El Ministerio de Economía autorizó la venta del 100% de las acciones de las sociedades creadas para administrar Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. El proceso se instrumentará mediante un Concurso Público Nacional e Internacional, con adjudicación prevista antes de fin de año.

La Resolución 1200/2025, publicada este 20 de agosto en el Boletín Oficial, formaliza el inicio del proceso de privatización de cuatro de los principales complejos hidroeléctricos del país. Se trata de Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, emplazados en las cuencas de los ríos Limay y Neuquén.

El procedimiento se inscribe en lo dispuesto por la Ley 27.742, que declaró sujeta a privatización a la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA), y en los decretos 286/2025 y 590/2025 que autorizaron la venta de sus activos. Para tal fin, ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina S.A. constituyeron sociedades específicas, en las que el Estado Nacional mantiene el 98% del paquete accionario y NASA el 2%.

La cartera económica, conducida por Luis Caputo, es la autoridad de aplicación del proceso y coordina la ejecución junto con la Unidad Ejecutora Especial “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.

Contenido técnico del concurso

El pliego de bases y condicionesestablece que la venta comprenderá el 100% del capital accionario de cada sociedad concesionaria, distribuido en:

• Clase A (51%)
• Clase B (47%)
• Clase C (2%)

La convocatoria será Nacional e Internacional, de etapa múltiple y sin base mínima, con presentación de ofertas a través de la plataforma CONTRAT.AR.

• Consultas al pliego: hasta el 13 de octubre de 2025 a las 17 hs.
• Presentación de ofertas: hasta el 23 de octubre de 2025 a las 16 hs.
• Apertura pública de ofertas: 23 de octubre de 2025 a las 17 hs.

El pliego incluye anexos con los contratos de concesión, inventarios de bienes, pautas ambientales, obligaciones en materia de seguridad de presas, normas de manejo de aguas, guardias permanentes y esquemas de seguros. También fija los requisitos técnicos, económicos y financieros de los oferentes, además de la obligación de designar un operador especializado.

Según la resolución, la privatización busca “garantizar la continuidad del servicio y optimizar la gestión de los activos estratégicos” en un marco de transparencia y competencia. El Tribunal de Tasaciones se declaró impedido de realizar la valuación de las sociedades, por lo que la tarea recaerá en un banco público nacional.

La Comisión Evaluadora “ad hoc”, integrada por seis funcionarios designados, analizará las ofertas técnicas y económicas, y recomendará la preadjudicación al Ministerio de Economía. CAMMESA y ENARSA deberán asistir técnicamente en todas las etapas del proceso.

Cabe recordar que, de manera transitoria, los actuales concesionarios privados —Orazul Energy, Enel, AES y Central Puerto— mantienen la operación de las centrales hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta que se concrete la adjudicación.

La privatización de estos activos —que representan una porción significativa de la generación hidroeléctrica del país— constituye un hecho de alto impacto económico e institucional.

En el plano energético, el traspaso de control a nuevos operadores definirá la estrategia de inversión en mantenimiento, seguridad y obras complementarias en cuencas críticas para el abastecimiento eléctrico nacional.

En el plano político, el Gobierno busca mostrar avances concretos en el programa de desregulación y privatizaciones comprometido en la Ley de Bases. El desafío será garantizar transparencia, atraer inversiones de actores internacionales y evitar conflictos con provincias involucradas (Neuquén y Río Negro) y sindicatos del sector.

Para los usuarios y el mercado eléctrico, la clave estará en las condiciones de las concesiones aprobadas: remuneración de los concesionarios, reglas de manejo de agua y ambiente, y el régimen de control estatal a través del ENRE, el ORSEP y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas.

El cronograma oficial establece que el proceso de venta debe concluir antes del 31 de diciembre de 2025. Con la apertura de ofertas en octubre, se espera que la adjudicación se resuelva en el último trimestre del año, habilitando la transferencia de acciones y la toma de posesión por parte de los adjudicatarios.

La medida se enmarca en la política de reducción del rol estatal en el sector energético, y abre un frente de debate sobre el futuro de la matriz eléctrica argentina y el papel de capitales privados en el manejo de recursos estratégicos.