Inter Press Service – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenó este jueves 15 la represión desatada en Venezuela después de la elección presidencial del pasado 28 de julio, de la cual se proclamó oficialmente como vencedor al mandatario Nicolás Maduro, en el poder desde 2013.

Tanto la Cidh como su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenaron las “prácticas de violencia institucional en el marco del proceso electoral, incluyendo represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política”

Afirmaron que “el régimen en el poder está sembrando terror como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder. Venezuela debe cesar las prácticas violatorias de derechos humanos inmediatamente, restablecer el orden democrático y el Estado de derecho”.

Las protestas se multiplicaron en las horas que siguieron a la proclamación de Maduro como vencedor el 29 de julio, algunas degeneraron en desórdenes, y en la represión y persecución de sus participantes se produjo la muerte de 25 personas, casi todas por impacto de balas, incluido un efectivo de la Guardia Nacional.

Oficialmente se indicó que más de 2000 personas fueron detenidas en grandes ciudades y pequeños pueblos. El no gubernamental Foro Penal registró al 15 de agosto 1406 personas detenidas, entre ellas 185 mujeres, 117 adolescentes, 14 indígenas y 17 personas con discapacidad.

Las cifras del poder electoral dieron como ganador a Maduro con 51,9 % de votos frente a 43,1 % de su principal contendor, Edmundo González, pero la oposición reivindica una victoria con 68 % de los sufragios ante solo 30 % del gobernante.

La Cidh hace un recuento de las condiciones ampliamente favorables al oficialismo y de restricción de los derechos de la oposición en la etapa preelectoral, durante la cual “se intensificó la persecución política, hostigamiento y las detenciones arbitrarias de dirigentes opositores, activistas y periodistas”.

“En ese contexto, Nicolás Maduro advirtió un «baño de sangre y una guerra civil en el país» si la oposición lograba una victoria electoral. Este anuncio tuvo el objetivo de infundir terror en la población y generar un efecto paralizador de la participación ciudadana en el proceso”, señala la declaración.

Cumplida la jornada de votación con una afluencia masiva, “el presidente del Consejo Nacional Electoral (Elvis Amoroso), de manera unilateral, declaró a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones, sin proporcionar la totalidad de las actas de votación o datos estadísticos desglosados, como exige la ley electoral venezolana”.

Remarcó que, hasta la fecha, el poder electoral “no ha hecho públicas las actas electorales ni proporcionó la información necesaria para refutar las serias alegaciones de fraude electoral”.

En cambio “la oposición política recolectó cerca de 80 % de las actas a nivel nacional, sosteniendo su autenticidad por contar con los correspondientes sellos, firmas y códigos de seguridad. La totalización de esas actas muestra que Edmundo González Urrutia ganó la elección”, agregó el texto de la Comisión.

Recordó que el estadounidense Centro Carter, “entidad con larga experiencia y credibilidad, presente en Venezuela durante la elección, concluyó que la misma no cumplió con los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, y, por lo tanto, no puede considerarse democrática”.

Por su parte, el panel de expertos de las Naciones Unidas que acompañó la elección “indicó que «el anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas»”.

Maduro impulsó una acción, en curso en el Tribunal Supremo de Justicia, para certificar los resultados a su favor, pero la Cidh recordó que ha advertido en Venezuela “la ausencia de un Poder Judicial independiente y la cooptación del TSJ por parte del Poder Ejecutivo”.

Expuso que las denuncias de irregularidades y fraude electoral “han motivado al menos 300 protestas espontáneas en todo el país, que movilizaron distintos sectores sociales, en particular habitantes de zonas en situación de pobreza”.

“Las manifestaciones han sido duramente reprimidas por las fuerzas del Estado y por grupos armados no estatales afines al oficialismo, conocidos como «colectivos»”.

La represión “ha reflejado patrones ya observados por la Cidh” en protestas políticas en Venezuela en 2014 y 2017, tales como uso arbitrario de la fuerza que ha resultado en pérdidas de vidas humanas y personas heridas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

Asimismo, persecución judicial y hostigamiento contra personas percibidas como opositoras y voluntarios electorales, censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, y obstáculos a la labor de defensa de derechos humanos.

La Cidh hizo un llamado a la comunidad interamericana a reconocer esta grave situación y “mantenerse vigilante frente a la escalada represiva”, también denunciada por instancias de derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas.

Afirmó que el Estado venezolano está obligado internacionalmente a respetar y garantizar derechos humanos y “en ese marco, debe actuar en cumplimiento de sus deberes y cesar, de manera inmediata, todo patrón de represión y prácticas que buscan generar terror en su propia población”.

Entre otras medidas, la Cidh reclama que se permita un escrutinio independiente de las actas de votación del 28 de julio, que deben publicarse, y ordenar a las fuerzas públicas abstenerse del uso arbitrario de la fuerza.

Asimismo, liberar inmediatamente a las personas detenidas de manera arbitraria, y prevenir, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos, específicamente la desaparición forzada, incluso la de corta duración; así como los actos de tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

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