Coparticipación: cumplir el fallo de la Corte implica transferir 1.100 millones diarios a Capital Federal

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La Casa Rosada ampliará la recusación de los jueces y pedirá la nulidad del fallo, mientras Larreta avanzaría con pedidos para embargar cuentas nacionales; en tribunales creen que el juicio político apunta a no pagar la sentencia, que obliga a depositar $1100 millones diarios en las arcas porteñas.

El 1° de febrero termina la feria judicial de verano en los tribunales y se avecina el comienzo de una batalla campal ante la Corte Suprema de Justicia por los 1100 millones de pesos diarios de la coparticipación federal que la Nación debe pagarle a la Ciudad. La Casa Rosada prepara una ampliación de la recusación de todos los jueces de la Corte y un eventual pedido de nulidad del fallo que ordena pagar, mientras Horacio Rodríguez Larreta analiza nuevas presentaciones para cobrar y no descarta pedir a la Corte el embargo de las cuentas nacionales.

Todo este trámite tiene como telón de fondo el juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, promovido tras dictar la sentencia por la coparticipación y que tuvo como disparador la difusión de chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño (actualmente de licencia) Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, funcionario de la Corte y mano derecha del juez Horacio Rosatti.

La Casa Rosada apelará a ese vínculo para ampliar la recusación sobre los jueces de la Corte y -al menos- postergar el pago a la Ciudad. Como no puede utilizar los supuestos chats, invalidados como prueba por un juez, buscará acreditar el vínculo entre D’Alessandro y Robles por otras vías, con el fin de argumentar una relación indebida entre el máximo tribunal y una de las partes, el gobierno porteño.

En los tribunales entienden que justamente la promoción del juicio político tiene el objetivo de no pagar la sentencia, obturar el fallo de fondo o al menos demorarlo, ante la certeza de que el Gobierno lo promueve sin tener los votos necesarios como para aprobarlo en el Congreso.

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Por lo pronto, apenas se reanude la actividad judicial en febrero, los jueces de la Corte tienen para resolver planteos que hizo el gobierno de Alberto Fernández contra la medida cautelar que obliga a que le paguen a la Ciudad el 2,95 por ciento de los fondos coparticipables que recibe la Nación. La Casa Rosada había dejado de girar esos fondos en 2020, tras una huelga policial bonaerense, para redirigirlos al gobierno bonaerense de Axel Kicillof. La Nación sostiene que esos fondos fueron cedidos por la gestión presidencial de Mauricio Macri a la Ciudad para pagar la transferencia de la policía porteña, pero por encima de lo necesario y de manera injustificada.

Ambas jurisdicciones trataron de ponerse de acuerdo, pero fracasaron y llevaron el caso a la Corte, que falló en favor de la Ciudad, reconociendo parcialmente su reclamo, mediante una medida cautelar que obliga a que le depositen diariamente unos 1100 millones de pesos. El Presidente primero dijo que no iba cumplir con la sentencia de la Corte y que no iba a pagar; aunque luego dijo que iba hacerlo pero con bonos, para lo cual habilitó una cuenta especial en el Banco Nación.

Al mismo tiempo, la Casa Rosada presentó antes del último día hábil del año dos recursos. En uno de ellos recusó a todos los jueces de la Corte, argumentando que al resolver la medida cautelar adelantaron opinión sobre la cuestión de fondo sobre la que deben pronunciarse. Esto es, si la Ciudad tiene o no derecho a que le reconozcan el retorno de los fondos. El otro recurso, que presentó el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, se denomina “revocatoria in extremis” y está orientado a que la propia Corte de marcha atrás con su decisión.

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Sobre estos dos recursos se espera que ahora la Casa Rosada sume nuevos planteos, por ejemplo, ampliando la recusación de los jueces de la Corte sobre la base de argumentar una relación indebida entre el máximo tribunal y la Ciudad. Los chats entre Robles y D’Alessandro, ya fueron desechados como una prueba válida, pero bien puede la Nación buscar probar ese vínculo por otro camino. Eso abriría la posibilidad incluso de reclamar la nulidad de la medida cautelar con la que la Ciudad viene ganando el juicio.

“La medida cautelar no causa estado, es revisable, no es la sentencia de fondo”, señaló un abogado relacionado con el caso, que analizó que esta situación puede demorar todo el trámite del expediente de la coparticipación por la cantidad de recursos a resolver.

La estrategia porteña

En la Procuración del Tesoro de la Ciudad, por su parte, se prepara otra artillería. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ya trató de que la Corte forzara la ejecución de la sentencia antes de fin de año. Se conformó con presentar dos escritos donde denunciaba el incumplimiento del gobierno nacional que no pagó. Ahora analiza si corresponde seguir denunciando el incumplimiento, pero además ir un poco más allá, con un pedido de embargo sobre las cuentas nacionales.

En la Ciudad ven como efectivo este mecanismo de pinzas: por un lado ir con la denuncia penal por la desobediencia al fallo de la Corte y por el otro buscar litigar ante el máximo tribunal para poder ejecutar la medida cautelar.

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