejecutivo sostuvo que la compañía regresa con una apuesta de largo plazo y con el objetivo de recuperar parte de la demanda que perdió el aeropuerto misionero por la reducción de la oferta de vuelos.
“La vuelta es indefinida. Queremos quedarnos en Posadas y que los pasajeros vuelvan a elegirnos para seguir creciendo”, afirmó Pérez Corral, descartando que se trate únicamente de una operación vinculada a la temporada de verano.
Una apuesta por un mercado con demanda insatisfecha
Para la compañía, Posadas reúne varias condiciones que justifican el regreso. Además de ser una de las ciudades más importantes del país, la empresa ya conocía el comportamiento de la demanda local antes de abandonar la ruta por factores internos relacionados con la reestructuración de su operación en Argentina y no por cuestiones vinculadas al mercado misionero.
Según explicó Pérez Corral, la expansión de la flota permite hoy retomar destinos que habían quedado fuera de la red. JetSMART pasó de operar con ocho aeronaves en 2024 a 16 en 2025 y prevé cerrar 2026 con cerca de 20 aviones, incluyendo Airbus A321 con capacidad para hasta 240 pasajeros. Esa incorporación de capacidad es la base del nuevo plan de crecimiento en ciudades del interior.
En ese esquema, Posadas se suma a otras rutas recuperadas o incorporadas recientemente, como Jujuy, Santiago del Estero, Resistencia-Corrientes, Comodoro Rivadavia y Trelew, dentro de una estrategia enfocada en fortalecer la conectividad federal.
Tarifas agresivas para estimular la demanda
La empresa lanzó inicialmente pasajes desde 43.600 pesos por tramo, con impuestos y tasas incluidos. Aunque el CEO aclaró que esa tarifa correspondió a la promoción de lanzamiento y no confirmó si aún quedan lugares disponibles a ese valor, sostuvo que la política comercial continuará basada en ofrecer precios competitivos.
“La gente seguía comprando esos valores incluso durante nuestra visita a Casa de Gobierno”, señaló, remarcando que el objetivo es ampliar el acceso al transporte aéreo mediante tarifas significativamente inferiores a las existentes en el mercado.
Siete frecuencias semanales y posibilidad de ampliar la oferta
La operación comenzará con un vuelo diario, equivalente a siete frecuencias semanales. Dependiendo de la respuesta del mercado, la empresa evaluará incorporar nuevos horarios o aumentar la cantidad de vuelos.
Los servicios serán realizados con aeronaves Airbus A320 o A321, con capacidades de entre 186 y 240 pasajeros, lo que permitirá ofrecer un volumen importante de asientos desde el inicio de las operaciones.
Pérez Corral también dejó abierta la posibilidad de desarrollar nuevas rutas desde Posadas en el futuro, aunque aclaró que actualmente la prioridad es consolidar el enlace con Buenos Aires. La empresa, explicó, mantiene un análisis permanente sobre nuevas oportunidades en función de la demanda detectada tanto por el sector público como por el privado.
El impacto para Misiones
Desde el Gobierno provincial interpretan el regreso de JetSMART como una recuperación de capacidad para un aeropuerto que todavía no logró recomponer la oferta perdida.
El ministro de Turismo, José María Arrúa, recordó que el aeropuerto de Posadas movilizó cerca de 350.000 pasajeros el año pasado, mientras que en lo que va del año supera apenas los 140.000 usuarios, producto de una menor disponibilidad de vuelos.
Además destacó que aproximadamente la mitad de los pasajeros que utilizan la terminal aérea tienen origen en Buenos Aires, por lo que existe un amplio potencial para estimular tanto el turismo receptivo como los viajes corporativos y de negocios.
Para la economía provincial, la recuperación de conectividad no solo mejora la movilidad de los residentes. También fortalece la competitividad del destino turístico, amplía las posibilidades para congresos y eventos, facilita los viajes empresariales y contribuye a dinamizar actividades vinculadas a hoteles, gastronomía, transporte y servicios.
En un escenario donde la conectividad aérea se convirtió en un factor determinante para el desarrollo regional, el regreso de JetSMART representa mucho más que la recuperación de una ruta: constituye una señal de confianza sobre el potencial del mercado misionero y una apuesta por volver a integrar a Posadas dentro de la red de crecimiento del transporte aéreo argentino.
Agosto llega con números que dicen mucho. El Presupuesto 2027, presentado el viernes por el gobernador Hugo Passalacqua, exhibe una radiografía del momento político, trasciende la discusión contable y se convierte en una definición política. En un país donde el Gobierno nacional decidió retirarse de áreas históricamente financiadas por el Estado -desde la obra pública hasta programas de salud, educación y asistencia-, Misiones opta por recorrer el camino inverso.
La carta enviada por Passalacqua a la Legislatura no deja margen para interpretaciones: enumera los fondos que dejaron de llegar, advierte sobre el impacto de la desregulación y la apertura económica en una provincia de frontera y sostiene que será el Estado provincial el que absorberá esas responsabilidades. Es, en los hechos, un manifiesto sobre el rol del Estado frente al modelo libertario.
La decisión de destinar el 63% del presupuesto a inversión social y otro 14% al desarrollo económico mediante la reactivación de obras es otra declaración de principios. Mientras la Nación plantea que el mercado debe reemplazar al Estado, Misiones reafirma que hay funciones que no pueden quedar libradas a esa lógica: la educación, la salud, la infraestructura y la contención social. El Presupuesto 2027 no solo proyecta cómo se administrarán 5,2 billones de pesos; fija la posición política de una provincia que elige sostener un modelo propio, aun cuando eso implique financiar con recursos locales obligaciones que antes eran compartidas con la Nación.
No es una posición aislada. Los productores yerbateros expresan hoy la necesidad de un Estado que brinde respaldos y ponga un poco de equilibrio en el mercado tras la desregulación que impuso el presidente Javier Milei. El derrumbe de los precios de la materia prima dejó desguarnecidos a los protagonistas de una de las principales economías de Misiones. Las palabras del obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez expresan con claridad la preocupación: “Todo proyecto económico que no incluya a la gente no nos sirve para nada”.
Foto gentileza Marcos Otaño.
Martínez recibió en el Obispado a los productores y les dio un fuerte respaldo. Durante la reunión surgió la propuesta de conformar una mesa de emergencia que permita articular respuestas entre distintos actores sociales e institucionales. Martínez recordó que la Diócesis cuenta con la Comisión de Justicia y Paz, organismo que ya intervino en otras etapas críticas de la historia argentina, especialmente durante la crisis de 2001, año bisagra también para la yerba mate, ya que fue cuando germinaron los tractorazos después de otra década de desregulación. La crisis yerbatera ya dejó de ser un problema de “los productores”, algunos que vuelven a ser protagonistas 25 años después. La caída del precio de la materia prima se traduce en menos ingresos para los pueblos, menos dinero circulante, jóvenes que no pueden estudiar porque no les alcanza para pagar el alquiler en las ciudades. Un efecto derrame a la inversa.
Más allá de la coyuntura yerbatera, Martínez amplió el análisis hacia el rumbo económico nacional. Reconoció que la estabilidad macroeconómica constituye un objetivo compartido, pero advirtió que pierde legitimidad cuando no mejora la vida cotidiana de la población.
“Todos queremos estabilidad económica. Pero si esos números cierran sin la gente, si aumenta la pobreza, si cierran comercios, si se pierden fuentes de trabajo y se deteriora la vida social, entonces ese modelo nos daña profundamente”, sostuvo.
Durante la conferencia también fue consultado sobre el debate nacional en torno al proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. El obispo recordó que tanto la Conferencia Episcopal Argentina como la Pastoral Social ya manifestaron su rechazo a la iniciativa.
Explicó que la Doctrina Social de la Iglesia reconoce el valor de la propiedad privada, pero rechaza su concepción absoluta cuando entra en conflicto con el bien común. En esa línea, advirtió sobre la necesidad de proteger los recursos estratégicos del país frente a intereses económicos globales.
«Nos trae mucha preocupación», afirmó, al recordar que el documento «La tierra no es una mercancía» ya fijó la posición de la Iglesia sobre la iniciativa.
“Si se absolutiza la propiedad privada de empresas que pueden comprar tierras y recursos estratégicos, es un tema de extrema gravedad”, advirtió.
En ese contexto, pidió a los tres senadores nacionales por Misiones y a los diputados nacionales que analicen cuidadosamente el proyecto.
“Les decimos que piensen mucho, porque se ponen en juego muchas cosas. Que voten desde su conciencia y no desde estrategias políticas”, expresó.
Al menos dos de los senadores -Sonia Rojas Decut y Carlos Arce- votarán en contra del artículo más polémico, tras el planteo de Passalacqua. En contraste, el PROlibertario Martín Goerling, votará a favor.
El reordenamiento tras la implosión de la Renovación, marca que Passalacqua hoy tiene el respaldo de la mayoría de los intendentes y de al menos quince diputados provinciales -dos o tres más meditan en silencio-, a los que se sumarían algunos de otros partidos. En Encuentro Misionero, con Carlos Rovira quedan entre cuatro y cinco.
Hoy las encuestas marcan que el Gobernador disparó su intención de voto, con un potencial de crecimiento, que rompería la lógica de tercios que imaginaba la oposición.
Uno de los puntos altos en los sondeos es la valoración de Passalacqua como gobernador en tiempos turbulentos. La mención al 2001 que se hizo en la reunión de yerbateros con el Obispo, no parece una exageración. La crisis social de entonces tiene muchos puntos en común con la actualidad. La Argentina atraviesa una tormenta de pérdida de empleos, ingresos de miseria, cierre de empresas y sometimiento a los organismos de crédito internacional, como el Fondo Monetario Internacional, que ahora tiene una silla en las reuniones de gabinete de Javier Milei.
Passalacqua ha decidido tomar distancia de ese escenario y recuperar autonomía en y desde Misiones. El diseño del Presupuesto -el primero de un nuevo tiempo-, expresa esa diferencia. Blinda los recursos de las áreas sociales y busca estimular la economía con incentivos directos.
No son decisiones aisladas. Cuando amaneció julio, la eliminación de la llamada “Aduana Paralela” empezó a mostrar el rumbo. Con el fin de las retenciones automáticas sobre billeteras virtuales, transferencias bancarias, cuentas en moneda extranjera y operaciones bursátiles, que comienzan a regir en este agosto, Misiones comenzó a desmontar un esquema que durante años funcionó como un anticipo permanente de Ingresos Brutos. Para los monotributistas de hasta categoría D, el cambio implica recuperar alrededor de $40.000 por cada millón de pesos que circula por sus cuentas: dinero que deja de quedar inmovilizado en el Estado y vuelve a financiar consumo, capital de trabajo e inversión. Es una señal de alivio tributario que, en el contexto actual, tiene un impacto mucho más profundo que el mero ahorro administrativo.
Sin embargo, en los despachos oficiales admiten que la verdadera reforma todavía está por venir. Fuentes oficiales confirman que se trabaja en un plan integral para sanear los históricos saldos a favor acumulados por miles de contribuyentes, un problema que describen como una auténtica “bomba” fiscal y financiera.
El desafío es enorme: devolver o compensar esos créditos implica aliviar al sector privado, pero también representa un fuerte costo para las cuentas públicas. Por eso, el proyecto -que está en etapa de diseño junto a especialistas tributarios- busca una salida gradual y sostenible, evitando que el remedio termine desfinanciando al Estado.
Si prospera, esa sí podría convertirse en la reforma tributaria más trascendente de la gestión Passalacqua: no solo porque corregiría una distorsión histórica, sino porque modificaría de raíz la relación entre el fisco y quienes producen, invierten y generan empleo en Misiones.
Detrás de estas medidas asoma un cambio de filosofía tributaria. El objetivo ya no es maximizar la recaudación sobre los mismos contribuyentes, sino generar las condiciones para ampliar la actividad económica. En esa línea, ya se analizan rebajas de alícuotas de Ingresos Brutos para sectores específicos y una profunda revisión del impuesto automotor, uno de los tributos que más incentiva la radicación de vehículos en otras provincias. La premisa es sencilla: una economía más dinámica puede terminar generando más recursos que un esquema basado exclusivamente en aumentar la presión fiscal sobre quienes permanecen dentro del sistema.
Incluso si ese proceso demanda tiempo, el alcance político sería difícil de ignorar. De concretarse, Misiones podría terminar impulsando una de las reformas tributarias más profundas del país, en contraste con un Gobierno nacional que hizo de la baja de impuestos una de sus principales banderas, pero que hasta ahora no avanzó en una reforma estructural del sistema.
Por el contrario, la propuesta de rediseño del IVA que circula en la órbita nacional apunta a generalizar la alícuota, eliminando exenciones y tratamientos diferenciales: en los hechos, implicaría que alimentos esenciales como el pan o la leche tributen lo mismo que una gaseosa. La diferencia entre simplificar el sistema y trasladar una mayor carga sobre el consumo esencial no es menor.
Ahora Milei vuelve a la carga con una reforma del Banco Central que, vaya paradoja, en lugar de dinamitarlo como prometía, ahora propone blindarlo.
“La inflación se va a desplomar y el peso se va a fortalecer mucho cuando aprobemos la nueva Carta Orgánica del BCRA”, prometió el diputado nacional Diego Hartfield con una nueva meta a futuro, mientras que el presente marca un derrumbe agobiante de la economía y ocurre mientras el Gobierno agota el tiempo en diatribas, peleas constantes, incluso con su propia tropa, como la nueva embestida contra Victoria Villarruel, ahora de la mano de Diego Santilli, el nuevo ministro del Interior, heredado del macrismo y antes del peronismo.
El problema para Milei no son los rivales políticos ni su vicepresidenta, sino que la economía no da señales de aliento para los sectores postergados y los millones de argentinos que no llegan a fin de mes.
Los únicos elogios a la marcha de la economía son del propio ministro de Economía, Luis Caputo, otro heredado del macrismo, y de Kristalina Georgieva, la presidenta del Fondo Monetario Internacional que celebra que el país esté haciendo bien los deberes.
Kristalina vino a la Argentina a monitorear el plan acordado con el Caputo mileísta para sostener el respaldo del FMI y cumplir con las cuotas del préstamo tomado por el Caputo macrista, aquellos US$57.000 millones. Ese préstamo que la Auditoría General de la Nación sostiene que fue asumido sin seguir el circuito administrativo previsto para este tipo de endeudamiento, sin actos administrativos de aprobación, sin análisis suficientes sobre costos, riesgos y sostenibilidad y con graves falencias de transparencia.
La AGN documenta que ni siquiera quedaron debidamente registrados los fundamentos técnicos que justificaron ampliar el préstamo de US$50.000 a US$57.000 millones.
La ironía de la historia es difícil de ignorar. Ocho años después, Luis Caputo vuelve a ser el ministro que negocia con el Fondo Monetario Internacional. Ya no frente a Christine Lagarde, sino ante Kristalina Georgieva, recibida con honores en la Argentina, sentada en una reunión de Gabinete y paseada por Vaca Muerta, el activo económico más relevante del país.
Cuando Georgieva afirmó en Buenos Aires que Bulgaria “sabe” lo que significa atravesar un ajuste, apeló a una experiencia nacional traumática para legitimar el programa argentino. Pero el ejemplo búlgaro admite una lectura bastante menos celebratoria que la presentada por la directora del FMI. El plan de 1997 logró frenar la hiperinflación y estabilizar la moneda, pero lo hizo después de una destrucción masiva de salarios, jubilaciones y ahorros, y mediante privatizaciones aceleradas, cierres de empresas, desempleo y una fuerte retracción del Estado. La estabilidad llegó, aunque acompañada por desigualdad, pobreza persistente y una emigración que vació regiones enteras del país.
El paralelo con la Argentina no reside solamente en la inflación o en el déficit fiscal, sino en la lógica del tratamiento: ante una crisis profunda, el FMI vuelve a presentar la disciplina monetaria, el ajuste del gasto, la apertura y la desregulación como un sacrificio inevitable cuyo beneficio aparecerá más adelante. Georgieva sostuvo que la transformación argentina es “difícil” y recordó que Bulgaria atravesó “tiempos muy duros”, pero aseguró que la perseverancia finalmente dio resultados. El interrogante es quién soporta esos tiempos duros y quién captura los beneficios posteriores. En Bulgaria, el equilibrio macroeconómico no impidió que décadas después el país continuara entre los más desiguales y pobres de la Unión Europea.
Si Bulgaria es el ejemplo que propone Georgieva, conviene mirar la película completa y no sólo el final. Sí, derrotó la hiperinflación y estabilizó su economía. Pero también perdió cerca de una cuarta parte de su población desde 1990, sufrió una emigración masiva de jóvenes y profesionales, desmanteló buena parte de su aparato industrial y aún hoy exhibe los mayores niveles de desigualdad y riesgo de pobreza de toda la Unión Europea. El ajuste ordenó las cuentas; nunca terminó de recomponer el tejido social. La verdadera discusión es qué país queda en pie después de esa estabilización.
