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Misiones refuerza la prevención escolar con foco en ciberseguridad y despliegue territorial activo

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Misiones consolida un modelo de seguridad preventiva en el ámbito educativo, impulsado por la División de Escuelas Seguras de la Policía y sostenido durante todo el ciclo lectivo, con un enfoque integral que articula acciones policiales, pedagógicas y digitales en los 79 municipios, orientado al cuidado de estudiantes, docentes y familias.

En línea con dinámicas que se observan a nivel nacional e internacional, especialmente vinculadas al uso de entornos digitales, la provincia fortalece este abordaje preventivo con acciones sostenidas que priorizan la detección temprana y la intervención coordinada entre los organismos del Estado.

En este marco, la fuerza de seguridad provincial mantiene un despliegue permanente en inmediaciones de los establecimientos escolares, con patrullajes activos y refuerzo de efectivos en horarios de ingreso y egreso. A su vez, las comisarías jurisdiccionales y divisiones operativas trabajan en coordinación con el sistema de emergencias 911, garantizando una respuesta inmediata ante cualquier requerimiento.

En paralelo, la Dirección de Policía Comunitaria lleva adelante charlas y talleres en instituciones de todos los niveles, brindando herramientas concretas a estudiantes, docentes y familias sobre convivencia, resolución de conflictos y uso responsable de redes sociales.

Por su parte, la Dirección de Cibercrimen complementa este abordaje mediante tareas de ciberpatrullaje y análisis preventivo de entornos digitales, lo que permite detectar de manera temprana posibles situaciones de riesgo y canalizarlas de forma adecuada.

Desde el sistema educativo, el Ministerio de Educación acompaña estas acciones con la implementación de protocolos de actuación y la difusión de materiales destinados a fortalecer la convivencia escolar, promoviendo además el rol activo de las familias en la detección temprana y el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes.

En este esquema, se recuerda que toda conducta que pueda constituir un delito, tanto en el ámbito físico como digital, es intervenida de manera inmediata y puesta a disposición de la Justicia.

De esta manera, con un modelo de prevención activa, la seguridad y la prevención se articulan en red con la escuela, los padres, los alumnos y la Policía, priorizando el cuidado y el acompañamiento permanente en cada establecimiento educativo de la provincia.

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Ley de Glaciares: La Libertad Avanza y aliados convirtieron en ley la reforma de forma contundente

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Luego de más de 11 horas de una sesión tensa y con Karina Milei presente en uno de los balcones del recinto para presenciar el desenlace, La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma pro minera a la Ley de Glaciares.

Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, se sancionó la inicativa que redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos.

Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila).

Inclusive, el oficialismo se dio el lujo de captar votos de dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.

Las abstenciones vinieron de la mano de los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, y Karina Maureira de La Neuquinidad.

En contra de la reforma se pronunció la enorme mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas (11 de sus integrantes), los dos diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), los cuatro miembros del Frente de Izquierda, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis).

Apartamientos de reglamento

En el inicio de la sesión, la diputada nacional del Frente de Izquierda Romina del Plá y su par de Unión por la Patria Lorena Pokoik fracasaron en su intento por incorporar al temario sendos proyectos para repudiar la decisión del Gobierno de quitar las acreditaciones a varios medios de prensa, a quienes acusan de participar de una campaña de desprestigio financiada por Rusia.

Posteriormente, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdes planteó otra moción de apartamiento de reglamento para que se trataran los proyectos de resolución que apuntan a que Argentina se mantenga neutral en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, pero la iniciativa no obtuvo el respaldo suficiente en términos de votos.

Seguidamente, a través de una moción de apartamiento de reglamento, la diputada nacional de Unión por la Patria Paula Penacca planteó la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado en la Justicia por posible enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado, pero no alcanzó la mayoría de votos requerida.

Entre los votos negativos que salieron al rescate del jefe de Gabinete se anotaron los del PRO y la UCR.

Además, la oposición -a través de una moción presentada por Maximiliano Ferraro- sometió a votación una moción de apartamiento de reglamento para incorporar al tratamiento del orden del día los tres proyectos de ley vinculados al caso Libra, dos de los cuales apuntaban a citar al Congreso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero no alcanzó una mayoría suficiente.

Debate por la Ley de Glaciares

Como miembro informante del dictamen de mayoría, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, José Peluc (La Libertad Avanza) destacó “la audiencia pública histórica” que se realizó entre el 25 y el 26 de marzo, con la participación de cientos de expositores, la mayoría de ellos con posturas en contra de la iniciativa del Gobierno y las provincias mineras. 

El sanjuanino se ganó el abucheo de la parcialidad opositora, que viene pidiendo la nulidad de la audiencia por su formato restrictivo en términos de participación abierta, y viene advirtiendo acerca de la judicialización de la reforma a la Ley de Glaciares.

Por su parte, el otro miembro informante, Nicolás Mayoraz (LLA), quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, despotricó contra los opositores que impugnan la audiencia. 

“Los malintencionados e ignorantes cuestionaron el procedimiento por pretender algo ilusorio que 100 mil personas fueran escuchadas en forma sincrónica, lo que era materialmente imposible”, fustigó.

El santafesino ponderó que la modificación propuesta “viene con claridad meridiana del Senado” y apunta a “aclarar conceptos” sin alterar “el paradigma de protección de los glaciares”. 

“Queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión y le damos la posibilidad a las provincias de hacer estudios de segundo y tercer nivel a las provincias que el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) hoy no tiene”.

“Con la modificación a la Ley de Glaciares estamos logrando la armonización porque el IANIGLA no se debilita y el principio es que todos los cuerpos inventariados no se tocan salvo prueba en contrario”, explicó.

A su turno, la diputada nacional de Unión por la Patria Adriana Serquis criticó duramente el proyecto impulsado por el oficialismo y advirtió que “se están basando para defender esta ley en datos que no son científicos”.

“El rechazo no tiene que ver con no querer un desarrollo productivo. Simplemente estamos tratando de que esa regresión que existe en esta ley no se haga efectiva”, sostuvo la ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Con la ayuda de Juan Grabois, la diputada y científica levantó una maqueta y buscó demostrar el impacto negativo que tendría una explotación en determinadas zonas periglaciares.

“Un 1% de la cordillera representa la superficie que ocupan los glaciares. Y solo ese puntito alimenta las cuencas que dan beber a 7 millones de habitantes”, resaltó Serquis.

Por su parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reafirmó que su espacio político “está a favor de la protección de los glaciares y el ambiente periglacial” y “a favor del encuentro entre el desarrollo productivo y la protección ambiental”.

El santafesino se pronunció “a favor de un federalismo y un ambientalismo de concertación, lejos de ese federalismo de desintegración nacional que muchos quieren plantear”. 

“No nos puede faltar una mirada nacional de estos acontecimientos”, remarcó, en referencia a la transferencia de facultades a las provincias sobre la determinación de las áreas protegidas.

En tanto, Sabrina Selva (Unión por la Patria) sostuvo que “el debate propuesto respecto a la reforma de la Ley de Glaciares es tan deshonesto como el gobierno de Milei, tan mentiroso como su relato”. 

“Esta ley es inconstitucional y regresiva, va a traer conflictos interjurisdiccionales”, anticipó la diputada massista.

El diputado Néstor Pitrola aseguró que desde el Frente de Izquierda van a “defender el agua y a denunciar a los que responden a los monopolios mineros, que están dispuestos a entregar estos bienes que son recursos estratégicos para nosotros y para las generaciones futuras”.

Por el MID, Eduardo Falcone anticipó su voto a favor en general de la ley por sus convicciones en pos de “la inversión productiva en todo el país, especialmente en el Interior”.

No obstante, advirtió que “la ley tiene un error importante” y es que “habilita la posibilidad de desinventariar glaciares, y eso no corresponde porque todos los glaciares cumplen una función hídrica”.

“Distinto es el caso de los ambientes periglaciares. Ahí puede haber formaciones rocosas que pueden tener o no una función hídrica. Y que podrían haber sido inventariadas a partir de una foto satelital, pero ningún técnico haya ido a verla en el terreno”, indicó.

“Hoy no se puede realizar ninguna actividad productiva o comercial en esa zona. Y si no tuviera una función hídrica no tiene sentido que no se pueda invertir allí y crear empleo”, razonó.

Señaló que “en esos casos, me parece razonable que las provincias puedan intervenir y evaluar” ya que son “decisiones sobre su propio territorio”.

A su tiempo, el diputado nacional de Encuentro Federal Miguel Pichetto recordó que él había votado a favor de la ley de Glaciares que está vigente en el año 2010, y que su idea era sostener el mismo criterio, rechazando la propuesta modificatoria.

“¿Por qué estoy en contra? Porque no hay ningún elemento nuevo, ninguna cuestión técnica central que indique la necesidad de los cambios que se incorporan. En segundo lugar, porque tengo una visión del Estado Nación en la que la Nación no puede delegar alegremente atribuciones que le son propias de la Constitución Nacional en el artículo 41”, explicó.

“Nadie puede desconocer la realidad de las provincias argentinas, las dificultades que tienen en materia de coparticipación y lo apetecible que puede ser, a lo mejor, alguna inversión que abra un camino para generar empleo. Pero la Nación, con esta ley, pierde todo tipo de capacidad de control y se pierde un sentido de entidad nacional arbitrada por la propia Constitución”, ahondó.

El veterano legislador, integrante del interbloque Unidos, afirmó que “el argumento que utiliza la propuesta del oficialismo, sosteniendo la necesidad de inversiones, es un argumento falaz”. 

“Durante los 15 años de vigencia de la ley, las inversiones en minería en la Argentina han crecido de manera exponencial. Por lo tanto, el argumento de aumentar la producción minera de ninguna manera es válido ni sólido para tratar esta cuestión”, señaló.

Darío Schneider (UCR) destacó que “esta reforma busca perfeccionar las facultades que ya tienen constitucionalmente las provincias para que puedan tomar decisiones sobre futuras inversiones en sus territorios que hoy están limitadas por las superposiciones de incumbencias con la Nación”. 

Daiana Fernández Molero (PRO) cuestionó la ley vigente desde el año 2010 y pidió dejar atrás la dicotomía entre “los villanos malos que vienen por el agua” y “las almas bellas ambientalistas”.

Al hacerse cargo de uno de los discursos de cierre de Unión por la Patria, Máximo Kirchner aclaró que “nadie dice que no vengan a invertir en nuestro país, pero una cosa es que vengan a invertir y que el pueblo argentino les fije las condiciones, y otra cosa es que este Congreso le de patente de corso”.

“¿Teniendo extensos territorios en nuestro pais por explotar, vamos a poner en peligro los glaciares y periglaciares?”, se preguntó el líder de La Cámpora.

“Chile exporta 10 veces más que Argentina en el total y tiene un tercio de la población que tiene Argentina. Sin embargo, yo no veo que eso les haya servido ni a la micro ni a la macro, porque ha tenido 9 puntos de déficit fiscal”, comparó.

A su vez, señaló que “es una pena que en el país de Vaca Muerta los argentinos no puedan cargar nafta y que no haya una política que aborde el tema del gas”. 

“En el país de las vacas cada vez se come menos carne y menos leche. En el país donde hay un glaciar, que es una de las maravillas del mundo, no cuidamos los glaciares. Por eso no tiene destino lo que se discute acá. Se está regalando al país”, finalizó.

Por La Libertad Avanza, Silvana Giudici dijo que “esta ley viene a armonizar de modo absolutamente constitucional la manda sobre los recursos naturales como también el resto de normativa ambiental que rige en nuestro país”.

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Diplomático de Irán abandonó la Argentina tras ser expulsado por Milei

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El máximo representante diplomático de Irán en el país, el encargado de negocios Mohsen Soltani Tehrani, abandonó la Argentina este sábado tras cumplirse el plazo de 48 horas otorgado por el Gobierno nacional luego de ser declarado persona “non grata”. 

La medida, que marca un quiebre histórico y posiciona a la administración de Javier Milei en una confrontación directa con el régimen de Teherán, fue confirmada por el canciller Pablo Quirno a través de sus redes sociales

“En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno, el exencargado de Negocios ad ínterin de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”, informó el funcionario, ratificando así el desplazamiento del diplomático que encabezaba la delegación desde 2021.

La drástica decisión del Poder Ejecutivo se desencadenó el pasado jueves, momentos después de que la embajada iraní en Uruguay difundiera un texto con duras críticas hacia la Casa Rosada por la designación de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista. 

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto explicaron que la expulsión respondió a expresiones que contienen “acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades”

Según el comunicado oficial de la Cancillería, las manifestaciones del régimen persa “constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional”.

Este escenario de tensión extrema se enmarca en la alineación geopolítica del presidente Milei con Estados Unidos e Israel, países que se encuentran en conflicto bélico con Irán desde fines de febrero. Para el Gobierno, la salida de Tehrani representa el “paso previo” a una ruptura total de las relaciones diplomáticas con un Estado que, según la mirada oficial, es responsable de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA

En ese sentido, la reciente incorporación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) al registro de entidades vinculadas al terrorismo implica no solo una condena política, sino también el congelamiento de activos y la prohibición de operar en el sistema financiero local.

Por su parte, el régimen islámico advirtió que esta postura del gobierno argentino “perjudica seriamente las relaciones bilaterales” y calificó la medida como un “error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní”. En sus críticas, Teherán sostuvo que tanto Milei como el canciller Quirno “se convirtieron en cómplices de los crímenes cometidos” por sus aliados internacionales. 

Pese a las advertencias, la Argentina profundizó su estrategia al recordar que figuras clave de la Guardia Revolucionaria, como Ahmad Vahidi, poseen pedidos de captura internacional de Interpol por su participación en el ataque a la mutual judía de 1994, consolidando así un distanciamiento que hoy parece irreversible.

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Reforma laboral: el Gobierno apela el fallo judicial y escala la disputa con la CGT por la vigencia de la ley

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El oficialismo enfrenta un freno judicial y redefine su estrategia legal para sostener una norma clave votada en el Congreso

El Gobierno nacional decidió avanzar con la apelación del fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 que suspendió cautelarmente artículos centrales de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral, tras una presentación de la CGT. La resolución, conocida al inicio de la semana, introduce un nuevo foco de tensión entre el Poder Ejecutivo y el frente sindical, en un momento donde la administración busca consolidar su agenda de reformas estructurales. La reacción oficial no deja margen a dudas: sostener la plena vigencia de la norma se vuelve una prioridad política. La pregunta que se abre es si este conflicto judicial se convertirá en un límite real o en una nueva instancia de acumulación de poder para el Gobierno.

Un fallo que impacta en el corazón de la reforma

La decisión judicial afecta un conjunto de artículos de la ley de modernización laboral, una norma que el oficialismo reivindica por su aprobación “por amplia mayoría” en el Congreso. Ese dato no es menor: en la lectura del Gobierno, la legitimidad parlamentaria es el principal respaldo frente a una cautelar que, aunque provisoria, interrumpe la implementación efectiva de cambios considerados estratégicos.

El Ministerio de Capital Humano, con patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, confirmó que apelará el fallo. El eje de la estrategia jurídica aún se define: el Ejecutivo evalúa si avanzar en el fuero laboral o trasladar la discusión al contencioso administrativo federal. Esa disyuntiva no es solo técnica. Implica elegir el terreno donde se jugará una disputa que excede lo jurídico y se inscribe en la relación entre poderes del Estado.

En paralelo, el Gobierno endureció el tono político. Desde la cartera laboral rechazaron la acción impulsada por la central obrera y la vincularon con intereses “corporativos y sectoriales”, en una señal de que la confrontación con el sindicalismo no será moderada.

Poder en juego: Congreso, Justicia y sindicatos

El episodio expone una tensión clásica, pero con matices actuales: una ley sancionada por el Congreso que encuentra un límite en el Poder Judicial a partir de la intervención de un actor corporativo como la CGT. En ese triángulo, el Ejecutivo busca posicionarse como garante de una agenda de reformas orientadas al empleo formal y la competitividad.

La suspensión cautelar no invalida la ley, pero sí condiciona su aplicación inmediata. En términos políticos, eso implica que el Gobierno debe revalidar en tribunales lo que ya obtuvo en el Congreso. La apelación, entonces, no es solo un trámite judicial: es un intento por restituir la iniciativa en un terreno donde la oposición sindical logró un primer resultado favorable.

Al mismo tiempo, el hecho de que el Ministerio de Justicia no esté involucrado directamente en el seguimiento de la causa marca que la conducción del conflicto permanece focalizada en áreas específicas del Ejecutivo, con Capital Humano y la Procuración como protagonistas.

Correlación de fuerzas: quién gana y quién resiste

El fallo representa un punto de apoyo para la CGT, que logra frenar parcialmente una reforma que cuestiona. Sin embargo, el Gobierno busca transformar ese revés en un argumento político: insiste en que la norma expresa la “voluntad legislativa” y el mandato de la actual gestión.

En términos de correlación de fuerzas, el oficialismo intenta sostener su iniciativa apoyándose en el Congreso, mientras enfrenta resistencia en el ámbito judicial y sindical. Esa dinámica puede tener efectos en la gobernabilidad, especialmente si la disputa escala y se traslada a otros planos, como el legislativo o el conflicto social.

La dimensión económica también está en juego. La reforma laboral es presentada por el Ejecutivo como una herramienta para impulsar el empleo formal y mejorar la competitividad. Su implementación parcial o demorada introduce incertidumbre sobre esos objetivos y sobre la previsibilidad regulatoria.

Un escenario abierto y en disputa

La apelación será el próximo movimiento clave. De su resultado dependerá no solo la vigencia de los artículos suspendidos, sino también el margen de maniobra del Gobierno para avanzar con otras reformas. El fuero elegido, los tiempos judiciales y las posibles nuevas presentaciones definirán el ritmo del conflicto.

En las próximas semanas habrá que observar si la disputa se mantiene acotada al plano judicial o si se amplía hacia una confrontación política más amplia con el sindicalismo. También será relevante ver si el Congreso vuelve a entrar en escena, ya sea como respaldo o como espacio de nuevas tensiones.

Por ahora, el Gobierno dejó en claro que no retrocederá. Pero la política, como la Justicia, rara vez ofrece resultados inmediatos.

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La SIDE desclasificó archivos: los detalles del aparato de inteligencia entre 1973 y 1983

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El Gobierno Nacional dispuso la desclasificación y publicación de documentos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) correspondientes al período 1973-1983. La medida, ejecutada por instrucción directa del presidente Javier Milei, marca un hito en la apertura de archivos históricamente sensibles, revelando la arquitectura interna y las funciones operativas de un organismo central en la historia reciente argentina.

A través de una serie de resoluciones y memorandos, el material desclasificado expone no solo el organigrama de la SIDE, sino también las directivas que regían su funcionamiento. Entre los documentos más destacados se encuentran las Resoluciones “S” (Secretas) que establecieron sistemas de encubrimiento para el personal y las dependencias, así como las misiones específicas asignadas a cada área.

La arquitectura del secreto: nombres supuestos y siglas

Uno de los hallazgos más reveladores de la documentación es la Resolución “S” Nº 855 de 1975, firmada por el entonces Secretario de Informaciones de Estado, el Vicealmirante Aldo Alberto Peyronel. Este documento estableció un riguroso sistema de encubrimiento para la denominación de dependencias y agentes civiles de inteligencia.

Según las normas de puesta en funcionamiento, todo agente civil debía utilizar un “nombre de encubrimiento” para trámites internos y externos. En los contactos personales dentro del organismo, el trato debía ser siempre de “señor”, y en caso de no conocerse, los interlocutores debían identificarse con su nombre supuesto y el código de su dependencia.

“Toda autoridad que deba firmar internamente una nota, memorando, etc., lo hará con su nombre de encubrimiento y el sello aclaratorio correspondiente”, detalla la normativa de 1975.

Este sistema se extendía a las comunicaciones telefónicas, donde se prohibía la mención de grados o cargos reales si las personas se conocían, reforzando la compartimentación de la información.

Operaciones psicológicas y control social

Los documentos también arrojan luz sobre las funciones de la SIDE, que iban mucho más allá de la simple recolección de información. Entre las misiones declaradas en los manuales de funciones se destacan las “operaciones sicológicas secretas”, orientadas a influir o neutralizar a quienes el organismo definía como “enemigo u oponente”.

El organigrama de 1979 revela la existencia de divisiones específicas dedicadas al seguimiento de diversos sectores de la sociedad:

•Departamento Político: con divisiones para Partidos Políticos y Gobiernos Provinciales.

•Departamento Social: encargado del ámbito Educacional, Gremial y de Cultos.

•Departamento de Contrainteligencia: con áreas dedicadas a “Organizaciones Armadas y Clandestinas” y “Situación Subversiva”.

•Dirección de Comunicación Social: que incluía una división de “Operaciones Sicológicas” con capacidad para intervenir en medios audiovisuales y escritos.

DepartamentoFunción Principal
AntecedentesRegistro y archivo de fichas de personas y organizaciones.
ContrainteligenciaVigilancia de grupos armados y control de la “situación subversiva”.
Operaciones SicológicasAcciones de influencia a través de medios de comunicación.
Reunión ExteriorInteligencia fuera de las fronteras nacionales, incluyendo el bloque comunista.

Una función “informativa” con impacto operativo

A pesar de que los documentos reiteran formalmente que la SIDE tenía una función “informativa y no operativa”, delegando las acciones represivas en las Fuerzas Armadas, la profundidad de sus investigaciones y el nivel de detalle en el seguimiento de personas y organizaciones sugieren un rol fundamental en la logística del aparato estatal de la época.

La desclasificación de estos archivos, que ahora pasarán al Archivo General de la Nación, abre una nueva etapa para la investigación histórica. Como señala la propia SIDE en su guía de lectura, este proceso busca fortalecer la transparencia institucional, aunque el verdadero impacto residirá en cómo la sociedad y los investigadores procesen estos datos que, durante décadas, permanecieron bajo el sello de “Estrictamente Secreto y Confidencial”.

La apertura no cierra el debate sobre el pasado, sino que lo traslada al terreno de la evidencia documental, donde las siglas y los nombres de encubrimiento comienzan a revelar las sombras de una época marcada por el control estatal.

Los archivos están disponibles en el siguiente link: argentina.gob.ar/sites/default/files/inteligencia/documentos.pdf

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