La Universidad Católica de Santa Fe y la Defensoría del Pueblo impulsaron un nuevo encuentro sobre criminalidad informática, evidencia digital y reforma procesal penal

En un contexto donde los ciberdelitos crecen en volumen y complejidad, la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), sede Posadas, fue escenario de una jornada clave para analizar los desafíos legales y operativos que enfrenta la justicia penal frente a los delitos cometidos en entornos digitales. La charla, organizada en el marco de la cátedra abierta en articulación con la Defensoría del Pueblo, contó con la participación de referentes institucionales como el fiscal especializado en ciberdelitos Juan Pablo Espeche, la secretaria de la fiscalía Sol Cerri y el secretario de la Procuración General de Misiones, Federico Bire.

El eje del encuentro fue doble: por un lado, brindar herramientas a estudiantes y profesionales sobre cómo preservar evidencia digital y proceder ante delitos informáticos; por otro, socializar los avances de la recientemente creada Fiscalía Especializada en Ciberdelitos de la provincia, cuya competencia abarca todo el territorio misionero y funciona con turno permanente los 365 días del año.

Reforma procesal y nuevas herramientas legales: allanamientos remotos y perfiles encubiertos

Durante la exposición, el fiscal Espeche repasó los principales cambios introducidos por la ley que creó la Fiscalía de Ciberdelitos. Entre ellos, destacó la figura del allanamiento remoto, que permite el acceso controlado a dispositivos electrónicos cuando no es posible secuestrarlos físicamente. “Este mecanismo solo puede aplicarse bajo autorización judicial y en contextos donde se acredite que no hay otra forma de obtener la prueba”, explicó.

El funcionario también se refirió a los perfiles digitales encubiertos, herramienta esencial para combatir delitos como la producción y distribución de material de abuso sexual infantil. “Estos perfiles son gestionados por personal especializado, con capacitación constante y con respaldo institucional, especialmente para intervenir en plataformas como Telegram, que no coopera con requerimientos judiciales”, indicó Espeche.

La preservación de evidencia digital: una responsabilidad ciudadana y profesional

La abogada Valeria Fiore, delegada decanal de la Facultad de Derecho, remarcó que “el conocimiento jurídico no puede quedarse en el aula, tiene que circular, dialogar con la realidad y formar una comunidad informada”. Según explicó, esta cátedra abierta busca justamente “empoderar a la ciudadanía frente a amenazas como el grooming, las estafas digitales o el robo de datos, que afectan tanto a jóvenes como a adultos”.

Fiore también señaló la importancia de actuar correctamente ante un ciberdelito: “Muchas veces lo primero que hace la víctima es borrar pruebas o bloquear al atacante. Sin saberlo, está destruyendo evidencia clave. Por eso es esencial saber cómo preservar, registrar y denunciar adecuadamente”.

Delitos más investigados en Misiones y desafíos para el sistema judicial

La fiscalía especializada —activa desde enero de 2025— trabaja actualmente sobre una amplia gama de delitos cometidos mediante medios informáticos, desde estafas digitales hasta distribución de pornografía infantil, pasando por contacto telemático con menores, hackeos, usurpación de identidad y otras infracciones penales previstas en los artículos 128 y 131 del Código Penal.

Además, Espeche aclaró que “la fiscalía no actúa como un ente autónomo que decide unilateralmente”, sino que requiere, como cualquier otra, autorización judicial para la mayoría de sus intervenciones. “Vivimos en una sociedad donde toda la vida está en el celular. Por eso, el acceso a esa información exige un equilibrio muy fino entre eficacia investigativa y resguardo de derechos constitucionales”, sostuvo.

Con la participación activa de estudiantes, profesionales y organismos del sistema judicial, la jornada dejó en claro que los ciberdelitos ya no son fenómenos de excepción, sino parte estructural del mapa delictivo moderno. En ese sentido, Misiones se posiciona como una de las pocas provincias —junto a Salta, Neuquén y Tucumán— que cuenta con legislación específica sobre allanamientos remotos y perfiles encubiertos digitales, herramientas cada vez más necesarias frente a plataformas que operan fuera del alcance de la cooperación judicial tradicional.

“La tecnología es maravillosa, pero también impone desafíos que requieren profesionales capacitados, normas actualizadas y una ciudadanía consciente de sus derechos y responsabilidades”, concluyó Fiore.